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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del hurto PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 18 de Mayo de 2017 22:42

tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó la línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del delito de hurto. Así, explicó que la doctrina de la Corte ha caracterizado, en sus diferentes matices, este componente de la siguiente manera:

 

No requiere que se despliegue un gran esfuerzo físico: En la Sentencia 1100102300201999011762 de 1992 la corporación destacó que basta con que se ejerza una fuerza anormal, sin que sea necesario un gran impulso físico. (Lea: Circunstancia de agravación punitiva derivada de la confianza debe probarse siempre)

 

-  No se desvanece por la existencia de un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo que ejerce la violencia y el pasivo cuyos bienes la soporta: En la Sentencia 1100102300171999009263 de 1999 sostuvo que la violencia calificante del hurto que no se disipa por la existencia de relaciones de familiaridad entre quien la ejerce y el sujeto pasivo cuyos bienes la soporta. Siendo así, el ejercicio de la violencia sobre las cosas se predica aunque el poseedor o tenedor de la cosa sobre la que se ejerce tenga alguna relación de familiaridad con el sujeto activo de la acción.

 

Debe ser ejercida con anterioridad o con concomitancia al hurto, para asegurar su producto o la impunidad de los responsables, y no con posterioridad a la consumación del delito: Desde esta arista, en una decisión del 15 de septiembre del 2005 (reiterada en las sentencias 30211 del 2010 y 43527 del 2014) la Sala afirmó que la violencia debe haberse configurado antes o durante el hecho delictivo.

 

Debe estar dirigida a los mecanismos de protección y defensa del objeto del hurto, o causar daño o destrucción del bien: Desde un fallo proferido en junio de 1947 (reiterado en sentencias del 25 de febrero de 1949 y del 28 de junio de 1995) se afirma que la violencia debe estar dirigida a los mecanismos de protección y/o defensa de la cosa que constituye el objeto del delito. (Lea: Estos son los delitos más denunciados por los colombianos en el 2016)

 

En cuanto a la violencia que causa el daño o la destrucción del bien, en la Sentencia 11001023002019990117 de 1999 se explicó que se considera violencia todo acto que ocasione daño o destrucción del bien, o de otros bienes que facilitan o permitan la comisión del hecho punible.

 

De las anteriores decisiones se concluye que la violencia calificante del delito de hurto debe ser ejercida sobre los mecanismos de protección y defensa del bien o recaer sobre el bien objeto de apoderamiento, ocasionando su daño o destrucción.

 

Debe ser diferente a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela: Según este ítem, la fuerza que despliega el sujeto agente sobre la cosa calificará el delito de hurto solo si es distinta a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela.

 

En la Sentencia 1100102300011999010069 de 1999, retomando la decisión de noviembre 24 de 1992, la Sala insistió en que la fuerza que se despliega en ejercicio de la violencia debe ser “distinta a la que emplea el dueño del bien para apoderarse de la cosa”.

 

De todo lo anterior se colige que esta causal de calificación se predica de aquella acción o procedimiento anormal al comúnmente utilizado por el dueño, poseedor o tenedor del bien objeto del ilícito, que se ejerce contra este deformándolo o dañándolo, o contra los mecanismos dispuestos para su protección y defensa, con precedencia o concomitancia al apoderamiento, o para asegurar su impunidad, con prescindencia del eventual vínculo de familiaridad que exista entre el sujeto agente y el sujeto pasivo de la acción delictiva (M. P. José Francisco Acuña).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP49232017 (48352), 04/05/17..."

 

Última actualización el Jueves, 18 de Mayo de 2017 22:44
 
Precisan criterios para condenar a una persona por un delito distinto al definido en la acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 10 de Mayo de 2017 17:01

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...A la luz de varios parámetros jurisprudenciales, vigentes hasta hace poco, el juez tenía la posibilidad de proferir una sentencia por comportamientos punibles diversos a los contenidos en la acusación, siempre y cuando:

 

(i)La nueva conducta corresponda al mismo género

(ii)La modificación se oriente hacia un delito de menor entidad

(iii)La tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación y

(iv)No se afecten los derechos de los sujetos intervinientes

 

Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que ahora la identidad del bien jurídico de la nueva conducta (numeral i) no es presupuesto del principio de congruencia y que nada impide hacer la modificación típica dentro de todo el Código Penal. (Lea: Mínima, extra y ultra ‘petita’, defectos que tornan incongruente la sentencia)

