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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
¿Cómo se deben valorar las pruebas practicadas a menores de edad dentro de un proceso penal? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación relacionado con la condena de una persona responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se deben valorar las pruebas practicadas a menores de edad dentro de un proceso penal.

 

La corporación recordó que no es dable asumir como criterio de autoridad que las manifestaciones de los menores de edad siempre merecen crédito, toda vez que le corresponde al juez en cada caso concreto valorar dichas manifestaciones bajo el tamiz de la sana crítica y confrontarlas con los demás elementos de convicción. (LeaCada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz: Sala Penal)

 

Con base en una providencia del año 2011, igualmente aseguró que, como todo testigo, los dichos de los menores de edad deben examinarse de forma imparcial y sin prejuicios, siguiendo los lineamientos del artículo 404 de la Ley 906 de 2004, que regula la apreciación del testimonio.

 

Ello en cuanto a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. (Lea¿Cuál es el funcionario idóneo para escuchar a los menores de edad llamados a declarar?)

 

Por otro lado, y con base en una providencia del 2017, también recordó que el hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que:

 

  1. No puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal

  2. El fallador no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Por el contrario, es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad,

  3. Ante la concurrencia de versiones antagónicas u opuestas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder persuasivo a todas

  4. Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al operador judicial a tomar la decisión, pues slo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos

  5. La parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo

  6. La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones, entre otros aspectos. (LeaConozca los parámetros para valorar el cambio de versión de testigos o su retractación)

 

Finalmente, precisó que la retractación de un testigo no acarrea de forma automática la falsedad de la incriminación que hizo inicialmente, sino que genera la obligación para el juez de analizar conjuntamente todas las versiones del mismo deponente y de contrastarlas con las demás pruebas incorporadas en la actuación (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20162018 (48559), Jun. 6/18...."

 

Última actualización el Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:06
 
La fe pública y los derechos de la víctima no siempre se defienden dejando sin efectos el acto jurídico falso PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:03

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"...No siempre la forma de defender la fe pública y los derechos de la víctima debe consistir en dejar automáticamente sin efecto el acto jurídico cuya falsedad se halla formalmente probada. Particularmente, manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando el autor del delito se somete a las consecuencias penales para derivar de ello un provecho ilícito.

 

Por ejemplo, cuando existe un acto subyacente, como una hipoteca, la decisión que más se acompasa con ese tipo de supuestos conduce a hacer prevalecer los derechos del que se ha declarado víctima.

 

Cuando quiera que el acto subyacente implica la voluntad de las partes en la realización del negocio y a la declaración de responsabilidad penal se llega estratégicamente a partir de la aceptación de cargos, máxime cuando procura dejar sin efectos una sentencia civil que ha reconocido el derecho a rematar la totalidad del inmueble para solventar la obligación incumplida.

Lo anterior implicaría un despojo indebido de la garantía hipotecaria, de modo que la intervención del juez penal en casos semejantes culminaría agotando el menoscabo patrimonial de la víctima, en una proporción de la que obtendrían derecho los estafadores.

 

Así las cosas, la decisión que más se acompasa con este supuesto es no soslayar las garantías consolidadas en desarrollo de actuaciones procesales de derecho privado (M. P. Luis Guillermo Salazar).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-27372018 (46961), Jul. 11/18...."

Última actualización el Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:04
 
Conozca las precisiones de la Sala Penal sobre la prueba de referencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 15 de Septiembre de 2018 23:57

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La prueba de referencia es toda declaración realizada fuera del juicio oral, la cual es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Lea: Hechos jurídicamente relevantes no pueden ser suplidos por hechos indicadores y/o medios de prueba)

 

Según el fallo, esta prueba debe reunir los siguientes elementos:

 

  1. Una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral,

 

  1. Que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir,

 

  1. Que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración (testigo de oídas), y
  1. Que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervención, circunstancias de atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre otros).

 

De igual forma, esta prueba se refiere a aquel medio de convicción (grabación, escrito, audio, incluso un testimonio), que excepcionalmente se lleva al proceso para dar a conocer una declaración practicada por fuera del juicio para demostrar que es verdadero, cuando es imposible llevar al testigo por causas señaladas en la ley. (Lea:  Algunas precisiones sobre la prueba de referencia en el actual sistema procesal penal)

 

Declaraciones de menores de edad

 

Adicionalmente, la corporación advirtió que cuando se trata de declaraciones de niños y factores como la edad, la naturaleza del delito, las particularidades del menor, entre otros, se habilita el uso de las declaraciones anteriores a título de prueba de referencia así el menor haya sido llevado como testigo al juicio oral.

 

Lo anterior, debido a su relativa disponibilidad originada en la posibilidad que para el momento del juicio oral el niño no esté en capacidad de entregar un relato completo de los hechos, bien porque haya iniciado un proceso de superación del episodio traumático, porque su corta edad y el paso del tiempo le impidan rememorar, por las presiones propias del escenario judicial y por lo inconveniente que puede resultar un nuevo interrogatorio exhaustivo, entre otros. (M.P. Patricia Salazar Cuéllar)

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-25232018 (46814), Jun. 27/18...."

Última actualización el Sábado, 15 de Septiembre de 2018 23:58
 
Explican las acciones imprudentes en caso de estudiante que dejó a otra en silla de ruedas PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación relacionado con el caso de una menor de edad que fue declarada culpable por el delito de lesiones personales culposas generadas a una compañera del colegio, al cerrarle una ventaba donde estaba apoyada y dejarla con múltiples pérdidas funcionales y en silla de ruedas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo operan las acciones imprudentes susceptibles de reproche penal.

