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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:27

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"...La Corte Suprema de Justicia indicó recientemente que dentro de la formulación de imputación el fiscal del caso debe expresar oralmente la relación clara y suscinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.

 

Así mismo, la Sala de Casación Penal de esta corporación explicó que la sentencia debe ser congruente con la acusación realizada, entendida como el acto complejo integrado por el respectivo escrito y su formulación oral.  (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

Aunque este principio de congruencia se predica de la relación sustancial fáctico-jurídica entre la acusación y la sentencia y está establecido que al momento de la acusación es posible modificar los términos de la imputación en su aspecto jurídico teniendo en cuenta su carácter provisional, no así en los de naturaleza fáctica; la Sala advirtió que lo cierto es que jamás podría emitirse fallo sin que se haya enunciado con claridad el aspecto fáctico relevante del injusto en la audiencia de formulación de imputación.

 

Resulta importante indicar que en este evento no es posible emitir una sentencia en cualquiera de sus sentidos, es decir, absolutorio o condenatorio. (Lea: Fallo que permite a víctimas solicitar cancelación de la personería jurídica)

 

Ello por cuanto el referido acto de comunicación presentado por la fiscalía constituye una de las bases fundantes del proceso con efecto sustancial, y además provee la protección del derecho de defensa. De lo precedente surge la regla adjetivo-sustantiva según la cual sin imputación no puede haber acusación y mucho menos condena o absolución. (Lea: Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado)

 

Del mismo modo, agregó que la legalización de la imputación, formulada por la fiscalía y a cargo del juez de control de garantías, constituye el mecanismo legal de vinculación del indiciado al proceso y tiene la finalidad de que el presunto responsable conozca que el ente investigador lo tiene por autor o partícipe de unos hechos jurídicamente relevantes que lo hacen sujeto de una acción penal encaminada a verificar la conducta punible y la responsabilidad de la misma.

 

Finalmente indicó que, en esta etapa preliminar, el fiscal no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que se encuentren en su poder, pero sí está obligado a expresar con claridad al indiciado los hechos de connotación jurídico penal que le son endilgados y las razones por las cuales, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. (Lea: ATENCIÓN: Corte decide sobre incremento general de penas previsto en la Ley 890 del 2004)

Hechos

En el caso concreto, la fiscalía pasó por alto la normativa indicada en relación con la formulación de imputación y con ello afectó gravemente la estructura del proceso y vulneró el derecho de defensa del imputado, impidiéndole no solo conocer a cabalidad las conductas que se le atribuyen, sino la posibilidad de allanarse a estas.

 

Ello toda vez que la fiscalía, al determinar las conductas cometidas por el presunto responsable, no precisó las circunstancias que las habrían enmarcado y tampoco indicó con claridad quiénes fueron las víctimas de estos ilícitos. En tal virtud, y con base en el principio de congruencia, el alto tribunal dispuso casar oficiosamente la sentencia impugnada e invalidó las actuaciones desde la formulación de imputación.

 

También llamó la atención al órgano de persecución penal para que adopte los mecanismos de instrucción y formación necesarios en aras de que la actividad encomendada constitucionalmente se desarrolle con sujeción a los deberes que la ley procesal penal le impone. Por tal motivo, remitirá copia de esta decisión al señor Fiscal General de la Nación (M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-169132016 (48200), Nov. 23/16...."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:29
 
Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:24

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..Correspondió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por una procesada a quien el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró penalmente responsable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La sentencia condenó a la procesada a una pena privativa de la libertad de más de 20 años.

 

La recurrente formula un único cargo contra el fallo emitido por el tribunal, con sustento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004 por violación al debido proceso, al considerar que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía, en el entendido de que la profesional del Derecho que la asistió en la audiencia preparatoria desconocía la estructura y dinámica de la misma.

 

El pronunciamiento de la Sala Penal

 

Jurisprudencialmente, la Corte ha reiterado que el derecho a la defensa constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario judicial que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente.

 

La violación al derecho a la defensa real o material se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del Derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción.

 

Así, se ha establecido que invocar la violación del derecho a la defensa en casación requiere que el demandante enuncie las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del abogado defensor, con indicación de su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una defensa más favorable al procesado.

 

En jurisprudencia reciente, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas en el curso de la audiencia preparatoria genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios.

 

De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula las posibilidades de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio, como el colombiano.

 

En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus presupuestos, los que, a su vez, se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los de la acusación.

 

De manera que el derecho a la asistencia letrada pretende evitar desequilibrios entre los contradictores que puedan generar como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la óptica adversarial, promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones sustentadas del contrario.

 

La importancia de la audiencia preparatoria

 

La audiencia preparatoria es, justamente, el acto procesal por excelencia para realizar las solicitudes de las pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral.

 

Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante esta diligencia por un profesional del Derecho, que, como se explicó anteriormente, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se le confían.

 

Lo anterior implica, entre otras cualidades, que sea depositario de los conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar que el juicio será un escenario contradictorio, en el que su representado pueda ejercitar plenamente el derecho a la defensa, bien sea por medio de la práctica de la prueba postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y contradiciendo las allegadas por su contraparte.

 

Esta cualificación del defensor resulta relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba que se desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y pertinencia, por cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria.

 

Así, en el caso concreto, la Sala casó la sentencia recurrida, por cuanto se logró probar que dentro de la audiencia preparatoria la profesional del Derecho no hizo ningún llamado a pruebas con lo que dejó en una situación de indefensión a su representada. (M.P. José francisco Acuña).

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-1542017 (48128), 01/18/2017 )

.."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:26
 
El carácter constitucional del juez de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Mediante acción de tutela, el anterior Fiscal General de la Nación (e) atacó la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos ciudadanas.

En concepto del accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el juez resolvió sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes solo habían apelado el carácter de las mismas.

Conforme a esto, el problema jurídico que se planteó la Corte Constitucional fue: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio constitucional de limitación el juzgado accionado al decretar el levantamiento de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la impugnación?

El carácter constitucional que tiene el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de segunda instancia cuando observe que hay una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes o, también, cuando deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.

Según el alto tribunal, si bien el principio de limitación obra como regla general de conducta, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, pues el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la competencia para que algunos puedan pronunciarse extra petita aun en sede de impugnación.

En efecto, explicó que los jueces que conocen de acciones constitucionales tienen la facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del proceso en primera o en segunda instancia. Lo anterior no implica que el juez de control de garantías no tenga límites competenciales, aclaró la corporación.

A su juicio, los actos de estos funcionarios deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales, como cualquier otra autoridad judicial, salvo que, como se dijo, se presenten las vulneraciones descritas (M. P. Luis Ernesto Vargas).

Corte Constitucional, Sentencia T-643, 21/11/1..."

Última actualización el Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:48
 
Criterios para constatar cuándo se vulneran derechos fundamentales por falta de defensa técnica PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:22

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional recordó, por medio de una sentencia de tutela, que la jurisprudencia ha decantado los criterios que permiten determinar en qué casos se entienden vulnerados los derechos fundamentales por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal. (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

En efecto, la Sala Cuarta de Revisión indicó que:

 

(i)Se requiere demostrar que efectivamente existieron fallas en la defensa y que desde ninguna perspectiva posible pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada

 

(ii)Se debe acreditar que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado

 

(iii)Se debe demostrar que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial, de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos que hacen procedente la tutela sobre providencias judiciales, estos son, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales

 

(iv)Se debe probar que, como consecuencia de todo lo anterior, hay una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales no procede la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso, advirtió la corporación.

 

Aunado a lo precedente, la sala también recordó que en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del Derecho. Esto es, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por ello, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

 

No obstante, aclaró que si bien el derecho a una defensa técnica es una manifestación del derecho de defensa, aun cuando el imputado o condenado haya nombrado a un abogado de confianza o a un defensor público para asistirlo, este se reserva el derecho de actuar en su favor dentro del expediente penal. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Defensa técnica y material

 

Del mismo modo precisó que en el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor (defensa técnica), sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado (defensa material), las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo, cual es defender al imputado. (Lea: Este sería el procedimiento para impugnar el primer fallo condenatorio en el proceso penal)

 

Finalmente, concluyó que las posibles faltas en la asistencia de un abogado habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional. (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-018, Ene. 20/17...."

Última actualización el Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:24
 
Precedente jurisprudencial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 01 de Febrero de 2017 13:58

Tomado de : http://laseguridaddemocraticaencolombia2002-2010.over-blog.es/article-precedente-judicial-en-materia-penal-114895621.html

 

"..Expertos diferentes al perito pueden asistir a la audiencia, para rendir testimonio sobre el informe. CSJ 30214 sep. 17.08 Sigilfredo espinosa

En caso de mora judicial, solicitudes de los detenidos priman sobre procesos que vallan a prescribir.

CSJ sent.39221 nov. 11.08 Javier zapata Ortiz

Penas ejecutadas en distintos procesos se pueden acumular si hay conexidad, art 460cpp, no viola el debido proceso CN Sent C 1086 nov. 5. 08, Jaime córdoba Triviño

Correos electrónicos sustraídos sin consentimiento u orden judicial no poseen valor probatorio.

CN, sent t 916 Sep 18-08, MP Clara Ines Vargas

La injuria solo se tipifica si causa daño al patrimonio moral.

CSJ, Sent 29428, oct. 8.08

Suspensión de la pena no aplica a los alcances condenados por peculado por apropiación.

Ellos son elegidos para administrar el patrimonio de la comunidad, en el marco de la legalidad eficiencia y trasparencia, compromete el fin de la prevención de la pena si se le otorga el beneficio.

CSJ, Sent 22995 Nov. 5-08, M.P. Julio E. Socha

Tocamientos a los menores es delito sexual si despierta la libido del victimario.

La edad de la víctima y la finalidad libidinosa del agresor son fundamentales para establecer si es un acto sexual indebido, o una injuria por vías de hecho o un delito sexual, si le toco la nalga, hubo tocamiento en una zona erógena de la víctima, se debe establecer si se afecta la formación sexual de la víctima. Sent 30305 nov. 5.08 M.P Augusto Ibáñez C.S.J.

Prescripción de la acción penal no cobija a 3ro civil mente responsable.

CSJ Sent 29906 Ago. 12-08 M.P maría del Rosario González.

Delitos cometidos contra los menores de edad no posee beneficios por nada.

Los delitos de homicidio doloso, lesiones personales dolosas, delitos sexuales, secuestro, así sea que el código de la infancia y adolescencia no haga referencia al respecto C.S.J auto 30299 sep. 17-08, M.P Sigilfredo espinosa Pérez

Prueba de referencia puede valorarse en los procesos de ley 600.

En estos procesos el juez puede decidir discrecionalmente la admisión de este tipo de prueba, según art 438 de la 906, los jueces lo pueden hacer si características parecidas a las que insinúa la norma impidieron la asistencia del declarante C.S.J Sent 27477 marzo 6.08 M.P José Leónidas bustos

Cae ley de pequeñas causas. 2008.

Para la CN la ley 1153 de 2007, vulnera el ppio de la separación de las funciones de la investigación y el juzgamiento.

CN sent C 879-08 M.P. Manuel José Cepeda.

Funcionarios que gozan de fuero legal pueden ser investigados por cualquier fiscal.

Los arts. 2, 7 de la ley 938 de 2004, indica cómo se resuelven los conflictos de competencia que se generan entre fiscales o unidades.

Esta ley tiene la salvedad en los casos de funcionarios que ostentan fuero constitucional, que solo pueden ser investigados por el fiscal general, pero la corte dice que todo funcionario o ciudadano son susceptibles de investigación por el fiscal general o su delegado que Allan sido designados conforme a las reglas internas de la institución. CSJ sent 30261 agosto 14 de 08 M.P. José Leónidas bustos.

Alteraciones burdas de un documento público no constituyen delito de falsedad.

No puede predicarse la anti juridicidad en un delito de falsedad material en documento público si la afectación del texto no pone en peligro los documentos públicos o privados que se pretendan crear, modificar o extinguir en el escrito.

CSJ Sent 28961 julio 29-08 M.P Sigilfredo espinosa.

Delito de inasistencia alimentaria se extiende a parejas homosexuales. Sent. CN.

Variación de la calificación no procede por prueba antecedente.

El fiscal no puede variar la calificación jurídica provisional, con base en prueba antecedente, la inclusión de circunstancias de mayor punibilidad, causales de agravación, no previstas en la resolución de acusación solo puede cambiarse por prueba sobreviniente y no mediante un análisis de las pruebas existentes en el proceso. CSJ, sent 26122, julio 2-08 M.P. Julio E. Socha.

Nueva postura CSJ. 29339 abril 23-08, significaría violar el debido proceso

Concurrencia de riesgos no absuelve a conductor impudente.

Un tracto camión sobrepasa dos vehículos en una curva, en sentido contrario, una buseta avanza a baja velocidad. Cuando se encuentra de frente, la buseta se sale de la vía y frena intempestivamente, para eludir la colisión, una moto que viene atrás se golpea la buseta y la mujer parrillera muere por el impacto, la moto no guardo la distancia requerida.

Causa por el comportamiento del conductor imprudente y por la acción de la víctima o de un tercero, la muerte se debió a la violación del deber de cuidado del tracto camión y el de la motocicleta, sin embargo los riesgos del camión y su conductor no podía ser absuelto por el homicidio culposo, la falta de distancia del motociclista no genero la amenaza concreta, porque ese riesgo y su resultado solo hubo un nexo de causalidad física. CSJ, sala penal Sent 28441, julio 2-08, M.P. María del rosario González.

Nuevo Código Nacional de Policía.

Ajustaran multa vigentes, procedimientos más expeditos, para alcaldes e inspectores de policía, la policía elaborara informe y dentro de las 12 horas siguientes remitirá junto con comparendo y material incautados a la autoridad competente, luego corren 5 días para pruebas y adoptar decisiones.

Las marchas tendrán que solicitar permiso al alcalde con 8 días de antelación.

Retención transitoria hasta por 24 horas, informe al ministerio público motivado el porqué de la retención, permitir una llamada para su asistencia, recluirla en lugar distinto a los detenidos por ley penal, proteger menores según ley de infancia y adolescencia.

Conducir a lugares especiales a indígenas y personal de la tercera edad, mujeres embarazadas, gestantes, habitantes de la calle

Aumentan penas por delitos sexuales.

Inducción a la prostitución, acceso carnal violento de Max 22 a 20 años, también pornografía de menores, ley 1236-08

Audiencia de formulación de la imputación no puede suspenderse para ampliar la versión libre. (Ley de justicia y paz)

Aunque el principio de unidad procesal dispone que los delitos conexos se investigar y juzguen conjuntamente, su ruptura no genera nulidad, si las garantías fundamentales no se afectan.

Tac. Sent. 0666 mayo 29-08

Aumentan penas contra delitos de salud pública.

Ley 1220-08

Fiscales pueden suspender actas administrativos para proteger a las víctimas.

No existe extra limitación de funciones en estos casos, pues su función no es puramente investigativa, sino que comprende la facultad de adoptar medidas jurídica necesarias para garantizar los derechos vulnerados con la conducta punible, si bien la función de decretar suspensión provisional es de la jurisdicción administrativa, los fiscales pueden ordenarla, argumentando CN Sent T 489 mayo 15-08 MP Manuel José Cepeda.

Delito de conducta permanente se somete al procedimiento vigente al inicio de la investigación.

En esta clase de delitos no se da favorabilidad, por improcedencia de la invocación de esta garantía por motivos facticos y jurídicos. CSJ sala penal, sent.29586 junio 9.08 M.P Alfredo Gómez quintero

Delitos contra DIH, deben estar excluidos de la justicia penal militar. CN.

Amenazas a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción de pruebas, más el impedimento o la perturbación de las audiencias públicas, no son delitos del servicio, por ello no son de justicia penal militar. Sent. C 533 mato 29-08 M.P clara Inés Vargas.

Homicidio cometido por convicción política de la víctima es agravado.

CSJ sala penal Sent. 23524, abril 3-08 M.P. Jorge Luis quintero milanés.

Aceptar cargos en audiencia de juzgamiento no genera rebaja de pena.

Aunque el cód. De procedimiento genera una rebaja de una sexta parte de la pena cuando el acusado se allana a los cargos en juicio oral, esa compensación no rige los procesos por ley 600, porque la oportunidad en esa ley para acogerse sentencia anticipada solo es para los que se acojan antes de la ejecutoria del auto que fija fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.

CSJ sala penal Sent. 29617 junio 9-08 M.P Alfredo Gómez.

Juez que revoca sentencia absolutoria debe anunciar el sentido del fallo para garantizar el incidente de reparación.

La ley procesal no indica nada la corte suprema en sala penal lleno este vacío, Sent. 29542 mayo 28-08. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.

Concierto para delinquir debe aplicarse a todos los de justicia y paz.

De lo contrario se estaría pasando por alto los propósitos de la norma, los cuales son la verdad y la reparación de las víctimas, la ley de justicia y paz no está encaminada a conocer de conductas individuales sino de la delincuencia organizada. CSJ sala penal, Sent. 29560 mayo 28-08 M.P. Augusto Ibáñez.

Familiares pueden conocer historia clínica del fallecido.

CN Sent. T 340 abril 17-08 M.P clara Inés Vargas, Sent T 303 abril 3 -08 M.P  Marco Gerardo Monroy

Control de legalidad tras elementos recogidos en allanamiento, registro, interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía, retención de correspondencia, información dejada tras navegar por internet.

El art 154 vs 237 de la ley 906, su control de legalidad debe ser de 36 horas, la otra 24, la corte dispuso que 24 horas después de practicada la diligencia los elementos deben ser puestos a disposición del juez de control de garantías para su legalidad.

Se aclaró que los explosivos, estupefacientes, no deben ser puestos de forma material, lo pueden hacer mediante fotografías. CSJ sala penal, Sent 28535 abril 9-08 M.P José Leónidas bustos.

Sanción disciplinaria debe ser congruente con la del proceso penal.

Si la falta disciplinaria depende de la configuración de un tipo penal, la sanción de una y el otro debe guardar congruencia C.S.J sala disciplinaria Sent t 254 marzo 31-08 M.P. María mercedes López

Seguridad de las cárceles no puede obstaculizar derecho a la visita íntima.

Viola el desarrollo de la personalidad, intimidad personal, CN sent.marzo11-08 M.P Jaime Araujo Rentera

Protección penal a los derechos de autor

Solo se persigue las conductas de explotación o utilización de la obra sin consentimiento y que busquen perjudicar a este, desmedro, si se utiliza para estudio o satisfacción netamente personal no existe delito, como tampoco, ej. Copiar casetes a Cd, o lp a cds, si la actividad se ejerce para perdurar la vida de la obre, por encargo de otros así cobre.

CSJ, sala penal Sent. 29188 abril 30-08 M.P José Leónidas bustos-

Fiscal no puede formular imputación o solicitar medida de aseguramiento, si el capturado no está presente.

Si el capturado entra en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentra en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material, el fiscal no podrá realizar lo anterior basado en la mera presencia de su defensor, así como tampoco solicitudes que considere. Esto es la modificación del artículo 289 de la 906, ver parágrafo 1, art 18 ley 1142.07.

Esto por violar el debido proceso, derecho de defensa, se legaliza la captura únicamente CN Sent c-425 abril 30-08 M.P. Marco Gerardo

Detención domiciliaria puede decretarse en todos los delitos.

La ley de convivencia y seguridad ciudadana, ley 1142.07, esta norma prohíbe para unos delitos concretos, lo que impedía a los jueces declararla de acuerdo con los hechos de cada caso y criterios de la razonabilidad y la proporcionalidad de la privación de la libertad, era injusta, absurda y carente de razón.

Declaro la corte exequible el articulo y la posibilidad que los jueces la decretaran en todo delito, con el cumplimiento de los requisitos del articulo 314cpp.

Imputado o acusado mayor de 65 años, mirando la personalidad del sujeto, modalidad del delito y sea aconsejable la privación en su residencia.

Mujer embarazada cerca del parto y 6 meses después de este.

Por enfermedad grave del procesado.

Si el procesado el padre o madre de hijo menor con incapacidad y que allá estado bajo su cuidado.

CN Sent. C-318 abril 9.08

CN condiciona norma que permite el rescate de menores por allanamiento.

El artículo 106, que les permite a los defensores y comisarios de familia que les permite rescatar a los menores de edad que se encuentren en peligro y faculta para allanar el sitio donde este el menor cuando se le niega el ingreso o no allá nadie para que lo facilite. La norma no viola la constitución por buscar garantizar un derecho superior, ojo que la norma no permite arbitrariedades en el allanamiento. No

Libertad del capturado debe definirse 36 horas posteriores a su captura

Las 36 horas no son para solicitar la audiencia si no para que el juez defina la legalidad de la captura Sent C 163 feb. 20.08 CN

Poderes investigativos de la defensa requieren control de garantías

Competentes jueces del circuito para conocer extorción de menos de 150 salarios mínimos.

Cs de justicia Sent 28739 nov. 28.07

Captura del condenado se ordena en el anuncio del sentido del fallo.