 

Al respecto aseguró que la modificación de la adecuación típica de la conducta puede hacerse dentro de todo el Código Penal sin estar limitada por el título o el capítulo ni mucho menos por la naturaleza del bien jurídico tutelado, por cuanto la imputación jurídica provisional hecha en la resolución acusatoria es específica, sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del correspondiente título. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Es importante aclarar que estas consideraciones se realizaron frente a procesos tramitados bajo la Ley 600 del 2000. No obstante, la providencia aclaró que nada impide para que, de igual forma, sea predicable de los procedimientos regulados por la Ley 906 del 2004, toda vez que la imputación jurídica también es específica y provisional. Por ello, ninguna razón habría para que se mantuviera una exigencia que respondía a las formas restringidas que preveía el Decreto 2700 de 1991.

 

Por otro lado, recordó que la inmutabilidad fáctica sigue siendo presupuesto inamovible de la legalidad de la sentencia, en cuanto garantía esencial del derecho a la defensa. (Lea: Inclusión de circunstancias de agravación consideradas en acusación y suprimidas en alegato de conclusión no vulnera congruencia)

 

Con todo, concluyó que es procedente variar la calificación jurídica de la conducta imputada por la Fiscalía, así no corresponda al mismo título, capítulo y bien jurídico tutelado, pero siempre y cuando se mantenga el núcleo fáctico de la imputación, se trate de un delito de menor entidad y se respeten los derechos de las partes (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP-23902017 (43041), Feb. 22/17.."

Última actualización el Miércoles, 10 de Mayo de 2017 17:02
 
Corte Suprema hace precisiones sobre nueva interpretación de dosis personal de estupefacientes PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 07 de Abril de 2017 21:05

tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..El consumidor o adicto a estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas.

 

Así lo reiteró recientemente la Corte Suprema de Justicia luego de absolver a un procesado que fue detenido hace cuatro años por efectivos de la Policía Nacional, quienes, tras una requisa, hallaron en su poder una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína, en el municipio de Bello (Antioquia).

 

Según el concepto de la Sala Penal, durante el proceso la Fiscalía no pudo demostrar que la acción de llevar consigo esa cantidad de la sustancia estupefaciente, que supera ampliamente la dosis personal, lo hubiera hecho con el ánimo de traficar con esa sustancia o que la hubiere fabricado, por lo que debe ser tratado como un enfermo y no un infractor de la ley.

 

Sin embargo, advirtió que si el porte de dosis personal carece del nexo con propio consumo, o se advierte su  comercialización, tráfico o su distribución, así sea gratuita, la conducta ha de ser penalizada al tener la potencialidad de afectar los bienes jurídicos de salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social.

 

Sobre este tema, es necesario recordar que, en marzo del año pasado, la Sentencia SP- 29402016 (41760) del 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, fijó esta nueva interpretación del artículo 376 (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) del Código Penal.

 

Después, la Sentencia SP-41312016 (43512) del 2016, con ponencia del mismo magistrado, aclaró que los  expendedores de estupefacientes deben ser judicializados, aunque sean adictos.

 

Ello porque en este tipo de conductas pueden coexistir las dos calidades, tanto la de adicto como el de distribuidor o comerciante de la droga, motivo por el cual aclaró que la justicia no puede permitir que, precisamente, una enfermedad sea utilizada como pretexto para delinquir.

 

Corte Suprema de Justicia, Comunicado, Abr. 3/17

..."

Última actualización el Viernes, 07 de Abril de 2017 21:07
 
Corte Constitucional respalda una de las causales de libertad del proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 08 de Mayo de 2017 14:34

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...La Sala Plena de la Corte Constitucional informó recientemente sobre la declaratoria de exequibilidad del numeral 6° del artículo 2º de la Ley 1786 del 2016.

 

Entonces, le correspondió a la Corte determinar si existía una omisión legislativa con relación a esta disposición, según la cual transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, y si no se ha celebrado la audiencia de lectura del fallo o su equivalente, el acusado debe ser puesto en libertad.

