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Corte Suprema de Justicia
JUEZ NO PUEDE VARIAR CALIFICACION PARA AGRAVAR SITUACION DEL PROCESADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:53

TOMADO DE  WWW.AMBITOJURIDICO.COM.

"..Juez no puede variar calificación jurídica para agravar situación del acusado

22 de Mayo 2:51 PM


 

La Corte Suprema de Justicia casó parcialmente una sentencia que absolvió al padre de una menor acusado de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, al que el juez de primera instancia le impuso una pena principal de 384 meses de prisión.

 

El alto tribunal recordó que, en cumplimiento del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia. No obstante, aclaró que es posible que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género.

 

Además, el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando se respete el núcleo fáctico de la acusación.

 

Así las cosas, no es admisible que el juez varíe la calificación jurídica de los hechos, para condenar y agravar la situación del acusado. Por esa razón, en el caso analizado, concluyó que fue equivocada la salida del juez de apelación que, de manera sorpresiva, estudió un tipo penal que no había sido considerado.

 

La sentencia de casación aclara que la pena de prisión debía ser de 167 meses, como autor de los punibles de actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, en concurso homogéneo, e incesto, en concurso heterogéneo.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-3623 (36108), 3/12/2014. M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).."

 

Tomado de www.legismovil.com.

 

Administradora de pensiones asume el pago de la prestación, si no ejerce acciones de cobro contra el empleador moroso (9:22 a.m.)
Si las administradoras de pensiones no ejercen las herramientas jurídicas que les otorga el sistema de seguridad social para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, así como contemplar a su favor intereses y multas, en los eventos en que el empleador no cumple a tiempo el pago de los aportes, deben asumir la responsabilidad y el pago de la prestación correspondiente, pues el incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado por razones no atribuibles a él, manifestó la Corte Suprema de Justicia. En este caso, no procede la condena solidaria con el empleador incumplido, ya que no existe norma en el ordenamiento jurídico que establezca dicha figura en relación con el pago de la prestación, precisó. (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve). 

Noticia generada en May. 23/14 (9:22 a.m.).

 

Última actualización el Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:58
 
Incremento punitivo en casos de concurso PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:47

Tomado de  www.ambitojuridico.com.

 

"...Corte Suprema unifica jurisprudencia sobre incremento punitivo en casos de concurso.

El 10 de enero del 2011, dos estudiantes de la Universidad de los Andes que estaban en San Bernardo del Viento (Córdoba) realizando un trabajo de campo para sus tesis de grado fueron asesinados en la vereda Boca Tinajones, adscrita al municipio. Los crímenes los ordenaron alias Nariz y alias Julián, dos mandos medios de la banda criminal conocida como Los Urabeños.

 

Así se describen los hechos en la sentencia de casación que redujo a 41 años la pena de prisión impuesta a Cristian David Bravo Núñez, coautor de los homicidios agravados. La Fiscalía y el apoderado de las víctimas pedían que el juez estableciera como límite máximo de la pena para el delito más grave (homicidio agravado) 60 años de prisión.

 

Pero la Corte Suprema de Justicia señaló que en los casos de concurso sometidos a la Ley 906 del 2004, el funcionario debe respetar el tope máximo individual de 50 años previsto en el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal, a la hora de fijar la pena por cada uno de los delitos que concurren.

 

Además, “dado el fin de unificar la jurisprudencia, en esta oportunidad, el incremento punitivo en los casos de concurso depende, además de los factores cuantitativos previstos en el artículo 31 del Código Penal, del número de conductas concurrentes y los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, que tienen que ver con la gravedad, así como las modalidades específicas de los delitos que concursan”.

 

Con la actual interpretación de la Corte, la pena por el delito más grave de 50 años, en el primer caso, podría incrementarse en razón del concurso con el delito que no afectó derechos personales, sin que supere la suma aritmética de las sanciones debidamente individualizadas.

 

Sobre la calificación de caso emblemático, advirtió que “si con ello el demandante quiso decir que su relevancia obedeció a que las víctimas eran dos estudiantes de una de las instituciones educativas del interior más prestigiosas del país”, este es un aspecto intrascendente para la fijación de la pena.

 

En virtud del principio de igualdad ante la ley, idéntica gravedad del comportamiento debería predicarse si los homicidios se hubieran cometido, en las mismas circunstancias, sobre sujetos con inferior, superior o distinto grado de instrucción, agregó el alto tribunal.

 

Según la Corte, desafortunadamente, desde la implementación del sistema acusatorio, en nuestro país los medios masivos de comunicación han intentado interferir en los procesos, especialmente en lo que atañe a la imposición de la medida de aseguramiento, su revocatoria y el juicio de responsabilidad.

 

Estas manifestaciones deben ser desestimadas por los funcionarios, en razón de sus efectos extraños y nocivos a la función de administrar justicia. Las providencias, advirtió, no pueden sustentarse en una reacción mediática desproporcionada.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5420 (41350), abr. 30/14, M. P. Eugenio Fernández Carlier).."

Última actualización el Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:49
 
noticias jurídicas de ultima hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 28 de Abril de 2014 20:58

tomado de www.legismovil.com.