El procesado que se encuentre en libertad, se le debe ordenar captura desde el anuncio del sentido del fallo, no en el momento de proferir la sentencia, había confusión en el 450 CPP. Cs de justicia Sent 28918 enero 30.08

La extradición

Casos insólitos. En marzo de 2006, un barranquillero blanqueaba millonarias sumas de dinero, proveniente del tráfico de drogas, pero su oficio real era vendedor de plátanos, vivía en precaria situación económica su baña era una letrina, la corte suprema de justicia no practico pruebas, se extradito, la DEA constato lo anterior, en estados unidos le negociaron su libertad pero que se declarara culpable.

Abril de 2005, caso de homonimia, la corte no practico las pruebas que verificarían la verdadera identidad del detenido, en estados unidos una corte declaro que juna Carlos Gómez luna no era la persona que ellos buscaban.

La medida es ilegítima pues no cuenta con un tratado de extradición ratificado con estados unidos, se hace con nota verbal al ministerio de relaciones exteriores, al ministerio del interior y justicia, la fiscalía materializa la captura, inicia trámite ante la corte donde solo se analizan los requisitos y tramite del CPP. Informe especial ámbito jurídico 3 al 16 marzo.08

Delitos sexuales contra menor

Prescripción se aumentó a 20 años contados a partir que la víctima cumpla su mayoría de edad.

Paseo millonario es secuestro extorsivo.

Coautoría en delitos culposos.

Esta tesis era solo aplicable a los delitos dolosos en donde había división de la conducta criminal, se abandona los factores subjetivos de la culpa como la impericia o negligencia y se acogen los factores objetivos, sabiendas de cuando se está o se crea un riesgo desaprobado por el derecho. CSJ Sent 27388 nov. 8.07

La calificación del delito no se puede pre acordar.

Al momento de celebrar un preacuerdo el fiscal y el procesado no pueden pactar la acusación, por un delito que no corresponda a los hechos investigados, por contrariar el principio de legalidad, el juez puede anular el acuerdo y ordenar que se tipifique nuevamente.

CSJ Sent 27759, sep. 12.07

Precisiones de los preacuerdos.

Sent. 27759.07 C.S.J, estos se pueden aprobar parcialmente en concursos o la coparticipación criminal, no existe norma que obligue al juez a aprobar o anular los acuerdos parciales.

Son apelables las decisiones que tome el juez de primera instancia sobre el acuerdo, no los de segunda instancia, no procede casación.,

La reformatio imperios no opera para los preacuerdos, el juez puede ordenar se abra un nuevo proceso por delito mayor.

Eutanasia. Vs homicidio por piedad

1997, la CN, la acepto pero la activa, ordenando al congreso reglamentarla, fin 2007, no se hizo.

Sent, C 239 del 20 mayo.07, si el sujeto activo es médico y actuara bajo la aquiescencia e informada del paciente terminal, la conducta estaría justificada, el problema es que el médico se expone a ser investigado por homicidio por piedad, por eso la urgente regulación.

Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas.

El delito de acto sexual con incapaz de resistir no es necesario probar la violencia sobre la víctima, CN Sent t 458.07

El juez no puede condenar por delito diferente al de la acusación.

En el proceso acusatorio implica congruencia entre la acusación y la sentencia.

El juez al variar la calificación atentan contra el derecho a la defensa del imputado, fiscal y defensor descubren sus pruebas, la variación sorprendería a la defensa. CSJ Sent 26468 julio 22.07

Concurso de conductas punibles.

Corte suprema de justicia.

Figura que sirve para regular el procedimiento de la acumulación jurídica de penas.

Tipo: material, comete varios delitos susceptibles de encajar en un mismo precepto penal o en varios, los cuales deben guardar autonomía o independencia tanto subjetiva como objetivamente.

Ideal, es la producción de dos o más delitos con una misma acción.

Homogéneos y heterogéneos, cuando el bien jurídico afectado es uno solo, el otro afecta varios bienes jurídicos.

Simultáneos y sucesivos, diferencian según el tiempo de su ejecución.

De estas modalidades no se puede confundir con el concurso aparente, que es una conducta que parece acomodarse a varias modalidades pero solo se acomoda a una sola.

El delito continuado o en masa tampoco es concurso, el primero es producido con una cantidad de acciones u omisiones de hechos que no pueden diferenciarse exactamente y que se realizan con un dolo único, el en mas es como un continuado, pero se afecta el patrimonio del colectivo.

Toda prueba con violación de derechos fundamentales es nula.

La grabación de una conversación telefónica, sin orden judicial o sin consentimiento de los interlocutores es ilícita.

La defensa en el proceso acusatorio debe ser activa y diligente.

Presentar y controvertir pruebas, interrogar y contra interrogar, C.S.J, Sent. 26827 julio 11.07

Personas jurídicas responsables por los delitos que cometan sus funcionarios en razón de sus funciones.

Relación entre función y delito t. s de Bogotá, Sent 348.01 sep. 13.07

Victimas pueden intervenir entre preacuerdos y negociaciones entre  la fiscalía y defensa. CN Sent C 516 julio 11.07

Tentativa requiere actos idóneos e inequívocos dirigidos a consumar la conducta. CSJ Sent 25974, agosto 8.07

Desplazado, noción que aplica a los desplazados por agentes estatales ley 387.97

Se aumenta prescripción para delitos sexuales e incesto contra menores.

Será de 20 años, contados a partir de que la víctima sea mayor de edad. 2007

Empleadores que no consignan aportes a la salud, incurren en delito.

Los empleadores que descontaron a sus trabajadores los aportes para salud y no los consignaron, incurren en el delito de peculado por extensión, en vigencia del código penal de 1980, decreto 100.

Si es dentro de la ley 599.00, abuso de confianza calificado

Restringir la participación de las víctimas en la ley de justicia y paz no viola sus derechos.

La publicidad, igualdad, y verdad no se les vulneran, son los fiscales quien tienen la potestad de cómo serán sus intervenciones. Consejo de estado, julio agosto 2007.

Inconstitucional apartes del código de policía, pues solo la autoridad judicial podrá privar de libertad a las personas.

Solo la autoridad judicial podrá privar de libertad a las personas, especialmente la policía, revisando la legalidad del artículo 56 del CN de policía, literal a, aunque la sentencia C 024 de 1994 había revisado esta parte la corte afirma que vuelve a revisarla porque la decisión se tomó con anterioridad al sistema acusatorio, al igual que el articulo 56 y 58, “captura momentánea mientras se conduce ante la autoridad que ordena su comparecencia.

El 83 está bien pues en estos casos implica una acción humanitaria.

CN sent. C 176 marzo 14 de 2007.

El careo es prueba.

Es la confrontación de testigos, porque la ley 600 y menos la 906 excluyen él, medio.

Reglas:

Los testigos debieron declarar previamente y en forma separada, conociendo de antemano los aspectos en discordia.

Los testigos están bajo la gravedad del juramento y no podrán rehusarse a no asistir.

Estarán asistidos y se les dará el derecho al silencio y a no auto incriminarse.

La policía no los podrá practicar.

CSJ sent.23775 nov. 9.06

No es ilegal la prueba con cadena de custodia defectuosa.

La acreditación, autenticación de la evidencia o documento, no condicionan la admisión de la prueba o su práctica, en principio no es posible alegar su ilegalidad y que se retire del acopio probatorio, esta debe ser cuestionada o sino el juez no estudiara este aspecto C.S.J, sent.25920 feb. 21.07

El juez que aprueba los preacuerdos entre la fiscalía y los imputados para recibir beneficios no debe juzgar a los demás imputados que no suscribieron, no imparcialidad y pre juzgamiento, violación al debido proceso C.S.J, sent. 25407 marzo 21.07

Juez debe fallar únicamente atendiendo a la acusación de la fiscalía.

Atendiendo únicamente a los limitados términos que de factum y de iure le formula la fiscalía, le queda vedado ir más allá de los temas en que gira la acusación C.S.J rad 26309 25 de abril. 07

Testimonio presencial no excluye el de oídas, C.S.J Sent 266268 marzo 7.07

Detención domiciliaria para madre cabeza de familia.

Esta procede para aquellas con hijos entre los 12 y 18 años, si no se desconoce los derechos de protección al menor. Sent C124 del 7 de marzo del 07, CN

Juez de habeas corpus no puede pronunciarse sobre el fondo del proceso.

CSJ, s penal sent.26811 Enero 24.07

Las victimas pueden hacer uso de las facultades probatorias

Las víctimas no pueden ser excluidas, de las facultades de la partes intervinientes, para solicitar pruebes, controvertir, presentar, la negativa no tiene sustento o justificación objetiva. CN, Sent. C 209 marzo 21. 07

Aborto:

Decreto 4444 del 13 dic.06, las EPS y ARS deben garantizar el número adecuado de proveedores habilitados para la interrupción voluntaria del embarazo.

No se pueden imponer barreras administrativas que posterguen el procedimiento tales como autorización de virios médicos, revisión por auditores y listas de espera.

Policía no inspección corporal sin autorización judicial.

Si registro personal, pues es superficial y externa, y se hace en desarrollo de actividad preventiva, el cual no lesiona derechos fundamentales, pero la inspección corporal va más allá de estos parámetros set 789 sep. 20/06 CN

Variación de la calificación jurídica no es igual a revocatoria de la acusación.

En la ley 600/00la fiscalía es un sujeto procesal más, y puede hacer peticiones a favor del acusado, incluso absolución.

En la ley 906 cuando el fiscal abandona su papel de acusador, para demandar la absolución esto se puede entender como un retiro de los cargos, pues es el titular de la acción penal y el juez no puede condenar por cargos no pedidos.

C s de justicia sent. 15843/06

Jueces responderán por peculado culposo.

Si se daña un título o se pierde allegado a un proceso se responderá, set 27 julio 06 c s justicia.

Aborto sent. C 355/06 CN, los centros médicos no pueden alegar objeción de conciencia para practicarlo, las menores de 14 años también lo pueden pedir.

Penal militar

La ley 1058/06 crea procedimiento especial, por declaración de inexequibilidad de los Art. 578 y 589.

La acción disciplinaria requiere más que la simple queje, requiere que el funcionario investigador aprecie suficiente mente el mecanismo es suficiente para iniciar una investigación

Incapacidad de resistir delitos sexuales también cobija alteraciones sicológicas.

Sent. 27 julio/06

Porte de estupefacientes en centros educativos amerita agravación punitiva.

Sent. C 535/06

Habeas corpus ley 1095/06

Contenido de la solicitud, nombre de la persona cuyo a favor se instaura, razones que sustentan la arbitrariedad o privación ilegal de la libertad, lugar y fecha de reclusión, de tenerse nombre del funcionario que ordeno que ordeno la privación de la libertad.

Documento de identidad y residencia, juramento que ningún otro juez conoce conoció del asunto.

Derecho penal para el enemigo.

Gunther jakobs, discípulo de Hans Welsen, fundador de la escuela del funcionalismo radical, dice que contra el enemigo se pueden tener normas mala o buenas como Guantánamo o el concierto para delinquir, porque el derecho tiene como función el mantenimiento del estado.

Sus teorías se basan en la culpabilidad, a un derecho que trata de repeler los focos de peligro.

Rebaja de penas.

En los delitos de patrimonio económico, son conmutables la reparación del daño integralmente y aceptación de cargos, sent. 24187 junio22.06 CSJ.

No leer derechos del capturado no invalida el proceso, cuando actúa como testigo a la vez set c 782.05 CN, sent. 25410.06 CSJ.

Defensa técnica.

La pasividad del abogado en la defensa no constituye abandono a este ppio, pues no deriva necesariamente de una falta de defensa técnica si no por estrategia, por Ej., que el estado haga la recopilación de pruebas. Sent. 23502 junio 8.06 CSJ

Prisión para operadores no autorizados de telefonía celular.

Los que presten el servicio de telefonía móvil sin permiso serán penados de 4 a 10 años y multa de 500 a 1000 smlmv, ley 1032 de mayo 22.06

La indemnización dentro del proceso penal, no procede de nuevo en juicio fiscal.

Las acciones fiscal y disciplinaria son diferentes, no obstante si se persigue es el reconocimiento de los perjuicios no hay lugar a pagarlos de nuevo. CN Sent. T 297 de abril 7 de 2006.

Huir del lugar del accidente basta para negar beneficios.

No suspensión condicional de la pena, así le dé el término de la condena, la pena se debe cumplir a cabalidad, para hacer una justa retribución y prevención, por que huir agrava la comisión del delito.

CSJ, set 4 de mayo 06

Reclusos no pueden celebrar contratos directamente con particulares.

Esto se debe hacer a través de la dirección de cada centro penitenciario min. Protección Cpto. 1159. feb. 28.06

Acuerdo sobre rebaja de pena después de allanamiento no es obligatorio.

Si el imputado se allana a los cargos

Beneficios, el régimen de negociaciones de la pena debe aplicarse sin importar la gravedad del delito, todos los beneficios deben aplicarse sin importar el delito y su gravedad, sent. 24052 CSJ.

Captura por no comparecer vulnera la CN:

Si es capturado en flagrancia y `posteriormente dejado en libertad no comparecía, podía ser capturado por no comparecer, la sentencia del 15 de marzo de 2005, declara el Art. 69 del dto. 1355 del 70 inexequible, por violar el art. 82cn.

Se derogo el recurso extra ordinario de suplica

El 27 de abril de 05, por ley 954, esto para las actuaciones administrativas

Delitos de lesa humanidad,

Estos delitos son los encaminados a causar un mayor sufrimiento a la humanidad, es la violación a los derechos humanos de suma barbarie y crueldad.

En América latina estos delitos tienen su origen en los procesos revolucionarios en cuba, las democracias de chile y Brasil y la lucha indígena, obrera y campesina en Colombia.

Estados unidos para contrarrestar diseña e impone políticas de estabilización, utilizando intervención directa a través de las dictaduras neocolonialistas y de manera directa a través de las democracias formales, fundamentando el terror y la eliminación física de los opositores.

Secuestro:

Simple, siempre que el sujeto activo prive innecesariamente a su víctima de la libertad sin importar el tiempo, estará inmerso en el concurso de su conducta, con el secuestro simple, Ej., si un sujeto pretende hurtarse un camión, la retención de su poseedor es innecesaria para la consumación del delito o lo querido por el sujeto activo, se estructura un atentando en contra de la libertad, corte suprema de justicia sentencia 21474 del 26 de enero de 2005.

Estupefacientes y narcotráfico. Este delito se justifica a través de las teorías:

Oficial: dada por US a mediados de los 70, donde nace la política antidrogas, utilizando como instrumento el derecho penal al máximo, con dos propuestas que sustentan la teoría,

  1. la médico jurídica, donde las sustancias generan dependencia y que una persona lleva a otra a consumir y así se va sucesivamente, por esto el narcotráfico se anuncia como una enfermedad o plaga, el bien jurídico es la salud pública.
  2. económico política, los narcos acumulan riquezas que para su protección acumulan más tarde poder bélico, donde el bien jurídico es la seguridad nacional y la estabilidad económica política.

En conclusión la droga es lesiva por generar mucho dinero y poder

Manipulación genética:

Esto nos enfrenta a consideraciones éticas, morales y económicas, da prelación a los valores tecnológicos sobre la vida, este debate se abre en 1906 cuando Ludwig Johanssen descubre los genes, surge que el hombre abandone su postura pasiva sobre la naturaleza, como lo decía Nietzsche esto nos permitirá alcanzar la supremacía al hacer súper hombres.

La vulneración de valores se ve descerrajado al hablar de la depuración de la raza, buscando la inmortalidad, vendiendo clones, cuerpos sin alma, que serian remplazados a medida que nuestro cuerpo se desgaste, en esta medida la fuerza del hombre pasa a un segundo plano y sobresale es por su inteligencia, la inmortalidad estará limitada solo por un accidente que inutilice el cerebro.

Delitos ambientales:

Nacen en 1968, por la disminución de la capa de ozono, la pérdida de diversidad y de agua dulce, es para evitar cambiar el concepto de los recursos naturales que para muchos los consideran un don inagotable de la naturaleza.

Aborto, Exequibilidad condicionada al Art. 122 C.P, por peligro a la salud o vida de la madre, grave malformación, inviabilidad de la vida, por violación.

La despenalización del aborto en circunstancias especiales es un avance cultural necesario, su penalización se sostenía a través de argumentos medievales que nos rigieron hasta el año 2006.

Despenalización del aborto

Del 122 C.P, no se penalizara cuando concurran las siguientes circunstancias:

Se encuentre en peligro la vida o la salud de la mujer

Sea resultado de acceso carnal violento o acto sexual violento

Inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentida

Grave malformación del feto.

El aborto tiene opositores como seguidores, casos de estas dos posturas, Seguidores: viola el derecho a la pareja de decidir libremente el número de hijos, como las libertades de culto y conciencias, lo anterior mandatos constitucionales,

En contra: prevalece el derecho a la vida, que inicia desde el momento mismo de la gestación.

Despenalizar en ciertos casos: la penalización absoluta del aborto es inconstitucional, hay que permitirla en incesto, violación, malformaciones, peligro para la madre, ojo con la clandestinidad que produce según los estudios 300 mil abortos de este tipo anuales en Colombia, utilizando jeringa de karman, sonda, cabos de la cebolla, agujas de tejer, garfios contaminados, entre otros.

El estado por medio del derecho penal debe tener la mínima injerencia en la vida de sus asociados, respetando los derechos fundamentales, seda una doble moral, elemento donde no puede permitir la injerencia del derecho penal.

Penalizar el aborto en los anteriores casos especiales carece de justificación constitucional, por cuando se obra con poderosas razones y justificadas se elimina el juicio de reproche.

En el caso de un incesto o violación, siempre se produce impacta a nivel psicológico, con efectos en distintos grados según las circunstancias, intensidad y características de la violencia, la mujer siente estigmatización, culpables por el resto de sus vidas, privadas en su ubicación como seres humanos, obtener un fruto de esto es acabar a la mujer, destruirla, sancionarla por ser sujeto pasivo de una conducta punible, es víctima inocente.

 

Reiteran que testimonios de menores víctimas de abuso sexual no son infalibles

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que los testimonios de los menores víctimas de abuso sexual no son infalibles, por ende, sus relatos deben valorarse en conjunto con el material probatorio restante. De esa forma, el juzgador debe examinar tales afirmaciones de acuerdo con la sana crítica, pues no siempre deben ser rechazadas o creérseles indefectiblemente.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40455, 25/9/2013

Juez competente para resolver apelación de sentencia que define incidente de reparación de perjuicios en el proceso penal

El numeral 1º de la Ley 906 del 2004 señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieren los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito. En este sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el tribunal superior es el ente competente para resolver el recurso de apelación contra la decisión que resuelve el trámite incidental de reparación de perjuicios.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41950, 14/8/2013

No basta que el condenado en Colombia sea investigado en el extranjero para afirmar infracción de cosa juzgada

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que “no basta que el condenado en Colombia haya sido investigado o simplemente sometido a una actuación judicial en el extranjero para afirmar la eventual infracción de la cosa juzgada”.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41301, 5/8/2013

El tráfico de migrantes es un delito de mera conducta.

El delito de tráfico de migrantes es de mera conducta y no requiere la producción del daño, es decir, que el sujeto traficado traspase las fronteras nacionales sin el cumplimiento de los requisitos legales, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, el alto tribunal indicó que dicho ilícito es de peligro abstracto, porque anticipa la barrera de protección de los bienes jurídicos tutelados, la autonomía personal y soberanía estatal.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41627, 28/8/2013

La sentencia absolutoria prevalece sobre la prescripción.

El alto tribunal recordó que si la prescripción opera después de la decisión de segunda instancia se debe decretar cesación de procedimiento directamente; pero cuando ocurre antes la potestad sancionadora del Estado decae y el fallo carece de validez. Según la Sala Penal, si surge una situación favorable para el procesado, la absolución se impone sobre la prescripción, siempre que la responsabilidad del acusado no se debata en sede de casación

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40587, 21/8/2013

Protección Penal del Patrimonio Cultural Sumergido

Se ha creado el título de delitos contra el patrimonio cultural sumergido, el cual castiga las conductas de explorar, intervenir, aprovechar económicamente, o de destruir (parcial o totalmente) bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido.

Congreso de Colombia, Ley 1675, 30/7/2013

Incurre en el delito de simulación de investidura o cargo quien ejerce ilegalmente la actividad de avaluador

Se ha equiparado al delito de simulación de investidura o cargo el ejercicio ilegal de la actividad de avaluador, es decir el ejercicio de esta actividad sin cumplir con los requisitos descritos en esta misma ley.

Congreso de la República, Ley 1673, 19/7/2013

Inhabilidad de funciones públicas en la Constitución Nacional y en el Código Penal.

