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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Se puede capturar en flagrancia por el delito de FUGA DE PRESOS a quien se evade de su confinamiento. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:10

Sentencia  C-411  de 2015, Exequebilidad  art. 31 Ley 1709 de 2014.

"...14. Ahora bien, a lo anterior cabe agregar algunas consideraciones. En efecto, como antes se señaló, la facultad de capturar que contempla la norma cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de detención o prisión domiciliarias se encuentra en una situación de libertad. Esta última, según lo indicado, puede de hecho ser producto de una sustracción ilegítima de las condiciones de reclusión que se le impusieron a la persona, dentro del marco legal, en la providencia que decretó la medida o la pena. En ese caso, dado que la persona no cuenta con permisos para sustraerse de las circunstancias de confinamiento que le definió específicamente un juez, no cuenta tampoco con expectativas legítimas de protección hacia su libertad personal, pues por virtud de una decisión judicial ha sido privado de ella. En consecuencia, si esa persona se encuentra en una situación de libertad de hecho, a pesar del régimen de privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones para salir de sus restricciones, su captura se produce precisamente en virtud de una orden judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos casos, más allá de si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia expresamente contemplada en la Constitución (CP art 32), por la posible incursión en delitos de fuga de presos (C Penal art 448) o fraude a resolución judicial (ídem art 454), quien se evade de su confinamiento puede ser capturado por los servidores administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida o pena que se le impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la materia (CP art 28)....".

Última actualización el Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:15
 
Declaraciones de menores abusados sexualmente deben ser cotejadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:42

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Así lo sostuvo una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de precisar que en este tipo de situaciones es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejar esta con los demás medios de convicción recaudados, a efectos de verificar su grado de credibilidad y veracidad.

 

Igualmente, la Sala dijo que el funcionario judicial tendrá que explorar, atendiendo los principios técnico científicos y las reglas de la sana crítica, la percepción del menor, su memoria, la naturaleza de lo percibido, la forma de sus respuestas y, entre otras condiciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la comisión de la conducta tuvo lugar.

 

En lo que toca con la credibilidad de los relatos ofrecidos por niños abusados, la Sala ha sostenido que “puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran”; pero también, que ello no significa que aquellos no puedan faltar a la verdad y que “por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación”.

 

De igual manera, la sala recordó que la Corte Constitucional ha manifestado que se erigen una serie de garantías, no solo por la prevalencia de los derechos de los menores, sino en la imperiosa obligación de adoptar medidas para su protección en todos los ámbitos, incluido el proceso penal, cuando sean víctimas de delitos aberrantes. (Lea: Señalan parámetros para entrevistas forenses a menores víctimas de delitos sexuales)

 

En ese mismo sentido, ese alto tribunal ha sostenido que es posible que los niños abusados acudan al juicio, siempre que se les garanticen a plenitud sus derechos. Igualmente, ha admitido, incluso antes de que se expidiera la Ley 1652 del 2013, que sus declaraciones anteriores se tengan como prueba de referencia admisible, a efectos de evitar que sean, de nuevo, victimizados. (M.P. Eyder Patiño).

 

En el año 2014, el máximo tribunal constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 1º, 2º y 30 de la Ley 1652, al concluir que acudir a la entrevista forense para recopilar la declaración de menores de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales no desconoce el derecho de defensa, ni el ejercicio de contradicción. (Lea: Información del menor que reposa en el expediente de restablecimiento de derechos es reservada)

 

En su concepto, se trata de medidas legislativas y judiciales para garantizar no solo la dignidad e intimidad de los menores (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitándoles nuevos daños.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-95082016 (47124), 13/07/16...."

Última actualización el Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:43
 
Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 04 de Agosto de 2016 14:58

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario. (Lea:Gobierno decreta emergencia carcelaria)

 

En efecto, la ley extiende esa posibilidad a los internos que pueden estar purgando su pena en su domicilio, el cual podrán desarrollar fuera de este, siempre bajo el control y vigilancia de las autoridades que los tengan a cargo.