 

Entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de cualquier empresa frente a derechos pensionales del artículo 260 del CST (3:24 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que las entidades sin ánimo de lucro sí pueden ser consideradas como empresa y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con las exigencias del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en materia de pensiones; esta precisa que todo trabajador que labore en un mismo ente privado, con capital superior a los $ 800.000, tendrá derecho a la jubilación, al cumplir 20 años de servicio y cumplir 55 años de edad, si se es varón, o 50, si se es mujer. Según la Sala, el lucro no es el elemento distintivo a la hora de definir si el empleador es empresa o no lo es, luego los que no persiguen este rédito económico por su operación también se acogen a tal concepto, dice la providencia (M. P. Rigoberto Echeverri).

Noticia generada en Abr. 28/14 (3:24 p.m.)

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Sistema de seguridad social en salud no cubre servicios en el exterior (2:55 p.m.)
Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de salud y todo lo que conlleva dentro del sistema de seguridad social está supeditado al principio de territorialidad, este no cubre los servicios de los nacionales colombianos que pretendan realizarse en el exterior, indicó el Ministerio de Salud. La Resolución 5521 del 2013, por la cual se actualizó el plan obligatorio de salud, señaló que es deber de las entidades promotoras de salud garantizar el servicio en las condiciones y calidad previstas en la normativa vigente a los afiliados dentro del territorio nacional. 

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:55 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Presidenta del Consejo de Estado ve con buenos ojos transmisión en vivo de sesiones de sala (2:15 p.m.)

Hablando a título personal y no institucional, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, dio su visto bueno a la posibilidad de que las sesiones plenarias y de las salas de los órganos judiciales en las que se deabte la toma de decisiones sean transmitidas en vivo. A su juicio, si se habla de la necesidad de intensificar la transparencia, hubiera sido deseable que la ciudadanía hubiera verificado, por sí misma, la forma como la corporación a su cargo abordó y resolvió temas como la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El vocero de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, y el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra, se sumaron al respaldo, por considerarla una opción deseable y razonable de control social a la administración de Justicia, que contribuiría a la formación del ciudadano en estos temas. Para Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, no se trata de la solución más atractiva, aun cuando no la descarta, en aras de procurar la transparencia en la función jurisdiccional.

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:15 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Senador Cristo propone presentar dos proyectos distintos y simultáneos para reformar la Justicia (11:11 a.m.)

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, sostuvo que para reformar el poder judicial es necesario presentar dos proyectos legislativos distintos que además deben tramitarse de manera simultánea; uno que no requiere modificaciones a la Constitución, relacionado con el acceso a la administración de Justicia, y otro que encerraría la doble instancia, la transformación del régimen disciplinario de los abogados y el penal para magistrados, así como la eliminación de la reelección presidencial. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Ménde, también dio cuenta de algunos de estos aspectos, centrándose en la condición de mutuos juzgadores y juzgados que tienen congresistas y magistrados, fenómeno que debe ser eliminado, dice. Mientras la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, advirtió la necesidad de solucionar los problemas de represamiento que la resolución de acciones constitucionales está generando frente al trámite de procesos ordinarios, los presidentes de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, y de la Sala Administrativa, Pedro Octavio Munar, también se refirieron a casos extremos de congestión, como el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que busca poner fin a esta problemática por medio de la creación de un órgano permanente de descongestión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (11:11 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Es un error empezar el debate de reforma a la Justicia por la modificación de su instrumento más eficaz, la tutela: Rodrigo Urpimny (10:50 a.m.)

El director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, calificó como un error abordar el debate de reforma a la Justicia a partir de la modificación al único instrumento que, a su juicio, ha sido verdaderamente eficaz para solucionar los problemas de acceso al aparato jurisdiccional, como es la tutela. Añadió que ello lo demuestran las cifras, que evidencian que en los escenarios más optimistas, el 52 % de las acciones que interponen los ciudadanos no genera la respuesta que espera quien acude a ellas. A su juicio, debe hablarse de una reforma quirúrgica, que resuelva esos problemas de accesibilidad, empezando por el diseño del Consejo Superior de la Judicatura. Para el senador Juan Carlos Vélez, esas irregularidades estructurales solo se pueden corregir mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que el proyecto fue radicado nuevamente por él ante el Congreso y que su propósito es que 50 juristas provenientes de la Rama o con la calidad de aspirar a ella puedan conformar esa asamblea para reformar la Justicia.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:50 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Pérdida de credibilidad es el mayor problema de la Rama Judicial: exmagistrado José Alejando Bonivento (10:00 a.m.)

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Alejando Bonivento, afirmó que la pérdida de credibilidad de los jueces es el mayor problema que afecta a la Rama Judicial en la actualidad y afirmó que una eventual reforma no puede sustraerse de la necesidad de separar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria. Afirmó que la primera debe tener una vocación más gerencial y que el control de las actuaciones de los abogados ya no debe estar en cabeza de la segunda; podría pensarse en la creación de un tribunal autónomo que asuma algunas de esas tareas, dijo. Por otra parte, afirmó que sin recursos no hay tarea legislativa que valga y precisó que la prueba está en la reforma al Código Civil, que dio lugar al Código General del Proceso; un conjunto de reglas que solo han podido ponerse en funcionamiento de manera gradual, acota, debido a la falta de dinero para terminar de implantar la oralidad.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:00 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Desplazamiento de competencias del Ejecutivo ha tenido que soportarlo la justicia: exmagistrado Hernando Torres (9:35 a.m.)

El expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Hernando Torres afirmó que la justicia ha tenido que soportar el desplazamiento de competencias que se evidencia en la acción del Ejecutivo. A su juicio, es el operador judicial quien, en últimas, debe asumir las tareas propias de esa rama del poder público. En su criterio, el traslado de funciones inicia cuando el Ejecutivo pone en cabeza de particulares el cumplimiento de las tareas a su cargo; de ahí que, finalmente, sea el juez quien deba suplir necesidades ante los incumplimientos. Para el exfuncionario, eso explica que la cuarta parte de los procesos judiciales que hoy se tramitan en Colombia sean acciones de tutela. “No será que eso indica la frecuente violación de derechos por parte de las autoridades contra el ciudadano”, cuestionó. El pronunciamiento se dio en el foro “¿Se necesita una reforma a la Justicia?”, en el que participa la Rama Judicial.

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:35 a.m.)

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Consejo de Estado ha reconocido reparaciones por $ 3.700 millones por cobro de tasa especial de servicios aduaneros (9:20 a.m.)
El Consejo de Estado ordenó el pago de la tercera reparación directa por el daño originado en el hecho del legislador, que se produjo por el cobro de la tasa especial de servicios aduaneros que regía para la vigencia fiscal del 2000 y que fue retirada del ordenamiento un año después. Según los daños hasta ahora reconocidos en estas tres providencias, los costos del resarcimiento superan los $ 3.700 millones. En este caso, la corporación recordó que la Sentencia C-992 del 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 2000, puso en evidencia que los contribuyentes que cancelaron el tributo terminaron asumiendo una carga que no estaban obligados a soportar. La Sala indicó que aun cuando el fallo de la máxima instancia constitucional no haya tenido efectos modulatorios, se produce una falla en el servicio a cargo del Congreso, en tanto que su actuación derivó en el cobro de un tributo sin sustento constitucional. En este expediente la Sala reconoce la reparación directa por daños materiales y lucro cesante que suman $ 1.100 millones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:20 a.m.) 

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Aclaran situación de acción de grupo contra Mindefensa que ha provocado largas filas en el Consejo de Estado (8:35 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que los interesados en la solicitud de revisión de una acción de grupo relacionada con prestaciones laborales a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa, con el radicado 11001333103720100027401, serán notificados oportunamente, en caso de que sea pertinente vincularlos al grupo que elevó el requerimiento. Esto a raíz de las extensas filas que se han visto en el Palacio de Justicia para reclamar un derecho que aún no ha sido reconocido. Para la corporación, es posible que la situación se haya presentado por versiones erróneas sobre la situación del expediente, ya que ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad del recurso de revisión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (8:35 a.m.) 

Tribunal Superior de Bogotá indujo a error al Presidente en caso Petro: Procuraduría (4:48 p.m.)
Para el procurador Alejandro Ordóñez, el Tribunal Superior de Bogotá interpretó inadecuadamente lo relativo al bloque de constitucionalidad e indujo a error al presidente Juan Manuel Santos al ordenarle aplicar las medidas de la CIDH que permitieron restituir a Gustavo Petro en la alcaldía distrital. Con argumentos como este impugnó la tutela mediante la cual un despacho de restitución de tierras de la Sala Civil determinó que el jefe de Estado estaba obligado a cumplir las medidas hasta que se finiquitara el control de legalidad sobre la sanción. En criterio de Ordóñez, ese tipo de medidas no son obligatorias para los Estados parte, habida cuenta que integran el reglamento interno de la CIDH y no el Pacto de San José de Costa Rica, que sí considera vinculante. Según el jefe del Ministerio Público, esa determinación se funda en un salvamento de voto, ignorando jurisprudencia de las altas cortes respecto a la competencia del organismo de control para sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Finalmente, adujo que el actor carecía de legitimación, pues la decisión del organismo supranacional protegía los derechos del propio alcalde y no de sus electores. El Ministerio del Interior y la Presidencia también recurrieron la sentencia, que deberá ser estudiada por la Corte Suprema.

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:48 p.m.)

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Presentan ponencias positivas al proyecto de cobro por congestión vehicular, en Bogotá (4:35 p.m.)
Los concejales Diego García Bejarano y Diana Alejandra Rodríguez presentaron ponencias positivas, con modificaciones, al proyecto de acuerdo 93 del 2014, por el cual se establecería una tasa por uso de áreas de alta congestión vehicular. Según García, el uso del vehículo particular impacta no solo en problemas de congestión y afectación en la velocidad de operación, sino en la salud pública por el aporte de gases contaminantes y material particulado, por lo que considera oportuna y necesaria la implementación de la tasa por el uso en áreas de alta contaminación. Por su parte, el concejal Edward Arias Rubio presentó ponencia negativa a la iniciativa, por considerar que la única forma para establecer la medida es que se garantice a los ciudadanos los medios de transporte público suficientes para cubrir la demanda de pasajeros y la infraestructura vial requerida, además del mantenimiento de la malla vial deteriorada. 

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:35 p.m.)

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Última actualización el Lunes, 28 de Abril de 2014 21:00
 
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Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 23 de Abril de 2014 22:03

Tomado de  www.legismovil.com."...

