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Corte Suprema de Justicia
Inaplicar el sistema de cuartos para determinar penas accesorias desconoce el principio de legalidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Martes, 29 de Agosto de 2017 23:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com  ".....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que en el proceso de dosificación punitiva se desconoce el principio de legalidad cuando los jueces dejan de aplicar el sistema de cuartos para determinar penas accesorias, lo cual, además, activa la facultad oficiosa de la corporación para controlar esas decisiones.

 

Según el alto tribunal, para establecer el monto de la sanción accesoria deben tenerse en cuenta los parámetros empleados por el juez de conocimiento al momento de abordar el tema de la determinación de la sanción corporal para la conducta punible analizada, así esté frente a un concurso de delitos.

 

En el caso analizado, el juzgador de primer grado tasó la pena para el homicidio y, sin hacer lo propio con el porte de armas, concluyó que la más grave era la del atentando contra la vida.

 

Es decir, nunca especificó la pena privativa de la libertad para el delito contra la seguridad pública, sino que de una vez apeló a las reglas del concurso de conductas punibles previstas en el Código Penal, incrementando en dos años la ya fijada en 500 meses para el ilícito contra la vida, aplicando finalmente una penalidad definitiva de 524 meses.

 

Así las cosas, no se tuvo en cuenta un parámetro para fijar la sanción accesoria, toda vez que esos dos años corresponden al concurso de delitos, lo cual se aleja notoriamente del mínimo para el porte de armas, que es de 18 meses de prisión.

 

Fernando Castro Caballero se apartó de esta decisión y en un salvamento de voto explicó que las razones de justicia materialconcretadas en el principio de proporcionalidad de la sanción penal, hacen necesario que los jueces inapliquen el sistema de dosificación referido (M. P. Gustavo Enrique Malo).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-76272017 (49635), 31/05/2017...."

Última actualización el Martes, 29 de Agosto de 2017 23:08
 
Línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del hurto PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 01 de Agosto de 2017 20:17

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó la línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del delito de hurto. Así, explicó que la doctrina de la Corte ha caracterizado, en sus diferentes matices, este componente de la siguiente manera:

- No requiere que se despliegue un gran esfuerzo físico: En la Sentencia 1100102300201999011762 de 1992 la corporación destacó que basta con que se ejerza una fuerza anormal, sin que sea necesario un gran impulso físico. (Lea: Circunstancia de agravación punitiva derivada de la confianza debe probarse siempre)

-  No se desvanece por la existencia de un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo que ejerce la violencia y el pasivo cuyos bienes la soporta: En la Sentencia 1100102300171999009263 de 1999 sostuvo que la violencia calificante del hurto que no se disipa por la existencia de relaciones de familiaridad entre quien la ejerce y el sujeto pasivo cuyos bienes la soporta. Siendo así, el ejercicio de la violencia sobre las cosas se predica aunque el poseedor o tenedor de la cosa sobre la que se ejerce tenga alguna relación de familiaridad con el sujeto activo de la acción.

- Debe ser ejercida con anterioridad o con concomitancia al hurto, para asegurar su producto o la impunidad de los responsables, y no con posterioridad a la consumación del delito: Desde esta arista, en una decisión del 15 de septiembre del 2005 (reiterada en las sentencias 30211 del 2010 y 43527 del 2014) la Sala afirmó que la violencia debe haberse configurado antes o durante el hecho delictivo.

- Debe estar dirigida a los mecanismos de protección y defensa del objeto del hurto, o causar daño o destrucción del bien: Desde un fallo proferido en junio de 1947 (reiterado en sentencias del 25 de febrero de 1949 y del 28 de junio de 1995) se afirma que la violencia debe estar dirigida a los mecanismos de protección y/o defensa de la cosa que constituye el objeto del delito. (Lea: Estos son los delitos más denunciados por los colombianos en el 2016)

En cuanto a la violencia que causa el daño o la destrucción del bien, en la Sentencia 11001023002019990117 de 1999 se explicó que se considera violencia todo acto que ocasione daño o destrucción del bien, o de otros bienes que facilitan o permitan la comisión del hecho punible.