Ha señalado la Corte Suprema que la pena de inhabilidad de funciones públicas que trae la Constitución Nacional (artículo 122) es de carácter intemporal, mientras que la consignada en el Código Penal es de carácter temporal.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36511, 19/6/2013

Retractación del testigo no siempre desvirtúa lo afirmado inicialmente

Ha señalado la Corte que la retractación de afirmaciones no desvirtúa, per se, lo afirmado anteriormente. La anulación de lo señalado con anterioridad debe basarse en un análisis de todo el cuerpo probatorio en conjunto.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36102, 26/6/2013

Obtención de muestras corporales debe contar con autorización judicial previa

Ha señalado la alta corporación que la obtención de pruebas íntimas requiere de autorización judicial previa, toda vez que involucra una afectación considerable a los derechos fundamentales, por lo que es necesaria la intervención judicial previa.

Corte Suprema de Justicia, Auto 37130, 3/7/2013

Período del Fiscal General de la Nación es personal y no institucional

Señala el Consejo de Estado, con base en la jurisprudencia constitucional, que el período del Fiscal General es de cuatro (4) años contados a partir de su posesión. Esto, toda vez que la Corte Constitucional señaló que quien asume ese puesto, en el escenario de ausencia absoluta, no lo hará para la terminación del período, previsión contemplada en el artículo 29 de la Ley 270 de 2996, que fue declarado parcialmente inexequible por la sentencia C-37 de 1996.

Consejo de Estado, Sentencia 11001-03-28-000-2012-00027-00, 16/4/2013

Gobierno promulga el acto legislativo de justicia transicional

El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 01 del 2012, por medio del cual se introducen elementos de justicia transicional en la Constitución Política para facilitar la terminación del conflicto armado. La reforma autoriza tramitar una ley que defina un tratamiento jurídico diferenciado para los grupos al margen de la ley que negocien la paz y también para los agentes del Estado. También se ordena crear una comisión de la verdad que, además de esclarecer hechos del conflicto, formule recomendaciones sobre los criterios de selección para la investigación judicial. Igualmente, el Fiscal General de la Nación podrá fijar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Así mismo, mediante ley se definirán las conductas conexas al delito político, para permitirles a los desmovilizados participar en política. Luego de que el Gobierno presente al Congreso el primer proyecto de ley reglamentario de esta reforma constitucional, el Congreso tendrá cuatro años para proferir todas las normas que considere necesarias.

Congreso de la República, Acto Legislativo 1, 31/7/2012

Sancionan reforma a la Ley de Justicia y Paz

Los desmovilizados antes de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), sancionada ayer, tienen hasta el 31 de diciembre de este año para postularse a sus beneficios. Así lo establece la Ley 1592, que además define que los nuevos desmovilizados tendrán un año para solicitar su postulación. La reforma busca agilizar los procesos que se adelantan bajo este esquema. Por ejemplo, transforma el incidente de reparación integral en un incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, el cual no podrá extenderse por más de 20 días hábiles. Finalmente, se unifica el sistema que venía funcionando a través del incidente de reparación integral con el sistema de reparación administrativa que se consagró en la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011).

Congreso de la República, Ley 1592, 3/12/2012

Rebaja de penas por aceptación de cargos sí puede aplicarse en procesos de la Ley 600 del 2000 contra congresistas

Aunque el régimen procesal penal de los congresistas es la Ley 600 del 2000 y no se les aplica el incremento de penas señalado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, si deciden aceptar los cargos para que se les dicte sentencia anticipada, necesariamente se hacen merecedores a que se considere la rebaja de pena más amplia prevista en el artículo 351 de la Ley 906 del 2004, por principio de favorabilidad, señaló la Corte Suprema. El pronunciamiento lo hizo la Sala Penal al declarar penalmente responsable al excongresista Germán Olano como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, sobre los cuales aceptó cargos. La Corte lo condenó a 100 meses de prisión y a pagar más de $ 600 millones de multa

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 37322, 27/9/2012

Reiteran aplicación de teoría de autoría mediata en aparatos organizados de poder en conflicto interno

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la teoría aplicable en materia transicional en el conflicto armado interno es la de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. En su opinión, el reproche social de la organización ilegal permite garantizar la prevención general como función de la pena, el derecho a la no repetición y el desmantelamiento del grupo, al poder conocer quiénes conforman la cúpula, los mandos medios y a los miembros rasos de la organización ilegal. Por otra parte, advirtió que el delito de terrorismo no se puede confundir con el de homicidio con fines terroristas, pues este último se configura cuando se vulnera la vida y otros bienes jurídicos como la seguridad y tranquilidad pública. Finalmente, reiteró que el lanzamiento de granadas de fragmentación o la utilización de otra arma de guerra de uso privativo de la fuerza pública no tipifica el punible de empleo de sustancias u objetos peligrosos, porque su consumación se causa con el uso de residuos peligrosos, radiactivos o nucleares (M. P. Luis Guillermo Salazar).

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38250, 26/9/2012

Comisión de delitos económicos no permite la representación legal de entidades financieras

Las personas que hayan cometido los delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, así como quienes se encuentren en las demás situaciones fácticas descritas en las normas precitadas, no podrán hacer parte de la administración (el ejercicio de la representación legal se inscribe en ésta) de instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera ni participar en procesos de constitución, reorganización y adquisición de sus acciones.

Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2013068020-002, 13/9/2013

Dialogar con grupos armados sin autorización del Gobierno viola la ley penal

La Corte Suprema de Justicia determinó que quien se haya reunido con organizaciones armadas ilegales sin autorización del Gobierno incurre en una violación a la ley penal, aunque su argumento sea que el encuentro tuvo por propósito último la paz. La Sala Penal precisó que si el artículo 5º de la Ley 782 del 2002 determina que no viola la ley penal quien participa en encuentros con actores del conflicto autorizados por el Ejecutivo, se debe concluir que hacerlo sin autorización le da un matiz de ilicitud a la actuación.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 27267, 24/7/2013

Variación de la imputación jurídica

La imputación jurídica en el acto de vinculación del procesado no impide su variación posterior, pues la calificación dependerá de diversos factores, como la prueba sobreviniente o una mejor comprensión de los hechos. Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al señalar que lo importante es que, desde la indagatoria, al procesado se le haya atribuido el núcleo esencial de los hechos del juzgamiento y la condena.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36411, 5/9/2013

Requisitos para validez de una grabación hecha por un particular sin orden judicial

Una grabación hecha por un particular sin orden judicial tendrá validez en un proceso penal si se realiza directamente por la víctima o con su aquiescencia, si capta el momento de la comisión del delito y si su finalidad es preconstituir prueba del mismo.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41790, 11/9/2013

Variación de la calificación provisional es posible:

Cuando se presenta una prueba sobreviniente, la cual cambie la realidad del proceso.

O cuando se advierta que la calificación inicial de la conducta imputada por el ente acusador, no corresponde a la realidad fáctica demostrada, y este error en la imputación no requiere prueba sobreviniente. Para lo anterior debe mirarse el artículo 404 de la 600/00, o que sea menos gravoso y ojo respetando el núcleo de la imputación fáctica.

CSJ, Sala Penal, auto 34282, sep. 2/2013. M.P Fernando Alberto Castro.

La caducidad de la acción reparación directa, no opera frente a delitos de lesa humanidad.

Cuando se demanda la responsabilidad estatal por daños antijurídicos, derivados de crímenes de lesa humanidad, los principios de: ius cogens y el de integración normativa, son los llamados a aplicarse, lo cual se traduce en la misma imprescriptibilidad de la acción penal. CE SECCION TERCERA, AUTO 25000232600020120053701 (45092), SEP. 17/2013 C.P JAIME SANTOFIMIO.

Los postulados no pueden aceptar responsabilidad por escrito.

La pena alternativa opera cuando los hechos denunciados por el mismo en su versión libre, los confiesa y acepta su responsabilidad, como requisito apremiante para continuar en el proceso de justicia y paz.

CSJ, Sala Penal, auto 40252, agosto 14/2013. M.P Luis Guillermo Salazar.

Medidas de aseguramiento.

Voltare “es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente”

El periodismo ha volcado su atención sobre las decisiones emitidas por la judicatura, por si una persona debe privársele o no de su libertad; las posturas son la penal y la otra la administrativa, la primera el encarcelamiento preventivo es una medida que debe atender la proporcionalidad, la razón, y necesidad excepcional, así como la de ser útil, de cara a los efectos del proceso penal; los segundos tienen la libertad como valor y como derecho fundamental de los estados de Derecho y la detención durante el proceso es una institución de riesgo para la concreción de un daño antijurídico imputable a los funcionarios judiciales.

El artículo 414 del CPP de 1991, permitía imputar la responsabilidad al estado por privación injusta, cuando se limitaba la libertad a una persona a título de preventiva y esta resultaba posteriormente exonerada por sentencia absolutoria; posteriormente la ley estatutaria de la administración de justicia, diseño como institución compleja la privación injusta de la libertad y ello es merecedora de reparación.

La libertad un tema modular desde el ámbito constitucional, el error judicial o la falla del servicio a una doctrina dominante del daño especial que constituye un concepto de lo justo a partir de un resultado final del proceso penal.

El C.E platea en este momento lo de daño especial.

La privación de la libertad no debe ser una carga que todas las personas deban soportar por igual, se debe atender al proceso y a la necesidad, el querer perseguir el delito no debe imponer a los ciudadanos cargas desproporcionadas.

2009: 2974 capturas fueron ilegales, igual al 7% de controles de legalidad por parte de los jueces de controles de garantía y año tras año se incrementa esta cifra.

Honorarios del abogado:

Ley 1123/07.

Los honorarios deben ser fijados justificadamente, en atención al servicio prestado, normas al respecto, mercado (oferta demanda y prestigio).

Ministerio Público, está vetado para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.

Es una competencia de la fiscalía general de la Nación y en subsidio a la víctima, si se le da esta facultad al Min. Publico, se altera la estructura del SPOA y el ppio de la igualdad en armas, pues la defensa de la legalidad no es significante de remplazar la parte que compone la Fiscalía.

CN. Sent. T 293, mayo 21/13 M.P. María Victoria Calle.

Se suspende autorizaciones de forma indeterminada para interceptar.

El artículo 4 del decreto 1704 de 2012, autorizaba a organismos diferentes a la Fiscalía, acceder a datos obtenidos mediante la interceptación de comunicaciones, legalmente autorizadas, el haber autorizado la interceptación a otras autoridades indefinidas una facultad de la Fiscalía, para llevar a cabo esto,  constituye  exceso en la potestad reglamentaria; la ley 1453/11 el fiscal ordena la interceptación y las demás autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica, así como, el procesamiento de esos datos obtenidos; la información personal a los proveedores de redes y servicios no forma parte de la operación técnica contemplada en la ley 1453/11. Estas circunstancias revelan déficit de protección al derecho fundamental a la intimidad.

CE, sección primera auto 110010324000250130001800 (20130018) julio 31/2013. C.P. Guillermo Varga Ayala.

Omitir prueba intrascendente, no vulnera la investigación integral.

El análisis a las pruebas es desde la conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, el derecho a la prueba no es simplemente de aplicación absoluta, permanente y automática.

CSJ, Sala Penal, Sent. 32244, julio 24/13

Rebaja de pena por reparación integral procede en delito de extorsión.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la disminución de pena por reparación integral de la víctima sí procede en los delitos de extorsión y conexos, a pesar de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. En su opinión, desconocer esa rebaja viola los derechos del procesado y las víctimas y el principio de proporcionalidad de la pena. Igualmente, la corporación advirtió que aquella disposición impide reducir la pena frente a tales punibles, aunque el autor se haya allanado a los cargos. No obstante, la Sentencia 33254 afirmó que, en ese evento, no debe aplicarse el incremento punitivo de la Ley 890 del 2004.

Corte Suprema de Justicia, Auto 39201, 24/7/2013

Configuración de la acción a propio riesgo

La configuración de la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro dolosa exige que el sujeto activo no tenga posición de garante con respecto al pasivo y que este conozca y pueda controlar el riesgo. A juicio de la corporación, solo ante el cumplimiento de esos factores la realización del tipo penal no le es atribuible al procesado, teniendo en cuenta que la víctima participó libremente en la situación peligrosa susceptible de producir el resultado.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41411, 10/7/2013

Procuraduría no puede solicitar medidas de aseguramiento

La Procuraduría no está facultada para solicitar medidas de aseguramiento en el proceso penal, ni siquiera cuando la víctima lo haga. de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 del 2011), la solicitud de medida de aseguramiento la adelanta la Fiscalía. Incluso, la víctima puede hacerlo, cuando quien acusa no lo considera pertinente, en cuyo caso el juez debe valorar los motivos del fiscal para no solicitar la privación de la libertad del imputado. Así las cosas, la imposición de la medida por solicitud de la Procuraduría, como un requerimiento más gravoso al efectuado por el organismo investigador, constituiría una acusación adicional a la del fiscal del caso. A juicio de la Corte, ello rompe el equilibrio de armas en contra del indiciado, quien tendría que enfrentarse a dos acusadores. La facultad del Ministerio Público, en estos casos, se limita a presentar argumentos sobre la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada por la parte acusadora.

Corte Constitucional, Sentencia T-293, 21/5/2013

Validez del testigo de oídas en el marco de la Ley 600 de 2000.

Ha señalado la Corte Suprema los requisitos para poder tener en cuenta el testimonio de oídas en la valoración probatoria, dentro del marco del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40702, 10/7/2013

El Juez de ejecución de penas no puede redosificar penas.

Ha señalado la Alta Corporación que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tiene como función la verificación del cumplimiento de la pena y le está vedado hacer cambios el quantum punitivo definido por el juez de conocimiento.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38005, 3/7/2013

Ejecutivo aprobó acuerdo para la ejecución de las penas con la Corte Penal Internacional.

La ley 1662 de 2013, reglamenta el acuerdo del 17 de mayo de 2011, entre Colombia y la Corte Penal Internacional, respecto a la imposición de penas sin derecho a libertad impuestas por el organismo internacional.

El Estado Colombiano puede recibir en sus centros penitenciarios condenados por la Corte, y deberá garantizar su seguridad, integridad y protección adecuada y respetando los estándares internacionales del soft law (son normas y principios generales de derecho internacional, no reglas, no son vinculantes a diferencia de hard law) relacionados con el trato a los reclusos y el régimen penitenciario interno, sin que lo anterior implique que se pueda una modificación de la pena por parte de Colombia.

Las condiciones de cumplimiento de la pena está a cargo del Comité de la Cruz Roja Internacional.

Los gastos de traslados de la Corte a Colombia y viceversa los sufraga la CPI y los de manutención y entre otros,  dentro del territorio colombiano, será del Estado.

La protección especial del derecho penal es predicable a los miembros de cualquier sindicato.

El artículo 3 de la ley 1309 del 2009 y el 1, 2, 3, 4 de la ley 1426 de 2010, las anteriores agravan las penas de los delitos: desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo y amenazas, cuando se cometan en contar de un miembro de una organización sindical legalmente reconocida y además se extiende el termino de la prescripción de la acción penal.

CN Sent. C 472 de julio 23 de 2013. M.P Mauricio González.

Injuria: no exige que la imputación deshonrosa indique hechos concretos.

El tipo penal no exige que el sujeto activo exprese en publico que alguien hizo algo en concreto, sino que le atribuya una forma de pensar, personalidad o valores contrarios a los imperantes dentro de la sociedad. La imputación de este delito debe estar enmarcada al igual que para cualquier otro en el principio de legalidad y en la condición de ultima ratio del derecho pernal.

CSJ, Sala Penal, Sent. 38909, julio 10 de 2013, MMPP. Enrique Malo y María del Rosario González.

Desplazados por Bacrim deben estar en el registro de víctimas.

Son víctimas de desplazamiento por accionar de las bandas criminales, así no estén en situación de conflicto, ampliando el concepto de la ley 1448/2011, esta es la orden de la Corte a la dirección de la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas.

CN. Auto 119, Sent. T 025 de 2004, junio 24/13 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

Son víctimas, todas aquellas personas afectadas en sus >DDHH o por infracciones al DIH, que sean sometidas a desplazamiento forzado por el accionar de la bandas criminales. CN Sent. C 280/2013 MP. Nilson Pinilla.

Reforma al artículo 113 de la ley 599/00

En lo relativo a los daños con deformidades físicas, cuando el daño es causado con ácido u otras que dañen el tejido humano, la pena aumenta a 72-126 de prisión.

Ley 1639/13

Tratamiento a datos personales.

La recolección de datos personales debe estar limitada a los pertinentes, adecuados y necesarios para lograr la finalidad, sin la utilización de medios engañosos o fraudulentos.

Se debe mediar autorización del t6itular en cualquier forma, excepto la del silencio, que sean inequívocas de la aceptación.

En principio el tratamiento de información de niños y adolescentes está prohibido, salvo que los datos sean públicos o la necesidad obedezca a un interés superior y sin la vulneración de los derechos fundamentales.

Por último, la opinión del menos debe ser tenida en cuenta en razón a su madurez intelectual, autonomía y entendimiento. D. 1311/2013

Reglas para entrevistar a menores.

En la protección del interés superior y evitar revictimizacion dentro del proceso penal.

Los menores víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, incluso los cometidos en el marco del conflicto armado interno, trata de personas y otros.

La entrevista debe adelantarse por personal experto de CTI, con revisión del cuestionario por parte del defensor de familia, el menor puede estar acompañado por su representante legal. Si el defensor de familia no puede estar presente, se debe garantizar la comparecencia de un entrevistador especializado.

En protección a la dignidad del menor, solo si es estrictamente necesario se accederá a este elemento material probatorio. En indagación solo se podrá entrevistar por una sola vez, y una segunda sustentando la necesidad de la misma.

L. 1652/2013.

La suspensión en el pago de la pensión depende de la terminación de la investigación administrativa.

La conducta unilateral de suspensión vulnera el mínimo vital, el debido proceso y la seguridad social, salvo que el procesado exprese su aquiescencia.

CN. Sent. T 512 de julio 6/2012. M.P Humberto Sierra Porto.

Determinador es responsable, así no exista relación directa con el ejecutor.

No es necesaria la relación directa entre quien manda, sugiere o imparte orden y el que ejecuta.

CSJ Sala Penal, sentencia 33118, mayo 15/13



Violencia contra la mujer no es delito menor.

La discriminación y violencia contra la mujer verdaderamente vulnera el bien jurídicamente tutelado, dado que permea: relaciones laborales, afectivas, orbita publica, integridad física, moral y deja en la mayoría de casos secuelas morales y psicológicas en la victima y la familia.

CSJ, Sala Penal, Sent. 38103, abril 30 de 2013. M.P Luis Guillermo Salazar.

Sustitución de la detención preventiva en justicia y paz.

Esta sustitución es probando que la persona permaneció al menos 8 años en prisión, tomados con posterioridad a su desmovilización, por la comisión de delitos relacionados por la pertenencia al grupo armado ilegal; además, probar su participación en trabajos de resocialización ofrecidas por el centro penitenciario, la contribución de la verdad y la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, por último, no haber cometidos punibles con posterioridad al sometimiento (dolo).

La información debe ser allegada por intermedio de su abogado.

Ver 975/05, articulo 19 de la ley 1592 de 2012 y 318 de la 906/04.

Lo anterior mediante solicitud de audiencia ante magistrado con función de garantías, para sustitución de medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario por una no privativa de la libertad.

CSJ, Sala Penal, auto 40508 de febrero 14/13 MP. Julio Enrique Socha Salamanca

Las víctimas de las bacrim lo son del conflicto armado colombiano.

En el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, las víctimas de las bacrim, respecto a DDHH y DIH, por desplazamiento forzado, deben ser consideradas como beneficiarias.

Así mismo, los reinsertados que delinquen de nuevo o las afectaciones sufridas por hechos delictivos graves de las personas como voladuras de puentes, represas, entre otros: son víctimas.

Ver artículo 60 de la ley 1448 de 2011 y los demás beneficios concedidos a las víctimas en la ley 387 de 1997, los cuales no pueden ser excluidos.

Corresponde al estado la carga de la prueba sobre si los destinatarios tienen o no recursos para la educación y otros.

CN Sent. C 280 de mayo 15 de 2013. M.P Nilson Pinilla P.

Los alcaldes no pueden multar a quien los irrespete o falten al respecto.

La ley 1551/12, la cual modernizo el régimen municipal, se estudió por la CN, en las sentencias C105, 107 del 6 de marzo/13, analizando los artículos 18, 29 y 35, que le permitía a los alcaldes imponer multas en estos casos, pero considera la corte que esto viola la seguridad jurídica.

La procuraduría puede hacer oposición por violación a derechos fundamentales.

El ministerio público no es un interviniente especial, es autónomo y con todas las facultades de las partes, su actuar debe ser activo.

CSJ, Sala Penal Sent. 39892, feb 6/13 José Luis Barceló.

Los peritajes pueden ser desestimados por el Juez.

La prueba pericial debe ser valorada bajo los parámetros de la sana crítica, la lógica y de manera racional, no de una manera incondicional, dado que merece tener el mismo tratamiento de los demás medios probatorios.

A tener en cuenta: fundamentación del perito, idoneidad, experiencia, cadena de custodia, entre otros.

La inimputabilidad se decreta por el juez no por los peritos.

