company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

NO OPERA AGRAVANTE PORTE ARMA Y MEDIO MOTORIZADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Arturo Polania   
Martes, 09 de Marzo de 2010 23:09

Proceso No 29979

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 309

Bogotá, D. C., ventisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008)

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. La situación fáctica que dio origen al presente proceso fue reseñada por el ad quem de la siguiente manera:

En la tarde del 10 de septiembre de 2007, Luis Alfredo Carrero Pineda tomaba fotografías a un automotor en compañía de su menor hija y de Henry Fernando Beltrán Cifuentes, en el sector de la calle 52 Sur con carrera 24 C, en inmediaciones del parque San Bartolomé de esta ciudad, momento en el cual arribó al sitio Ángelo Arango Garavito, quien con el pretexto de preguntar la hora al primero mencionado le exigió la entrega de la cámara fotográfica Hewlett Packcard que portaba, avaluada en la suma de setecientos mil pesos.

Al percatarse Beltrán Cifuentes del forcejeo por el aparato, gritó y se lanzó a proteger a la menor, pero el sujeto que los intimidaba esgrimió entonces el arma de fuego que disparó para ocasionarle en el pie las heridas que determinaron veinticinco días de incapacidad.

Después, el asaltante se dirigió hacia el lugar donde lo aguardaba HELMAN GALEANO FLÓREZ en la motocicleta de placas LSD-91A, utilizada para emprender la retirada, seguidos de los miembros de la fuerza pública. Empero, fueron capturados en posesión del revólver calibre .38 largo de número interno 23014, portado sin permiso expedido por la autoridad competente”.

2. Por los anteriores hechos, la Fiscalía General de la Nación, en audiencia preliminar, les imputó a los capturados la realización de las conductas punibles de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 111, 112 inciso 1º, 239, 240 inciso siguiente al numeral 4, 241 numeral 10 y 365 numeral 1 del Código Penal, ley 599 de 2000, con las modificaciones que a los tipos básicos introdujeron las leyes 890 de 2004 y 1142 de 2007.

3. Antes de que vencieran los términos de la investigación, el Fiscal presentó un escrito de preacuerdo, según el cual HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito aceptaban cargos por los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (sin la circunstancia de agravación imputada inicialmente para esta última conducta), a cambio de que en la dosificación punitiva el funcionario judicial partiera de los mínimos y les concediera una rebaja del cincuenta por ciento de la pena.

4. En la audiencia de verificación de la legalidad del preacuerdo, el Juez Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá, una vez escuchó los términos de la negociación, procedió a efectuarles preguntas a las partes, relacionadas con la imputación, en audiencia preliminar, de la agravante específica de que trata el numeral 1 del artículo 365 del Código Penal, así como con la configuración típica de la misma en el caso concreto.

A raíz de lo anterior, tanto el Fiscal como los defensores de HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito modificaron los términos de la transacción, en el sentido de que estos últimos aceptaban los cargos imputados, a cambio únicamente de que se les eliminara la circunstancia de agravación en comento, relativa a la utilización de medios motorizados en la ejecución del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

5. Aprobada la legalidad del preacuerdo, el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá condenó a los procesados a la pena principal de treinta y ocho meses de prisión, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a la privación del derecho de tenencia y porte de armas de fuego por lapsos iguales a los de la sanción principal.

En la dosificación punitiva, sin embargo, el a quo partió de la calificación jurídica prevista en el escrito del preacuerdo, es decir, de la correspondiente a los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, sin la circunstancia de agravación señalada el numeral 1 del artículo 365 del Código Penal, y, así mismo, le reconoció a la pena debidamente individualizada la rebaja del cincuenta por ciento de la misma, tal como se había pactado en la negociación original.

6. Apelada dicha providencia por el Fiscal, quien consideró que el Juez no respetó los límites del preacuerdo a la postre ajustado, el Tribunal Superior de Bogotá le halló la razón y, en consecuencia, incrementó la pena principal a setenta y seis meses de prisión, después de eliminar la rebaja del cincuenta por ciento.

7. Contra el fallo de segundo grado, el apoderado de HELMAN GALEANO FLÓREZ interpuso el recurso extraordinario de casación, por lo que, una vez admitida la demanda, se adelantó ante la Sala la respectiva audiencia de sustentación.

LA DEMANDA

1. Al amparo de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 181 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente para el sistema acusatorio, el profesional del derecho solicitó a la Corte que decretara la nulidad de lo actuado a partir del momento en que se instaló la audiencia de verificación de legalidad del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y los procesados.

Adujo en sustento de tal solicitud que hubo vulneración del derecho de asistencia técnica en cabeza de HELMAN GALEANO FLÓREZ, por cuanto en el desarrollo de la referida audiencia, y ante las inquietudes planteadas por el funcionario de conocimiento, la defensa no mantuvo los términos originales del preacuerdo y logró, como única rebaja punitiva, la supresión de una agravante para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Explicó que, cuando el Juez Veinticinco Penal del Circuito preguntó si la mencionada conducta punible era agravada, el Fiscal mostró deficiencias argumentativas en aras de sustentar la calificación, ante lo cual el funcionario cuestionó los términos de lo pactado, en el entendido de que las partes querían una doble rebaja, es decir, si querían eliminar la agravante debidamente imputada y, al mismo tiempo, reconocer la rebaja del cincuenta por ciento.

Así mismo, señaló que, por lo anterior, la entonces defensora de HELMAN GALEANO FLÓREZ, en una desatinada intervención, adujo que las conductas acerca de las cuales se aceptó la responsabilidad habían sido todas y cada una de las imputadas en la audiencia preliminar de formulación, sin percatarse de que con ello incluía la admisión de responsabilidad de la circunstancia agravante en comento.

Consideró entonces que, aunque el Juez no objetó formalmente lo pactado, sí lo cuestionó de manera tangencial en lo que a la agravante del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones se refiere, lo cual suscitó que la defensa de HELMAN GALEANO FLÓREZ, evidenciando tanto ineptitud como falta de preparación, coadyuvara una modificación a los términos del acuerdo que repercutió en detrimento de los intereses del procesado, pues de haber accedido inicialmente a una pena de treinta y ocho meses de prisión al final se le impuso una condena de setenta y seis meses.

Igualmente, hizo alusión a las condiciones personales de los acusados, quienes al evidenciar un abierto desconocimiento de las circunstancias que rodearon el desarrollo de la actuación no tuvieron idea del por qué la sanción impuesta por el a quo se les duplicó.

Precisó además que, cuando el Juez Veinticinco Penal de Circuito hizo caso omiso del acuerdo al final ajustado y condenó por el que en un principio se había presentado, quiso evitar los efectos dañinos del actuar imperito de las partes, mientras que el Tribunal, al resolver la apelación de la Fiscalía, calificó como acertados los reproches del recurrente y sustrajo la disminución del cincuenta por ciento de la pena para corresponderla con los términos modificados de la negociación, sin tener en cuenta que con ello materializaba el agravio sufrido por HELMAN GALEANO FLÓREZ como consecuencia de haber estado desprovisto de defensa técnica.

2. De manera subsidiaria, planteó el demandante con fundamento en la causal segunda de casación otra afectación al derecho de defensa, debido a que, en el desarrollo de la audiencia de debate oral para la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el acusado no estuvo asistido por defensor alguno, a pesar de que la presencia de este último era necesaria para controvertir los argumentos que presentara la parte que sí recurrió.

Por lo tanto, solicitó a la Corte casar el fallo de segunda instancia y, en su lugar, decretar la nulidad de lo actuado desde la instalación de la audiencia en comento.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN ORAL

1. El recurrente, en su intervención, no adicionó argumento alguno a lo sustentado en el escrito de demanda. Por su parte, la defensora de Ángelo Arango Garavito, en su condición de no recurrente, tampoco presentó consideraciones al respecto.