 

Hay que decir que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva.

 

Pero también con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención,con excepción de los trabajos contratados con particulares.

 

El trabajo concebido como un deber social está regido por un conjunto de normas mínimas irrenunciables e intransferibles, establecidas en defensa de los trabajadores que deben ser respetadas en todas las circunstancias, para garantizar condiciones dignas y justas en su ejercicio.Entre estas reglas está la de la jornada ordinaria laboral.

 

Vale la pena precisar que la ley limita este servicio a 48 horas semanales, 8 horas diarias, de donde no podrían existir jornadas superiores ni trabajos que superen dichos límites, salvo el trabajo por turnos o que se realiza sin solución de continuidad.

 

A principios de este año, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional enfatizó que la labor que realice un recluso por fuera de jornada laboral carece de reconocimiento económico. (Lea:Cárceles que no corrijan violaciones a dignidad de los presos serán cerradas: Corte Constitucional)

 

El pronunciamiento se dio luego de analizar una acción de tutela interpuesta por un recluso de un establecimiento carcelario que pretendía amparar sus derechos fundamentales a la salud y al trabajo por habérsele desconocido el pago de horas extras y los respectivos recargos dominicales.

 

Finalmente, la Sala Penal advirtió que es deber de las autoridades hacer respetar las disposiciones legales en materia de derechos del trabajador, con mayor razón tratándose de presos, dada la especial condición en la que se encuentran, de suerte que la contratación laboral de estos no se convierta para los empleadores en una oportunidad para su explotación, abuso de su situación o el desconocimiento de sus derechos básicos (M. P. Fernando Alberto Castro).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP- 35802016 (47984), Jun. 08/16.."

Última actualización el Jueves, 04 de Agosto de 2016 15:01
 
Informe de servidor público para noticiar delitos se inadmite cuando no llene requisitos de una denuncia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:25

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..El informe presentado por un servidor público para noticiar sobre hechos aparentemente delictivos, con independencia de su denominación, constituye una verdadera denuncia y, por lo tanto, les son aplicables las exigencias mínimas de admisibilidad.

 

Así lo precisó recientemente un informe de relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar el concepto de denuncia y sus requisitos cuando estas sean realizadas por servidor público. (Lea: ¿En qué se diferencian la demanda, denuncia y querella?)

 

Vale la pena recordar que esta diligencia puede ser presentada verbalmente o por escrito, bajo la gravedad del juramento, y debe contener una relación detallada de los hechos conocidos por el denunciante. Así mismo, los servidores públicos tienen la  obligación de denunciar “cuando por cualquier medio conozcan de la comisión de delitos”.

 

El servidor cumple este mandato a través  de un documento denominado “informe”, el cual corresponde sustancialmente a una denuncia y, en consecuencia, es el acto informativo a través del cual se pone en conocimiento de la autoridad competente de investigar la perpetración de una conducta presumiblemente delictiva. (Lea: Suspenden a juez por no presentar denuncia por pérdida de expedientes)

 

De ahí que la jurisprudencia penal ha sostenido reiteradamente que la autoridad judicial debe inadmitir la denuncia, incluso si tiene autor conocido, cuando el relato fáctico que la sustenta no contiene una imputación concreta, definida y  revestida de seriedad que permita inferir de modo razonable la posible ocurrencia de una o más conductas punibles.

 

En decir, que si carece de la concreción que permita identificar los contornos de la posible infracción penal y orientar la investigación no podrá ponerse en funcionamiento legítimamente el aparato de punición estatal. Lo anterior se hace particularmente evidente si el informe por medio del cual se denuncian los posibles delitos no es elaborado con fundamento en el conocimiento personal que tuvo el funcionario sobre su ocurrencia. (Lea: Punición alternativa y Derecho Penal Internacional)

 

En este contexto, la apreciación adelantada por el servidor sobre la naturaleza delictiva de los hechos denunciados no puede resultar vinculante para la autoridad encargada de tramitar la eventual investigación, “en tanto es esta última la encargada de valorar si la noticia criminal tiene la aptitud para ser admitida”, concluyó el pronunciamiento (M.P. Eugenio Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-42992016 (47015), Jul. 06/16...."