Esta es la nueva forma de identificar las providencias de la Corte Suprema de Justicia (10:35 a.m.)
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó, el 18 de noviembre del 2013, una nueva forma de identificar sus providencias. La metodología es un sistema alfanumérico en el que se encuentran letras que se relacionan con el tipo de providencia, así: A para los autos, S para las sentencias, T para tutelas y H para hábeas corpus. A continuación se incluye otra letra que permite conocer la sala que la expide, L para laboral, P para penal, C para la civil y PL para la Sala Plena. El siguiente componente es un número consecutivo anual y el año en el que se profiere la decisión. En este sentido, el alto tribunal identifica sus providencias en forma similar a como lo hace la Corte Constitucional, es decir, la identificación de providencias ya no es exclusivamente el mismo número del expediente, del proceso o el “número de radicación de procesos” de los Acuerdos 201 de 199714121413 del 2002, del Consejo Superior de la Judicatura. A manera de ejemplo, una sentencia de la Sala Laboral tendrá en su encabezado lo siguiente: SL 829-2013 (nuevo sistema de identificación), Radicación 41306 (sistema tradicional). Por su parte, la Sala Civil se presentará así SC 4428-2014, Radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01. LEGISmóvil ha adoptado este nuevo método de identificación para su buscador.

Noticia generada en Abr. 23/14 (10:35 a.m.) 
Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Al hacer referencia a los mecanismos de defensa judicial, el mandatario hizo un llamado a la reflexión sobre ese asunto, dado que su mala utilización puede generar “caos administrativo y político”.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.) 

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.) 

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Corrección provocada por la liquidación de revisión no da lugar a expedir un auto que termine el proceso (3:33 p.m.)
Una vez el contribuyente presenta la corrección provocada por la liquidación de revisión, en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario, aceptando totalmente los valores determinados en la liquidación oficial y liquidando la sanción por inexactitud reducida a la mitad, la división jurídica correspondiente debe proferir la resolución de reducción sanción y no un auto de terminación del proceso, pues el contribuyente puede no haber realizado el pago de manera correcta, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si el pago es correcto, se aceptará la liquidación de la corrección presentada y la citada resolución es el documento activo para efectos de cuenta corriente y procedimiento. Por el contrario, si el pago no es correcto, se confirmará la liquidación oficial de revisión que había sido proferida y se tendrá como documento en firme y ejecutoriado.

Noticia generada en Abr. 23/14 (3:33 p.m.) 
Colombia aprueba enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas (2:50 p.m.)
El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1714, por medio de la cual se aprueba la enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas. El propósito fundamental de la enmienda es permitir que se incorporen nuevos integrantes con plenos derechos de esa organización a las uniones aduaneras o económicas.

Noticia generada en Abr. 23/14 (2:50 p.m.)

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Establecen límites a variación de calificación jurídica por parte del juez, tras comisión de delitos en contratación estatal (11:37 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que si bien el procesado penal puede ser condenado por un delito distinto al que se le impute, la jurisprudencia desestima ese cambio denominativo, cuando se trate de delitos relacionados con la contratación estatal, que se castigan con la misma pena. Ello aunque ambos cargos conserven los mismos límites punitivos. En casos en los que, agotada la fase de pruebas, el operador decide la variación de la calificación jurídica, dice, deberá darse lugar a que las partes se pronuncien sobre su viabilidad, la posibilidad de practicar nuevas pruebas e incluso consultar la posición de la Fiscalía que, de ser favorable, conduce a la nulidad; todo de acuerdo a lo ordenado por el artículo 404 de la Ley 600 del 2000. En el caso concreto, el procesado había sido absuelto en primera instancia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y condenado en segunda instancia por interés indebido en la celebración de contratos. Frente al primero de los cargos, la prueba no demostraba su ocurrencia y, frente al segundo, el procesado no tuvo la posibilidad de defenderse, sostuvo la Corte (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:37 a.m.)

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SIC ordena cesar actual esquema de recolección de basuras de Bogotá (11:28 a.m.)
El superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y los consumidores informó que sancionó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAB), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP y a 10 personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley al limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Así mismo, ordenó cesar su implementación, para lo cual otorga un plazo de seis meses. Según la SIC, después se deberá aplicar un régimen de competencia libre o, en su defecto, un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo que, en cualquier caso, deberá involucrar la participación de la población recicladora, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:28 a.m.)

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Derecho a exigir reajuste pensional prescribe a los tres años: Corte Suprema (11:15 a.m.)
En sentencia recientemente publicada, la Corte Suprema de Justicia determinó que los términos prescriptivos para alegar la procedencia del reajuste pensional es de tres años, contados a partir de la causación del derecho. Ello porque el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo concede dicho término, calculado desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible, frente a las “acciones que emanen de las leyes sociales”. En este caso, dice, no es aplicable el artículo 51 del acuerdo 049 del Ministerio del Trabajo (aprobatorio del Decreto 0758 de 1990), que fija ese lapso en cuatro años, ya que esta disposición rige para reclamaciones ante el ISS, pero no tiene validez a la hora de interponer acciones ante los jueces (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:15 a.m.) 