2. En cambio, el representante de la Fiscalía General de la Nación intervino con el fin de oponerse a las pretensiones del demandante, para lo cual sostuvo que la comprobación que efectúa el juez de conocimiento acerca de la legalidad tanto formal como material de un preacuerdo debe cubrir el respeto irrestricto de derechos y garantías fundamentales, y en particular la legalidad de los delitos y las penas, el debido proceso y la estricta tipicidad, razón por la cual puede provocar, en muchas ocasiones, alteraciones en los términos de las negociaciones adelantadas entre las partes, que en tanto sean respetuosas del derecho sustancial deberán ser de obligatoria aprobación para el funcionario judicial.

Precisó que, en el presente asunto, la tipicidad no fue objeto de discusión por parte de las instancias ni en la demanda de casación, aparte de que hay consonancia entre los delitos imputados en la audiencia preliminar de formulación y los acordados ante el juez de conocimiento.

Agregó, entonces, que el problema consistió en que el funcionario advirtió en los términos del escrito de preacuerdo la concurrencia de una doble rebaja, pues con el mismo las partes no sólo estaban eliminando la circunstancia de agravación específica de que trata el numeral 1 del artículo 365 del Código Penal, sino que también pretendían el reconocimiento de la rebaja del cincuenta por ciento de la pena imponible, en detrimento de lo señalado en el inciso 2º del artículo 351 de la ley 906 de 2004, irregularidad frente a la cual el Juez, que bien hubiera podido rechazar la negociación, optó por interrogar al representante del organismo acusador acerca de la agravante en comento y fue entonces cuando, previo receso, las partes reajustaron el pacto a lo previsto en la norma procesal echada de menos.

Sostuvo que con tal proceder el funcionario de conocimiento no sólo actuó de la manera más práctica en aras de propiciar el reajuste de la negociación, sino que además logró la eficacia del ejercicio de la justicia, la economía procesal y el cumplimiento de los fines del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, al igual que obró en ejercicio del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, e incluso garantizó un castigo proporcionado a la colaboración prestada por los imputados.

Añadió que pretender la inamovilidad del preacuerdo como lo planteó el demandante desconoce que debe haber una correcta adecuación típica de la conducta, sin que sea posible eliminar el control del funcionario de conocimiento, ni tampoco desnaturalizar los principios rectores del sistema acusatorio, ni mucho menos violar lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 351 de la ley 906 de 2004.

Concluyó, por lo tanto, que fue un desacierto del recurrente predicar la ausencia de defensa técnica en la audiencia de aprobación del preacuerdo, máxime cuando el Juez interrogó a los procesados después de precisar los términos modificados de la negociación y ellos no formularon objeciones a los mismos ni a sus consecuencias.

Solicitó a la Corte, por consiguiente, no casar el fallo de segunda instancia en razón del reproche formulado.

3. En relación con el cargo subsidiario, el Fiscal adujo que de los artículos 178 y 179 del Código de Procedimiento Penal se desprende que la asistencia de los no recurrentes a la audiencia de sustentación del recurso de apelación no es obligatoria, sino potestativa, de manera que si el procesado está presente en esa diligencia puede ser escuchado sin que sea imprescindible la asesoría de su defensor y, por lo tanto, el reproche del demandante resulta infundado.

En consecuencia, solicitó a la Corte no casar la sentencia objeto del extraordinario recurso.

CONSIDERACIONES

1. Planteamiento del problema jurídico y temas de análisis

La Sala advierte que los fundamentos de la presente providencia se circunscribirán al estudio del cargo principal propuesto por el recurrente, sin que sea necesario abordar el análisis del que planteó como subsidiario, en la medida en que el primero está llamado a prosperar, a pesar de los patentes defectos en materia de lógica y debida argumentación en el escrito de demanda.

En efecto, si bien es cierto que el demandante orientó la formulación del reproche en comento hacia la posible vulneración del derecho de representación eficaz que le asiste a HELMAN GALEANO FLÓREZ (en el entendido de que la profesional del derecho que para la audiencia de control de legalidad del preacuerdo lo asesoraba coadyuvó una modificación de los términos del mismo en detrimento de sus intereses), también es cierto que, de una adecuada comprensión de la situación fáctica y procesal que subyace a tal postura, el principal problema jurídico por resolver radica, tal como lo advirtió el representante de la Fiscalía General de la Nación en su intervención como no recurrente, en responder lo siguiente:

¿Puede el juez de conocimiento optar por promover entre las partes la modificación o el reajuste en audiencia de los términos de un preacuerdo, en lugar de proceder a la no aprobación o al rechazo del mismo (tal como se desprende de lo señalado en los artículos 351 inciso 4º y 368 inciso 2º de la ley 906 de 2004), si en todo caso está obrando en virtud del control formal y material que le asiste como supremo garante de la legalidad de la actuación y como defensor absoluto de las garantías judiciales, incluida la salvaguarda de la estricta jurisdiccionalidad del sistema?

Para el Fiscal Delegado, la respuesta a dicho interrogante es afirmativa, en la medida en que, por un lado, no encuentra por ello afectación alguna a los principios que rigen el sistema acusatorio y, por el otro, lo considera un acto pragmático que satisface otros fines y valores de idéntico raigambre, como la eficacia, la economía procesal, la supremacía de lo sustancial y la proporcionalidad.

Para la Sala, por el contrario, un proceder como el desplegado por el Juez Veinticinco Penal del Circuito en la audiencia de verificación de la legalidad del preacuerdo no sólo desconoce principios inherentes al sistema (como el de imparcialidad y el mismo principio acusatorio), sino que además repercute en detrimento de la congruencia predicable entre la imputación fáctica y la imputación jurídica a la postre señalada por las partes, a raíz de lo cual suscitó en el presente asunto una vulneración a la garantía del debido proceso, que por lo demás trascendió en detrimento de los derechos fundamentales de los imputados.

Como sustento de lo anterior, la Corte se referirá, en primer lugar, al origen de la obligatoriedad que para el juez de conocimiento ostentan los términos objeto de negociación entre las partes, tal como se dio en el país de donde provino esta modalidad de justicia consensuada.

En segundo lugar, la Sala abordará las restricciones de orden superior que se derivan del traslado de la figura de las negociaciones y preacuerdos hacia un Estado Constitucional de Derecho como lo es el colombiano y, en especial, lo pertinente a la debida observancia del principio de estricta jurisdiccionalidad.

En tercer lugar, se estudiarán las consecuencias que para los principios que rigen la ley 906 de 2004 implicaría una actuación del funcionario de conocimiento llamado a controlar la legalidad de la negociación distinta a la de rechazar el acuerdo presentado por las partes cuando hubiere vulneración o desconocimiento de garantías fundamentales.

Y, por último, la Corte analizará a la luz de los anteriores fundamentos el proceder del Juez Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá en el presente asunto.

2. Del origen de la fuerza vinculante de los preacuerdos

2.1. En el sistema de derecho procesal de los Estados Unidos de Norteamérica, las manifestaciones de culpabilidad por parte del acusado (conocidas coloquialmente como plea of guilty) eran acogidas por los funcionarios judiciales, en un principio, sin obligación ni contraprestación formal alguna, aunque éstas solían darse en el entendido de que, por tradición, la pena para quien se sometía a la clemencia del juez o del tribunal podía ser sustancialmente más beneficiosa en comparación a la que se le aplicaba a quien era vencido en juicio y declarado culpable por un jurado.

Así lo reconocía la Corte Suprema del Estado de Wisconsin en 1966:

Es de notoriedad pública que existe una práctica ampliamente difundida en las jurisdicciones americanas de aceptar las pleas of guilty y de imponer penas más leves que las generalmente señaladas para la misma infracción después del juicio[1].

Lo anterior, sin embargo, no significaba que en todos y cada uno de los casos los jueces tratasen con mayor benevolencia a quien se declarara penalmente responsable y renunciara a los derechos de no incriminarse y de ser juzgado por un jurado, pues no faltaban los funcionarios que en atención a la justicia material del caso concreto, o por su particular postura político criminal acerca del delito cometido, imponían a los culpables confesos sanciones ejemplares, a pesar de que la parte acusadora hubiese recomendado una pena más benigna por el hecho de haberse acogido a los cargos.