 

Este fallo explica que las acciones imprudentes no están definidas en la ley, dada la naturaleza imprevisible de las innumerables interrelaciones que a diario se presentan en el intercambio social de las personas. (Lea¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una institución educativa sobre sus alumnos?)

 

Así mismo, indicó que en cada caso concreto le corresponde al juzgador determinar si el comportamiento investigado se ejecutó de manera imprudente, esto es, superando el riesgo jurídicamente permitido con infracción del deber objetivo de cuidado. Igualmente, aclaró que el juicio de reproche no recae sobre la acción (conducir un vehículo, realizar un procedimiento médico, cerrar una ventana, etcétera), sino sobre la forma en que la misma se ejecuta, esto es, infringiendo las reglas de cuidado propias de la actividad realizada.

 

Caso concreto

 

Un estudiante menor de edad de un colegio ubicado en La Calera lanzó la cartuchera de otro compañero al zarzo del salón, otro alumno le dijo a la menor que sufrió las lesiones que subiera a bajarla, por ser la más liviana. (LeaColegios responden patrimonialmente por daños surgidos en prestación del servicio social)

 

La niña accedió con cierta reticencia y luego de tomar el artículo escolar empezó a descender y apoyó su pierna en el marco de la ventana, que fue cerrada repentinamente por otra alumna, que transitaba por el corredor adyacente al aula.

 

La menor que subió a recoger la cartuchera cayó de espaldas sobre un pupitre y luego al piso, por lo que fue llevada a la enfermería, donde le brindaron los primeros auxilios sin detectar nada grave. Luego, al llegar a su casa fue trasladada por sus familiares a una clínica donde le realizaron múltiples procedimientos médicos en atención al delicado estado de salud que presentaba. (LeaColegios responden por daños, aunque estudiantes incumplan las normas de convivencia)

 

El Instituto de Medicina Legal determinó incapacidad médico legal definitiva de 45 días y como secuelas varias deformidades físicas en su cuerpo de carácter permanente y dictaminó perturbación síquica. Además, para su movilización debe utilizar silla de ruedas.

 

La corporación no casó la providencia atacada, que condenaba a la menor de edad que cerró la ventana como responsable del delito de lesiones personales culposas, argumentando que la conducta de la procesada configura una acción imprudente en la medida que creó un riesgo desaprobado jurídicamente, lo cual descarta el caso fortuito aducido por la defensa.

 

Igualmente, indicó que las lesiones de la víctima no se concretaron por una autopuesta en peligro, sino por la acción desplegada por la implicada, la cual no configura un caso fortuito (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).


Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-27712018 (46612), Jul. 11/18...."

Última actualización el Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:01
 
Lejanía del despacho que impida conocer jurisprudencia de las altas cortes no fundamenta un error de tipo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 15 de Septiembre de 2018 23:54

Tomado de  www.ambitojuridico.com

".....Un Juez Penal del Circuito de Lérida (Tolima) fue condenado como autor del delito de prevaricato por acción, por proferir un fallo de tutela manifiestamente ilegal relacionado con la pensión gracia de varios docentes.

 

El apoderado del fallador interpuso recurso de apelación y argumentó un error de tipo, pues alegó que la ubicación del juzgado que dirigía el acusado en un municipio tolimense, alejado de la capital de la República, le impedía conocer de manera inmediata la jurisprudencia de las altas cortes. Además, agregó que para el año 2006 no era uniforme la posición sobre su fuerza vinculante. (Lea: Absuelven de prevaricato a jueza que aplicó erróneamente excepción procesal durante una restitución)

 

Al respecto, la corporación indicó que estos fundamentos carecen de la virtualidad de fundar un error de tipo, por las siguientes razones:

  1. El recurrente no precisó cuál sería la tesis interpretativa de uno de los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, ni se advierte que pueda existir, y vale decir que este conocimiento habría impedido la violación ostensible de las condiciones legales de procedencia de la tutela.

  2. Según el fallo, al juez se le acusó y condenó por la infracción directa e inmediata de normas legales, no por la de un precedente vertical. Por ello se asegura que la ignorancia en nada desvirtuaba la condena o, por lo menos, el defensor no explicó cómo pudo ocurrir. En todo caso, no se acreditó en el proceso la existencia de interpretaciones jurisprudenciales divergentes respecto de las normas legales infringidas.

  3. Frente al argumento de que las decisiones de las altas cortes, supuestamente, no eran novedosas para la época en que se profirió el fallo de tutela, pues se habían producido muchos años atrás, la Corte asegura que aun si fuera cierto que el acusado no tuvo conocimiento inmediato de tales providencias, es decir, desde su expedición, ello no implica necesariamente que esa ignorancia se prolongue por varios años, entre otras cosas.

 

Por otra parte, el abogado también solicitó que se revoque la decisión de imponer la pena accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, por cuanto el delito fue cometido en el cumplimiento de las tareas propias del cargo de juez y no de las del litigio, por lo que considera ilegal la aplicación simultánea de la inhabilitación.

 

La corporación revocó la inhabilitación temporal para el ejercicio como abogado, indicando que es inaplicable en la medida en que la conducta punible no está relacionada con el ejercicio del Derecho, sino con los deberes propios de la función (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-24542018 (50039), Jun. 27/18...."

 
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