De las anteriores decisiones se concluye que la violencia calificante del delito de hurto debe ser ejercida sobre los mecanismos de protección y defensa del bien o recaer sobre el bien objeto de apoderamiento, ocasionando su daño o destrucción.

- Debe ser diferente a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela: Según este ítem, la fuerza que despliega el sujeto agente sobre la cosa calificará el delito de hurto solo si es distinta a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela.

En la Sentencia 1100102300011999010069 de 1999, retomando la decisión de noviembre 24 de 1992, la Sala insistió en que la fuerza que se despliega en ejercicio de la violencia debe ser “distinta a la que emplea el dueño del bien para apoderarse de la cosa”.

De todo lo anterior se colige que esta causal de calificación se predica de aquella acción o procedimiento anormal al comúnmente utilizado por el dueño, poseedor o tenedor del bien objeto del ilícito, que se ejerce contra este deformándolo o dañándolo, o contra los mecanismos dispuestos para su protección y defensa, con precedencia o concomitancia al apoderamiento, o para asegurar su impunidad, con prescindencia del eventual vínculo de familiaridad que exista entre el sujeto agente y el sujeto pasivo de la acción delictiva (M. P. José Francisco Acuña).

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP49232017 (48352), 04/05/17."

Última actualización el Martes, 01 de Agosto de 2017 20:21
 
Prisión domiciliaria sujeta a la vigilancia electrónica impone entrega de los dispositivos de manera inmediata y PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 27 de Julio de 2017 18:42

Tomado de www.ambitojuridico.com

CORTE CONSTITUCIONAL

"...La Corte Constitucional advirtió al Instituto Penal y Carcelario la importancia de entregar los dispositivos de vigilancia electrónica de manera inmediata a quienes gozan del beneficio de prisión domiciliaria. En efecto, el alto tribunal afirmó que al otorgarse este tipo de concesiones por parte de la autoridad competente, ampliando el espectro de la libertad, el Estado se encuentra obligado a desplegar las conductas necesarias para cumplir inmediatamente con dicha orden, debido a que la persona privada de la libertad no debe asumir la carga que se deriva por la falta de implementación de políticas públicas en materia carcelaria. Esto, a juicio de la Sala, constituye un derecho en favor de los internos (M. P. Alberto Rojas).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL

Preacuerdos y negociaciones suscritos en fase de investigación equivalen al escrito de acusación y limitan la sentencia

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que, de conformidad con el inciso primero del artículo 350 de la Ley 906 del 2004, los preacuerdos suscritos en la fase investigativa del proceso se equiparan al escrito de acusación. Para la Sala, ello implica que su contenido se erige, por tanto, en fundamento y límite de la sentencia, no siendo posible desconocerlo. En efecto, hizo ver que una posición contraria implicaría desconocer la estructura conceptual del proceso y, por esta vía, el principio de congruencia, que exige que entre la sentencia y la acusación exista conformidad personal, fáctica y jurídica (M. P. José Francisco Acuña).

Última actualización el Jueves, 27 de Julio de 2017 18:45
 
Juez de conocimiento no puede ejercer control material de la acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA dominguez   
Jueves, 27 de Julio de 2017 18:39

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...El fallador no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la fiscalía y admitida por el acusado.......La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que la calificación jurídica adoptada por la Fiscalía en la acusación o en el preacuerdo no puede ser cuestionada. Sin embargo, precisó la excepción a esta regla, que se constituye cuando se afectan garantías fundamentales.

Frente a esta excepción, el fallo indicó que una posible vulneración de derechos constitucionales con repercusiones sustanciales que impida al juez dictar sentencia condenatoria corresponde a la comprobación de situaciones objetivas que comportan una evidente imposibilidad de declarar la responsabilidad penal. (Lea: Juez no puede hacer control material de la acusación, ni de los acuerdos efectuados bajo Ley 906)

Ello, por ejemplo, cuando la conducta atribuida a un procesado deviene atípica o carece de antijuridicidad en el sentido material por imposibilidad de adecuar los hechos a un delito o un tipo de injusto. (Lea: ¿Juez penal puede modificar preacuerdos o negociaciones entre fiscalía y procesados?)