De ahí que, cuando la manifestación de culpabilidad era el fruto de una negociación previa con el representante del órgano acusador (figura conocida como plea bargaining), el acusado no tenía la plena garantía de que las rebajas o beneficios prometidos por el Fiscal llegasen a ser reconocidos por el juez o tribunal llamado a proferir la decisión de fondo.

Dichas declaraciones negociadas de responsabilidad, aunque habían comenzado a practicarse desde comienzos del siglo pasado, no eran consignadas en actas ni comunicadas al funcionario judicial sino que, por el contrario, se practicaban de manera subrepticia y por fuera del procedimiento formal, pues desde un principio la opinión dominante las consideró inconstitucionales, ante la posibilidad de constituir una forma de coartar la voluntad:

Aun cuando se produjeran transacciones en la mayor parte de las prosecutions, el fenómeno debía permanecer oficialmente oculto porque la admisión de culpabilidad provocada por presiones o promesas del prosecutor podía constituir causa de nulidad del procedimiento[2].

Tal situación cambió a partir de 1971, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Santobello vs. Nueva York, reconoció la figura de las manifestaciones de culpabilidad pactadas entre la acusación y la defensa como un componente esencial del debido proceso. En palabras de dicha corporación:

La definición de los procesos penales mediante un acuerdo entre el Fiscal y el acusado, procedimiento que a veces viene sintéticamente indicado con la expresión plea bargaining, representa un componente esencial de la administración de justicia. Correctamente administrada, la negociación debe ser alentada. Si todas las acusaciones hubieran de ser llevadas al juicio oral, a fin de lograr una completa actividad procesal [full-scale trial], los Estados y el propio Gobierno Federal necesitarían aumentar considerablemente el número de jueces y los medios de los tribunales.

La disposición sobre los cargos tras las plea discussions no es sólo una parte esencial del proceso, sino que representa, además, un mecanismo altamente deseable por múltiples razones. Conduce a una rápida y definitiva resolución de la mayoría de los procesos penales; evita muchos de los efectos corrosivos debidos a la forzosa ociosidad durante la prisión preventiva de aquellos a quienes les ha sido denegada la libertad en espera del juicio [pretrial release]; protege a la sociedad de aquellos acusados inclinados a persistir en su conducta criminal incluso durante el pretrial release; y, abreviando los plazos que discurren entre la acusación y la sentencia, incrementa las perspectivas de rehabilitación del culpable una vez que, pronunciada la condena, éste venga sometido al tratamiento penitenciario[3].

En la actualidad, la obligatoriedad de los términos materia de acuerdo para los jueces estadounidenses es en la práctica casi que absoluta, pues su actuación no va más allá de verificar que la aceptación de los términos de negociación sea libre, consciente y voluntaria por parte del procesado, y de ahí que en la doctrina se haya criticado que su papel en ese sentido es más administrativo que judicial:

Hoy la negociación, una vez concluida, es comunicada al juez y se hace mención de ella en el acta del proceso, pero el juicio recuerda de algún modo la documentación o protocolización de un acto ante Notario: el fiscal y el defensor se presentan ante el juez, quien les pregunta si han llegado o no a un acuerdo; en caso de respuesta afirmativa, el magistrado comprueba la existencia de algunas condiciones de validez del mismo (p. ej., se asegura de que el acusado haya comprendido bien las consecuencias de su admisión de culpabilidad y los derechos a los que renuncia). Tras ello, el acuerdo recibe –generalmente– la ratificación del juez[4].

Adicionalmente, en la mayor parte de los Estados, la intervención del juez en las negociaciones está prohibida de manera expresa, tal como lo contempla el inciso final del artículo 11 literal e) numeral 1 de las Reglas Federales sobre el Enjuiciamiento Criminal. Tan solo Carolina del Norte permite una participación activa del funcionario en las discusiones y, sin embargo, el Tribunal Supremo de dicho Estado ha sido enfático en precisar que ésta de ningún modo puede incidir en la voluntad del acusado o en el juicio oral que a la postre se lleve a cabo:

[…] la North Carolina Supreme Court ha establecido dos principios fundamentales: en primer lugar, el imputado inducido a declararse culpable por las presiones ejercidas sobre él por el juez puede impugnar la condena alegando la no espontaneidad de la declaración; en segundo término, el imputado que se declara inocente y persiste en exigir el jury trial no puede, sólo por eso, ser castigado o sufrir tratamientos vejatorios[5].

2.2. Ahora bien, el principal reparo que, desde la doctrina (y en particular desde la teoría del garantismo penal), se le ha hecho al sistema de justicia consensuada estadounidense radica en el hecho de que la ausencia total de un control distinto a la verificación de la aquiescencia del imputado riñe con uno de los fundamentos democráticos de la legitimación del poder judicial, consistente en la función de averiguar la verdad procesal conforme a las garantías del debido proceso:

Esta legitimación no tiene nada que ver con la de la democracia política, ligada a la representación. No se deriva de la voluntad de la mayoría, de la que asimismo la ley es expresión. Su fundamento es únicamente la intangibilidad de los derechos fundamentales. Y, sin embargo, es una legitimación democrática de los jueces, derivada de su función de garantía de los derechos fundamentales sobre la que se basa […] la ‘democracia sustancial’ […]

”[…] Ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o falso lo que es verdadero, ni, por tanto, legitimar con su consenso una condena infundada por haber sido decidida sin pruebas […], ningún consenso –ni el de la mayoría, ni el del imputado– puede valer como criterio de formación de la prueba[6].

Así mismo, se ha señalado que el acuerdo sin ningún control de tipo jurídico tiende más a reflejar el criterio que haya logrado imponer una de las partes que la verdad real de lo acontecido:

Como lo enseña la psicología del juego de la negociación, el más poderoso, concretamente, es quien impone sus fines, pero por su posición de poder más fuerte y no por su mejor posición jurídica. Por tanto, los acuerdos transforman al proceso penal, concebido hasta ahora como un conflicto de valores decidido por el juez como un tercero imparcial, en una regulación de conflictos regidos por criterios de poder y no por criterios jurídicos[7].

En este orden de ideas, ningún procedimiento penal con fundamento en el respeto de la dignidad humana y orientado a la búsqueda de un orden justo, como lo sería el de todo Estado Social y Democrático de Derecho que se precie de serlo, podría condenar a una persona bajo el presupuesto de una verdad meramente formal, sustentada tan solo en el consenso que tanto el organismo acusador como el procesado manifiesten ante el juez de conocimiento, sin que este último tenga la posibilidad de verificar que no se hayan afectado derechos y garantías fundamentales.

3. Del control que ejerce el juez de conocimiento en materia de preacuerdos y el principio de estricta jurisdiccionalidad

3.1. Con base en lo analizado en precedencia, el traslado al sistema procesal colombiano de la figura de los preacuerdos y negociaciones, que es propia del derecho estadounidense, no puede desligarse de la sujeción irrestricta a criterios y valores del Estado Social de Derecho, sin perjuicio de que la manifestación de responsabilidad penal por parte del imputado implique de por sí la renuncia a derechos fundamentales como el de no incriminarse y el de tener un juicio con todas las garantías judiciales, tal como está consagrado en los literales b), k) y l) del artículo 8 de la ley 906 de 2004:

Artículo 8-. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

”[…]

”b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad.

”[…]

”k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate.

”l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k), siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesora-miento de su abogado defensor”.

Acerca de la renuncia a tales derechos para efectos de adelantar negociaciones con la parte Fiscal, la Corte Constitucional fue enfática al destacar en la sentencia C-1260 de 2005 que ello no vulnera la Carta Política, en la medida en que la voluntad libre, consciente e informada del imputado, quien siempre deberá estar asesorado por su defensor, sea constatada por el funcionario de conocimiento mediante un interrogatorio y con la presencia del Ministerio Público.