CSJ, Sala Penal Sent. 39559, marzo 6/13, MP Julio Enrique Socha.

La persona capturada debe presentarse inmediatamente ante el Juez penal Municipal con función de control de garantías.

El término de las 36 horas es un límite, no debe entenderse que puede esperarse hasta el agotamiento del mismo. Art. 306/ L 906/04; CSJ, Sala Penal Sent. 37992 marzo 6/13 M.P José Luis Barcelo.

El reconocimiento en fila de personas (…) se debe complementar con el testimonio.

Si se incumplen los requisitos legales para la validez de esta prueba, la eficacia jurídica continua, no es una prueba autónoma, es una prueba derivada del testimonio y por ello complementaria al mismo.

CSJ, Sala Penal Sent. 33799, marzo 13/13 MP. José Leónidas Bustos.

Nuevas reglas para entrevistas forenses a menores de edad, víctimas de conducta punible sexual.

La participación de un menor dentro del proceso penal debe ir más allá de lo simbólico, se le debe ofrecer toda la información de la que se disponga, pero en términos que el entienda; el defensor de familia al entrevistar debe aparear el articulo 33 con el 44 de la constitución, bajo la tutela del principio de pro infans.

Interés superior en la tutela de los menores y en aras de no ejercer una re victimización. CN Sent. T 117, marzo 7/13. M.P Alexei Julio Estrada.

La CS de Justicia, llamo la atención a la Fiscalía para que las diligencias se adelanten con eficiencia, diligencia y profundidad.

CSJ, Sala Penal, sent. 38773 de feb. 27/13 M.P María del Rosario González.

Los reconocimientos fotográficos, en fila de personas o en video, pueden incorporarse al juicio mediante el sujeto que señalo o el funcionario que lo práctico.

Los reconocimientos fotográficos, en fila de personas o en video, pueden incorporarse al juicio mediante el sujeto que señalo o el funcionario que lo práctico, teniendo en cuenta que en cada caso tendrá unas implicaciones jurídicas diferentes; siendo: Si la persona que practica el reconocimiento rinde testimonio ante el juez la prueba deja de ser de mera referencia y se convierte en directa, pero si lo hace el funcionario que lo practico la prueba sigue siendo de referencia.

En cada caso el juez determinara el grado de apreciación en cada caso, atendiendo a las reglas de cada medio de convicción.

Lo anterior es una excepción establecida por la 906/04.

CSJ, Sala Penal, sent. 38773 de feb. 27/13 M.P María del Rosario González.

Se amplían beneficios en sueldos de las víctimas por desaparición forzada.

Las parejas homosexuales deben ser incluidas en la lista de beneficiarios para recibir los sueldos y demás de las víctimas de desaparición forzosa, además, de los hijos en situación de discapacidad, sin importar edad y los que dependen económicamente hasta los 25 años a razón de estudio. Adición al artículo 7 de la ley 1531 de 2012, la cual regula la acción de declaración de ausencia por este flagelo.

CN sentencia C 120 marzo 13/13 M.P. Nilson Pinilla

Se sanciona ley de violencia escolar L. 1620/13.

Además se incluye el ciberacoso, uso de las tecnologías para maltratar psicológicamente, entre otros.

El derecho penal no es la única vía para proteger a las víctimas de trata de personas.

Lastimosamente el trabajo forzado y la servidumbre domestica de las mujeres en minoría de edad no son tutelados como una modalidad delictual de la trata de personas y la discriminación y violencia de genero.

Según la CN esas conductas son violatorias de los derechos humanos y por ello la víctima no puede depender de un proceso penal para ser reconocida.

CN T 1078/12

Daños ambientales por fumigaciones a cultivos ilícitos deben ser reparados por el Estado.

El estamento debe investigar primero si el cultivo es lícito o ilícito.

C.E Sección 3ra 180012331000 C.P Stella Conto Díaz

Victimas de grave vulneración a sus DDHH, tienen derecho a ser reparadas complementariamente.

La indemnización por vía administrativa por los daños causados por graves violaciones a los DDHH o de lesa humanidad atribuibles a los agentes del estamento, no se hacen bajo contrato de transacción; es por ello que las victimas pueden demandar y recibir pago de perjuicios por vía judicial, descontándose lo recibido por vía administrativa.

CN. Sent. C 099/feb.27-13, M.P. María Victoria Calle Correa.

Retractarse del allanamiento es posible.

Se debe probar que la aceptación de cargos no fue libre y voluntaria y o se vulneraron derechos fundamentales; esto según la reforma al artículo 293 cpp. Por el artículo 69 de la 1453/11, que permite retractación del allanamiento hasta la audiencia que imparte legalidad al mismo. Según la norma 69 el allanado solo necesitaba desconocer lo pactado; sin embargo, la Corte en esta sentencia exige argumentar.

CSJ. Sala Penal, Sent. 39707, feb. 13/13 M.P. María del Rosario González.

La calificación a la víctima como interviniente especial, no influye en los derechos procesales.

La victima posee las mismas oportunidades que el procesado y la fiscalía, su investidura es activa en su actuar procesal (art. 132 CPP) todo ello para poder hablar de restablecimiento de derechos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La calidad de víctima no depende del bien jurídicamente tutelado, depende del daño real.

CSJ, sala penal, auto 39815, feb.18/13. MP. Julio Enrique Socha.

Aceptación de cargos bajo la justicia transicional, implica renuncia a la prescripción de la acción penal.

En un llamado a los fiscales de justicia y paz para que apliquen criterios de priorización, dado que la justicia transicional aspira dar respuesta a las violaciones sistemáticas y generalizadas de de3rechos humanos, así como los delitos cometidos por el accionar criminal por los grupos al margen de la ley. Es así, que la aceptación de los cargos y el acogimiento a esta justicia implica aceptación tácita a la prescripción penal, hasta que allá sentencia definitiva al respecto, así los delitos posean o no características de crimines internacionales. CSJ, sala Penal, Sent. 37048, dic.6/12 MP. Javier Zapata Ortiz.

Habeas Corpus

Según se desprende del artículo 28 y 30 de la Constitución Política Nacional, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, no obstante, no es un derecho absoluto y tiende a ser relativizado, subjetivizado, ya sea de forma legal o ilegal o mediante vías de hecho, para ello: la legislación, la jurisprudencia y la doctrina nacional y foránea, consagran figuras para su restablecimiento, tales como: el hábeas corpus; el cual,  es el medio tradicional por excelencia para su protección.

Sin embargo, la naturaleza ius fundamental del derecho que sé que se examina, pone en evidencia que el hábeas corpus es una garantía fundamental, no solo del derecho a libertad, sino que, igualmente lo es de otros derechos fundamentales de la persona privada de la libertad, tales como el derecho a la vida y la integridad personal.

Es así, que paralelamente existe otra forma de hábeas corpus, el cual es denominado: Habeas Corpus preventivo (denominado también hábeas corpus correctivo), que se deriva de la circunstancia de que, cuando se recurre al hábeas corpus como mecanismo de control de la legalidad de las detenciones, se está protegiendo también el derecho a la vida y a la integridad personal de los seres humanos, resultando en la tutela de los derechos fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso del jurisdiccional o político, enrostrando un positivismo  Kelseniano propio de los sistemas jurídico penales de la preguerra, desconociendo las garantías fundamentales y atropellando los derechos humanos.

De hecho, la libertad personal ocupa un lugar muy importante en la normativa interna y foránea,  es por ello, que el hábeas corpus se orienta en principio a tutelar esta garantía fundamental, dado que es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de las personas; Por lo tanto, el cometido esencial del hábeas corpus no  puede restringirse únicamente a la  protección del derecho a la libertad, sino que ha de dársele una proyección más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos humanos de aquellos que se encuentren privados de su libertad que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza frente a su vida e integridad personal.

En tal medida, el ámbito de protección del hábeas corpus, no solo se limita a cubrir  el derecho a la libertad, sino también, se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con éste, y que le dan soporte a la vida misma, a la dignidad de las personas y a sus familias.

La protección integral del hábeas corpus, es un derecho que no sólo protege la libertad física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del régimen de turno. Se concluye que el Habeas corpus se convierte así, en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en  forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad física[1]

Para ir concluyendo, el habeas corpus para poder cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, (…) en realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido.[2]

Para terminar, el hábeas corpus no solo garantiza el derecho a la libertad personal sino que permite controlar además, la dignidad de las personas, y por la vida e integridad personal de las mismas, como es el caso que nos ataña del interno Jair Alberto Aguirre Marulanda.

Es de resaltar en estas últimas líneas de este ítem, que esta figura igualmente de estar consagrada en nuestra legislación interna, partiendo de la Constitución en el artículo 30 como derecho fundamental, en la Ley 1095 del año 2006; además ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y lo previsto en el artículo 27-2 de la Convención americana de derechos humanos. Legislación antes citada no tenida en cuenta, para preservar la vida y la integridad física de una persona y ser condenada subsidiaria y tácitamente a una pena de muerte, proscrita por nuestro Estado y de obligatorio cumplimiento: legal, profesional y moral, por cada uno de los jueces de la república.


[1] Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentaría.

[2] Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-08/87 (enero 30), serie A, No. 8, párrafo 35, 37-40 y 42

VIA de HECHO.

La "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado Social y Constitucional de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela.

No toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial.

La vía de hecho constituye un abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo ejercicio del poder constituido.

La vía de hecho desconoce que en un Estado constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son limitados y que esos límites vienen impuestos por la Carta Política y por la ley pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de los derechos fundamentales.

Recomendados: Sentencia T-533/01

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/857/1/Vias%20de%20hecho.pdf

La terminación del vínculo contractual no extingue la obligación de guardar el secreto profesional.

Superindustria, Cpto. 12212614, enero 9/13

Facultad de acción de revisión frente a DDHH.

Según el artículo 220 de la ley 600/00, establecía que después de proferirse sentencia condenatoria, aparecieran nuevos argumentos facticos, EMP, EF o ILR, pruebas; no conocidas dentro del anterior proceso o inimputabilidad. Igualmente la sentencia C 004 de 2003, concluye que la revisión es viable por sentencia absolutoria, preclusión, cesación del procedimiento, por vulneración a los DDHH o al DIH.

Y que taxativamente la encontramos en el artículo 192 de la ley 906/04.

CSJ, Sala Penal, auto 28476 de oct. 31/12, M.P Javier Zapata.

La Registraría debe resolver las inconsistencias en la identificación de los colombianos.

CN. Sent. T 1000 del 2012.

Non bis in ídem

No es jurídicamente viable alegar el carácter de posición o cargo que ostenta el sujeto activo en los delitos sexuales, cuando le voy a imputar también incesto.

CSJ. Sala penal, Sent. 33657 de oct. 31/12 MP Luis Guillermo Salazar.

Divulgación de antecedentes penales.

En virtud del buen nombre y habeas date, se vulneran cuando se inserten los antecedentes penales de una persona en un texto de divulgación general, a terceros sin intereses en la causa.

La ley 1581/12: dispone que los datos personales, salvo información pública, no pueden estar en internet u otros medios de comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable.

CN. Sentencia T 995/ nov.23/12 M.P. María Victoria Calle

Conflicto de competencias en justicia y paz

En caso de que surja un conflicto de competencias dentro del procedimiento de un postulado, en los términos de la ley de justicia y paz, para garantizar el debido proceso y la plenitud de las formas, se debe acudir a la ley 6600/00, que es quien la regula.

CSJ, sala Penal auto 40048, oct. 17/12 M.P. María del Rosario González

Ley de salud mental/ ley 1616/2013

La salud mental es un derecho fundamental y prioritario de interés general; su garantía debe ser maximizada en casos donde el sujeto sea un niño o niña, adolecentes.

La norma recae sobre el MINISTERIO DE JUSTICIA EL INPEC Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Las personas deben tener un trato humanitario, digno, basado en información clara, oportuna, veraz y completa, sobre su diagnóstico y psicoeducación individual y familiar.

El responsable de la vigilancia en su aplicación será el CONSEJO NACIONAL DE LA SALUD MENTAL. Art. 10, ley 1566/12.

 

Las estipulación probatoria es retractable, si se presenta de común acuerdo entre defensa y fiscalía.

Art. 356CPP, CSJ, S.P, Auto AP 55892016, agosto 24-2016. M.P Guillermo Salazar Otero.

Excepcionalidad de la medida de aseguramiento: detención preventiva.

Desde la Comisión Interamericana de DDHH y la CN, se ha evidenciado que en Colombia la detención preventiva es prima ratio y no excepcional, adelantando una posible redención de la pena e incumpliendo en algunos casos los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad convicción.

Además, se evidencia que se incumplen los DDHH de los internos y se violentan de cara al hacinamiento, salud, relaciones sentimentales, familiares, entre otras.

CN Sent. T 276 mayo 25 de 2016. M.P Jorge Ignacio Pretelt.

Plazo razonable debe exigirse en procesos de extinción de dominio.

A estos procesos debe aplicársele la ley 1708 de 2014; además la CN, pidió a la fiscalía, a la Agencia Nacional para la Defensa del estado y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura celeridad y plazos razonables en estos procesos.

CN. Sent. SU 394, julio 28 de 2016, MP. Gloria Stella Ortiz.

Petición de conexidad procesal y oportunidad para hacerlo.

La fiscalía lo puede hacer al formular la acusación y la defensa y la victima en la preparatoria.

Art. 51 de la ley 906 de 2004. CN C 471, agosto 31 de 2016. M.P. Alejandro Linares.

Inconducente solicitar nulidad contra escrito de acusación.

Es una medida procedente contra las actuaciones de los funcionarios judiciales, no contra los actos de parte. CSJ, SP. AP 55632016 (48573), agosto 24 de 2016. M.P. Gustavo Enrique Malo.

Delito de estafa, cambia de teoría en 2016

Ya las condiciones personales de las partes cuando se deriva el negocio jurídico no influyen, pues esta causal exoneraba de responsabilidad penal a partir del reproche que se le hiciera al sujeto pasivo por el no uso de mecanismos de protección para evitar el menoscabo al patrimonio; la Corte cambia su postura, argumentando que esto permitía el engaño y el fraude en las relaciones contractuales.

CSJ, SP Sent. SP 94882016 (42548)/2016 M.P Antonio Hernández

La opción sexual diversa es un derecho constitucional y ni los establecimientos educativos, ni el Estado pueden restringirla.

Restringir las manifestaciones de individualidad, relacionadas con su identidad de género, el artículo 13 CN prohíbe que se discrimine por estos factores y el desconocimiento a este derecho no puede hacerse basados en autonomía universitaria u orientación filosófica.

CN, Sent. T 367/2016, M.P. Gloria Ortiz.

Todo colombiano es donante de órganos

Quienes no lo deseen deben manifestarlo formalmente y autenticado, además de radicarse ante el Instituto Nacional de Salud.

Ley 1805/2016.

Pago de la indemnización y el derecho a la libertad.

El articulo 63 y 64 del código penal, están subordinados a la reparación de los perjuicios; sin embargo en el art. 65 del código penal, se establece la acepción por imposibilidad de pago por parte de procesado, dado por la imposibilidad económica.

Lo anterior, no implica la exoneración total, pues la victima puede acudir a la jurisdicción dado que la decisión judicial presta merito ejecutivo.

CS de J, Sala Penal Sent. STP 657822016 (85888), MAYO 19/2016 M.P. JoséBarcelo.

Los animales seres sintientes y bienes jurídicos

Considerar a un animal como un bien jurídico de naturaleza muebles semovientes, no se opone a considerarlos seres sintientes y dignos de protección contra el maltrato.

CN, comunicado Sent. C 467, agosto 31 de 2016.

Declaración de menor abusado sexualmente debe ser cotejada con otras pruebas.

La declaración del menor debe ser cotejada con los otros medios de convicción recaudados con el fin de verificar el grado de credibilidad y veracidad de la declaración rendida.

Los relatos se narran acorde con sus recuerdos, también estas manifestaciones pueden faltar a la verdad, por lo que es imperioso valorar estos testimonios como el de cualquier otro testigo.

CSJ, SP, SENT. SP 95082016 (47124), julio 13 del 2016.

Reformas a la detención preventiva.

La ley 1760 de 2015, no es aplicable la ley 600 de 2000; y la ley 1786 de 2016, entra a regir el 1 de julio de 2018.

CSJ, SP Auto AP 44812016 (35691), julio 13-2016, M.P. Gustavo Enrique Malo.

Apelación del auto que admite o niega pruebas.

La Corte suprema acaba de variar su postura, de cara a que se puedan apelar tanto la decisión que niega una prueba como la que la concede.

A partir de este momento solo se podrán apelar las decisiones que niegan una prueba, no las decisiones que las conceden; lo anterior, no afecta el carácter adversarial del sistema acusatorio, dado que conforme al 359 CPP, las partes pueden solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios disuasorios que resulten inútiles, impertinentes, repetitivos, ilegales u obtenidos con violación de garantías fundamentales.

CSJ, SP, Auto 48122016 (47469) julio 27-2016, M.P. Gustavo Enrique Malo.

Autorización para los jueces de garantías, para decretar medidas de aseguramiento con fundamento en hechos futuros.

Las medidas de aseguramiento son en esencia una medida protectora de hechos futuros y ello lo debe evaluar el juez.

Sent. C 231 de 2016, art. 2 de la ley 1760 y art. 308 del CPP.

Límite al poder punitivo.

El debido proceso tiene rango superior de carácter de derecho fundamental, por eso para que el Estado pueda punir de forma legal y legitima, debe estar irradiado del pleno cumplimiento da las garantías fundamentales y legales que conforman el debido proceso.

Art. 29 CN, 8, 9,10, 11 de la declaración universal de los derechos humanos.

Marihuana medicinal.

El decreto 2467 de 2015, reglamento el cultivo, fabricación, y distribución de las plantas de marihuana con fines médicos y científicos; la ley 1787 de 2016, genero el marco regulatorio para permitir el acceso informado al uso médico y científico de la marihuana. Lo anterior modifica los artículos 375 a 377 del C.P; pero falta reglamentar, según los encabezados de dicha normativa.

Feminicidio.

El elemento subjetivo del tipo penal, es el de matar por el hecho de ser mujer, para establecer lo anterior, se requiere:

Antecedentes o indicios de amenazas en el ámbito domestico, familiar, laboral o escolar (no se requiere la existencia de denuncia o investigaciones anteriores).

Estudiar la existencia de la intención y el análisis de la culpabilidad.

Art. 2 de La ley 1761 de 2015, Sent. C 297 de 2016, CN, M.P. Gloria Stella Ortiz.

Momento de la existencia legal de las personas: nace el derecho de protección a la vida.

El derecho a la vida del que esta por nacer, goza de una protección diferente a la constitucional (legal, art 90 CC), por eso, la vida prenatal, no tiene titularidad del derecho a la vida.

CN, Sent. C327, junio 22 del 2016, Gloria Stella Ortiz.

Muere el obligado a pagar alimentos?

Con la muerte de la persona que está en la obligación de dar alimentos, no muere la obligación, pues esta se trasfiere a quien reciba la pensión de sustitución.

Sent. T 199, abril 26 de 2016, CN, M.P. Jorge Ivan Palacio.

La aceptación de cargos: aceptación simple?

En esta, la fiscalía y el procesado efectúan renuncias reciprocas; la primera renuncia a la obligación de investigar y acusar y el segundo renuncia a un proceso normal en donde pruebe y controvierta las de la acusación; sin embargo, para ello, la fiscalía debe contar con EMP de convicción mínima; de lo contrario, no se puede emitir un fallo condenatorio.

Art. 40 y 232 ley 600 de 2000; art. 351 de la ley 906 de 2004 y Sentencia S.P. 83292016 (46243), CSJ, junio 22 de 2016, M.P. José Luis Barceló.

Quienes pueden solicitar los subrogados penales y medidas sustitutivas:

La persona privada de la libertad, defensoría pública, procuraduría y el apoderado del detenido.

Ley 1709 de 2014, articulo 5, Sent. C 328 del 2016

Colombia y sus actos de discriminación.

En el decreto 1732 de 1938, se escribe en la historia una vergüenza nacional; el decreto prohibía dar visa colombiana a las personas sin nacionalidad o que la hubieren perdido, y para la época los que estaban en esa situación eran los judíos perseguidos por los Nazis.

A una de las personas que se le negó venir a Colombia, residenciarse y volverse docente en este país fue a Hans Kelsen, cosa contraria; efectuó USA, para con este notable jurista.

Principio de oportunidad no es aplicable a la justicia penal militar.

CN, Sent. C 326, junio 22 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.

Las estipulaciones probatorias en el proceso penal

Es una figura jurídica donde las partes le solicitan al juez de su aval, en tener como prueba sin su práctica, hechos y circunstancias atinentes al proceso; esta institución no hace parte de la justicia premial y no puede implicar compromiso del principio de presunción de inocencia, no auto incriminación y demás DDHH.

La estipulación nace de la palabra stipulari: pactar o concertar, guardan relación directa con el descubrimiento probatorio, por ello son producto de la autonomía de las partes, pero con el respeto a los principios y DDHH, son irretractables y vinculantes y su etapa procesal es la preparatoria.