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Condiciones de jubilación dependen de normas vigentes al momento de causarse el derecho: Corte Suprema (8:45 a.m.)
En providencia recientemente dada a conocer, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las condiciones de pago de la pensión deben estar sujetas a la disposición legal, convencional o reglamentaria en vigor al momento de su causación y no interpretarse a la luz de las vigentes al momento de su disfrute. Así, aun cuando en la época en que el operario decida exigir su derecho estas reglas sean distintas a las que regían al momento en que acumuló los requisitos para jubilarse, las que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la liquidación son estas últimas. En ese mismo sentido, dice, el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989 señala que se entiende causada la pensión cuando se reúnen las exigencias de “la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales” (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:45 a.m.) .."
Última actualización el Miércoles, 23 de Abril de 2014 22:05
 
La Ley 1709 de 2014 y el instituto jurídico denominado como Lex tertia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 07 de Marzo de 2014 20:54

Sentencia del Tribunal de Medellín donde aplica la doctrina de la Lex Tertia o "conjugación de disposiciones" en un caso de microtráfico.  Ley 1709 de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN.

SALA PENAL

FICHA DE REGISTRO

Radicación

050016000206201320235

Acusada condenada

Liliana Chavarria Chavarria, alias “Miryam Consuelo Guerra

Delito

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 CP, modificado Ley 1453 de 2011, Art. 11). Cantidades de 19,7 gramos de cocaína y 3,2 gramos de anfetamina (rivotril)

Hechos

Abril 12 de 2013; Hora: 00:05 a.m. Calle 58-A Carrera 40, Barrio Boston, Medellín

Juzgado a quo

Veinte (20) Penal del Circuito de Medellín

Asunto

Apelación de sentencia condenatoria terminada por allanamiento y leída el 23 septiembre de 2013 (f. 40-48, co-1)

Consecutivo

SAP-S-2014-007

Aprobado por Acta

Nº 044 de febrero 7 de 2014

Audiencia de lectura

Lunes, febrero 14 de 2014

Decisión

Se confirma condena. Se concede subrogado

Tema

Aplicación de Ley favorable. Ley 1709 de 20 enero de 2014. Fenómeno de la Lex tertia

Tesis

Subrogado penal- Nuevos requisitos

Magistrado Ponente

NELSON SARAY BOTERO

Medellín, Antioquia, Febrero siete (7) de dos mil catorce (2014)

1.-       ASUNTO

Se dicta sentencia de segunda instancia en el proceso de la referencia adelantado en contra de la señora LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, acusada por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 CP, modificado Ley 1453 de 2011, Art. 11).

2.-       IDENTIFICACION DE LA PROCESADA (Arts. 128. 288-1° y 337-1 CPP)

Es la ciudadana  LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, de mayoridad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 43’906.219 de Bello, Antioquia, hija de MARIA, nacida en Ituango, Antioquia, el 4 junio de 1981, habitante de la calle.

3.-       HECHOS, ACTUACION PROCESAL, SENTENCIA E IMPUGNACION

En los primeros minutos de la madrugada de 12 abril de 2013 en el sector de la calle 58-A con carrera 40, Barrio Boston de Medellín, agentes del orden observaron que una dama, cuando se percató de la presencia de los uniformados, arrojó una bolsa al suelo, razón por la cual procedieron a la requisa personal. Encontraron 16 bolsas transparentes con sustancia a base de cocaína con peso de 19,7 gramos y 10 pastillas que luego se constató corresponden a anfetaminas (rivotril) con peso de 3,2 gramos.

La implicada responde al nombre de LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, se allanó a cargos en la primera audiencia preliminar, razón por la cual se dictó sentencia por el trámite abreviado en la data de 23 septiembre de 2013 por parte del señor Juez 20 Penal del Circuito de Medellín (f. 40-48, co-1). Se reconoció por la Fiscalía la circunstancia de marginalidad y pobreza del Art. 56 del CP (f. 3, co-1). La sanción que se impuso fue prisión de 14 meses y multa por valor de $250.000,oo, con las accesorias de rigor, se negó subrogado penal y se expidieron órdenes de captura (f. 47-48, co-1)

Contra la sentencia de condena, el señor abogado defensor público de la implicada, doctor GUSTAVO A. MORA ROJAS, interpone y sustenta el recurso de apelación (f. 50-54, co-1), por medio del cual impetra el subrogado penal del Art. 63 del CP.

4.-       FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1      Aspectos sustanciales de favorabilidad

El censor no ataca responsabilidad penal ni determinación concreta de la sanción sino que pide la revocatoria de la negativa de los subrogados penales, concretamente, la concesión del Art. 63 del Estatuto de las Penas, así que por la limitación de la impugnación la Sala solamente resolverá dicho aspecto.

La ley 1709 de 20 enero de 2014 con vigencia desde la misma fecha consagra un régimen más favorable en tema de libertad condicional que la anterior normativa, esto es, el Art. 63 de la Ley 599 de 2000.

En efecto, se consagró en el canon 29 de la mencionada ley 1709 de 20 enero de 2014:

Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de lo Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) o cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.

2.- Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política se exigirá su cumplimiento.

Con respecto al numeral primero (1º) de la norma en mención, se tiene que la condena en el sub lite es de 14 meses de prisión, esto es, inferior al límite de los cuarenta y ocho (48) meses de la normativa vigente.

Con respecto al numeral segundo (2º), se tiene:

Uno: Que la implicada LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA” no tiene en su haber sentencia de condena por ningún delito, razón por la cual procede el subrogado en comentario de manera “objetiva” como reza la nueva normativa.

Dos: ahora bien, en caso de condena, la misma debe ser por los delitos del original inciso 2° del artículo 68-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1142 de 2007, Art. 32, modificado por la Ley 1453 de 2011, Art. 28, y modificado por la Ley 1474 de 2011, Art. 13, y que por supuesto que repitan en la nueva norma, que expresa:

“Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

(…)”.