Así mismo, el máximo tribunal en sede de control constitucional consideró ajustado a la norma superior que los preacuerdos sólo tengan fuerza vinculante para el juez cuando no vulneren las garantías fundamentales, de manera que, si éste advierte cualquier menoscabo en tal sentido, rechazará la manifestación de culpabilidad del imputado[8]. Esto último, con fundamento en una interpretación armónica y sistemática del inciso 4º del artículo 351 y del inciso 2º del artículo 368 de la ley 906 de 2004, que señalan lo siguiente:

Artículo 351-. Modalidades. […]

”[…]

Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Artículo 368-. Condiciones de validez de la manifestación. […]

“[…]

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la referida providencia, reiteró la doctrina plasmada en el fallo C-425 de 1996 para el trámite de la figura de la sentencia anticipada, en el sentido de que el juez de conocimiento deberá rechazar toda manifestación de culpabilidad frente a cualquier error fáctico o jurídico que implique menoscabo a los derechos y garantías fundamentales, tal como se hacía en el anterior sistema procesal penal:

“[…] es el juez del conocimiento quien debe velar por la protección de los derechos fundamentales del procesado, mediante un control de legalidad de la actuación, el que cubre no sólo los aspectos formales o procedimentales sino también los sustanciales o de fondo.

”[…]

”[…] En consecuencia, resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario competente, en cada caso, puede desvirtuar la confesión, por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso[9].

Este criterio acerca del control sustancial que ejerce el juez ya había sido aludido por la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 2005 para el sistema de procedimiento penal consagrado en la ley 906 de 2004:

“[…] la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, [pues tiene que] buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, […] ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad[10].

También fue ratificado de manera más reciente en el fallo C-516 de 2007, cuando dicho tribunal sostuvo que el control que ejerce el funcionario de conocimiento es de carácter eminentemente judicial:

El control sobre los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el acusado o imputado es judicial, debe ser ejercido por el juez de conocimiento, quien verificará si el mismo desconoce o quebranta garantías fundamentales. Sólo recibirán aprobación y serán vinculantes para el juez de conocimiento cuando superen este juicio sobre la satisfacción de las garantías fundamentales de todos los involucrados en la actuación (arts. 350 inciso 1° y 351 inciso 4° y 5°).

El ámbito y naturaleza del control que ejerce el juez de conocimiento está determinado por los principios que rigen su actuación dentro del proceso penal como son el respeto por los derechos fundamentales de quienes intervienen en la actuación y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia (art.10); el imperativo de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), así como el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia (art. 5)[11].

3.2. Ahora bien, respecto de los controles que en particular debe efectuar el funcionario de conocimiento dentro de la verificación de la legalidad del preacuerdo (además de la concurrencia de evidencia mínima suficiente para llegar al convencimiento, más allá de toda duda razonable, acerca de la participación y responsabilidad del procesado en los hechos materia de imputación, según lo establecen el inciso final del artículo 327[12] y el inciso 1º del artículo 381[13] de la ley 906 de 2004), tanto la jurisprudencia constitucional como la de la Sala se han referido a la debida consonancia que debe haber entre la situación fáctica atribuida por la Fiscalía y la calificación jurídica que de la misma este organismo plasme en el escrito correspondiente.

En efecto, por un lado, la Corte Constitucional, al analizar a la luz de la Carta Política el numeral 2 del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, llegó a la conclusión de que al Fiscal no le está permitido imputar la acción realizada por el procesado de modo que desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los aspectos que integran la conducta fáctica achacada:

“[…] tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de adecuación típica, según la cual se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero, de otro lado, en esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.

En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aun mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal.

La Corte reafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor[14].

Por otro lado, la Sala, a partir del fallo de fecha 19 de octubre de 2006[15], ha sostenido una línea jurisprudencial según la cual, tanto en materia de allanamientos como de preacuerdos y negociaciones, el respectivo funcionario judicial deberá verificar que en cada caso se presente una correcta adecuación típica de los hechos:

El descuido […] también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose de su función de controlar la legalidad de los actos de allanamiento, su labor no puede ser la de simples observadores. Equivocadamente, algunos juzgadores han entendido que esa tarea se limita a verificar que la aceptación del imputado sea libre, voluntaria y con la debida asistencia de su defensor, cuando por mandato legal se les impone el deber de velar por el respeto irrestricto a las garantías fundamentales (artículos 6 y 351 inciso 4º del Código de Procedimiento Penal), dentro de las cuales, a no dudarlo, se encuentran la de la legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta, principios protegidos como derechos constitucionales fundamenta-les por el artículo 29 de la Carta Política[16].

Dentro de la teoría del garantismo penal, el principio a que se hace mención en la citada providencia es el emanado del principio de estricta jurisdiccionalidad de la actuación procesal, que a su vez está en íntima conexión con el de estricta legalidad tanto de los delitos como de las penas. Acerca de estos principios, la Sala, en pretérita oportunidad[17], ha precisado lo siguiente en relación con el contenido mínimo que en materia de imputación debe contener toda acusación o su equivalente:

Según Luigi Ferrajoli, el principio de estricta legalidad, que se encuentra integrado con los axiomas nulla lex poenalis sine necesítate, sine iniuria, sine actione, sine culpa, sine indicio, sine accusatione, sine probatione, sine defensione, no sólo está relacionado con una reserva absoluta de la norma penal y su contenido sustancial, sino también “implica todas las demás garantías –de la materialidad de la acción al juicio contradictorio– como otras tantas condiciones de verificabilidad y de verificación, y forma por ello también el presupuesto de la estricta jurisdiccionalidad del sistema[18] (destaca la Sala).

Cuando la jurisdiccionalidad en estricto sentido se refiere de manera concreta a la garantía nullum iudicium sine accusatione (o, lo que es lo mismo, a “la garantía procesal de una acusación determinada contra el procesado como acto previo y de delimitación del juicio[19] –se subraya), ello implica que en las actuaciones penales la resolución de acusación (o su equivalente) no sólo debe contener, en materia de lenguaje, la misma rigurosidad orientada hacia la definición y delimitación del caso concreto con la que, en un sentido general y abstracto, el legislador denota dentro de las normas jurídico penales las acciones que considera punibles, sino que además “debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin[20].

En palabras más sencillas, la acusación, para efectos de su verificación y refutación durante la etapa del juicio, debe contener una clara e inequívoca delimitación tanto de los hechos jurídicamente relevantes del caso (imputación fáctica) como de los cargos que en razón de tales acontecimientos se formulan (imputación jurídica) en aras de respetar la estricta legalidad y jurisdiccionalidad del sistema[21].

En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada acusación.

Como lo ha señalado la Sala en precedencia, el presupuesto de todo preacuerdo

“[…] consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica[22] (negrillas en el texto original).

3.3. Por último, no sobra precisar que la correlación o consonancia que debe predicarse entre la imputación fáctica y la imputación jurídica que figura en el escrito de preacuerdo no es la misma que el funcionario tiene que constatar frente a la intangibilidad de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación de imputación.

En efecto, esta Corporación, en pretérita oportunidad, ha señalado que entre el acto de imputación y la acusación debe predicarse una inmutabilidad respecto de las circunstancias fácticas inicialmente atribuidas:

Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de correspondencia entre tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación abarcar hechos nuevos.

Lo anterior no conlleva una inmutabilidad jurídica, porque precisamente los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoración jurídica de ese hecho tenga para el momento de la acusación mayores connotaciones que implican su precisión y detalle, además, de exigirse aún la imposibilidad de modificar la imputación jurídica, no tendría sentido que el legislador hubiera previsto la formulación de imputación como primera fase y antecedente de la acusación[23].

En este orden de ideas, para efectos de controlar la legalidad del preacuerdo, el funcionario de conocimiento deberá, en primer lugar, verificar que la situación fáctica referida en el escrito presentado por las partes sea idéntica a los hechos imputados por la Fiscalía en la respectiva audiencia preliminar. Y, a continuación, tendrá que estudiar si dichas circunstancias ostentan una debida consonancia frente a la adecuación típica plasmada en el escrito del preacuerdo, sin perjuicio de que corresponda o no a la calificación jurídica de los hechos atribuida en la formulación de imputación.

En otras palabras, el que en la audiencia preliminar se haya cometido cualquier error en la denominación jurídica de la conducta no implica que tenga algún tipo de relevancia dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes realizan su consenso.