Por otra parte, la corporación, soportada en el inciso 2° del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, advirtió que los acuerdos apuntan a la admisión de culpabilidad por el delito del imputado o uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

(i)                  Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico o

(ii)                Tipifique la conducta de una forma específica, con miras a disminuir la pena.

También afirmó que el fiscal y el imputado pueden llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias y concluyó que si los términos de la negociación se ajustan a estas posibilidades y salvaguardan los derechos fundamentales al juez de conocimiento no le es dable improbar un preacuerdo bajo el argumento de ejercer control material sobre el mismo e igualmente no puede modificar a su voluntad la adecuación típica.

Así las cosas, el fallador no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la fiscalía y admitida por el acusado (M.P. Patricia Salazar Cuéllar)..."

 

 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-86662017 (47630), Jun.14/17

Última actualización el Jueves, 27 de Julio de 2017 18:42
 
REFORMA AL CODIGO PENAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA dominguez   
Jueves, 27 de Julio de 2017 18:36

Minjusticia radicó proyecto de ley que busca construir una política criminal incluyente y que garantice la seguridad ciudadana

 

Bogotá, 25 de julio de 2017. Este martes, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca generar medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal.

 

 

El jefe de la Cartera fue enfático en señalar que la iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Política Criminal, compuesto, entre otras entidades, por la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, órgano este último que velará para garantizar la judicialización de conductas y reducir la impunidad. Gil Botero señaló que esta propuesta no incluye ningún tipo de excarcelaciones masivas.

 

Este proyecto de ley se diseñó basándose en ejes puntuales: está orientado a la revisión del Código Penal para tomar decisiones de descriminalización, reducción o modificación de las penas; propone medidas alternativas a la prisión a algunos delitos que no sean considerados como graves; modifica el régimen de exclusiones a subrogados penales con el fin de racionalizar los beneficios penitenciarios; busca el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres en condiciones de marginalidad y para miembros de la fuerza pública. Respecto a este último punto, se espera que el Ministerio de Defensa cuente con establecimientos propios que cumplan con los estándares de dicho régimen penitenciario.

 

Por último, se insiste en la territorialización de la política penitenciaria para departamentos, distritos y municipios, tema que hace referencia a la construcción de cárceles que puedan albergar a personas en condición de sindicadas con el fin de que no pierdan su arraigo territorial.

 

Algunas de las alternativas a la prisión que solo los jueces -de forma discrecional- podrán establecer teniendo en cuenta el comportamiento del interno durante su periodo de privación de la libertad son: prisión domiciliaria, libertad condicional, suspensión de la ejecución de la pena y reclusión domiciliaria y hospitalaria por enfermedad.

 

El Ministro también dio a conocer algunas de las despenalizaciones y descriminalizaciones que podrían ser eliminadas del Código Penal, al ser consideradas conductas punibles que podrían estar reguladas por otro sector del derecho. Algunas son: violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Y dentro de las conductas que podrían ser descriminalizadas están: inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria.

 

Respecto a esta última conducta, el alto funcionario aseguró que este proyecto no va a desamparar a los niños, sino que busca que por medio de otras jurisdicciones se impongan sanciones a quienes incumplan.

 

La iniciativa incorpora una serie de delitos creados a través de leyes ordinarias pero que se encontraban dispersos en la legislación, como tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras y fraude en el registro de víctimas, entre otros.

 

Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y los demás miembros del Consejo Superior de Política Criminal (Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Departamento Nacional de Planeación, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Ministerio de Educación) buscan construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente. Se espera que durante los próximos días avance su discusión en el Congreso de la República.

Última actualización el Jueves, 27 de Julio de 2017 18:39
 
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