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Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 13 de Enero de 2017 15:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

La Ley 1826 del 2017 tiene 44 artículos y permitirá que las víctimas hagan parte de procesos relacionados con delitos menores de manera más activa, investigando y acusando a través de sus abogados o estudiantes de consultorio jurídico.

Su finalidad, una sola, descongestionar el sistema judicial por medio de la disminución del número de audiencias del procedimiento penal ordinario y la implementación de la figura del ya mencionado acusador privado. (Lea: Procedimiento especial para contravenciones penales llega a último debate)

Conductas punibles de este nuevo procedimiento

El procedimiento especial abreviado se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1.       Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.

 

2.       Lesiones personales

Lesiones Incapacidad para trabajar o enfermedad

 

Deformidad

 

Perturbación Funcional

 

Perturbación síquica

 

Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro

 

Parto o aborto preterintencional

 

Lesiones culposas

3.       De los actos de discriminación

 

Actos de racismo o discriminación

 

Hostigamiento

 

Actos de discriminación u hostigamiento agravados

 

4.       Inasistencia alimentaria

5.       Delitos contra el patrimonio económico

Hurto

Hurto calificado

Hurto agravado (numerales del 1 al 10 del Código Penal - CP)

Estafa

Abuso de confianza

Corrupción privada

Administración desleal

Abuso de condiciones de inferioridad

Utilización indebida de información privilegiada en particulares

6.       Los delitos contenidos en el Título VII BIS del CPP, sobre protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado

7.       Delitos contra los derechos de autor

Violación a los derechos morales de autor

Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos

Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor

Falsedad en documento privado y circunstancias de agravación

8.       Delitos contra el orden económico social

Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales

Uso ilegitimo de patentes

Violación de reserva industrial y comercial

Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico

Reducción de audiencias

El procedimiento abreviado de esta reforma se resumen en la reducción de cinco audiencias (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a solo dos: una concentrada y un juicio oral.

Audiencia concentrada

Al respecto, la comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación y, de esta forma, el indiciado adquiere la condición de parte. (Lea: No habrá excarcelación masiva con proyecto contra el hacinamiento: Londoño)

A partir de este traslado, el investigado tendrá un término de 60 días para la preparación de su defensa. Vencido este plazo, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes.

Audiencia de juicio oral

Concluida esta audiencia, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio oral, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes. El trámite de esta etapa seguirá las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, exceptuando lo previsto en su artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia.

Anunciado el sentido del fallo, el togado contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. Surtidas las notificaciones, las partes contarán con cinco días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia.

Estas impugnaciones se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario.

Acusador privado

Otro aspecto importante de la Ley 1826 es la regulación de la figura del acusador privado, establecida en el artículo 2º del Acto Legislativo 06 del 2011, lo que permite asumir a la víctima la condición de investigador, cuando así lo solicite al fiscal del caso.

De esta manera, pueden solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que se entienden como querellantes legítimos. Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas. (Lea: Esta es la propuesta de justicia rápida presentada por Minjusticia)

En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción le corresponderá a la Fiscalía. Si una vez iniciado este trámite aparece un nuevo afectado, este se podrá adherir.

En ningún caso se podrá ejercer esta figura sin la representación de un abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como apoderados.

Causales de libertad

Por otro lado, es bueno decir que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de 180 días. La libertad del acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos:

1.  Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada

2.  Cuando se haya decretado la preclusión.

3.  Cuando se haya absuelto al acusado.

4.  Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.

5.  Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez del caso.

6.  Cuando transcurridos 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado la audiencia concentrada.

7.  Cuando transcurridos 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.

8.  Cuando transcurridos 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia.

Vigencia

Finalmente, debe precisarse que esta normativa entrará a regir en seis meses y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia y sobre los cuales no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906 del 2004.

Congreso de la República, Ley 1826, Ene. 12/17

Última actualización el Viernes, 13 de Enero de 2017 16:00
 
Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:27

 

En la providencia 33254 del 2013,  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no tiene aplicación en algunos eventos específicos. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Ello cuando el investigado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, esto es, para delitos como la extorsión, terrorismo, secuestro, entre otros.