4. De los principios que vinculan al funcionario en el control de la legalidad del preacuerdo y sus consecuencias

4.1. El principio acusatorio, que rige todo el sistema procesal penal regulado por la ley 906 de 2004, es aquel que, en esencia, predica la estricta separación de las funciones de juicio y acusación, y que, en la práctica, se refiere

“[…] a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción[24].

De lo anterior se colige que esta rigurosa separación entre la labor del funcionario judicial y las actividades procesales a cargo de las partes está de manera inexorable ligada al principio de imparcialidad y, en particular, al derecho de todo procesado de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial:

La separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás […]. Comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación –con la consiguiente calidad de espectadores pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la prohibición ne procedat iudex ex officio [de no proceder de oficio]–, sino también, y sobre todo, el papel de parte –en posición de paridad con la defensa– asignado al órgano de la acusación, con la consiguiente falta de poder alguno sobre la persona del imputado. La garantía de la separación, así entendida, representa […] una condición esencial de la imparcialidad […] del juez respecto de las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen al juez[25].

Acerca del principio de imparcialidad y del papel que desempeña el juez dentro del proceso acusatorio, se ha dicho lo siguiente:

En correlación con que la jurisdicción juzga sobre asuntos de otros, la primera exigencia respecto del juez es la que éste no puede ser, al mismo tiempo, parte en el conflicto que se somete a su decisión. La llamada impartialidad, el que juzga no puede ser parte, es una exigencia elemental que hace más a la noción de jurisdicción que a la de proceso, aunque éste implique siempre también la existencia de dos partes parciales enfrentadas entre sí que acuden a un tercero impartial, esto es, que no es parte, y que es el titular de la potestad jurisdiccional. Por lo mismo la impartialidad es algo objetivo que atiende, más que a la imparcialidad y al ánimo del juez, a la misma esencia de la función jurisdiccional, al reparto de funciones en la actuación de la misma. En el drama que es el proceso no se pueden representar por una misma persona el papel de juez y el papel de parte. Es que si el juez fuera también parte no implicaría principalmente negar la imparcialidad, sino desconocer la esencia misma de lo que es la actuación del derecho objetivo por la jurisdicción en un caso concreto[26].

Así mismo, el principio de imparcialidad se halla en directa relación con el fundamento democrático de legitimación judicial, ya examinado en precedencia (supra 2.2), consistente en buscar la verdad y en amparar los derechos fundamentales:

El juez no debe tener ningún interés, ni general ni particular, en una u otra solución de la controversia que está llamado a resolver, al ser su función la de decidir cuál de ellas es verdadera y cuál es falsa. Al mismo tiempo, no tiene por qué ser un sujeto “representativo”, puesto que ningún interés o voluntad que no sea la tutela de los derechos subjetivos lesionados debe condicionar su juicio, ni siquiera el interés de la mayoría, o incluso el de la totalidad de los asociados lesionados: […] al contrario que el poder ejecutivo o el legislativo, que son poderes de mayoría, el juez juzga en nombre del pueblo, pero no de la mayoría, para la tutela de la libertad de las minorías[27].

En este orden de ideas, la garantía de la imparcialidad se traduce, entre otros aspectos que no vienen al caso, en que el funcionario de conocimiento (i) carezca de cualquier interés privado o personal en el resultado del proceso y (ii) ni siquiera busque dentro del mismo un beneficio público o institucional distinto al respeto irrestricto de las garantías fundamentales; particularmente, que no haya ejercido o mostrado la intención de ejercer funciones afines a la acusación, ni tampoco a favor de los designios del procesado, durante el transcurso de la actuación procesal.

4.2. Como ya se señaló en precedencia (supra 3.1), la actividad del funcionario en el ejercicio del control judicial dentro del trámite de las negociaciones adelantadas entre la Fiscalía y el acusado, se limita, de conformidad con lo señalado en los artículos 351 inciso 4º y 368 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, a aprobar el escrito de preacuerdo, caso en el cual los términos consignados en el mismo obligarán al juez en la imposición de la condena, o bien a rechazarlo por vulneración de derechos fundamentales, decisión respecto de la cual las partes podrán interponer el recurso de apelación, tal como lo reconoció la Sala en pretérita providencia[28].

El interrogante que surge entonces frente al problema jurídico que se planteó en un principio (supra 1) reside en establecer si, en armonía con lo hasta ahora analizado, es posible concebir en el juez una actuación distinta a las dos eventualidades contempladas, como lo sería intervenir en audiencia antes de pronunciarse acerca de la legalidad del preacuerdo, con el ánimo de que las partes modifiquen las términos de la negociación, y, de esta manera, ajustar la adecuación típica de la conducta a los hechos materia de imputación.

La respuesta, para la Sala, tiene que ser a todas luces negativa, pues, como ya se adujo en acápites anteriores, el principio acusatorio implica una rígida separación entre el juez y las partes, de manera que, si el funcionario advierte un error en la calificación jurídica de la conducta, lo que tendrá que hacer de manera inmediata en la audiencia de control será rechazar el respectivo acuerdo, para así propiciar la realización de otro que respete la consonancia predicable entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, o bien la continuación ordinaria del proceso, pero si por el contrario no adopta decisión alguna e interviene de cualquier otro modo para alterar tal calificación, lo único que haría sería alterar el equilibrio procesal entre la acusación y defensa, en detrimento de la imparcialidad que le es exigible.

En efecto, si la intervención informal del juez está dirigida a modificar los límites punitivos del acuerdo en detrimento de los intereses del procesado, estaría actuando en pro de la función que le asiste a la Fiscalía como órgano de persecución. En cambio, si interviene para mejorar la situación jurídica del acusado en el acuerdo, estaría evidenciando un interés de índole particular en el proceso.

En cualquiera de estas dos situaciones, el funcionario, además de vulnerar ostensiblemente la imparcialidad, estaría desconociendo el presupuesto primordial del principio acusatorio, según el cual en el proceso penal nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo.

En otras palabras, cuando el juez en ejercicio del control de legalidad obra en defensa de los derechos y garantías fundamentales, tiene que hacerlo siempre y en todos los casos mediante la adopción de decisiones, es decir, mediante providencias debidamente motivadas y susceptibles del ejercicio del derecho de contradicción, así como del principio de doble instancia, y de ninguna manera por intermedio de comportamientos informales, por lo demás no contemplados en la ley, que susciten alteraciones sustanciales en los términos de una negociación, que como tal es del resorte exclusivo de las partes, esto es, tanto del acusado y el defensor como del representante del organismo acusador.

4.3. Ahora bien, en virtud del principio de oralidad y de la dinámica que debe regir el desarrollo de estas audiencias, lo anterior no significa que el funcionario de conocimiento esté en la imposibilidad de interrogar a las partes con el fin de aclarar aspectos relacionados con la adecuación típica de los hechos, o con cualquier otra circunstancia pertinente al trámite del preacuerdo, siempre y cuando su actuación no exceda de tal propósito, es decir, que no determine la modificación de la negociación, ni que desde el punto de vista de un espectador inteligente influya en la espontaneidad de la manifestación de culpabilidad por parte del acusado.

Lo recomendable, sin embargo, es que el escrito que haga las veces de acusación y que contenga los términos previamente acordados no necesite de aclaración, justificación o explicación alguna, y que desde la perspectiva de la estricta jurisdiccionalidad del sistema vislumbre todos los argumentos de hecho y de derecho que sean necesarios para establecer la correspondencia predicable entre la imputación fáctica atribuida en la audiencia de formulación y la imputación jurídica que figure en el documento.

Esto último, por cuanto en materia de subsunción del supuesto fáctico al predicado normativo, la Sala ha reconocido, en no pocas ocasiones, que ello implica una labor tanto interpretativa como valorativa por parte del juez a la hora de analizar la configuración de elementos descriptivos y normativos de los distintos tipos penales, así como la configuración de las causales de agravación y de atenuación, forma de participación y modalidad de imputación al tipo subjetivo, entre otras categorías jurídico penales:

En la época del derecho penal ilustrado, se tenía la idea de que la función del juez no debía ir más allá a la de ser un mero instrumento en la aplicación de la ley, por lo que en principio tenía que limitarse a plantear un sencillo silogismo entre la norma y los hechos objeto de estudio. En palabras de Beccaria, “[e]n todo delito debe hacerse el juez un silogismo perfecto; la [premisa] mayor debe ser la ley general; la menor, la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia, la libertad o la pena[29].