Última actualización el Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:26
 
Esta es la línea jurisprudencial sobre estipulaciones probatorias en el sistema acusatorio PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 30 de Julio de 2016 15:01

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...

Hay que comenzar diciendo que el procedimiento penal implementado por la Ley 906 del 2004estructura lo que se ha denominado como un sistema de partes, en el entendido de que la fiscalía y la defensa acuden ante un juez imparcial que, sin conocimiento previo de los hechos, “habrá de resolver de conformidad con el convencimiento a que llegue según las pruebas que aquellas le pidan, se decreten y practiquen en un juicio público”.

 

Con la finalidad de que ese juicio se centre en aspectos sustanciales, el legislador previó la posibilidad que, de común acuerdo entre las partes, se haga una depuración anterior al debate en aras de que este verse sobre lo trascendente y, en consecuencia, no se desgaste en temas sobre los que no se tiene ánimo de controversia. (Lea: Línea jurisprudencial: 25 años de libertad de expresión e información en Colombia)

 

Así, el inciso 4° del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, entre otras normativas, faculta a las partes para que lleguen a acuerdos o estipulaciones probatorias que versen sobre aspectos en los cuales, se enfatiza, no exista controversia sustantiva, sin que impliquen renuncia a los derechos constitucionales de los procesados. (Lea: Esta es la línea jurisprudencial sobre requisitos para acceder a pensión especial de vejez)

 

De esta manera, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de esta temática a efectos de realizar algunas precisiones, en casi 10 años, para el estudio de esta figura del Derecho Procesal Penal, de la siguiente manera:

 

(i) El convenio excluye la actividad probatoria sobre el hecho específico, el que el juez debe tener por cierto. De tal forma que no pude admitirse, por improcedente e inútil, la introducción de una prueba que pretenda dar por demostrado un hecho estipulado, como tampoco puede ejercerse contradicción sobre ese aspecto (Sentencia de octubre 10 del 2007, radicado 28212).

 

(ii) Admitida la estipulación, su contenido, alcance y límites deben quedar claros para las partes y el juzgador. No hay lugar a la retractación unilateral, en tanto, de admitirse, se rompería el equilibrio entre los adversarios” (Agosto 19 del 2008, radicado 29001; octubre 17 del 2012, radicado 39475).

 

(iii) El objeto de estipulación es un hecho concreto, no un determinado elemento material probatorio (Sentencia de octubre 26 del 2011, radicado 36445). (Lea: Estipulaciones probatorias admitidas en juicio oral son irretractables)

 

(iv) La estipulación misma, sin más aditamentos, constituye la prueba del hecho, de donde deriva que no hay lugar a anexar elemento alguno para respaldar la estipulación, pero si las partes convienen hacerlo solo puede apreciarse en el contexto del hecho acordado, pues si refiere aspectos fácticos diversos estos no pueden valorarse en ningún sentido, pues el anexo no constituye prueba alguna, en tanto no ha sido introducido ni controvertido en el juicio (Sentencia de febrero 6 del 2013, radicado 38975).

 

En efecto, sobre la última decisión reseñada, la Sala Penal precisó recientemente que, siendo la estipulación prueba en sí misma, carece de sentido y resulta inoficioso que a ella se hagan anexos, “en tanto el hecho está demostrado por aquella y, por ello, ese anexo no debe ser valorado o, de serlo, solo puede apreciarse en el contexto del hecho que se estipuló como probado” (M.P. José Luis Barceló).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-78562016 (47666), Jun. 15/16..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 15:02
 
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