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores.

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

1.       El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

 

2.       No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

 

3.       La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Vale la pena decir que el precedente contenido en la decisión 37671 no es aplicable por razones de política criminal cuando la condena para el delito por el cual se reclama revisar la sentencia fue modificada por el legislador con posterioridad a la Ley 890 (M.P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-168212016 (47612), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:29
 
"..carecerá de fundamento constitucional o legal una decisión, bien del fiscal o ya del juez de control de garantías, que defina como ilegal la captura solo porque crea que el aprehensor extendió sin justificación hasta los límites cercanos a ese tope.." PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 21 de Diciembre de 2016 20:33

Proceso Nº 37733.. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA..SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente:JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCAAprobado Acta Nº239... Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012).

 

"....Del anterior fallo se sigue que en todos los casos de captura, si las tareas inherentes a las autoridades de policía, de la Fiscalía General de la Nación y de los funcionarios investidos de jurisdicción en relación con ese suceso, se cumplen dentro del improrrogable plazo de treinta y seis (36) horas, carecerá de fundamento constitucional o legal una decisión, bien del fiscal o ya del juez de control de garantías, que defina como ilegal la captura solo porque crea que el aprehensor extendió sin justificación hasta los límites cercanos a ese tope la privación de la libertad de la persona.

Por las mismas razones tampoco es posible que se ordene la libertad del capturado por un aparente vencimiento del término debido a cualesquiera demora que no supere el límite de las treinta y seis (36) horas siguientes a la retención, sin perjuicio de que si el funcionario competente advierte malicia, negligencia o un actuar injustificado de alguna de las autoridades que intervinieron en la aprehensión, pueda ordenar la correspondiente investigación de los responsables.

En el asunto examinado, como ha quedado esclarecido, la interceptación de Jhoiner Toledo Vargas el 21 de mayo de 2008, ocurrió a las 01:39 a.m., por parte de autoridades de Policía de Vigilancia, a raíz de la información que tenían acerca del transporte de sustancia estupefaciente en el cual presuntamente se hallaba éste comprometido, circunstancia evidenciada como probable con el análisis de las características físicas externas realizado por miembros de la Policía Judicial luego de llegar al sitio de la aprehensión pasadas las 02:00 a.m., y confirmada técnicamente tras la prueba de identificación preliminar homologada realizada en las instalaciones de la SIJIN, donde en presencia del capturado se desembalaron los catorce (14) bultos, contentivos de cuatrocientos veinte (420) paquetes con droga consistente en cocaína, con un peso neto de trescientos noventa y nueve mil setecientos catorce (399.714) gramos, procedimiento después del cual el indiciado fue trasladado y entregado en las instalaciones de la URI de la fiscalía a las 03:50 a.m., para efectos del control de legalidad de su captura, actividad en la que ninguna dilación injustificada puede percibirse......"

 


 

Última actualización el Miércoles, 21 de Diciembre de 2016 20:50
 
No es posible tomar de cada norma lo más conveniente para el procesado para crear una tercera ley PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:18

Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que no es posible tomar de cada una de las normas penales lo que resulte más conveniente para el procesado para crear una tercera ley “lex tertia”.

 

Inicialmente, resulta importante recordar que la Ley 1709 del 2014 reformó algunos artículos del Código Penal (Ley 599 del 2000), como lo es el artículo de prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, entre otros. (Lea: Requisitos para sustituir detención preventiva por domiciliaria no pueden valorarse aisladamente)

 

De esta forma lo precisó la Sala, luego de estudiar una improcedencia de prisión domiciliaria de un procesado por el delito de violencia intrafamiliar argumentando que si bien el juez de segunda instancia se equivocó al analizar la improcedencia de esta figura a la luz de la Ley 1709 de 2014, por cuanto no estaba vigente para la fecha de los hechos, ese yerro carece de trascendencia.