Tal concepción, según la cual la aplicación del derecho se reducía simplemente a la subsunción mecánica de las circunstancias de hecho en la norma jurídica, pronto fue abandonada por errónea, en la medida en que para establecer la relación entre la premisa mayor y la premisa menor el juez de manera necesaria tiene que valorar el sentido y alcance de la norma en lo que a los concretos aspectos fácticos del caso se refiere[30].

Así, por ejemplo, la Sala, a partir de la sentencia de 10 de noviembre de 2005[31], ha estimado que para la configuración de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 1 del artículo 365 de la ley 599 de 2000, relativa al empleo de medios motorizados en la realización típica del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, debe predicarse una manifiesta relación de causalidad entre la acción de portar el arma y la utilización del automotor, de manera que implique en el caso concreto una mayor afectación al bien jurídico de la seguridad pública, que es el que la norma pretende proteger:

“[…] resulta diáfano concluir que la circunstancia modificadora de la punibilidad, entre otros, por la utilización de medios motorizados parte del supuesto de que portar un arma de fuego en tal situación fáctica hace más potencial la lesión al bien jurídico protegido, habida cuenta que desde un vehículo o unidad motorizada se puede más fácilmente atentar contra la paz y la convivencia social integrada en la seguridad pública. No obstante, para dicha conclusión tiene que haber una valoración de la relación causal entre el verbo rector desplegado por el sujeto y dicha circunstancia y la verificación que esa era su voluntad (dolo) que le imprimió particular contenido a su comportamiento[32].

En este orden de ideas, con atribuir desde el punto de vista fáctico que el sujeto agente portaba un arma de fuego dentro de un vehículo motorizado, de ninguna manera está justificando la tipificación de la causal de agravación en comento, pues los operadores jurídicos tuvieron que haber valorado dentro de las circunstancias fácticas que rodearon a la conducta un nexo del que se derive que el porte del arma dentro del vehículo determinó en el caso concreto que la vulneración a la seguridad jurídica se incrementó.

5. El caso concreto

5.1. En el asunto que centra la atención de la Sala, HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito fueron capturados mientras se movilizaban en la motocicleta de placas LSD-91A, momentos después de que uno de ellos intentara sustraerle a Luis Alfredo Carrero Pineda una cámara digital fotográfica y que, durante el forcejeo, hiriera con el arma de fuego que llevaba consigo al acompañante de este último, de nombre Henry Fernando Beltrán Cifuentes.

Debido a lo anterior, la Fiscalía les imputó en audiencia preliminar a los aprehendidos la realización de las conductas punibles de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, según lo previsto en los artículos 27, 111, 112 inciso 1º, 239, 240 inciso siguiente al numeral 4, 241 numeral 10 y 365 numeral 1 del Código Penal.

En aquella oportunidad, tanto el representante del Ministerio Público como el entonces defensor de los procesados cuestionaron la configuración de la circunstancia de agravación del delito atinente al porte del arma de fuego, al considerar que la motocicleta de placas LSD-91A fue utilizada para huir del lugar de los hechos y no para transportar el arma de fuego que llevaban consigo[33].

Sin embargo, el Fiscal mantuvo dicha imputación y los cargos, así formulados, no fueron aceptados por parte de HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito[34].

Posteriormente, fue presentado ante el Juez Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá un escrito de preacuerdo, según el cual los imputados aceptaban cargos por los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, sin la circunstancia de agravación relativa al empleo de medios motorizados, a cambio de que en la dosificación de la pena el juez partiera de los mínimos imponibles y les concediera una rebaja total del cincuenta por ciento de la pena[35].

En la audiencia de verificación de la legalidad del preacuerdo, el funcionario de conocimiento, una vez escuchó los términos de la negociación[36], procedió a efectuarle al Fiscal preguntas ‘aclaratorias’ acerca de los mismos y, a la postre, llegó a cuestionar la ausencia de imputación de la agravante del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de la siguiente manera:

JUEZ: El delito de porte de armas de fuego es agravado, ¿verdad?

FISCAL: (pausa) El… espere un momentito… a ver… la imputación que fuera realizada ante el juez de control de garantías el 11 de septiembre de 2007, Juzgado 27 Penal Municipal, se hace referencia a porte de armas de fuego o municiones agravado en ese aspecto…

JUEZ: ¿Así está contemplado en el acuerdo?

FISCAL: (pausa) En el acuerdo se contempla simplemente como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, artículo 365, no se hizo esa… esa alusión a la agravante… en la medida en que, si bien se podía en un comienzo enunciar que el artículo 365 trae como agravantes la utilización de medios motorizados, o que el arma provenga de un delito, o que se oponga de forma violenta a los requerimientos de las autoridades, o cuando se empleen máscaras o elementos similares… la verdad, Señoría, es que no hay elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita acreditar válidamente la comisión o la calificación de una agravante de esta naturaleza, pues el hecho de haber utilizado una motocicleta no era en sí mismo el configurante de esta naturaleza, porque se trataba de tan solo un arma, un arma que podría llevarse en la petrina, al alcance… en la cintura de uno de los imputados y no como en el caso de los eventos en los cuales es necesaria la utilización del vehículo, de la motocicleta, de un rodante por la cantidad de armas que impiden que un ser humano las transporte o las lleve consigo y requiera de esa utilización del medio motorizado.

JUEZ: Pero en este caso usted mencionó que las personas después de haber procedido como lo hicieron abordaron una moto con un arma de fuego, entonces la imputación la realizaron por porte de arma de fuego y municiones agravado; en este caso, usted está quitándoles una circunstancia de agravación que ha sido imputada y, fuera de eso, ¿está reconociéndoles descuento del cincuenta por ciento?

FISCAL: Eh… Señoría, sí, sí, o sea, tal como usted lo expresa en la imputación se hace mención al porte agravado, pero es que en criterio, y con todo respeto de Su Señoría, en esas circunstancias ellos emprenden la huida, pero la moto no era el elemento determinante, pues, para la agravación del porte, pues tan solo era un arma de fuego, nada más, que estaba utilizada, estaba siendo llevada por uno de los sujetos, no precisamente usando un baúl o algún lugar de la motocicleta, sino en su intimidad la llevaba y la portaba…

JUEZ: Pero al huir quedaron armados, iban en esa moto…

FISCAL: Sí, Señoría, lo que pasa es que el criterio que ha aplicado la Fiscalía o esta Delegada en ese aspecto es de esa naturaleza, que es si el número de armas no requiere la utilización del automotor, en ese caso una, o dos cuando son dos partícipes o tres, pues la moto o el rodante no constituye el agravante, ni hay el elemento suficiente a pesar de que se consagra que sí huyeron en la motocicleta…

JUEZ: Lo que quiere decir que para usted no engrenda [sic] mayor peligro que unas personas que se desplazan en motocicletas armadas no tendrían cabida para tipificarse en ese agravante.

FISCAL: Mire… yo soy conciente y la norma lo prevé que utilizando medios motorizados, pero… por lo que he expresado, porque se trata solamente de un arma de fuego, el arma de fuego perfectamente la lleva alguien en la petrina del pantalón, la lleva alguien en la chaqueta y esa agravante no podría válidamente atribuírsele, es como… como el mismo caso, Su Señoría, con todo el respeto, si los acusados Ángelo o HELMAN hubieren huido y hubieren utilizado una buseta. No es el alcance, en mi criterio, y respetando lo que se pueda considerar en ese aspecto, que tenga esa significación, de tener una bodega o de tener un baúl para tener o para guardar los artefactos, aquí era irrelevante la utilización en ese caso para la huida, porque era sólo un… como se expresa acá, un revólver calibre .38, que por sí, por su tamaño, permite que sea transportado sin necesidad de acudir a un vehículo…[37]

Ante tal interrogatorio, la entonces defensora de HELMAN GALEANO FLÓREZ realizó la siguiente intervención:

DEFENSORA: Lo que de pronto no me queda claro es que nosotros sí habíamos llegado con el doctor a un acuerdo de que quedaba el delito de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa en concurso con el de porte ilegal de armas… eh… referente a lo del agravante que está hablando el señor Fiscal, en el momento, con todo el respeto Su Señoría, de pronto nosotros no lo profundizamos, pero si ahorita el señor Fiscal está sustentando de que [sic] él no la ve, la circunstancia de agravación, él no la ve que se dé porque era el medio motorizado y lo está expresando… yo sí quedo claro que el término del preacuerdo se hizo con el delito de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa en concurso con el de porte ilegal de armas”[38].