Es impensable, estipular el hecho que una mujer está en estado de embarazo y que el padre de la criatura es el procesado, estando de cara a un delito de violación y que futura madre y procesado sean víctima y victimario.

CSJ, SP. 27283 M.P Yesit Ramirez Bastidas.

El juez puede rechazar la solicitud de absolución que efectué la fiscalía.

La acusación es el acto que convoca al juicio, cuyo titular es la fiscalía por tener la acción penal; sin embargo, la solicitud de absolución, no puede entenderse como un retiro de los cargos, sino, como un acto de postulación presentada en sus alegaciones finales; lo anterior, debido a que la fiscalía una vez presenta el escrito de acusación es parte e interviniente, a su vez que existen otros intervinientes como el ministerio público, la víctima  y el juez no es un mero arbitro, el juez esta para ver que se materialice la justicia y la defensa de los derechos y garantías de todos los intervinientes.

CSJ, SP. 68082016 (43837), mayo 25 del 2016, MP. Gustavo Enrique Malo F.

Impugnación de condena por primera vez.

A partir de abril 24 de 2016, procede que las decisiones condenatorias por primera vez, sean apeladas ante el superior Jerárquico. Ver. C 792 de 2014 y SU 215 del 2016.

El delito no justifica prorrogar la detención indefinidamente: delitos contra menores les es aplicable el vencimiento de términos.

Ver parágrafos 1 y 3 del Art. 317 CPP, CSJ, Sent. STP 60172006 (84957) MP: Francisco Acuña. Abril 26-16

Menores de edad deben cumplir la pena impuesta completa.

Los jueces no pueden crear nuevas condiciones punitivas, inexistentes para el momento de la conducta punible, por más que sean altruistas.

Con fundamento en el Art. 187 del Código de Infancia y Adolescencia y en el principio de legalidad. Sentencia SP 3122016 de  marzo 9 de 2016 (46614), M.P Eyder Patiño.

La expresión: “o realice otro acto para encubrir el origen su origen ilícito” en el lavados de activos es inexequible.

Según el artículo 323 del CP, modificado por la ley 1762 de 2015, en su artículo 11; esta modificación constituye una violación al principio de legalidad, pues esta expresión convierte la norma en gaseosa y el derecho penal por principio debe tipificar las conductas que constituyen un delito, no se puede dejar en cabeza de un fiscal o un juez, el descubrir nuevas conductas delictuales.

CN, Sent. C191, abril 201 de 2016, MP. Alejandro Linares.

Menores si pueden visitar a presos que no estén en primer grado de consanguinidad.

El artículo 112 A, de la Ley 1709 de 2014, dice lo contrario, pero la norma desconoce el deber de conservar las funciones familiares, lo importante no es el grado, sino la prueba de unión familiar.

CN, Sent. C 026, feb. 3 de 2016 MP. Luis Guillermo Guerrero.

Retención en propia residencia es secuestro.

Mantener a una persona retenida en su propia residencia bajo amenaza configura secuestro, pues impide su libre movilidad, no es extorsión dado que el constreñimiento económico esta precedido de la restricción en el derecho fundamental de locomoción.

CSJ, SP, Sent. SP 15882016 (46211) febrero 10 del 2016 M.P Fernando Alberto Castro

Testimonio de la víctima, única prueba de cargo en delitos sexuales.

El testimonio de la victima puede ser considerada como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso siendo la única prueba disponible, dado que estos delitos siempre se harán ocultos, se dificulta la existencia de otra prueba.

La valoración de dicha prueba debe hacerse con criterios de lógica razón y experiencia:

  1. Credibilidad objetiva. Características físicas y psíquicas del testigo, como sordera, ceguera, trastornos, debilidad mental, otros.

Móviles espurios: odio, resentimiento, venganza, enemistad.

  1. Análisis de credibilidad objetiva verosimilitud: lógica de la declaración, coherencias internas y externas, que no se modifiquen sustancialmente las declaraciones; que no se repita como lesión o disco aprendido y sin ambigüedades o vaguedades: con los detalles propio de estos hechos y sin contradicciones.

Principio de congruencia.

Nadie puede ser declarado penalmente responsable por hechos que no consten en la acusación de manera formal, ni por delitos que no se haya solicitado condena, entre sentencia y acusación debe existir total armonía, sino se vulnera el debido proceso por derecho a la defensa.

CSJ, SP 174572015 (44178) dic. 16-2015 MP. José Leónidas Bustos.

El hacinamiento carcelario es la muestra de una política criminal “populista e incoherente” CN.

El hacinamiento, infraestructura deficiente, la inseguridad interna, un servicio de salud formal, tienen al sistema penitenciario como una bomba de tiempo; en poco tiempo será insostenible el sistema actual, dado que se esta empleado una política criminal poco reflexiva, subordinada a políticas de seguridad, cerrada a medidas alternativas por el populismo, entre otras.

Esto hace que no se hable de resocialización en estos momentos, sino que las personas encerradas se ahonde en sus resentimientos sociales.

Sentencia T 762 - 2015 MP. Gloria Ortiz Delgado CN.

Prisión domiciliaria (conocimiento) y permiso para trabajar (Ejecución de penas) para la inasistencia alimentaria.

Si se tiene la finalidad de resarcir el daño económico efectuado antes de la sentencia y así se cumplirá con la garantía constitucional de alimentos por parte del juez.

CSJ, Sala Penal, comunicado No. 4, febrero 15/16

Nulidad por ignorancia del defensor.

La defensa técnica es una garantía constitucional, por ende la falta de experticia y habilidades del defensor de cara a enfrentar el juicio oral, general que se vulnere el debido proceso desde las probatorio, es asi, que sin el mínimo de conocimientos en la materia se afecta desde lo epistemológico y pragmático el sistema penal acusatorio.

CSJ, SP 4902016 (45790), enero 17 de 2016, MP. Gustavo Enrique Malo.

Principios orientadores para los preacuerdos.

El art 348 del CPP, fines del preacuerdo: humanizar la actuación procesal y la pena, obtención pronta y cumplida justicia, activar solución a los conflictos sociales, propiciar reparación integral y la participación del imputado.

Lo anterior, con armonía de los principios constitucionales y los perseguidos por el sistema penal acusatorio; no es un catalogo de buenas intenciones, sino que se deben ver reflejados en el preacuerdo.

CSJ, Sent. SP 162472015 (46688) nov. 25 del 2015 MP. José Luis Barcelo.

Protocolos a víctimas de violencia sexual.

Las entidades de salud, tiene que implementar protocolos de atención integral, el cual debe contener: interrupción voluntaria del embarazo, objeción médica, asesoría durante la gestación (adopción. Sent. C 754 2015, CN. M.P. Gloria Stella Ortiz

Inconformidad por actuaciones de la Fiscalía se debe acudir primero al mecanismo de recusación, no a la acción de tutela

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia STP- 168582015 (82889) - 12/3/2015)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego del análisis dogmático de una acción de tutela interpuesta frente a este caso concreto. En efecto, reiteró que si los accionantes insisten en que los tiempos han sido injustificados de parte de la Fiscalía para iniciar o tener resultados de la investigación penal tienen un mecanismo expedito al cual pueden acudir para garantizar los presuntos derechos vulnerados, que es el mecanismo de recusación previsto en la ley adjetiva penal. Lo anterior sin perjuicio de que pueda dirigirse ante el juez disciplinario para presentar la correspondiente queja con el fin de que sean tomados los correctivos establecidos en la legislación vigente. Por otro lado, aclaró que si la ley otorga mecanismos a los peticionarios para que se puedan hacer cumplir los plazos dentro de la actuación de instrucción penal con la finalidad de resguardar el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no surge la posibilidad de tomar la vía de la tutela para eventos como estos, al no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad que le es propio (M.P. Luis Guillermo Salazar).

Lesiones con sustancias como ácidos, agentes químicos o similares: ley Natalia Ponce De León, delito autónomo.

Ley 1773 de 2015, articulo 116 A, 68 A, 104, 113, 359 y 374 CP y 351 del CPP.

Medicina legal debe suministrar toda la información al médico tratante de la víctima, el tratamiento debe ser integral: fisco y psicológico.

Atención a la victima integral desde Min Salud.

Marihuana y estupefacientes.

Desde 1986, la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, uso, cultivo, comercio, posesión de estupefacientes; está limitada a fines medicinales y científicos, pero sin reglas claras para reglamentar lo anterior genero, por más de 30 años se dieron conductas que hoy mirando hacia atrás son reprochables. (Criminalización del drogadicto…) con el Decreto 2467 de 2015, se regula lo atinente a cultivos, posesión de semillas para siembra, licencias…

No es viable desechar de plano el testimonio de familiares o amigos de alguna de las partes involucradas (víctima o victimario)

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-14839 (45682) - 29/10/2015)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que no es viable desechar de plano el testimonio de familiares o amigos de alguna de las partes involucradas (víctima o victimario), porque pese a la probable falta de objetividad que pudiera surgir del interés natural de favorecer a los consanguíneos y allegados, algún contenido de verdad puede estar inmersa en su versión. Según el alto tribunal, las reglas de apreciación de este tipo de prueba recomiendan someter a ese testigo un exhaustivo análisis, en los términos del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), el cual atiende a “la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememorización, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”. A su juicio, aceptar un razonamiento diferente sería tanto como afirmar que la sentencia condenatoria no puede fundarse en pruebas que provengan de la víctima o de personas que tengan interés en el resultado del proceso (M. P. Fernando Alberto Castro).

Fallo que absolvió a Plazas Vega por el delito de desaparición forzada

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 17466 (38957) - 12/17/2015)

De conformidad con lo estipulado por el artículo 232 del Código de procedimiento Penal, para condenar a una persona se requiere que de la prueba legalmente aportada al proceso se obtenga certeza acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad penal del acusado. Así lo afirmó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación que absolvió al coronel (r) del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, acusado como autor mediato de los delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, durante el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Según la corporación, del estado de probabilidad, que es lo que se declara en la acusación, al momento del fallo debe alcanzarse tal grado de convicción que sin duda demuestre esos dos aspectos, pues de no ser así inexorablemente deberá absolverse al procesado. Precisamente, el alto tribunal explicó que en este evento no existían indicios capaces de establecer la autoría mediata del acusado por el delito endilgado; por el contrario, advirtió la tergiversación de los hechos, encaminada a obtener a toda costa la condena del procesado. No obstante lo anterior, compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de investigar los posibles excesos en que Plazas Vega haya podido incurrir en la retoma del Palacio de Justicia (M. P. Luis Guillermo Salazar).

Prescripción de la acción penal en delitos sexuales cometidos contra menores

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-16269 (46325) - 11/25/2015)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la voluntad del legislador fue la de fijar en 20 años el término de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el de incesto, cuando la víctima es un menor de edad. Según el alto tribunal, el plazo empieza a contabilizarse desde cuando la víctima cumple la mayoría de edad, excepción que fue concebida para que surta plenos efectos en la fase de investigación. En efecto, así se garantiza al agraviado que pueda acceder al aparato judicial una vez alcance la edad que lo habilita para el ejercicio pleno de sus garantías, sin que el tiempo transcurrido hasta ese momento haya extinguido la facultad punitiva estatal, indicó la corporación. También, aclaró que dicha excepción favorece al organismo titular de la acción penal, pues al tener conocimiento del suceso delictivo, bien por denuncia directa del menor agraviado o por otros medios, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás delitos a los que se aplica la regla dispuesta en el artículo 84 de la Ley 599 del 2000, para la investigación y determinación de la ocurrencia de la conducta típica goza de un lapso que se extiende hasta 20 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad con el fin de que adelante las pertinentes actividades esclarecedoras (M. P. Eugenio Fernández).

Prescripción de la acción penal en delitos sexuales cometidos contra menores

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-16269 (46325) - 11/25/2015)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la voluntad del legislador fue la de fijar en 20 años el término de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el de incesto, cuando la víctima es un menor de edad. Según el alto tribunal, el plazo empieza a contabilizarse desde cuando la víctima cumple la mayoría de edad, excepción que fue concebida para que surta plenos efectos en la fase de investigación. En efecto, así se garantiza al agraviado que pueda acceder al aparato judicial una vez alcance la edad que lo habilita para el ejercicio pleno de sus garantías, sin que el tiempo transcurrido hasta ese momento haya extinguido la facultad punitiva estatal, indicó la corporación. También, aclaró que dicha excepción favorece al organismo titular de la acción penal, pues al tener conocimiento del suceso delictivo, bien por denuncia directa del menor agraviado o por otros medios, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás delitos a los que se aplica la regla dispuesta en el artículo 84 de la Ley 599 del 2000, para la investigación y determinación de la ocurrencia de la conducta típica goza de un lapso que se extiende hasta 20 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad con el fin de que adelante las pertinentes actividades esclarecedoras (M. P. Eugenio Fernández).

Esterilización de personas con discapacidad no opera por la sola decisión de representantes legales o defensores de familia

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepto 114 - 9/21/2015)

La esterilización de personas con discapacidad declaradas o no en adoptabilidad no opera por la sola decisión de los representantes legales o defensores de familia, siendo necesario tanto para personas mayores de 18 años como de niños y adolescentes obtener la declaratoria de interdicción y la licencia judicial para el efecto, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso de los menores de edad con discapacidad, es indispensable tener en cuenta que la anticoncepción quirúrgica solo es posible en los términos y bajo las excepciones planteadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-131 del 2014, es decir, riesgo inminente de muerte de la madre a raíz de un eventual embarazo o cuando se trate de una discapacidad profunda o severa que le impida la paciente consentir en el futuro.

Declaraciones de desmovilizados en Justicia y Paz no contienen una verdad incontrastable

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 17048 (42245) - 12/10/2015)

Las manifestaciones rendidas por los desmovilizados sometidos al proceso transicional de la Ley 975 del 2005 no ostentan per se un valor dado, una calidad especial, ni están marcadas por una especie de tarifa legal, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema. De ese modo, agregó, sus testimonios no están dotados de un contenido de verdad absoluto, ni siquiera relativo, pues en todo caso están sometidas a demostración, prevista en el inciso tercero del artículo 17 de la citada ley, modificado por el artículo 14 de la Ley 1592 del 2012. Según lo determinó la providencia, la versión rendida por el desmovilizado, y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, serán objeto de estudio por el fiscal delegado asignado para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia (M.P. Fernando Alberto Castro).

Principio de autonomía judicial no autoriza la arbitrariedad judicial.

No es patente de corso de autorización judicial para efectuar conductas que rayen con la ilegalidad, se exhiban claras muestras de arbitrariedad o carezcan de respaldo en la normativa vigente. M.P julia Emma Garzon. C. S de la Judicatura Sentencia 27001110200020130004601 (1112527) del 9-16-2015

El hurto no exonera de responsabilidad a la transportadora incumplida.

CSJ, Sala Civil, Sent. SC 11822, sep 3 del 2015. M.P Ariel Salazar.

Funcionario que se apodera de bien custodiado comete peculado por apropiación. CSJ, S. Penal SP 12042 (45104), sep 9 – 2015 MP Fernando Castro.

Del retardo injustificado de los bienes vinculados a los procesos penales.

La medida cautelar no puede soportar

se de manera indefinida en decaimiento de la propiedad; el retardo injustificado en la entrega de un bien constituye en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y una negligencia por parte de la entidad que le corresponda la entrega o restitución del bien y cada día debe justificarse.

Deterioro, impuestos y demás gastos deben correr a cargo del ente negligente.

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sent. 28 de mayo 2015 Exp. 13001-23-31-000-1995-10521-01 (30607) C.P Ramiro de J. Pazos Guerrero.

Segunda instancia en aforados, no es un derecho fundamental.

CN. Sent. T 388, junio 26-2015. M.P. Gabriel Mendoza.

De la suspensión condicional de la pena de cara a delitos contra menores.

Según el artículo 193, numeral 6 de la ley 1098 de 2006, impide cualquier tipo de beneficios judiciales o administrativos cuando se trate de punibles en contra de menores; sin embargo, una norma posterior: la ley 1709 de 2014, en su artículo 29 establece que se puede dar el beneficio de la suspensión condicional de la pena sin ningún tipo de restricción; pero requiere indemnización.

Para la Corte, una norma no deroga la otra, simplemente se previó una menor restricción de cara a las medidas.

CSJ, auto AP- 4387 (46332) agosto 5 de 2015. MP Fernando Castro.

Condiciones laborales para las personas privadas de su libertad.

Desde el articulo 25 CN, se establece que el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas; así, el trabajo penitenciario constituye una obligación social pero también un derecho; sin dejar de lado el cumplimiento de los fines de la pena: resocialización y el objetivo terapéutico que se desarrolla.

El decreto 1758 de 2015 y el decreto 1069 del 2015, en su título I, parte II, libro II, se establece el sistema de remuneración laboral para estas personas, las normas de seguridad industrial y las afiliaciones a salud, riesgos y pensión (menores de 65 años); obligando al INPEC, de velar por estas garantías y de que existan puestos suficientes para que la población carcelaria que desee pueda ejercer esta actividad.

La retribución, no será siempre como salario, pues se o puede ligar a los convenios de resocialización y reducción de la pena.

Tener 19 matas de marihuana es legal.

Según el artículo 375 del CP, lo penalizable es un cultivo, pero menos de 20 matas no lo son, al igual que portarlas, o sus tallos, semillas y hojas recién cortadas.

CSJ, SP Sent. SP 7600 (44891, de junio 17 del 2015), M.P Patricia Salazar.

La condición de migrante no justifica negar derechos fundamentales.

La soberanía del Estado, le permite ejercer la facultad discrecional de negar o conceder el ingreso al país o su estadía en el mismo, esto no le permite violar los  derechos de estas.

CN, Sent. T 338 2015. M.P. Jorge Iván Palacio

Los padres pueden acceder a las comunicaciones de hijos por internet.

Los padres que acceden esto, están es protegiéndolos, no vulneran su intimidad.

CSJ, S. Penal. Sent. 42307 S.P 9792, julio 29 del 2015. M.P Patricia Salazar.

La cadena de custodia de los EMP, está a cargo de la parte que los presente, es así, que la autenticidad de estos elementos debe ser dada por la parte.

Ver inc. 2 del artículo 277 CPP, Numeral 3, Art. 250 CN y CN, Sent. C496 del 2015.

Diversidad sexual, uno de los peores temas para hacer violencia escolar.

Hay que ser más rigurosos en la protección de los derechos fundamentales y no permitir la violencia escolar a ningún nivel, por ninguna causa ni por cualquier y ante cualquier persona.

CN. Sent T 478 del 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz

La captura que efectué el INPEC y la Policía, a los que no cumplan con la detención o prisión domiciliaria es legal.

Los funcionarios encargados del control y vigilancia de estas medidas, está en obligación de privar de la libertad a quien vulnera las obligaciones impuestas y colocarla a disposición del juez que concedió la detención o la prisión domiciliaria dentro de 36 horas. }

CN, Sent C 411 julio 1 del 2015, M.P. María Victoria Calle

A control de garantías.

Cualquier acto de indagación o investigación: búsqueda selectiva en bases de datos, allanamientos, interceptación de comunicaciones, entregas vigiladas, seguimiento de personas, registros, recuperación de información dejada al navegar y operaciones encubiertas; así se trate de un proceso autónomo como el de extinción de dominio, debe tener autorización del juez de garantías por intervención severa en disfavor de los derechos fundamentales.

CN, Sent. C 516, agosto 12 del 2015 M.P Alberto Rojas.

La tortura no requiere de prueba científica.

Esta decisión sale después del estudio de un caso, en que varios militares amarraron y golpearon un líder indígena para que les confesara que era guerrillero, torturándolo física y moralmente.

La Corporación determino que no se requiere prueba científica, medica o técnica para acreditar la tortura, bajo el principio de libertad probatoria; pues en el caso del líder los rastros de ultraje no eran visibles, sin embargo, existen testimonios.

La tortura se diferencia de las lesiones personales, pues el primero cuenta con el elemento subjetivo de que su fin es obtener información, confesión o castigar por un acto cometido, generar coacción o propósitos sádicos o económicos.

CSJ, Sent. SP 9145 (45795) de julio 15 de 20115, M.P Eyder Patiño.

Suspensión de alimentos es posible, ante exclusión probable de paternidad.

El artículo 386 del C. General del proceso, es declarado exequible, permitiendo que el  juez pueda generar la suspensión del decreto provisional de alimentos, si existe fundamento razonable dentro del proceso de la exclusión de la paternidad, dado que el interés superior del menor, su dignidad y debido proceso dependen en estos casos del vinculo filial y este está en entre dicho.

CN, Sent. C 258, Mayo 6 de 2015. M.P Jorge Pretelt.

Recibir pensión sustitutiva mas allá de los 25 años de edad, puede constituir el delito de enriquecimiento ilícito.

C.E. sección segunda, sentencia 25000232500020000120001 (05262008), mayo 6 del 2015.

Orden de captura no suspende la relación laboral.