 

La norma fue demandada por no incluir a los acusados privados de la libertad y amparados por la presunción de inocencia que aguardan la decisión de segunda instancia. (Lea: Jueza fue destituida e inhabilitada por ordenar libertad de una persona condenada por otro juez)

 

La alta corporación encontró que la carencia de regulación a la cual se refieren los demandantes no tiene sustento. (Lea: Reforma a la detención preventiva no aplica a casos regidos por la Ley 600 del 2000)

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que los acusados que esperan la decisión de segunda instancia no se encuentran desprotegidos, ni se les viola el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, pues tampoco están sometidos a estar indefinidamente privados de la libertad.

 

La Sala concluyó que estos derechos se encuentran debidamente protegidos por el artículo 1 de la Ley 1786, en la medida en que el plazo máximo de un año de detención cautelar ha sido estimado, tomando como referente el término máximo para la emisión del fallo de segundo grado.

 

“La hipótesis de exclusión planteada con relación a la disposición acusada está comprendida y protegida, por lo tanto el legislador no incurrió en omisión alguna”, finaliza el comunicado del fallo (M. P. José Antonio Cepeda).

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-221, Abr. 19/17.."

Última actualización el Lunes, 08 de Mayo de 2017 14:36
 
No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:27

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"...La Corte Suprema de Justicia indicó recientemente que dentro de la formulación de imputación el fiscal del caso debe expresar oralmente la relación clara y suscinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.

 

Así mismo, la Sala de Casación Penal de esta corporación explicó que la sentencia debe ser congruente con la acusación realizada, entendida como el acto complejo integrado por el respectivo escrito y su formulación oral.  (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

Aunque este principio de congruencia se predica de la relación sustancial fáctico-jurídica entre la acusación y la sentencia y está establecido que al momento de la acusación es posible modificar los términos de la imputación en su aspecto jurídico teniendo en cuenta su carácter provisional, no así en los de naturaleza fáctica; la Sala advirtió que lo cierto es que jamás podría emitirse fallo sin que se haya enunciado con claridad el aspecto fáctico relevante del injusto en la audiencia de formulación de imputación.

 

Resulta importante indicar que en este evento no es posible emitir una sentencia en cualquiera de sus sentidos, es decir, absolutorio o condenatorio. (Lea: Fallo que permite a víctimas solicitar cancelación de la personería jurídica)

 

Ello por cuanto el referido acto de comunicación presentado por la fiscalía constituye una de las bases fundantes del proceso con efecto sustancial, y además provee la protección del derecho de defensa. De lo precedente surge la regla adjetivo-sustantiva según la cual sin imputación no puede haber acusación y mucho menos condena o absolución. (Lea: Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado)

 

Del mismo modo, agregó que la legalización de la imputación, formulada por la fiscalía y a cargo del juez de control de garantías, constituye el mecanismo legal de vinculación del indiciado al proceso y tiene la finalidad de que el presunto responsable conozca que el ente investigador lo tiene por autor o partícipe de unos hechos jurídicamente relevantes que lo hacen sujeto de una acción penal encaminada a verificar la conducta punible y la responsabilidad de la misma.

 

Finalmente indicó que, en esta etapa preliminar, el fiscal no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que se encuentren en su poder, pero sí está obligado a expresar con claridad al indiciado los hechos de connotación jurídico penal que le son endilgados y las razones por las cuales, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. (Lea: ATENCIÓN: Corte decide sobre incremento general de penas previsto en la Ley 890 del 2004)

Hechos

En el caso concreto, la fiscalía pasó por alto la normativa indicada en relación con la formulación de imputación y con ello afectó gravemente la estructura del proceso y vulneró el derecho de defensa del imputado, impidiéndole no solo conocer a cabalidad las conductas que se le atribuyen, sino la posibilidad de allanarse a estas.

 

Ello toda vez que la fiscalía, al determinar las conductas cometidas por el presunto responsable, no precisó las circunstancias que las habrían enmarcado y tampoco indicó con claridad quiénes fueron las víctimas de estos ilícitos. En tal virtud, y con base en el principio de congruencia, el alto tribunal dispuso casar oficiosamente la sentencia impugnada e invalidó las actuaciones desde la formulación de imputación.

 

También llamó la atención al órgano de persecución penal para que adopte los mecanismos de instrucción y formación necesarios en aras de que la actividad encomendada constitucionalmente se desarrolle con sujeción a los deberes que la ley procesal penal le impone. Por tal motivo, remitirá copia de esta decisión al señor Fiscal General de la Nación (M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-169132016 (48200), Nov. 23/16...."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:29
 
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