Solicitado un receso por el otro defensor, las partes modificaron su postura y le indicaron al juez de conocimiento que los términos del preacuerdo consistían en que tanto HELMAN GALEANO FLÓREZ como Ángelo Arango Garavito aceptaban los cargos materia de imputación, a cambio únicamente de que se les eliminara la circunstancia de agravación prevista en el numeral 1 del artículo 365 del Código Penal:

FISCAL: Sí, gracias, Su Señoría. Teniendo en cuenta las observaciones que desde su estrado judicial ha hecho a la respectiva acta, y de acuerdo a las conversaciones que hemos llevado a cabo con los señores defensores, efectivamente desde el comienzo se hizo alusión a la agravante, así quedó imputada la conducta, de tal manera que esa situación lleva a modificar el aspecto del preacuerdo para someterlo a consideración de Su Señoría, en el evento de que lo encuentre ajustado a la ley, proceda a la aprobación. Y queda claro entonces que se procede por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en circunstancias de agravación punitiva contempladas en el artículo 365 del Código Penal, en cuyo caso el mínimo de la pena se duplica, y a su vez en concurso con lesiones personales […]

En esas circunstancias, el preacuerdo consiste en la supresión del agravante previsto para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, la eliminación de esa agravante, y ésa sería la única rebaja en ese aspecto[39].

5.2. De la situación fáctica y procesal referida en el numeral anterior, la Sala encuentra que la actuación del funcionario de conocimiento en la audiencia de control de legalidad del preacuerdo fue completa-mente irregular, pues, más allá del planteamiento de preguntas tendientes a aclarar los términos tanto de la imputación como del preacuerdo consignado en el escrito allegado por las partes, de una manera informal terminó dejando en claro a todos los que intervenían en la diligencia que no compartía la adecuación típica de la conducta en lo que se refiere a la no concurrencia del agravante previsto en el numeral 1 del artículo 365 del Código Penal, por cuanto dicha circunstancia había sido atribuida originalmente en la audiencia preliminar de formulación, y porque representaba un mayor peligro que los acusados se desplazasen armados en una motocicleta.

Con tal proceder, el Juez Veinticinco Penal del Circuito no actuó en defensa de la garantía del debido proceso, pues para ello debió haber emitido el pronunciamiento de rechazo correspondiente, sino tan solo manifestó, a modo de diálogo informal con las partes, el interés público e institucional, que para ese estado de la actuación era propio de la Fiscalía, de que a los procesados se les imputara la agravante relativa al empleo de medios motorizados en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, o bien no se les reconociera la rebaja del cincuenta por ciento de la pena.

De esta forma, el juez no sólo les anticipó indebidamente a los presentes que frente al control judicial que le era exigible su decisión sería la de no aprobar el preacuerdo por desconocimiento de lo contemplado en el inciso 2º del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, sino que además propició que se cambiaran los términos de la negociación para ajustarla a su particular criterio, de suerte que intervino como si se tratase de una parte en la efectiva realización del preacuerdo a la postre reconocido por el Tribunal.

Es decir, el funcionario desconoció en este evento tanto la imparcialidad que debía regir en todas sus actuaciones como el mismo principio acusatorio inherente al sistema.

Y, como si lo anterior fuese poco, los argumentos informalmente esgrimidos por el Juez Veinticinco Penal del Circuito durante la conversación que sostuvo con las partes ni siquiera eran suficientes para que, en el eventual pronunciamiento acerca de la legalidad del preacuerdo en un principio presentado, lo hubiera rechazado por vulneración de garantías fundamentales.

En efecto, por un lado, el hecho de que en la audiencia preliminar de formulación la Fiscalía haya atribuido la causal de agravación en comento no implica necesariamente que la misma hubiera tenido que volver a figurar en la imputación jurídica consignada en el escrito de preacuerdo, pues, tal como se analizó en precedencia (supra 3.3), la Sala ha señalado que la congruencia que debe predicarse entre el acto de formulación de imputación y la acusación o su equivalente es tan solo en los aspectos fácticos inicialmente atribuidos, los cuales resultan intangibles, y no en lo que a la calificación jurídica de los mismos se refiere.

Por otro lado, tampoco es posible sostener que al omitir de la imputación la circunstancia agravante del numeral 1 del artículo 365 del Código Penal se está incurriendo, frente a la situación fáctica achacada por el organismo acusador, en una vulneración del principio de estricta jurisdiccionalidad, ya que, al contrario de lo que sostuvo el juez de conocimiento, el simple hecho de que una persona armada se movilice en una moto de ninguna manera involucra una relación de causalidad entre el empleo del medio motorizado y una mayor o menor afectación al bien jurídico llamado a proteger, que es el de la seguridad pública.

Si se hubiera pronunciado formalmente en ese sentido, el funcionario habría tenido la carga procesal de motivar en la respectiva decisión, desde un punto de vista objetivo-valorativo, por qué dentro de los límites del contexto fáctico imputado por la Fiscalía concurría la agravante en cuestión, e incluso hubiera tenido que desvirtuar de manera convincente los argumentos que al respecto presentaron tanto el Ministerio Público como el defensor de los procesados, en el sentido de que, en razón de los demás delitos perpetrados, ni siquiera podía predicarse una conexión teleológica entre el porte de armas y el empleo de la motocicleta, pues ésta fue usada para huir del lugar de los hechos después del fallido intento de robo y no para transportar el arma de fuego que incidentalmente uno de los procesados llevaba consigo.

En consecuencia, no había razones de peso para rechazar, ni desde el punto de vista de la congruencia ni desde el punto de vista de la tipicidad, la imputación jurídica consignada por las partes en el escrito de preacuerdo, según el cual las únicas conductas punibles en las que incurrieron HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito fueron las de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, sin circunstancia de agravación alguna. Y, por consiguiente, tampoco era viable estimar que, frente a dicha calificación, se habría ignorado el contenido del inciso 2º del artículo 351 de la ley 906 de 2004, que prohíbe la concurrencia de una doble rebaja, si se les hubiera reconocido a los procesados la disminución del cincuenta por ciento de la pena por imponer.

5.3. En armonía con lo anterior, es innegable que los argumentos esgrimidos por el Fiscal Delegado en la audiencia de sustentación correspondiente no podrán ser compartidos por la Sala de acuerdo con las siguientes razones:

En primer lugar, y por los motivos acabados de exponer, no es cierto que haya consonancia entre los hechos atribuidos por la Fiscalía y la imputación jurídica por la que a la postre el Tribunal condenó a los procesados, ni tampoco corresponde a la realidad del proceso que la actuación del juez obedeció al planteamiento, dentro de los términos del primer acuerdo, de una doble e improcedente rebaja punitiva.

En segundo lugar, la opción adoptada por el Juez Veinticinco Penal del Circuito de no pronunciarse respecto de la legalidad del preacuerdo y suscitar informalmente una modificación del mismo no repercutió en beneficio de la administración de justicia, pues su eficacia tan solo puede predicarse cuando no vulnera principios y valores que son esenciales para el sistema de procedimiento penal, como el de la imparcialidad del funcionario judicial.

En tercer lugar, el juez tampoco obró en pro del principio de economía procesal, ya que ello implica alcanzar el mayor beneficio mediante la utilización más escasa de recursos y, en el presente caso, la decisión objeto de casación fue proferida al costo de irrespetar el principio acusatorio y, por consiguiente, de afectar la garantía del debido proceso.