Las causales son taxativas, articulo 51 del CST.

CSJ, Sentencia SP 551 (44367), enero 28 del 2015

Omitir pago de sanción por no envió de información tributaria no es delito.

CSJ, Sentencia SP 7253 (41053), junio 10 del 2015, M.P. Eugenio Fernández

Reformas al código de procedimiento penal.

Las medidas de aseguramiento no pueden ser superiores a un año, excepto si es proceso de especializada, tres o más acusados o juicio por actos de corrupción.

Las causales de libertad: 120 contados a partir de la presentación del escrito sin que se hubiere iniciado juicio.

150 días a partir del juicio y que no se haya dado fallo.

Las mediadas tienen vigencia diferida por un año, excepto el articulo 1 y el numeral 6 (“inexplicable”)

Ver ley 1760 de julio 6 de 2015.

Feminicidio.

Nueva condena y a la nación, por muerte de una mujer a manos de su cónyuge quien era policía. Ver. C.E, Sección Tercera, sentencia 26958, mayo 28 del 2015; Ley 1761 de julio 6 del 2015.

La tortura no requiere de prueba científica.

Esta decisión sale después del estudio de un caso, en que varios militares amarraron y golpearon un líder indígena para que les confesara que era guerrillero, torturándolo física y moralmente.

La Corporación determino que no se requiere prueba científica, medica o técnica para acreditar la tortura, bajo el principio de libertad probatoria; pues en el caso del líder los rastros de ultraje no eran visibles, sin embargo, existen testimonios.

La tortura se diferencia de las lesiones personales, pues el primero cuenta con el elemento subjetivo de que su fin es obtener información, confesión o castigar por un acto cometido, generar coacción o propósitos sádicos o económicos.

CSJ, Sent. SP 9145 (45795) de julio 15 de 20115, M.P Eyder Patiño.

Suspensión de alimentos es posible, ante exclusión probable de paternidad.

El artículo 386 del C. General del proceso, es declarado exequible, permitiendo que el  juez pueda generar la suspensión del decreto provisional de alimentos, si existe fundamento razonable dentro del proceso de la exclusión de la paternidad, dado que el interés superior del menor, su dignidad y debido proceso dependen en estos casos del vinculo filial y este está en entre dicho.

CN, Sent. C 258, Mayo 6 de 2015. M.P Jorge Pretelt.

Recibir pensión sustitutiva mas allá de los 25 años de edad, puede constituir el delito de enriquecimiento ilícito.

C.E. sección segunda, sentencia 25000232500020000120001 (05262008), mayo 6 del 2015.

Orden de captura no suspende la relación laboral.

Las causales son taxativas, articulo 51 del CST.

CSJ, Sentencia SL 551 (44367), enero 28 del 2015

Omitir pago de sanción por no envió de información tributaria no es delito.

CSJ, Sentencia SP 7253 (41053), junio 10 del 2015, M.P. Eugenio Fernández

Reformas al código de procedimiento penal.

Las medidas de aseguramiento no pueden ser superiores a un año, excepto si es proceso de especializada, tres o más acusados o juicio por actos de corrupción.

Las causales de libertad: 120 contados a partir de la presentación del escrito sin que se hubiere iniciado juicio.

150 días a partir del juicio y que no se haya dado fallo.

Las mediadas tienen vigencia diferida por un año, excepto el articulo 1 y el numeral 6 (“inexplicable”)

Ver ley 1760 de julio 6 de 2015.

Feminicidio.

Nueva condena y a la nación, por muerte de una mujer a manos de su cónyuge quien era policía. Ver. C.E, Sección Tercera, sentencia 26958, mayo 28 del 2015; Ley 1761 de julio 6 del 2015.

Silencio de menor: ¿víctima de violación?

Es reprochable la actuación de un funcionario judicial, que de cara al silencio de la posible victima frente a las preguntas en juicio sobre los hechos y que se trate como grave alteración emocional (pruébese); enrostre la responsabilidad del delito.

Lo anterior desconoce el in dubio pro reo y las reglas de la experiencia y de psicología al afirmar que se guarda silencio por la afectación y por ende es prueba que el delito existió y es atribuible al procesado.

C. S. de J. Sala Penal, Sent. SP 7248 (40478, junio 10/2015, M.P Eugenio Fernández)

ICBF, no puede exigir moral específica para adoptar.

La moral aceptada es la que se tenga por una sociedad determinada, es el contexto quien la da, no una institución o funcionario y la moral in apropiada será siembre para toda sociedad, la del alcohólico, drogadictos o condenados por delitos relacionados con la libertad, integridad y formación sexual.

CN. Sent. T 129, marzo 27-2015. M.P Martha Victoria Sachica.

Reforma constitucional por justicia penal militar.

La justicia castrense será independiente de la fuerza pública.

El delito debe ser cometido por un miembro de la fuerza pública y en relación al conflicto armado o en enfrentamiento que reúna las características del DIH.

Los miembros de la justicia militar u ordinaria que conozcan de estos procesos, deberán tener formación en DIH.

Derecho de petición:

Se puede presentar un derecho de petición, para el reconocimiento de un derecho, la intervención de un funcionario o entidad, resolución de una situación jurídica, prestación de un servicio, consecución de información o documento; o manifestación de una queja, denuncia o reclamo.

Los menores pueden presentar directamente el derecho, frente a entidades encargadas de su protección o formación.

Se permite mandarlo por cualquier medio idóneo de transferencia de datos.

Términos:

15 días para dar respuesta a peticione generales.

10 días para la obtención de información o documentos

30 días para las consultas a entidades o autoridades en relación a su cargo.

10 días para que el interesado corrija en caso de petición inadecuada, incompleta o se requiera aclaraciones.

Articulo 23 y 152 CN, Ley 1755/2015, artículos 5 y siguientes CCA.

Medios de comunicación deben publicar información actual sobre los procesos penales e involucrados.

CN, sent. T 277, mayo 12-2015

Prueba ilícita vs prueba irregular.

Para hacer esta diferenciación, se debe mirar desde dos planos; en un primer plano debemos predicar que la prueba ilícita es la que se obtiene con la vulneración de garantías y derechos fundamentales y cuyos efectos se predican de cara al proceso; sin embargo, de la prueba irregular se predica una ilicitud meramente probatoria y ordinaria; concluyendo con su eficiencia probatoria dentro del proceso penal.

En un segundo plano, a la prueba ilícita se le impone como sanción su ineficacia y las pruebas relacionadas con estas, como lógica a la fuente de contaminación que permea toda la actuación, ello derivado de la teoría anglosajona: the tainted fruti o the fruti o the poisonous tree doctrine.

Mientras que para la irregular no se piensa ni se decreta tan duras consecuencias, al ser subsanable y nada obsta para que la convicción se obtenga a través de otros acreditamientos en la materia, que se resuelven en la práctica: testimonio, confesión, entre otros.

La ilicitud solo alcanza el valor probatorio de la primer evidencia, sin embargo mantienen su valor como fuente de investigación y para otros elementos o pruebas derivadas de estas.

La víctima y la sanción por el no descubrimiento probatorio en la acusación.

La victima debe revelar por medio del ente acusador sus elementos, no puede esperar a las observaciones, pues deslegitima el sistema adversarial y vulnera el debido proceso con ello; la víctima no está facultada para hacerlo en la preparatoria, ello hace que la estrategia defensiva sea asaltada pues esta se preparo al conocer los emp en la acusación. El descubrimiento debe respetar el orden cronológico legal, para garantizar, contradicción, igualdad y lealtad.

CSJ, S.P auto 2574 (45667), mayo 2015 M.P María del Rosario González.

Falta de resistencia de la víctima, no modifica en nada que el acto sexual es violento.

La desproporción de fuerzas, seriedad del ataque, estado de vulnerabilidad, son circunstancias que no hacen desaparecer la violencia en el ataque sexual, pues la valoración debe hacerse ex ante, antes del ataque.

CSJ, SP Sent. 5395 (43880), mayo 6 del 2015. MP. María del Rosario González.

2 años para la conformación de sociedad patrimonial entre compañeros.

CN, Sent C 257, mayo 6 del 2015.

Notarios autorizados para modificar registro civil de personas transgénero.

Desde el 4 de junio de 2015, están autorizadas las notarias, en aras de garantizar a este grupo de la sociedad sus derechos al libre desarrollo de su personalidad, igualdad, intimidad, identidad y libertad sexual y dignidad, modificación a los artículos 91 y 95 del decreto 1260 de 1970.

Decreto 1227 del 2015.

Inexequible la ley 1734 del 2014, tratado de seguridad con la OTAM

Por falta de verificación de quórum parlamentario. CN Sent. 337 junio 3 del 2015.

La responsabilidad penal en tránsito y el croquis.

El juez que con fundamento en el croquis determine responsabilidad penal incurre en error de derecho dado que está haciendo un falso juicio de convicción y genera tarifa legal.

CSJ, SP sent. 6353 (39233 mayo 25 de 2015) MP María del Rosario González

Mujeres transgénero no prestan servicio militar.

Las normas que regulan el servicio militar obligatorio están dispuestas es para los hombres.

CN, Sent. T 099 mayo 15 de 2015. M.P Gloria Stella Ortiz.

Ataque guerrilleros contra los objetivos militares no son actos de terrorismo.

Lo anterior, debido a que en Colombia se reconoce un conflicto interno armado y los daños son resultado de las hostilidades y con ello las partes están en el deber de conocer, respetar y acatar el DIH en todo tiempo y lugar.

Consejo de Estado, sección 3ra, 52001233100019980058001 (32014) abril 29 del 2015. C.P Hernán Andrade.

Bienes en extinción de dominio pueden afectarse con medidas en justicia y paz.

Es viable embargar, secuestrar, y suspender poder dispositivo de bienes incuersos en prosesor de extinsion de dominio y son de prelación sobre la extinsion.

Articulo 17B de la 975 de 2005.

CSJ, auto AP 2021 (44797), abril 22 del 2015. MP Eugenio Fernandez.

Los detenidos pueden recibir visitas de menores, con los cuales no se tenga parentesco.

La CN, declaro la inaplicabilidad del artículo 74 de la ley 1709 de 2014, pues el permitir solo visitas de hijos biológicos o adoptivos violenta el principio de unidad familiar.

Sentencia T 111, marzo 25-15, M.P. Jorge Iván Palacio CN

No procede la adición del escrito de acusación cuando se pretenda la exclusión de uno de los delitos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que, con el fin de retirar algún delito, no es procedente acudir a la figura de la adición del escrito de acusación. El máximo tribunal penal manifestó en su providencia que el camino adecuado para la exclusión de un delito, y concluir definitivamente la actividad procesal respecto de este, es la preclusión.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39894, 11/2/2015

Actividades de inteligencia sin justificación: configura un abuso de autoridad. (Caso directores del DAS)

CS de J, SP 5065 (36784) Ms Ps Fernando Castro y Eugenio Fernández.

Personas que tuvieron que migrar del país por violencia son víctimas.

Toda persona que migro de Colombia, por haber sufrido infracciones de DIH y al DIDH y decide retornar al país, la Unidad para la Atención y reparación a las Victimas (UARIV) debe inscribirla en el registro único de victimas (RUV)

CN T 832, Nov. 11 de 2014.

Crisis del sistema carcelario.

Estado en cosas de inconstitucionalidad. T 388 del 2013: niveles dramáticos de hacinamiento, violación masiva de derechos fundamentales: falta de dignidad humana, dificultades estructurales: riesgo de muerte, insalubridad, problemas de alimentación, agua, aseo, médicos.

No ultima ratio y eficiencia del poder punitivo desaparecidos.

Tasación de penas accesorias, debe guiarse por sistema de cuartos.

2639 (44221), marzo 11-15, MP. María del Rosario González.

Insolvencia empresarial, extingue acción penal por omisión de agente retenedor.

CSJ, SP. Sent. 3001 (42822), marzo 18 de 2015, Patricia Salazar Cuellar.

Concierto para delinquir, es de lesa humanidad según su fin.

Si se comete con fines paramilitares y en tal contexto se dieran desplazamiento forzado y desaparición forzada, torturas, homicidios por razones políticas, además sus integrantes deben estar en la organización voluntariamente y conocer la naturaleza criminal de su actividad.

Ver art. 7 del Estatuto de Roma: ataque generalizado o sistemático hacia la población civil.

Ojo con el non bis in idem, pues no se puede condenar a una persona por concierto, luego que se allá precluido por esto; y su condena obedezca a su colaboración en desmantelar la organización criminal y en donde se afirmo que su conocimiento era por haber permanecido a la organización.

CSJ, Sent. SP 3240 (36628), marzo 18-15, MP. Eyder Patiño.

Inaceptable que los abogados se afrenten en los procesos.

No se pueden hacer afirmaciones injuriosas contra la contraparte y menos acusar temerariamente a los intervinientes dentro del proceso, se lesiona el honor, honra, nombre y reputación, pues tienen frases de agravio.

Ley 1123, numeral 7 del art. 28.

CS de la Judicatura, Sent. 63001110200020120013601, dic 3 de 2014 M.P José Ovidio Claros.

Todo prestador de servicio de salud a garantizar muerte digna

Las IPS que tengan habilitado servicios medianos de hospitalización de mediana o alta complejidad oncológica o de paciente crónico y que cuenten con los protocolos de manejo paliativo deben conformar comité: medico, abogado y psiquiatra clínico.

Min. Salud resolución 1216, abril 20 de 2015.

Adición al escrito de acusación.

Este escrito puede ser adicionado, corregido o aclarado con la finalidad de establecer de manera clara, adecuada, suficiente y certera el marco de actuación de la fiscalía en fase del juicio oral, en aras de reforzar el derecho a la defensa del acusado.

Retiro de la acusación:

Antes de la audiencia de acusación, sin que ello implique finalización de la actuación de cara a los hechos investigados; no puede retirarlo para variar o excluir un delito, pues la vía para ello es la preclusión, en áreas de no poder sostener más adelante su pretensión.

Posterior a la audiencia de acusación, se puede retirar el escrito solo por la causal primera o tercera del 332 y no exigen pronunciamiento de fondo y elementos de convicción que surgieron con posterioridad al escrito.

CSJ, Sent SP 1392, Feb. 11-15, MP. Jose Leonidas Bustos.

Decisión judicial que desconoce norma clara: prevaricato

Cuando el funcionario desconoce preceptos claros y precisos o se justifica inaceptablemente, es un prevaricato por acción, por ser una decisión que obedece a la arbitrariedad y capricho del juez y es clara la contrariedad con el ordenamiento jurídico.

Igualmente debe ponderar y valorar el acerbo probatorio de conformidad con la sana critica y lógica.

CSJ, SP. Sent. 2650 (43023), marzo 11 del 2015, MP. María del Rosario Gonzalez.

Es imposible que se suspenda la cobertura de las prepagadas por preexistencias.

Así estas preexistencias, no hayan sido incluidas al momento de suscribir el contrato.

CN. Sent. T 963, dic. 10 de 2014. M.P. María Victoria Calle.

La registradora debe registrar un tercer sexo: intersexual.

La intersexualidad o personas de genitales ambiguos, este dato se debe registrar en folio diferente el cual debe desaparecer cuando se efectué la adopción del sexo.

Se requiere: concepto medico, autorización del menor y padres.

CN. Sent. T 450 A, de julio 16 de 2013 M.P. Mauricio González

Circular de la Registradora No. 33 de feb. 25 de 2015.

El abogado no puede ser sancionado si no cuenta con recursos para ir a la audiencia.

Si el cliente carece de recursos y esto afecta que el abogado puede trasladarse, no se puede sancionar disciplinariamente.

C. S. de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sent. 73001110200020100027901. M.P Néstor Iván Usuna. Nov 12 de 2014.

No se puede invalidar las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar.

Debido proceso, vida digna y acceso a la justicia, son los derechos a tutelar a una persona víctima de violencia intrafamiliar e invalidarlas desconoce el principio de preclusión.

CSJ, Sala Civil, Sent. STC 1261, feb. 12 de 2015. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

La Ley 1408 de 2010 y el decreto 303 de 2015: medidas para la localización, identificación, inhumación, auxilios para familiares y homenajes a las víctimas de desaparición forzada.

Se crea el banco de perfiles genéticos en manos de la Fiscalía y se prohíbe inhumaciones de cadáveres no identificados sin previa inspección técnica, necropsia medico legal y orden judicial.

Dignidad, salud y familia en reclusión penitenciaria.

La reclusión en centro penitenciario y carcelario hoy en día, es un servicio público que atenta contra los derechos fundamentales de los internos: vida, salud, condiciones dignas y a la familia.

Las deficiencias en infraestructura física son hechos notorios: fallas hidráulicas, paredes y losas agrietadas, en riesgo de colapso, humedades con hongos, escases de agua potable, fallas en el tratamiento de aguas residuales, entre otros.

El decreto 4150 de 2011, ordena a la dirección penitenciaria, evidenciar estas falencias y corregirlas, pero la ineficiencia y ineficaz coordinación del USPEC con el INPEC, además de la empresa prestadora de salud a los internos, se convierten en otras penas más para purgar.

Consejo de Estado, sección cuarta, Exp. 2580000-23-41-000-2014-00791-01, del 21 de agosto de 29014. C.P Jorge Octavio Ramírez.

El hurto por medio informático admite rebaja punitiva.

Este delito admite la rebaja del artículo 269 del CP, y es consecuente en aras del interés del estamento de reparar a las víctimas.

CSJ, SP, Sent. 42724, Feb. 11 de 2015.

La Eutanasia y la despenalización del homicidio por piedad

Desde la sentencia C 239 del año 2007, se exhorto al Congreso para que regulara el tema del morir dignamente, ello no se ha materializado y por ello la CN, se ve en la tarea de legislarlo de manera positiva:

Cada persona es dueña de su cuerpo y de su vida, y si esta quiere acabar con ella y requiere de ayuda, la Corte fija las siguientes pautas:

La enfermedad debe ser terminal y producir intensos dolores y sufrimientos; teniendo que ser lo anterior calificado por un experto medico.

Posteriormente, se debe dar el consentimiento por parte del solicitando de manera libre, informado e inequívoco. Consentimiento el cual debe ser decepcionado por el médico y convocar comité científico interdisciplinario.

En un plazo perentorio de 10 días el médico o el comité ratificar de nuevo el consentimiento del paciente, en caso de que continúe su solicitud de morir dignamente, el procedimiento se efectuara en un término no mayor de 15 días.

Efectuado el procedimiento, el comité debe enviar informe pormenorizado al Min. Salud.

CN. Sent. T 970 de 2014. M.P Luis Ernesto Vargas.

Objeción de conciencia de cara al servicio militar.

Frente a esta materia, se equipara a un derecho fundamental; sin embargo la FFAA, niegan este derecho aludiendo que es un deber de carácter legal y que la normativa no lo consagra como una causal excluyente.

Lo anterior llevo a que la CN por medio de la sentencia T 455 de 2014 legisle de manera positiva:

La solicitud debe ser tramitada, sin importar si es presentada antes o después de la inscripción al servicio o si esta acuartelado o no.

La solicitud debe ser resuelta de fondo bajo el ppio pro homine, en un plazo perentorio de 15 días hábiles.

La negativa debe ser sustentada en prueba y de carencia de esta, basarla en motivos de convicción profunda y sinceras, sui esto no sustenta el acto, el mismo será violatorio del debido proceso y del derecho fundamental de la objeción de conciencia.

De prosperar la solicitud, se expedirá libreta de segunda y exigirá el pago de la cuota de compensación militar, si corresponde.

De las batidas.

La sentencia C 879 de 2011, prohíbe las llamadas batidas, que las fuerzas hacen redadas indiscriminadas para acuartelar a quienes no han resuelto su situación militar. Estas batidas vulneran libertad personal y la reserva judicial.

La ley 48 de 1993, permite compeler a los jóvenes para que presten su servicio, en aras de resolver su situación jurídica, esto no implica retener a los jóvenes por largos periodos, sino únicamente para identificarlos, ello no permite llevarlos después de la inscripción a guarnición militar.

La fiscalía puede solicitarle a la DIAN, la declaración de renta como prueba en procesos de falsedad de firma.

En estos casos no se viola la intimidad del contribuyente, dado que el documento se está utilizando como medio de prueba.

DIAN, Cpto. Dic. 5/14.

No puede cambiarse el núcleo factico de la acusación.

Hay que tenerse siempre en cuenta, cuales son los bienes jurídicamente tutelados, por ejemplo: actividades terroristas o concierto para delinquir no pueden ser equiparadas a rebelión.

CSJ, Sala Penal. Sent. SP 13938 (41253) oct. 15 del 14. MP. Gustavo Malo.

Victima no requiere autorización judicial para gravar a victimario.

La victima puede gravarse o interceptar sus líneas, dado que está legitimada por su afectación por el delito.

CSJ, Sala Penal. Sent. SP 16740 (41369) M.P María del Rosario González.

CSJ, Sala Penal. Sent. SP.

Protección de la Policía a la posesión y tenencia de bienes.