 

Ello toda vez que la modificación en el cambio de sitio de reclusión tampoco es viable al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal, antes de la reforma introducida por la citada ley, dado que esta disposición consagraba como requisito objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria que la sentencia se imponga por una conducta punible cuya pena mínima sea de cinco años o menos.(Lea: Gobierno propone reformar los requisitos para conceder la prisión domiciliaria)

 

Y, según los hechos concretos, el recurrente fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar, bajo la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, porque la conducta recayó sobre una mujer, que tiene una pena 6 a 14 años. (Lea: Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal)

 

Con todo, la corporación concluyó que si bien el Tribunal Superior de Bogotá no debía aplicar la Ley 1709, ya que entró en vigencia luego de ocurridos los hechos específicos e incluso luego de haberse proferido el fallo de primera instancia, el articulado sin modificación tampoco resultaba viable para tal fin, por lo que dispuso no casar al providencia, entre otros argumentos  (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP-168392016 (44298), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:20
 
Jurisprudencia sobre el término para legalizar la captura PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 26 de Noviembre de 2016 14:59

Tomado de http://habeas-corpus-colombia.blogspot.com.co/

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, con ponencia del Magistrado JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, se pronunció sobre el término para legalizar la captura.

En decisión Aprobado mediante acta Nº 417 de catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), se pronunció en los
siguientes términos:
Sobre el término para legalizar la captura

1. Punto importante de la discusión radica en la forma y momento a partir del cual deben ser contabilizadas las 36 horas para la legalización de una captura, específicamente si la exigencia legal apuntaba, para la época de los hechos, a que antes de ese lapso la Fiscalía solicitara la respectiva audiencia, si esta podía iniciarse y suspenderse previo al vencimiento de tal plazo, sin que ello tuviese incidencia negativa respecto de los derechos del aprehendido, así la reanudación se hiciera luego de superado ese tiempo, o si el término resultaba improrrogable y debía incluir que la captura fuese legalizada antes de la expiración de ese lapso.

2. El inciso 3º del original artículo 2º de la Ley 906 del 2004 disponía:

“En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes” (lo resaltado es de la Corte).

El artículo 1º de la Ley 1142 del 2007 introdujo una modificación a ese apartado, en los siguientes términos:

“En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes” (subrayado fuera de texto).

3. De la literalidad de las disposiciones parecería surgir que la formalidad legal quedaría satisfecha, en el primer supuesto, con la actuación de la Fiscalía de dejar al aprehendido a disposición del juez de garantías, y, en el segundo, con la simple solicitud de que se fijase hora para la audiencia respectiva, siempre que tales actos se cumpliesen antes del vencimiento de las 36 horas, contadas desde la captura del indiciado.

En sí misma, esa interpretación llama a su rechazo, en tanto permitiría una perversión legal en contra del derecho fundamental de la libertad, que, no debe olvidarse, es privilegiado en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004, instituyéndose como regla que ella debe prevalecer en el curso del proceso y que, por ende, su restricción debe estar dada para cuando una sentencia ejecutoriada así lo disponga, y solamente, pero de manera excepcional, hay lugar a afectarla en el desarrollo del trámite.

En efecto, bastaría con que la Fiscalía elevase la petición respectiva antes de la expiración del plazo máximo, para que desde ese momento los términos pudiesen prolongarse hasta el infinito, pues la audiencia podría señalarse para cualquier época, o comenzarla para seguidamente suspenderla y reiniciarla cuando a bien se tuviera, en el mal entendido de no incurrirse en irregularidad alguna, como que lo importante, lo formalmente válido apuntaría exclusivamente a que el ente acusador hiciese una solicitud en término.

4. Por lo demás, en el caso específico la supuesta iniciación de la audiencia de control de legalidad no deja de estar signada cuando menos de falta de seriedad, como que dentro de lo actuado surge con claridad que el juez de control de garantías tenía conocimiento preciso de que la Fiscal asignada al caso, no solamente era la única disponible en ese entonces, sino que le resultaba imposible asistir a la audiencia señalada en tanto para ese momento se encontraba en otro despacho atendiendo un asunto similar.