En cuarto lugar, no se cumplieron los fines previstos en el artículo 348 de la ley 906 de 2004, pues con la actuación del funcionario judicial analizada en precedencia es obvio que no se humanizó el proceso, ni se obtuvo pronta y cumplida justicia, ni se propició la solución del conflicto social generada por el delito, e incluso la participación de los imputados en la negociación contó con la inusitada e indebida intervención del juez.

En quinto lugar, no operó el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, pues lo que éste predica es que dentro de la labor interpretativa del funcionario judicial sea posible adaptar, restringir, hacer extensivos los efectos o incluso acondicionar el contenido material de los preceptos legales llamados a regular el caso, para de esta manera llegar a soluciones ‘justas’, es decir, a posturas que estén en armonía con los fines del Estado Social de Derecho, así como con el conjunto de principios y valores que integran el ordenamiento jurídico, aspecto que, por lo ya explicado, de ninguna manera se dio en el presente asunto.

En sexto lugar, no se respetó el principio de proporcionalidad, toda vez que los procesados, tras haber negociado los cargos con el órgano acusador, adquirieron a cambio de la admisión de los mismos el derecho a que se les disminuyera la pena de manera significativa, y el Tribunal, al encontrar que la única rebaja a la postre negociada era la eliminación de la agravante, en últimas los condenó en perfecta consonancia con los hechos y cargos que realmente cometieron, sin que ello les reportara beneficio punitivo alguno.

Por último, no se trata, como lo adujo el Fiscal Delegado, de que al mantener el primer acuerdo se estaría eliminando el control judicial que siempre debe llevar a cabo el funcionario de conocimiento, sino que dicho control no puede ejercerse de manera distinta a la de proferir en la audiencia de verificación de legalidad una decisión, ya sea de aprobar la negociación o de rechazarla por vulnerar las garantías fundamentales, en la medida en que, de lo contrario, cualquier otra intervención del juez tendiente a modificar informalmente los términos del preacuerdo implicaría una intromisión indebida en los asuntos que son del resorte exclusivo de las partes y, por lo tanto, una afectación trascendente al principio acusatorio.

5.4. Sería del caso, entonces, decretar la nulidad de lo actuado a partir del inicio de la audiencia de control de legalidad del preacuerdo, tal como lo solicitó el demandante, si no fuera porque la Sala encuentra que el funcionario de primera instancia, por alguna razón, profirió el respectivo fallo de conformidad con los términos del primer acuerdo, es decir, ignorando por completo las modificaciones en la negociación que él mismo, y de manera indebida, había suscitado.

Según el recurrente, lo anterior habría obedecido al afán del juez por corregir los actos imperitos de las partes durante el transcurso de la audiencia de control. Para la Sala, por el contrario, ello no está muy claro, pues, aparte de que en dicha providencia jamás se mencionó lo acontecido en la diligencia en comento[40], se sostuvo equivocada-mente que en la audiencia de formulación de imputación les fue atribuido a los procesados, entre otros, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, sin circunstancia de agravación alguna[41], y, por lo tanto, no sería absurdo colegir que la dosificación que hizo la primera instancia con base en la primera negociación fue debido a error, desconocimiento o pretermisión, y no para subsanar las desafortunadas intervenciones que tanto el funcionario como las partes efectuaron en audiencia, en detrimento del debido proceso y de los derechos fundamentales de HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito.

Lo importante, en todo caso, es que el fallo del a quo no sólo respetó los límites y alcances del primer acuerdo (que nunca tuvo por qué haber sido alterado), sino que además fue proferido de manera correcta desde el punto de vista de la dosificación punitiva de las conductas punibles imputadas en el escrito correspondiente.

Lo que hizo el Tribunal, en cambio, fue ajustar a los términos del segundo acuerdo la pena principal en contra de los procesados, por lo que incrementó la pena de treinta y ocho meses proferida por el a quo en otros treinta y ocho meses, para un total de setenta y seis meses de prisión, sin tener en cuenta que con ello convalidaba la irregular actuación del juez de conocimiento en la audiencia de control y desconocía además que, en atención del principio de estricta jurisdiccionalidad, la correcta adecuación típica era la que aparecía en la calificación jurídica obrante en el escrito de preacuerdo y no la consignada en la audiencia de formulación de la imputación.

Lo pertinente, entonces, será casar el fallo de segunda instancia y, en virtud del principio de la solución menos traumática, confirmar el fallo dictado por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá, con la aclaración de que la pena privativa de otro derecho tendrá un término correspondiente a un año, que es el mínimo que puede imponerse para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones cometido por los procesados, según lo establece el inciso 6º del artículo 51 de la ley 599 de 2000, en lugar del término de treinta y ocho meses que equivocadamente le impuso el a quo, ya que la restricción se aplica respecto del delito jurídicamente relevante y no de todo el concurso de conductas punibles.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CASAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogotá, mediante el cual condenó a los procesados HELMAN GALEANO FLÓREZ y Ángelo Arango Garavito a la pena principal de treinta y ocho meses de prisión como coautores responsables de las conductas punibles de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, con la aclaración de que la pena correspondiente a la privación del derecho de tenencia y porte de armas de fuego lo será por el término de un (1) año.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Excusa justificada

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Permiso

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Permiso

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aclaración de voto

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria



[1] Corte Suprema de Wisconsin, Jung vs. State, 32 Wis. 541; 145 N. W. 2d 684 (1966), cita tomada de De Diego Díez, Luis Alfredo, Justicia criminal consensuada, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 34.

[2] De Diego Díez, Op. cit., citando a Bassiouni, M. Cherif, pág. 47.

[3] Corte Suprema de los Estados Unidos, Santobello vs. Nueva York, 404 U. S. 257, 260 (1971).

[4] De Diego Díez, Op. cit., pág. 73.

[5] Ibídem, pág. 67.

[6] Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pág. 27.

[7] Schünemann, Bernd, Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio, Tecnos, Madrid, 2002, pág. 298.

[8] Cf. Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 2005.

[9] Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 2005, citando a la sentencia C-425 de 1996.

[10] Corte Constitucional, sentencia C-591 de 2005.

[11] Corte Constitucional, sentencia C-516 de 2007.

[12]Artículo 327-. / […] los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía no podrán comprometer la presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.

[13]Artículo 381-. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento, más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado”.

[14] Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 2005.

[15] Radicación 25724.

[16] Sentencia de 19 de octubre de 2006, radicación 25724.

[17] Sentencia de 5 de diciembre de 2007, radicación 25513.

[18] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 96.

[19] Ibídem, pág. 606

[20] Ibídem, pág. 606-607

[21] Ibídem, pág. 607, citando a Carrara, o. c., tomo II, § 892, pág. 364

[22] Sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759.

[23] Sentencia de 28 de noviembre de 2007, radicación 27518.

[24] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón…, pág. 564.

[25] Ibídem, pág. 567.

[26] Auto de 8 de noviembre de 2007, radicación 28648, citando a Montero Aroca, Juan, Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 186-188.

[27] Ferrajoli, Derecho y razón…, pág. 580.

[28] Cf. sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759.

[29] Beccaria, Cesare, De los delitos y de las penas, § IV

[30] Sentencia de 23 de enero de 2008, radicación 17186. En el mismo sentido, sentencia de 18 de junio de 2008, radicación 23051.

[31] Radicación 20665.

[32] Sentencia de 10 de noviembre de 2005, radicación 20665.

[33] Archivo de audio y video 11001600001520070371800_110014088027_5, 0:53 y ss.

[34] Ibídem, 1:04 y ss.

[35] Folios 63-67 de la carpeta.

[36] Archivo de audio y video 11001600001520070371800_110013109025_2, 0:04.

[37] Ibídem, 18:00-25:00

[38] Ibídem, 25:00-27:00

[39] Archivo de audio y video 11001600001520070371800_110013109025_3, 0:00-3:00.

[40] Folios 144-152 de la carpeta.

[41] Folio 144 ibídem.

 



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.