Según la sentencia C 813 del 2014, esta facultad es provisional, no definitiva; es decir, cuando se presente perturbación a la posesión, a la mera tenencia de un bien, se está por parte de la fuerza a restablecer estos derechos, con el fin de mantener la convivencia y el orden público. Ej. El desalojo de un predio de manera administrativa, por parte de los uniformados, está restableciendo los derechos reales.

Beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena para desmovilizados.

Mediante la ley 1424 del 2010 y el dto 2601 de 2011, se traslado ciertos beneficios jurídicos a los desmovilizados, entre ellos la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Min. Justicia D. 2637 2014.

Ley de orden publico vigente hasta 2018.

La ley 418 de 1997, prorrogada nuevamente mediante la ley 1738 de 2014, pudiendo el gobierno negociar acuerdos de paz, desmovilizaciones de los grupos armados, indultos y protección a testigos, además de preservar el orden público; pero se prohibió la exigencia de la libreta para graduarse de la U.

ondenado en segunda instancia por vez primera puede impugnar.

Los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del CPP, contradicen la igualdad y el debido proceso al no haber impugnación en estos casos.

CN Sent. C 792, oct 29 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero.

El que haya cometido un delito o sea un adicto, no implica necesariamente que no está en condiciones de cuidar un menor.

Si se juzga a un padre, por estar inmerso en algunas de las situaciones anteriores, se está entrometiendo en cuestiones de moralidad, se debe probar la verdadera afectación a los derechos del menor por parte del padre.

T 212, abril 1 de 2014. M.P Luis Guillermo Guerrero.

Privación de la libertad o Captura en otro país.

Dentro de los derechos como capturado, le asiste: el que se le notifique el derecho al acceso efectivo a su consulado, mediante notificación consular, cuando se es privado de la libertad en el extranjero; este informe se debe efectuar sin retraso.

El consulado, debe brindarle la asistencia e información jurídica que requiera;

Así mismo, el Estamento que priva de la libertad deberá informar de la situación jurídica y desarrollo del proceso al consulado de su nacional.

Se advierte que la fuerza pública (PONAL, CTI) que efectúen la captura, deben hacerle conocer sus derechos del capturado, pero la puesta en conocimiento de este derecho especifico, no constituye una afectan directa a sus derechos fundamentales, es subsanable y debe subsanarse, mas adelante por el funcionario judicial competente.

Convención de Viena sobre relaciones consulares de abril 24 de 1963, Ley 17 de 1971, art. 36 Numeral 1B.

CSJ, SP. AP-5244 de 2014, Rad. 43964. M.P. Patricia Salazar Cuellar.

La dosis personal: ¿asunto superado en Colombia?

La dosis personal y de aprovisionamiento, es antijurídica si se trata para su propio consumo, no para la comercialización de estas (ausencia de antijuridicidad material). No puede penalizarse conductas que no lesionen o amenacen realmente los bienes jurídicamente tutelados; sin embargo, la función social del Estado, legitima la función general de prevención, en la medida que sea necesaria para proteger a la sociedad de cara a determinados comportamientos extremadamente lesivos.

Es así, que el adicto sorprendido portando sustancias estupefacientes excediendo mínimamente la dosis personal, no alcanzan a lesionar los Bienes tutelados: salud pública, seguridad pública y orden económico y social (delito pluriofensivo): trafico, fabricación o porte; generándose una exclusión de criminalidad: principio de lesividad, articulo 11 del CP; porque el derecho penal no existe para sancionar exclusivamente con fundamento en la confrontación que se efectuare con acción humana y la norma.

Sin embargo, lo anterior debe relacionarse con la Ley 745 de 2002, en donde si es una contravención quien consuma en presencia de menores o en sus domicilios, en domicilio propio con grave riesgo para la tranquilidad de hogar o porte, almacenamiento de la dosis en establecimientos educativos, donde vivan menores o geriátricos.

La prospectiva mundial apunta a generar medidas que desincentiven el poder punitivo para los consumidores de drogas; dado que la despenalización de la dosis es beneficiosa en términos de garantizar la tutela de la seguridad ciudadana y salud pública: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC, Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja.

C221 de 1994, C 420 de 2002, C 574 del 2011.

Dignidad humana.

Pos segunda guerra mundial, la defensa y protección de los derechos fundamentales para la existencia y desarrollo de una persona humana toma relevancia absoluta; derechos como: integridad física, psicológica, honra, buen nombre, intimidad y libertad; son la base del constitucionalismo occidental y desarrollo del principio de dignidad; convirtiéndose el ser humano en el bien más preciado y absoluto.

Es así, como la dignidad humana no se agota en la constitución, o en la legislación, sino que trasciende todo los ámbitos y rincones jurídicos y de la vida misma.

CN, Sentencia C 489 de 2002.

Declaran inconstitucionales varias expresiones del Código de Procedimiento Penal relacionadas con la apelación

La Corte Constitucional declaró inexequibles, con efectos diferidos, las expresiones "las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado serán susceptibles del recurso de apelación", del artículo 20; "de los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores", del artículo 32; "sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión", del artículo 161; "la apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria", del artículo 176; "realizado el reparto de segunda instancia", del artículo 179; "cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso", del artículo 179 B; "decisión de única, primera y segunda instancias y constancias de su ejecutoria, según sea el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda", del artículo 194 y "copias de las sentencias de primera, de segunda instancia y de casación si fuere el caso. Copia de la cartilla biográfica", del artículo 481, todas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), pues, para el alto tribunal, omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias. Sin embargo, la sentencia declaró exequible el contenido positivo de estas disposiciones. Finalmente, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación, legisle sobre la materia. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término se entenderá que "procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena".

Corte Constitucional, Sentencia C-792, 29/10/2014

Exequibilidad condicionada del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. Libertad condicional

La Corte Constitucional declaró, parcialmente, la exequibilidad condicionada del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, que versa concretamente sobre el instituto de la libertad condicional. 

La expresión "previa valoración de la conducta punible", contenida en el mencionado artículo, ahora, a partir de esta decisión, implica que el juez de ejecución de penas debe tener también en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.

Corte Constitucional, Sentencia C-757, 15/10/2014

Procesos en justicia ordinaria contra indígenas y sus penas.

Las penas para los indígenas deben ser diferentes a la prisión, además la reforma al código penitenciario y carcelario ley 1709 de 2014, ordena la creación de establecimientos de reclusión específicos y diferenciados para grupos étnicos.

Del mismo modo, los indígenas poseen una cosmovisión diferente; es decir, una identidad cultural propia, que se pierde al ingresarlo a una penitenciaria común.

Principios y derechos como: jurisdicción especial, juez natural, debido proceso, diversidad étnica y cultural…se vulneran al confinarlo en un centro penitenciario ordinario y aplicarle ley nuestra o común.

CN. Sent. T 642, sep. 4 del 2014. M.P. Martha Sáchica.

La procuraduría es un interviniente especial y no tiene acceso ilimitado al proceso en la etapa de indagación.

El Min. Publico tiene acceso a los medios de prueba en las condiciones y oportunidades legalmente establecidas, porque de conocerlas antes, se violaría la igualdad de armas con el representante de las víctimas y el defensor; incluso en la misma audiencia de formulación de la acusación, darle pleno acceso puede afectar la teoría del caso y la cadena de custodia, mientras se ejerce la contradicción. CN, Sent. T 582, agosto 11 de 2014. M.P. María Victoria Calle.

Siguen las EPS negando servicios a personas vulnerables.

Alegando la falta de prescripción por el médico tratante, estar excluidos del POS o la falta de aprobación del comité técnico científico, estas entidades siguen vapuleando los derechos de las personas con protección especial constitucional: Niños, discapacitados y adultos mayores. Sent. T 266, abril 30 de 2014, M.P. Alberto Rojas, CN.

No se puede suspender el pago de alimentos, pensión de sobrevivientes, y similares por impugnación de paternidad.

Lo anterior seria violatorio de la dignidad, la prevalencia del interés superior de los menores, sujeto de protección especial de rango constitucional, mínimo vital, la seguridad social y otros, pues los menores dependen de otro y mientras figure hijo (a) en el registro civil, este documento se reputa autentico, mientras no exista una decisión judicial.

Sent. T 588 agosto 15 de 2014, M.P Jorge Pretelt CN.

Reasignación de sexo, es por parte de la misma persona no de sus padres.

Después de los cinco años, los menores comienzan a tener capacidad de decisión, sobre que sexo quieren escoger en caso de nacer hermafroditas.

Sentencia T.622 agosto 28 de 2014.

Importancia del testigo de acreditación para incorporar documentos públicos en la audiencia del juicio oral

La manera de introducir las evidencias, objetos y documentos al juicio oral se cumple a través de un testigo de acreditación, manifestó la Sala Penal de la Corte Superna de Justicia mediante auto recientemente publicado. Este testimonio tiene como función el afirmar en audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o documento es lo que la parte que lo aporta dice que es, recordó. Sin embargo, para el alto tribunal, ello no basta para que el documento sea admitido como prueba en el debate oral, pues previo a ello es imperioso cumplir las demás exigencias contenidas en la ley, entre las cuales se destaca precisamente la de su autenticación. A juicio del órgano de cierre, esta última se entiende satisfecha cuando se tiene conocimiento certero de su origen o procedencia cuya falta de acreditación deriva en la inadmisión del medio de prueba, por tratarse de un documento anónimo.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41908, 3/9/2014

Testimonio de oídas, no puede ser la única prueba para condenar.

Las reglas de apreciación probatoria indican que el testimonio indirecto debe soportarse en otros medios de convicción, en aras de atribuir responsabilidad penal.

Requisitos para la valoración probatoria:

  1. Necesidad. Que se trate de un testigo en primer grado, es decir, con conocimiento inmediato de los hechos.
  2. Precisar. El testigo de oídas debe decir su fuente de conocimiuento.
  3. Establecer. Las condiciones en que el testigo directo trasmitió los datos, evidenciando que el declarante de oídas se encuentra reproduciendo fielmente la información recibida.
  4. Concurrencia y coincidencia. Que otros medios de prueba refuercen lo afirmados por los testimonios.

CSJ, Sala Penal, sentencia SP10694-14 M.P. Fernando Alberto Castro.

Ira e intenso dolor.

Contenida en el articulo 57 CP, comporta la incitación de un tercero como causa definitiva de la conducta punible, además, debe calificarse como grave e injusta y excesiva. Por otra parte debe establecerse el nexo entre la provocación y la reacción, atendiendo a las condiciones particulares de los protagonistas: relación psicoafectiva, grado de educación, nivel socio económico, edad …

Ira: pasión del alma que me causa indignación y enojo, de reacción momentánea.

Dolor: sentimiento de pena, congoja, angustia y desanimo, de carácter permanente.

CSJ, Sala Penal, Sentencia SP 10724-14. M.P. José Luis Barcelo.

Declaración administrativa de abandono de automotores.

Las secretarias de transito deberán publicar la lista de vehículos que llevan inmovilizados un año o más, de allí se cuentan 15 días avilés, para que el usuario cancele la grúa, parqueadero, multa y otros; sino, se procederá a su enajenación.

Ley 1730 de 2014.

Función pública atribuida a particulares no implica que puedan considerarse sujetos activos de todos los delitos contra la administración pública

La función pública atribuida a los particulares que intervienen en la contratación estatal no implica que puedan considerarse como sujetos activos de todas las conductas punibles lesivas de la administración pública, las cuales exigen sujeto activo calificado, así lo precisó la Corte Suprema de Justicia. En su opinión, por el contrario, constituye una extensión de la calidad de servidor público a efectos, exclusivamente, de permitir la eventual imputación de los tipos penales de celebración indebida de contratos descritos en los artículos 408, 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41406, 18/6/2014

Jóvenes a cargo del ICBF, no deben pagar costos de la libreta ni la cuota de compensación militar.

Artículo 6 de la ley 1184-2008 (Exequibilidad condicionada) sentencia C 586-14. M.P. Maria Victoria Calle Correa. CN.

Se reglamenta la ley de patrimonio cultural sumergido.

Decreto 1698 de 2014.

Listo el acuerdo entre la OTAN y Colombia.

Mediante la ley 1734 de sep. 8 de 2014, se ratifica el acuerdo de cooperación internacional y seguridad de información, instrumento que fortalecerá a las FFAA, en misiones humanitarias, de justicia militar, de DDHH, paz, entre otras.

Sustitución de la medida de aseguramiento, en justicia y paz cuando existe condena.

Cuando una de las salas de justicia y paz, que emita una condena en disfavor del postulado, para acceder a libertad no debe estar requerido por otras salas.

CSJ, Sala Penal. Sent. SP 12157-14, sep. 10 de 2014. M.P. José Luis Barcelo.

La devolución de los bienes incautados es competencia de los jueces de garantías.

El fiscal no puede devolver los bienes que se incautaron o están en comiso, al declarar inexequible el artículo 88 del CPP.

CN. Sentencia C 591 de agosto 20 de 2014, M.P. Luis E. Vargas.

Daño moral causado por cobros inexistentes.

La angustia, el estrés, la intranquilidad, la ansiedad, entre otros, son los sentimientos que les generan a las personas los cobros inexistentes ya sea porque no lo adquirieron o por que ya fue saldado y ello genera es una obligación jurídica de la entidad y el deber de reparar, por el daño que se le produce a la persona y a su grupo familiar.

Sent. SC 10297, 5 de agosto de 2014. Sala Civil.

Incumplir con conciliación preprocesal, en procesos por delitos querellables, acarrea nulidad

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no realizar la conciliación preprocesal "reviste la capacidad de generar la invalidez de la actuación por afectación al debido proceso en aspectos sustanciales, por cuanto para el ejercicio de la acción en relación con los delitos querellables es requisito de procesabilidad la celebración de una audiencia de conciliación preprocesal en los términos señalados por el artículo 522 de la Ley 906, en la que bien podrían las partes llegar a un acuerdo que pusiera fin a las diligencias (CSJ AP, 2 de dic. de 2008, rad. 29959)."

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41637, 4/6/2014

Efectos del allanamiento a cargos. No retractación.

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que ante el allanamiento a cargos surge el principio de no retractación y que "dado el efecto vinculante y obligatorio del allanamiento o del acuerdo, el interés del defensor y del procesado para impugnar el fallo sufre una restricción ante el principio de irretractabilidad, sea expresa por desconocer el convenio celebrado, o tácita cuando discute alguno de sus términos."

Corte Suprema de Justicia, Auto 41180, 11/6/2014

Extradición simplificada. No procede retractación, salvo por vulneración de garantías fundamentales.

Señala la Corte Suprema de Justicia que "la solicitud de trámite simplificado libre, voluntaria e informada es irretractable, siempre y cuando, como en este caso, no se configuren vicios en el trámite que inciden en la validez del procedimiento por ausencia de control material sobre la petición del requerido de someterse al trámite simplificado."

Corte Suprema de Justicia, Auto 42380, 2/7/2014

Causal de libertad del 317 # 5 CPP.

Este término debe contabilizarse desde la radicación del escrito de acusación, pero el conteo desde esta etapa arrancara solo desde el 20 de julio de 2015.

CN Sent. C 390, junio 26 del 2014 MP. Alberto Rojas Ríos.

La prescripción extraordinaria adquisitiva y las victimas de desplazamiento forzado.

La usucapión extraordinaria no es aplicable a estas víctimas, por estar en la imposibilidad de ejercer sus derechos como propietario en los términos del artículo 2530 CC.

Venta de bienes de menor ante notario no requiere autorización del defensor de familia.

Supernotariado concepto 1381, mayo 20 del 2014

La formulación de imputación, condicionante fáctico de la acusación.

Delitos de peligro en concreto: se debe crear una situación de riesgo, debe existir una lesión, comporta destrucción o mengua al bien, la amenaza al bien se debió concretar o materializar.

Delitos de peligro en abstracto: no hay exigencia de probabilidad de lesión, no se exige destrucción o mengua del bien jurídicamente tutelado, sino una mera amenaza o una puesta en riesgo del bien.

Falsedad ideológica en documento público es un delito de peligro presunto o en abstracto.

CSJ, Sala Penal, Sent. 36337, marzo 5/2014. M.P. Eugenio Fernández Carlier

Justicia y Paz.

Inexequibles los artículos 23, 24 25, 33, 40,  41 y el articulo 27 en su inciso 3, respecto a la expresión "y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas" de la ley 1592 del 2012. lo anterior por que estos asuntos no pueden supeditarse a una actuación administrativa, sino que deben resolverse a través de los jueces como lo ordenaba la 975, por incidente de reparación integral. Con ello vuelve a la vida jurídica los artículos 7, 8, 23,24, 42, 43, 45, 47, 48 y 49 de la 975/05.

C.N. Sentencia C 286, mayo 20/2014, M.P. Ernesto Vargas Silva.

Incrementos punitivos por concurso

Además de los incrementos cuantitativos previstos en el articulo 31 CP, el aumento en la pena debe hacerse observando el numero de conductas criminales y de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a la gravedad; la expresión hasta 60 años o hasta otro tanto, debe aparearse con temas valorativos: agravantes, cantidad de delitos, entre otros.

Test de razonabilidad.

necesidad: es la relación entre aptitud y eficacia de la sanción, en la protección del bien tutelado y los fines perseguidos.

proporcionalidad. es la apreciación de las circunstancias especificas del caso a la luz de la gravedad e importancia, para que la sanción no sea exagerada frente a la realización.

razonabilidad. es la búsqueda de eliminar juicios subjetivos o arbitraros de las sanciones.

CSJ, Sala Penal, Sent, SP 5420 (41350), abril 30/2014. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

Reglamentación de venta a sustancias que puedan causar daños en la piel.

Los vendedores de estas sustancias al detal, deben suministrar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, datos del consumidor y del producto, bajo reportes de dos veces al mes.

Atención medica de personas víctimas de ataques con sustancias que causen destrucción a tejidos.

La atención es de carácter prioritario, en razón a su condición de vulnerabilidad y la puesta a disposición de las tecnologías para su recuperación y la ruta de atención en salud necesaria.

Decreto 1033/2014 y ley 1639/2013.

En junio del 2014, se incorporan nuevos delitos al ordenamiento penal: embarazado forzado en persona protegida o la desnudez forzada en persona protegida. De igual forma, se define que el delito de genocidio, así como los crímenes de guerra y de lesa humanidad serán imprescriptibles. Finalmente, se dispone que los actos constitutivos de violencia sexual en el marco del conflicto armado serán crímenes de lesa humanidad.

Congreso de la República, Ley 1719, 18/6/2014

Nuevas nomenclaturas de la CS de Justicia:

A: autos

S: sentencia

H: habeas corpus

T: tutela.

Luego vendrá la letra que identifica la sala: L: laboral, P: penal, C: civil, PL: sala plena.

Para terminar, estará el consecutivo del año y luego el numero del año de la decisión.

EJ. SP (sentencia de la sala penal) y el numero consecutivo mas el año.

Jurisdicción ordinaria: competente para la desaparición forzada.

Las jurisdicciones exeocionales, no tienen competencia sobre este tipo de delitos, por tener una conotacion en el derecho penal internacional; es asi, que los indígenas que cometan estos delitos, serán investigados y juzgados por la ordinaria.

CN SENT. T 449 JULUIO 12-2013 M.P. MAURICIO GONZALEZ CUERVO.

Vistas conyugales.

Tanto los reclusos con relaciones estables: casados, uniones libres; como los que poseen relaciones no consolidadeas como noviazgos, amigas especiales, entre otros, etero o homo, deben ser respetadas, porque de otra manera se violentarían derechos fundamentales: dignidad humana, libertad sexual, libre desarrollo de la personalidad…

CN, Sent. T 372, junio 27 de 2014. M.P Jorge Ivan Palacio.

La Corte Constitucional avala prohibición del uso de anormales silvestres en circos.

La prohibición en toda la república de animales exóticos o nativos de cualquier especie en espectáculos circenses, no respeta las demás especies que habitan con el ser humano este planeta, además las tradiciones no deben conservarse cuando la razón del hombre las empieza a considerar incorrectas.

CN C 283, mayo 14-14 MP. Jorge Ivan Palacio

PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO.

Materiales como oro, perlas, corales, entre otros. Deben ser incluidos en esta norma y ser protegidos como tesoros sumergidos.

L. 1675 del 2013, CN. Sent. C 264, abril 29-14, MP. Alberto Rojas Rios.

La tutela frente a la pena.

Cuando por errores protuberantes en la dosificación de la pena, procede tutela así no se haya agotado la vía ordinaria o pasado algunos años, por existir una violación a los derechos fundamentales al pararse en un cuarto mayor, sin existir circunstancias para ello.

CSJ, SALA PENAL STP 5390 (72976), ABRIL 29 DE 2014, M.P. PATRICIA SALAZAR CUELLAR.

LAVADO DE ACTIVOS, delito de más de uno.

La practica indica que cuando la relaciones laborales se permean de inmoralidad y se alejan de la buena costumbre, los trabajadores renuncian, en la practica una persona por conservar su trabajo no está dispuesta a efectuar conductas criminales; los empleados se limitan a efectuar tareas propias de su trabajo y dentro de los horarios y duración del contrato o relación laboral, un trabajador no afecta su dignidad por un empleo.

