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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Ante allanamiento o preacuerdo, incremento de la pena es inaplicable para algunos delitos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 16 de Noviembre de 2017 20:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al desatar una acción de revisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que en el año 2013 modificó su criterio jurídico y señaló que, de acuerdo con la finalidad del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, el incremento de pena previsto en esta disposición es inaplicable cuando el imputado se allana a cargos o preacuerda con la fiscalía por alguno de los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, se hallan excluidos de todo beneficio judicial y administrativo. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores. (Lea: Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos)

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

  1. El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

  2. No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

  3. La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

En tal sentido, afirmó que reconocer dicho aumento justificado en la necesidad de incrementar las penas para los delitos como consecuencia del derecho premial concebido en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) rompe la razonabilidad y proporción de la sanción penal en los casos de allanamiento y preacuerdo por delitos contemplados en la prohibición del artículo 26 indicado (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-141092017 (48248), 06/09/17..."

Última actualización el Jueves, 16 de Noviembre de 2017 21:00
 
.Precisan presupuestos procesales esenciales de la acción de tutela PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 16 de Noviembre de 2017 20:56

Tomado  de  www.legismovil.com

"... (10:45 a.m.)

La Sección Quinta del Consejo de Estado recuerda sobre la acción de tutela que la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable son necesarios para que el juez constitucional pueda inmiscuirse en determinada controversia constitucional, con fundamento en el Decreto 2591 de 1991. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico, y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez)

 

Noticia generada en Nov. 16/17 (10:45 a.m.)..."

Última actualización el Jueves, 16 de Noviembre de 2017 20:57
 
TEMAS VARIOS 5 OCTUBRE DE 2017 PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 05 de Octubre de 2017 21:24

Tomado de  www.legismovil y www.ambitojuridico.com.

"...Corte resalta la importancia de aportar elementos para decidir casos de lesiones personales

05 de octubre del 2017.....................Al resolver un recurso extraordinario de casación que atacaba la condena a un ciudadano por el delito de lesiones personales dolosas ocasionadas con un martillo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la Fiscalía incurrió en una deficiencia adjetiva y probatoria.

Según la corporación, el ente acusador se abstuvo de solicitar e incorporar documentos de esencial importancia en el propósito de profundizar la averiguación de los signos encontrados en la humanidad de la víctima, como la historia clínica y las evaluaciones previas de Medicina Legal.

De acuerdo con el concepto del perito, un martillo, por la masa y los bordes romos, deja señales en los tejidos blandos de equimosis o hematomas y, dependiendo la fuerza aplicada, pueden lograr fracturas en las partes afectadas, sin que se encontraran tales hallazgos en la víctima. Incluso, con base en la valoración, no se logró definir la clase de elemento empleado para causar las contusiones.

Lo anterior, según el alto tribunal, “para definir de forma exacta el mecanismo o elemento causal con el que fueron originadas las lesiones, aspecto que, contrario a lo expresado por la decisión de instancia, sí era relevante, dadas las particularidades de los acontecimientos”.

Vale la pena decir que por esta situación la Sala decidió casar la sentencia y, por ende, rebajó ostensiblemente la pena, pues pasó de 48 meses de prisión y multa de 34.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 16 meses de prisión y multa de 6.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (M. P. Eyder Patiño Cabrera)...."

"....Juez de consulta que conoce en segunda instancia conserva competencia en incidente de desacato (10:31 a.m.)

Al conocer en sede de consulta la providencia que declaró el incumplimiento y desacato de una orden impartida en un proceso de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado estudió si se configuraron los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para modular la orden dada en un fallo de tutela, y si se garantizó el debido proceso y el principio de proporcionalidad de la sanción a una funcionaria renuente. Con relación al cumplimiento de las sentencias de tutela, el Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 47 que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia, por lo que jurídicamente es una manifestación del ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio y su trámite tiene carácter incidental. Se precisa que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales protegidos. Recuerda la corporación judicial que para conocer un incidente de desacato es competente el juez al que le correspondió conocer la acción y el juez al que le correspondió resolver la impugnación, si la hubo. Así, cuando el juez de la consulta también conoció en segunda instancia de la acción de tutela, conserva la competencia especial en materia de órdenes y, por lo tanto, puede modificar en sede de consulta los aspectos accidentales de la orden que hubiese sido impartida en la sentencia, con miras a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, reiteró el Consejo de Estado.

Noticia generada en Oct. 5/17 (10:31 a.m.)

CSJ Sala Penal, Sentencia SP134512017 (48231), 30/08/17...."

 

"...Regla del otro tanto no es procedente al tasar multa bajo concurso de delitos

05 de octubre del 2017..................................La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó que para tasar la pena de multa bajo el concurso de conductas punibles se debe aplicar la disposición establecida en el numeral 4º del artículo 39 del Código Penal (Ley 599 del 2000), que regula esta clase de pena principal.

En efecto, este precepto indica que “en caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa”.

Así las cosas, en el caso analizado, la juez no podía adicionar otro tanto a la pena de multa fijada para el delito base de 118.629 salarios mínimos mensuales, que para el caso fue de 20 salarios mínimos mensuales por el delito de concierto para delinquir, con el fin de imponer una multa total de 138.629 salarios mínimos, pues debía sumar el valor de cada multa individualmente considerada.

Para restablecer el principio de legalidad, la corporación sustrajo la cantidad mencionada, arrojando nuevamente el total de 118.629 salarios mínimos mensuales, que reducidos en un 50 %, debido al allanamiento de cargos, da una suma definitiva de 59.314 salarios mínimos mensuales (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-118732017 (50346), 09/08/17.."

Última actualización el Jueves, 05 de Octubre de 2017 21:30
 
FALLOS RELEVANTES RECIENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:22
Última actualización el Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:25
 
La sola solicitud de un funcionario a otro para tener en cuenta un candidato no constituye tráfico de influencias PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 26 de Septiembre de 2017 21:25

Tomado  de  www.legismovil.com

 

"..La mera solicitud de un funcionario a otro para que tenga en cuenta a un candidato para ocupar un cargo no constituye el delito de tráfico de influencias, ni ningún otro, aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aclaró que no ocurre lo mismo cuando está acompañada de una presión o de un claro favoritismo hacia alguien que no reúne los requisitos para ocupar un cargo o que se encuentra en menores condiciones de quien lo ocupa, pues en ese evento sería evidente que el servicio a la comunidad habría cedido a unos reprochables a apetitos burocráticos. Así mismo, indicó que la verdadera esencia de esta conducta, que tiene que ver tanto con la idoneidad de la acción como con el carácter indebido de la influencia ejercida, radica en que el sujeto activo imponga o haga prevalecer su condición sobre otro servidor público. Ello significa que tanto por la forma como hace la solicitud, como por su rango de superioridad tiene la entidad de incidir en un asunto del que conoce o va a conocer (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).

...."

Última actualización el Martes, 26 de Septiembre de 2017 21:26
 
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