Si eso sabía el señor juez, no parece acertado su proceder de “iniciar” una audiencia, cuando estaba cierto de su imposible realización, como que conocía que la parte interesada, la que habilitaba su evacuación, no podía asistir. Por ello, no puede concluirse, cuando menos en el grado de convicción más allá de una duda razonable, que la fijación de la audiencia no lo fue con un propósito diverso al de “suspender” los términos, máxime cuando la supuesta “reanudación” fue señalada, no para horas de la noche o la madrugada, como una lógica sana indicaría era lo adecuado, sino para el día siguiente, ya cuando se superaban los plazos.

Sobre el último aspecto, la insinuación de que la solicitud de la defensa de aplazar la aludida “reanudación” media hora después de la establecida por el juez de garantías pudo incidir en el irrespeto al plazo máximo legal, resulta inadmisible, pues además de lo dicho por el Tribunal respecto de que, así fuese cierto, el juez es el llamado a impedir las actitudes abusivas de las partes, surge como razón adicional e incuestionable que la fecha y hora fijadas por el juez, antes del pedimento defensivo, ya sobrepasaban las 36 horas legales.
6. Mediante sentencia C-163 del 20 de febrero de 2008, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2º procesal, en el entendido de que dentro del término de las 36 horas allí previsto se debe efectuar el control efectivo de la restricción de la libertad por parte del juez de garantías.

Se ha insinuado que para el momento en que se adoptaron las providencias cuestionadas la decisión constitucional no había sido publicitada suficientemente, lo cual no parece de buen recibo, por cuanto de asistir razón a la queja de que solamente se había expedido un comunicado, lo cierto es que el mismo fue suficientemente anterior a la situación averiguada y tocaba con precisión el tema de que se trata. El mismo reza:

CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
Comunicado de Prensa de 20 y 21 de febrero de 2008…
1. Norma acusada
LEY 1142 DE 2007
(Julio 28)
Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana…

3.2. Problema jurídico planteado

Corresponde a la Corte determinar, si el inciso final del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, contempla un estándar de protección menor a la libertad al que se deriva de los mandatos de los artículos 28, inciso segundo y 250-1, inciso tercero de la Constitución, conforme al cual el plazo perentorio de 36 horas está previsto para poner la persona privada de la libertad a disposición del juez competente y efectuar el correspondiente control de legalidad de la aprehensión.

3.3. Decisión

Declarar exequible el inciso tercero del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente.

Razones de la decisión

Después de dar una mirada sistemática de la institución del control de legalidad de la captura en cualquiera de sus modalidades, bien como consecuencia de una autorización judicial previa, en virtud de la flagrancia o en ejercicio de la facultad excepcionalísima de la Fiscalía, la Corte concluyó que el término de 36 horas establecido en las diversas disposiciones que regulan la materia, tiene como propósito suministrar un límite temporal para que se lleve a cabo el control de legalidad y evitar las privaciones arbitrarias de la libertad. Esta interpretación resulta congruente, con el carácter restrictivo de las disposiciones que prevén afectaciones a la libertad. Es además, la única compatible con los postulados constitucionales pro libertati y reserva legal y judicial de las restricciones a la libertad, en cuyo marco es inadmisible una privación de la misma que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad, que conforme a los mandatos constitucionales tiene un límite máximo de 36 horas. Habida cuenta que de la configuración semántica del inciso demandado, admite varias interpretaciones, entre ellas la que da origen a la presente demanda, que sería evidentemente contraria a la Constitución, la Corte profirió una sentencia interpretativa, declarando la constitucionalidad condicionada del inciso tercero del artículo 2º de la Ley 906 de 2004, tal como fue modificado por el artículo 1º de la ley 1142 de 2007, que incluya dentro del término de 36 horas posteriores a la captura, dicho control de legalidad por la autoridad judicial competente.
Última actualización el Sábado, 26 de Noviembre de 2016 15:01
 
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