CSJ, SALA PENAL, SENT. SP 4615 (42722) ABRIL 19 DEL 2014, M.P PATRICIA SALAZAR CUELLAR.

Grabación hecha por víctima no necesita orden judicial.

Señala la Corte Suprema de Justicia que “la víctima, por sí misma o por interpuesta persona, perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero, y éste, prevalido de ese interés de perseverar en el ilícito fin propuesto, se expone a ser captado de una u otra manera por equipos tecnológicos fabricados para tales fines –registrar voces y/o imágenes-, y esa recopilación puede ser tenida como elemento de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin ser sometida a control de legalidad alguno".

Corte Suprema de Justicia, Auto 41741, 17/3/2014

Falsedad ideológica en documento público es un delito de peligro presunto.

Empieza la Corte Suprema de Justicia exponiendo la diferencia entre los delitos de peligro concreto y los de peligro abstracto, señalando que en los primeros se debe crear una situación de riesgo como exigencia típica, mientras que en los segundos no se exige la probabilidad de lesión.


Acto seguido el alto tribunal pone de presente que el delito de falsedad en documento público “no apareja la destrucción o mengua del bien jurídico protegido, sino la amenaza o puesta en riesgo del mismo. Es, entonces, un delito de peligro presunto en el cual el legislador presume esa posibilidad de daño, no de peligro concreto en el cual es necesario denotar la efectiva ocurrencia de riesgo para el bien jurídico.”

Diferencia entre dolo eventual y preterintención.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido la diferenciación entre las modalidades de imputación subjetiva del dolo eventual y de la preterintención. Señala el alto tribunal que “la diferencia entre las dos figuras es clara: en el dolo eventual el resultado no excede el propósito del agente, porque este actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia el resultado lesivo que se va a producir si no hace nada para poder evitarlo.


En la preterintención, en cambio, el sujeto activo de la conducta riesgosa omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta de deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto.”

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36312, 12/2/2014

La legítima defensa no cubre casos en que se lesionen bienes jurídicos de terceros.

La Corte Suprema de Justicia, en una providencia reciente, ha señalado que el ejercicio de la legítima defensa (como causal de exclusión de la responsabilidad penal) no cubre la lesión de bienes jurídicos ajenos al agresor. Señala el alto tribunal que ante dicha hipótesis pueden plantearse dos situaciones distintas: “ (i) aquella en que el agredido para salvaguardar su vida o integridad, se ve compelido a lesionar intencionalmente a terceros inocentes como única manera de hacer viable su defensa, vale decir, de conjurar el ataque; y (ii) cuando quien ejerce la acción defensiva, involuntariamente lesiona a un tercero neutral, esto es, quien no participa en la agresión, bien por error en cuanto a la persona del atacante ora por desvío de la acción (aberratio ictus).” Concluye la Corte que este tema no ha sido pacífico en la doctrina, pero una posición mayoritaria ha sido la de considerar “que en el primero se está frente a un estado de necesidad exculpante, por cuanto el agredido no tiene opción distinta que lesionar al tercero para defender sus bienes; mientras que en el segundo, se debe acudir a las reglas que regulan el error, en orden a determinar si éste es o no relevante en el caso concreto, esto es, si tiene o no la potencialidad de excluir el dolo.”

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 43033, 5/3/2014

Procedencia de la sustitución de medida de aseguramiento para madres cabeza de familia

La Corte Constitucional recordó que los derechos de la niñez y la protección de la familia deben tener un especial miramiento por parte del juez penal, en lo que atañe a medidas privativas de la libertad para madres cabeza de hogar. Añadió que el artículo 314 de la Ley 906 del 2004 (numeral 5º) obliga a conceder la sustitución de la medida preventiva en establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia a la mujeres que prueben ser madres cabeza de familia de niños menores de 12 años o que sufran discapacidad mental permanente, cuando de ellas dependa su sostenimiento. Con estos argumentos, la corporación ordenó a un juez de ejecución de penas conceder el beneficio a una detenida y al ICBF brindarle acompañamiento sicosocial a ella y a su familia; también deberá ofrecerle instrumentos que le permitan disponer de las herramientas sociales, económicas y educativas de las que carece.

Corte Constitucional, Sentencia T-705, 16/10/2013.

Ocultamiento, destrucción o alteración de información pública

La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, dispone, en su artículo 29, que todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal, es decir como si se cometiese el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.

Congreso de la República, Ley 1712, 6/3/2014.

Grabación de la víctima no requiere orden judicial.

Este es un instrumento más que se tiene para alcanzar los fines de la justicia restaurativa en el proceso penal, y es un medio probatorio totalmente valido, este elemento no se debe condicionar a condiciones de tiempo y espacio.

Auto 41741, marzo 17 de 2014, CSJ.

Desplazamiento forzado es un delito permanente

El alto tribunal señaló que el desplazamiento forzado es un delito permanente, pues se sigue cometiendo mientras la condición de desarraigo en que pone a las víctimas se perpetúe.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38795, 24/3/2014

No reformatio in pejus aplica para autos apelables. Favorabilidad para Ley 600.

La Corte Suprema reiteró que la non reformatio in pejus también cobija a los autos y providencias susceptibles del recurso de apelación. Igual tratamiento debe darse a procesos regidos por la Ley 600 de 2000.

Corte Suprema de Justicia, Auto Acordado 42763, 14/5/2014

La Procuraduría no es juez: no juzga ni condena.

Una cosa es la presunción de legalidad otra es la cosa juzgada, la primera se depreca de los actos del procurador o sus delegados, la segunda de las actuaciones judiciales; así las cosas, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se examina la concordancia objetiva del acto administrativo de lo disciplinario con la norma constitucional y su incidencia sobre el disciplinado.

C.E. sección 2da, Sentencia 11001032500020130011700, marzo 26 del 2014.

De las medidas cautelares de la CIDH

Por razones constitucionales, DDHH y política internacional, frente a lo que es el bloque de constitucionalidad, son de carácter obligatorio.

Conductor ebrio causante de accidente no se exime de responsabilidad, si pasajero en idéntica situación acepta viajar con él

La Corte Suprema de Justicia determinó que una acción a propio riesgo que exima al actor de responsabilidad por el daño solo se concreta cuando la víctima tiene la capacidad de discernimiento sobre la eventual concreción del perjuicio que pueda sufrir; a su juicio, dicha “autopuesta en peligro” no puede pregonarse de quien acepta subir a un vehículo, a sabiendas de que el conductor se encuentra alicorado, si él mismo se encuentra en estas condiciones, que menguan su capacidad reflexiva y, por tanto, le impiden contemplar que se enfrenta a una situación excesiva de riesgo de daño antijurídico creado por un tercero que él, con su accionar inconsciente, ha consentido. Así, si la concreción de la lesión es atribuible a causas que la víctima no estaba en capacidad de contemplar, no es posible eximir de responsabilidad a quien causa la lesión, pues se requiere que el perjuicio se dé exclusivamente dentro del riesgo que la víctima ha decidido asumir, no por causas extrañas a esta concesión; que esta aceptación se dé bajo plena libertad de decisión por parte de esta y que el actor no tenga posición de garante respecto de aquella

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36842, 27/11/2013

Reparación moral, por delitos cometidos por el Estado.

Ante las graves violaciones a DDHH perpetradas por agentes del Estado, el juez puede exceder los límites fijados en la demanda con fundamento al artículo 97 del CP, según la indemnización puede ir hasta 1000 smlmv, pues no existe justificación para que el juez de lo contencioso administrativo se limite al tope de 100, cuando el daño tiene su génesis en un delito, pudiéndose apartar de los fallos 13232-15646 de 2011.

C.E sección 3ra sent. 05001233100020010079901, sep. 25/13. C.P Enrique Gil Botero.

Competencia del juez de garantías frente a la imputación es impugnable.

Este es el único trámite procesal que se puede adelantar, el juez de garantías no efectúa una labor formal de trámite que le asigne gobierno procesal, pues este funcionario está destinado a controlar la no violación de los derechos fundamentales, sin que pueda llegar a considerarse como un juez natural.

Hay que distinguir que este juez cumple con funciones constitucionales (velar por los derechos fundamentales) y legales (impulso procesal) CSJ auto 41912 agosto 6/13 M.P Luis Guillermo Salazar.

La detención de un servidor público debe hacerse en una cárcel especial.

Según el art. 29 de la ley 65/93, teniendo en cuenta que en la detención preventiva como en el cumplimiento de la condena, corren situaciones de seguridad, personalidad, de antecedentes y conducta del individuo, sin dejar a un lado la gravedad de los delitos que estos cometen.

CN. sent. T 506 de julio 30/13 M. P Nilson Pinilla.

Estipulaciones probatorias admitidas en el juicio oral son irretractables.

Estas son un asunto exclusivo de las partes frente a hechos o circunstancias en los que estas se ponen de acuerdo respectos a sus teorías del caso.

Si se admitiera retracto, se rompería el equilibrio sobre las partes, de adversarios.

CSJ, auto 41505, sep. 11/13. M.P. Fernando Castro.

La instalación de cámaras en las aulas de clase viola los derechos fundamentales.

La autodeterminación, la libertad de cátedra y el debido proceso pueden ser afectados, pues pueden llegar a reprimir conductas que no son infracciones e inhibe procesos propios de la educación. CN, sent. T 407 de mayo 31 de 2013 M.P Mauricio González.



Actuar como el magistrado auxiliar que proyectó una decisión no constituye causal de impedimento

La Corte Suprema de Justicia determinó que haber elaborado un proyecto de fallo como magistrado auxiliar en una demanda de casación penal no constituye causal de impedimento para que este funcionario judicial pueda participar en el examen al mismo caso, esta vez como magistrado titular.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41103, 10/9/2013

La petición de libertad le corresponde decidirla al funcionario judicial que ha impuesto medida de aseguramiento, señaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema de Justicia, Auto 42282, 25/9/2013

Certificado de contadores no constituyen documento público

Señala la Corte que la profesión de contador, se encuentra reglamentada como ocurre con otras, al punto que se le exige a la persona que la desempeña, la obligación de consignar la verdad en las certificaciones que emite; no obstante, los documentos que expida en ejercicio de sus funciones no tienen la calidad de públicos, por cuanto en su elaboración no está desempeñando una facultad propia del Estado.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39373, 2/10/2013

Hay que proveer la medida de aseguramiento frente a un eventual incumplimiento.

Uno de los fines constitucionales está en el artículo 308 y 312 del CPP, cuando el imputado fuere probable que no cumplirá la sentencia, además del estudio de idoneidad, proporcionalidad y finalidad legitima; lo anterior, no anula la presunción de inocencia ni la libertad de locomoción, pues no son derechos absolutos. La medida de aseguramiento es cautelar, instrumental y excepcional, no es punitiva ni sancionatoria.

CN. Sent. C 695 oct 9/13 M.P Nilson Pinilla.

Absolución prima sobre declaratoria de nulidad.

Ha señalado la Corte Suprema de Justicia que en el evento en que, en sede de Casación, haya tensión entre la declaratoria de nulidad de lo actuado y la exclusión de responsabilidad penal del procesado, debe primar la segunda opción, toda vez que, en concepto del alto tribunal, tiene una mayor consideración sustancial para el procesado.

Administración Postal Nacional, Sentencia 32983, 21/10/2013

Exclusión de los postulados que no entreguen, ofrezca o denuncie los bienes adquiridos por el grupo ilegal.

Es un deber jurídico para contribuir a la reconciliación nacional, dar a conocer ante la autoridad competente su participación en conductas criminales y entregar o dar información sobre los bienes adquiridos por este grupo.

De lo contrario perderá el beneficio de la pena alternativa.

CN comunicado de la sent. C 752, oct. 30/13, MP Luis Guillermo Guerrero.



Nueva reforma a justicia y paz: decreto 3011 del 2013

Justicia y paz debe estar consonante con toda la normativa sobre justicia transicional, en aras de proteger los derechos de las víctimas, contribuir a una paz más estable y duradera, con garantías de no actos de repetición.

Es así, que se cuenta con un procedimiento, el cual dispone que al mes siguiente a la acreditación de la víctima, la Fiscalía debe dar traslado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, información operable con el registro único de victimas.

Además, el INPEC, debe diseñar y ejecutar un programa dirigido a la resocialización de los miembros de Justicia y Paz, privados de su libertad.



El comercio de un infante es trata de personas, no adopción irregular.

CSJ, Sala Penal, sent. 3925, oct. 16/13. MP Eugenio Fernández

Suspensión y cancelación de registro de bienes ilícitos es una solicitud posible por parte de la víctima.

La victima puede elevar esta solicitud al fiscal o directamente, para que se suspenda el poder dispositivo sobre bienes adquiridos ilegalmente.

Es una acción eminentemente patrimonial, sin incidencia en la responsabilidad penal.

CN. Sent. C 839, nov. 20/13. M.P José Ignacio Pretelt

Reintegro de lo apropiado en el peculado puede provenir de terceros

Bajo el artículo 401 del Código Penal, la atenuación punitiva aplicable al delito de peculado por el reintegro de lo apropiado procede aunque no lo haga directamente el procesado, pues el acto de arrepentimiento puede realizarse a través de terceras personas, afirmó la Sala Penal de la Corte Suprema. En su opinión, el beneficio previsto en dicha disposición busca principalmente rescatar el deber funcional de lealtad quebrantado, en tanto el procesado exprese su arrepentimiento mediante un acto voluntario. Igualmente, esa norma también consagra una política criminal tendiente a disminuir el impacto negativo del ilícito frente al bien jurídico tutelado, ya que la recuperación de los bienes y recursos públicos morigera el daño causado.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39936, 20/11/2013

Ausencia de actos de contradicción o alegación no siempre vulnera el derecho de defensa

El hecho de no estar de acuerdo con la estrategia asumida o que los resultados del juicio sean adversos no significa que el derecho de defensa fue violado por ausencia de defensor idóneo, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la corporación, la ley no le impone al abogado derroteros en torno al contenido, alcance o forma de sus propuestas y, además, la aptitud de su gestión no se define por el resultado del debate. En efecto, la ausencia de actos de contradicción probatoria, impugnación o alegación no siempre implica vulneración de dicho derecho ni la nulidad procesal, porque el silencio expectante, dentro de los límites de la racionalidad, también es una forma de estrategia defensiva. De esa manera, solo cuando el defensor no ha ejercido actos de vigilancia, se entiende que abandonó su mandato.

Corte Constitucional, Sentencia 41511, 4/12/2013

Imputación de lavado de activos es autónoma

Frente al delito de lavado de activos, la Corte Suprema de Justicia afirmó que si el tenedor de los recursos aparenta su legalidad, oculta su origen y busca el éxito de ese engaño incurre en la comisión del mismo. Adicionalmente, el alto tribunal señaló que la imputación por ese ilícito es autónoma e independiente de cualquier otro, para lo cual basta acreditar la existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39220, 4/12/2013

Responsabilidad penal es independiente de la fiscal

La Corte Suprema de Justicia afirmó que la responsabilidad penal es independiente de la fiscal. Por ende, el juicio fiscal puede terminar con el archivo del expediente o la cesación del procedimiento, sin que esto signifique que el daño al bien jurídico tutelado no existió en el ámbito penal, señaló. Por otra parte, el fallo reiteró que la retractación no destruye necesariamente lo sostenido por el testigo arrepentido en sus declaraciones anteriores ni convierte en verdad irrefutable lo dicho en sus nuevas intervenciones.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39311, 27/11/2013

Para casos de sentencia anticipada (ley 600 de 2000) aplican los descuentos fijados por el artículo 351 de la ley 906

Señala la Corte suprema que se ha trazado una clara línea jurisprudencial que sostiene que ante el vigor simultáneo de dos normas procesales, las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, es procedente aplicar la segunda por favorabilidad a hechos ocurridos antes de su vigencia, o bien en distritos judiciales en los que aún no entrara en vigencia el nuevo sistema acusatorio, porque es clara la analogía entre los institutos de la sentencia anticipada, figura contenida en el Código de Procedimiento Penal de 2000 y el allanamiento a los cargos del estatuto procesal de 2004, pues resultaban también similares los objetivos y motivos político criminales que inspiraron dichos mecanismos de la justicia premial. Por tal motivo, en los eventos en que se acuda a la sentencia anticipada, es procedente aplicar la reducción que trae el allanamiento a cargos que trae el Código de Procedimiento Penal de 2004.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 35962, 9/10/2013

Dosificación de la pena con supuestos no previstos en sentencia de instancia trasgrede el principio ‘no reformatio in pejus’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que adicionar el procedimiento de dosificación de la pena con supuestos que, estando legalmente previstos, no fueron tenidos en cuenta en el fallo de primera instancia trasgrede el principio de no reformatio in pejus. En el caso analizado, el alto tribunal concluyó que el ad quem tuvo en cuenta una circunstancia para incrementar el mínimo de la sanción que no fue considerada por el juez de instancia, para quien la coparticipación criminal no le mereció un mayor juicio de reproche que justificara la imposición de una pena de prisión superior al mínimo fijado en el artículo 397 del Código Penal.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 42064, 21/10/2013

JUEZ DE CONOCIMIENTO NO PUEDE EJERCER CONTROL MATERIAL SOBRE LA ACUSACION

Señala la Corte Suprema que a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, se ha implementado en Colombia el sistema procesal de corte Acusatorio, el cual tiene, como un de sus pilares, la separación de roles y la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento. Es por tal motivo que al funcionario judicial le está vedado hacer cualquier tipo de control material sobre la acusación que hace la fiscalía.

Corte Suprema de Justicia, Auto 39886, 16/10/2013

Informe policial no es prueba


Señala el Alto Tribunal que, en términos del artículo 314 de la Ley 600 de 2000, el informe de policía no es prueba, sino un criterio orientador de la investigación.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 34152, 2/10/2013

Nulidad por defensa técnica


Señala la Sala Penal de la Corte Suprema que no basta la disparidad de criterios respecto de la actividad del profesional del Derecho para alegar una nulidad por ausencia de defensa técnica. La fortuna del reproche radica en establecer objetivamente que ese comportamiento generó en concreto efectos dañosos de tanta envergadura, que de no haberse materializado otra hubiese sido la suerte del procesado, o cuando menos, el resultado hubiese sido menos perjudicial para sus intereses judiciales.

Corte Suprema de Justicia, Auto 41544, 3/7/2013

Principio de sostenibilidad fiscal y las victimas

El acto legislativo 03 de 2011 estableció este principio; sin embargo la reparación integral a las víctimas no puede desconocerse por este principio que es eminentemente fundado en razones presupuestales.

CN, comunicado D 9608, OCT 31/13 M.P Mauricio González Cuervo.

El sentido del fallo no puede variarse.

El sentido del fallo una vez emitido es inmodificable, y si se hace es una vulneración flagrante al debido proceso.

CSJ, Sala Penal, Sent. 40334, sep 25/13 M.P Fernando Castro

Los jueces no pueden hacer un control material en los preacuerdos.

Respecto a los hechos y sus consecuencias jurídicas, los cuales se establecieron por las partes, obliga al juez de causa, excepto por vulneración de derechos fundamentales; así las cosas, los incisos 2 y 4 del artículo 351 del CPP, versan al respecto, dado que los preacuerdos son un acto exclusiva y excluyente a la fiscalía no pudiendo el juez cuestionarlos con su opinión, pues estaría controlando materialmente la acusación.

CSJ, Sala Penal, Sent. 69478, sep. 24/13 M.P. José Leónidas Bustos.

Carga de la prueba en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Señala la Corte Suprema de Justicia que en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego se debe demostrar que el artefacto no está amparado. No obstante, dice la Corporación que esta carga probatoria siempre está en cabeza de la Fiscalía y no puede invertirse hacia el procesado, en virtud del principio fundamental de la Presunción de Inocencia.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38239, 14/8/2013

Existe responsabilidad del Estado, sino se protege a los menores.

Los menores son sujetos de especial protección, el estamento debe evitar que se le causen daños. C.E, Sección 3ra, Sent. 25000232600020000135301 (27452) sep. 9/13 C.P Olga Melina Valle.

Grabación de particular sin orden judicial es válida.

La victima puede gravar o pasmar en documento de voz o imagen la ocurrencia del ilícito, pues esto facilita iniciar acciones legales, no se puede gravar conversaciones para utilizarlas en beneficio propio, la simple participación en un dialogo privado no genera la autorización para el caso.

CSJ, Auto 41790 sep. 11/13 M. P María del Rosario González.

La contraloría no puede investigar al fiscal General ni a los aforados constitucionales.

El presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, tienen un fuero especial para ser acusados y juzgados, frente a las conductas cometidas en desarrollo de sus funciones públicas, por ello la contraloría carece de competencia para adelantar investigaciones en contra de los anteriores; además, este fuero es pleno e integral. CSJ, sala Penal, Sent. 68461 sep. 5/2013 M.P. Gustavo Enrique Malo...".

 

 

 
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