Tres: Aunque el Art. 32 de la Ley 1709 de 20 enero de 2014 reformó dicha norma, y el mencionado inciso 2º  del Art. 68-A de la Ley 599 de 2000 quedó del siguiente tenor:

“Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal”.

Lo cierto del caso es que la filiada sencillamente no tiene antecedente penal en su contra.

Se puede considerar, en caso de antecedente penal, que se debe acudir a la norma original que estaba vigente para el momento de los hechos y no a la nueva normativa que es más restrictiva y desfavorable al implicado, con lo cual la Sala aplica la denominada lex tertia, en cuyo caso tendrá derecho al subrogado penal en forma simplemente objetiva.

De todas maneras y considerando el antecedente penal, en caso de existir, y que no se le aplique la prohibición de la nueva Ley 1709 de 2014, con respecto al numeral tercero entonces se tiene el antecedente penal, razón por la cual, en principio, podría considerarse cometido dentro de los cinco (5) años anteriores.

Pero, la nueva ley 1709 de 2014 rige a partir de su promulgación, esto es, desde 20 enero de 2014, de tal forma que el antecedente penal debe ser posterior a esta fecha: 20 enero de 2014, y obviamente que en el sub examine no lo es.

Sobre el tema de los antecedentes penales dentro de los cinco (5) años anteriores, se pueden consultar las providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con Rad. 31.568 de 28-10-08  y Rad. 31.985 de 01-06-11, precisamente a raíz del Art. 68-A del  C.P., adicionado por Art. 32 Ley 1142 de 28-06-07, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-425 de 2008, reformado por Art. 28 Ley 1453 de 24 junio  de 2011  y luego por el Art. 13 de Ley 1474 de 12  julio de 2011, donde se explicó que los antecedentes del delito doloso cometido en los cinco (5) años anteriores deben ser posteriores a 28 junio de 2007 fecha de vigencia de la Ley 1142 de 2007.

Esta es una razón adicional que lleva a pregonar la aplicación de la norma más favorable.

Así las cosas, como expresa la parte final del numeral 2º del Art. 29 de la Ley 1709 de 2014: “el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1º de este artículo”.

En consecuencia, se revocará la negativa para conceder el subrogado penal de la condena de ejecución condicional de la pena y en su lugar declarar su reconocimiento.

El término de suspensión de la pena principal y las penas  accesorias será de dos (2) años.

La fulminada LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, deberá suscribir diligencia de compromiso del artículo 65 del Código Penal para lo cual prestarán caución juratoria de su cumplimiento.

Se le entera y advierte del contenido del Art. 66 del Código Penal, el cual expresa:

Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena y de la libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.

Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia.

4.2      Prohibición y favorabilidad.  Conjugación de normas. Lex tertia

4.2.1   Sobre la favorabilidad penal

La favorabilidad ha estado consagrada en la Ley desde el año 1887. En efecto, expresan los Artículos 44 y 45  de la Ley 153 de 15 agosto de 1887[1]:

ARTICULO 44. En materia penal la ley favorable ó permisiva prefiere en los juicios á la odiosa ó restrictiva, aún cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.

Esta regla favorece á los reos condenados que estén sufriendo su condena.

ARTICULO 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:

La nueva ley que quita explícita ó implícitamente el carácter de delito á un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.

Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.

Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.

Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.

Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna.

A nivel constitucional, el postulado de la favorabilidad fue reconocido desde la Carta de 1886 en su Art. 26 inciso 2º.

Los convenios internacionales ratificados por el Estado, en especial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968, artículo 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972, artículo 9º), consagran el principio de la favorabilidad.

La Constitución Política de 1991 igualmente consagra el postulado de la favorabilidad en el Art. 29 inciso 3º.

Así mismo, el postulado está consagrado en los Artículos 6ª como norma rectora de los de 1980 y 2000. El Código Penal de 2000 agrega la expresión “sin excepción”.

Es ley más benigna, se ha dicho, es  “la que habilita menor ejercicio de poder punitivo[2].

4.2.2   Sobre la denominada como lex tertia

El fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones, también denominado como lex tertia, significa que de una o varias leyes puede ser tomado aquello que beneficie al procesado y simultáneamente desechado aquello que lo perjudica, es una forma de integración de disposiciones[3].

La jurisprudencia, según el tratadista Carlos Arturo Gómez Pavajeau en su artículo “Principio de legalidad, dinámica de la teoría de la norma[4], rechazó la posibilidad de que se construyera, por parte del intérprete judicial una especie de “tercera ley”, tomando de la norma vigente en el momento de realización de la conducta lo favorable y sumándoselo a lo favorable de la nueva ley o viceversa.

Esa negativa a la tercera ley fue tajante y enfáticamente rechazada por la jurisprudencia, señalando por ejemplo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que:

“es obvio que la favorabilidad ha de predicarse de una ley respecto de otra; pero ¿qué ha de entenderse por ley para tales efectos? He aquí un problema interesante y delicado. Para llegar a solución correcta parece conveniente distinguir entre las varias leyes en conflicto según que consten de un solo artículo o de una pluralidad de ellos; en el primer caso bastaría cotejar las dos o tres normas enfrentadas para determinar cual de ellas es más favorable; en el segundo evento, sería necesario distinguir su contenido y clasificarlas en monotemáticas o simples y pluritemáticas o complejas, según que se ocupen de una misma materia jurídica o de una variedad de ellas; entonces se examinará en conjunto la regulación legal de tal materia, entendida como concreta, institución jurídica (tentativa, coparticipación, concurso, prescripción), o como tipo penal genérico (homicidio, peculado, secuestro). Si se trata de leyes monotemáticas, el cotejo es bien simple porque basta estudiar el tratamiento que dan al fenómeno de que se ocupan y decidir cuál de ellas ofrece la respuesta más favorable; cuando, en cambio, las leyes son pluritemáticas ―ejemplo clásico de ellas son, precisamente, los códigos penales― debe examinarse la materia jurídica referida al hecho cuya solución se busca, en las diversas normas que a ellas se refieren. Quiere esto significar que la ley cuya favorable aplicación demandan la Constitución y los principios  rectores del derecho es concretamente aquella disposición o aquel conjunto de disposiciones que, formando parte de una cualquiera de las que se confrontan, regulen normativamente con mayor beneficio para el interesado, el hecho humano o jurídico generador del conflicto. Lo que no resulta valedero, como lo advierte la doctrina universal y como esta misma corporación lo ha manifestado (ver casación de julio 11/52 y auto de mayo 21 de 1981) es tomar la primera ley solamente lo que en determinado aspecto favorezca al procesado y de la otra lo que desde otro lo beneficie igualmente, porque en tal hipótesis el juzgador no estaría aplicando de las leyes enfrentadas la más favorable, sino creando una tercera con pedazos de aquellas, con lo que se convertiría arbitrariamente en legislador”[5].

También la doctrina patria negó tal posibilidad[6], y en cuanto a la doctrina extranjera, por ejemplo ROXIN apoyado en la jurisprudencia, manifiesta que hay que aplicar la ley más benigna en el caso concreto como un todo, es decir, incluyendo sus componentes más duros[7].

La doctrina penal española coincide en acordar la inaplicabilidad de la lex tertia, puesto que reconoce que no es “posible elegir fragmentariamente aquellos aspectos parciales más favorables de las distintas normativas concurrentes, pues en ese caso el órgano judicial estaría, mediante esa integración de fragmentos de diversas leyes, creando una tercera y distinta norma legal, con invasión de funciones legislativas[8]. Pero además, “la ley antigua y la ley nueva han de ser consideradas en bloque, de modo que, por la propia naturaleza de las cosas, no es posible efectuar una conmixtion de ambas leyes, tomando de cada una de ellas lo que resulte más favorable[9].

Sin embargo, desde hace unos pocos años, según el profesor GOMEZ PAVAJEAU, se ha roto el prejuicio del juez legislador que conllevaba la idea del rechazo de la lex tertia por patrocinar la invasión de órbitas de otros poderes públicos, y hoy precisamente a raíz de la superación del juez como boca de la ley, imagen del positivismo decimonónico, se ha aceptado por el constitucionalismo moderno que el administrador de justicia ostenta importantes facultades para la creación del Derecho[10].

El primer antecedente de la lex tertia en la jurisprudencia patria se dio a varios meses de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, cuando se explicó que a partir de los cambios normativos resaltados, será necesario reinterpretar el significado de la palabra “ley” en el artículo 6º de la Ley 599 de 2000.

En efecto, se dijo en sentencia de 3 septiembre de 2001, radicación No 16.837, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego (acta 131):

“en primer lugar, la favorabilidad es un problema que ocupa al funcionario judicial en el momento de aplicar la ley, desde luego siempre de cara a una vigencia sucesiva de normas.  Es decir, como no es un problema de producción legislativa (legislador) sino de aplicación de la ley (funcionario judicial), debe atenderse al máximo al caso concreto o a la práctica y un poco menos al acervo teórico, con más veras si el propósito legislativo ha sido el de que no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley benigna o favorable así definida (sin excepción, dice el precepto). En razón de la amplitud que perfila el legislador en la aplicación de la ley permisiva, ha de entenderse por ley la norma o precepto que por regular jurídicamente un comportamiento, materia, problema o institución determinada, logra su propia individualización y tiene su particular ámbito de aplicación, sin importar en el concepto el grado de relación entre ellas, porque éste se encuentra supeditado a la ontología de aquéllas. Así pues, en el caso de las penas principales concurrentes, como quiera que cada una de ellas tiene su regulación general, sus propios fines y el respectivo ámbito de aplicación que depende solamente del cumplimiento de la condición que significa el supuesto de hecho, en hipótesis (justificable sólo para determinar la ley más favorable) sería factible conformar una norma con cada una de ellas y el presupuesto común…Quienes piensan que la favorabilidad sólo puede preverse en relación con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y así, verbigracia, aplicarían integralmente el nuevo estatuto porque consagra una pena privativa de la libertad más benigna, no obstante contemplar una sanción pecuniaria más grave que la del anterior ordenamiento, sencillamente han dejado de aplicar la favorabilidad en esa última materia, a pesar de ser ésta perfectamente deslindable en su concepción teórica y práctica, aunque haga parte de un todo orgánico; o, en otras palabras, le han puesto restricciones a un instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen generosamente, siempre y cuando el precepto conserve su identidad y sentido jurídicos, por más que en su aplicación concreta deba relacionarse con otras normas.  Adicionalmente, quienes de esa manera proceden, han puesto a depender la identidad y concreción de la pena de multa (o de la accesoria, en su caso) de la sanción privativa de la libertad, y no de la realización del supuesto de hecho, como debe ser. Lo importante es que identificada una previsión normativa como precepto, cualquiera sea su conexión con otras, se aplique en su integridad, porque, por ejemplo, no sería posible tomar de la antigua ley la calidad de la pena y de la nueva su cantidad, pues un tal precepto no estaría clara y expresamente consagrado en ninguno de los dos códigos sucesivos, razón por la cual el juez trascendería su rol de aplicador del derecho e invadiría abusivamente el ámbito de la producción de normas propio del legislador.  A esta distinción de preceptos para efectos exclusivos de favorabilidad (ella supone una ficción), de modo que hipotéticamente puedan separarse en su aplicación, contribuye, verbigracia, el espíritu del artículo 63 del  estatuto vigente, según el cual el juez podrá suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad y exigir el cumplimiento de las otras (multa e inhabilitación), sin que por ello se convierta en legislador o renegado de la respectiva disposición sustantiva que obliga la imposición de las tres penas como principales y concurrentes, pues la decisión judicial no es norma sino derecho aplicado”.

Se aplica ahora entonces la favorabilidad sin excepción, en consecuencia, se ha abierto camino la llamada lex tertia, según la cual la misma es producto de “una especie de conjugación normativa que reivindica a plenitud el principio de favorabilidad[11].

En pronunciamiento  de octubre 6 de 2004, en el proceso con radicado 19.445, M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón,  la Corte reiteró tal postura en los siguientes términos:

“2. Desde hace bastantes días, desde antes de la sentencia de 2ª  instancia, se viene diciendo por la Corte Suprema de Justicia que el fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones, igualmente llamado lex tertia, tiene cabal cabida en nuestro medio. Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable

“Así ha debido obrar el Tribunal: aplicar la nueva normatividad para la prisión y acudir a la anterior en relación con la multa”.

En el  fallo con Rad. 25.443 de 12 de octubre de 2006, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, también se dijo para el fenómeno de la ley intermedia:

“Por lo tanto, el precepto intermedio aplicable sería el artículo 450 de la Ley 599 de 2000 con efectos retroactivos al cobijar hechos acaecidos antes de entrar en vigencia, pero también, con efectos ultraactivos, dado que su empleo se produce cuando ya no se encuentra vigente, características propias de la denominada ley intermedia”.

Más adelante precisó, de cara  al tema de la lex tertia:

“De otra parte es necesario puntualizar que respecto del principio de favorabilidad ha dicho la Sala que por ley debe entenderse la norma que, al regular jurídicamente un comportamiento, tiene su propia individualización y ámbito de aplicación y que cuando se trata de penas principales concurrentes, como cada una tiene su regulación general, sus propios fines y específico ámbito de aplicación es jurídicamente posible conformar una norma con cada una de ella respecto del presupuesto común que regulan[12] ( …)”.

Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable[13], como además se dijo en sentencia con Rad. 29.692 de 20 enero de 2010, en la cual se explicó que el fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones” es admisible en el orden jurídico colombiano.

Claro que dicho instituto tiene limitaciones, como se explicó en el proceso con Rad. 33.665 de 7 abril de 2010, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, cuando se dijo:

“Ahora bien, el demandante ―en el intento de buscar unos límites punitivos que le permitan reducir la sanción corporal, o bien fijar un término prescriptivo inferior al real― propone una exótica e improcedente combinación de leyes; así, pretende que el juzgador ha debido tomar el límite punitivo inferior previsto para el delito de estafa en el Código Penal de 1980, y el límite máximo según lo que señala el estatuto sustantivo de 2000.  Semejante fórmula es inconcebible, pues corresponde a una modalidad de configuración de lex tertia inadmisible, pues ante la concurrencia de estatutos punitivos, el legislador debe escoger aquel que regule cada especie de pena, según criterios de favorabilidad, y aplicarlo integralmente”

4.2.3   La Ley 1709 de 2014 y el instituto jurídico denominado como Lex tertia

Aunque la nueva normatividad (Ley 1709 de 2014) en su Artículo 32 modifica el Art. 68-A del Código Penal, sobre “exclusión de beneficios y subrogados penales”, entre los cuales incluye algunos ilícitos, se debe tener en cuenta que algunos delitos no están dentro de las prohibiciones de la norma original derogada y vigente para el momento de los hechos, la cual, por favorabilidad, se ha de aplicar; adicionalmente, el antecedente, en caso de existir, debe ser posterior a la data de enero 20 de 2014.

Es decir, se ha de preferir, en el caso concreto, el Art. 68-A del Código Penal, adicionado por el Art. 32 de la Ley 1142 de 2007,  modificado por el Art. 28 de la Ley 1453 de 2011, y finalmente modificado por el Art. 13 de la Ley 1474 de 2011.

La Sala ha aplicado entonces el instituto de la Lex tertia.

5-  DECISION

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PENAL, administrando Justicia en nombre de la República  y autoridad de la ley, (i) CONFIRMA la sentencia de condena, por las razones expuestas; (ii) SE REVOCA la negativa a conceder el subrogado penal, en su lugar SE CONCEDE EL SUBROGADO PENAL del Art. 29 de la ley 1709 de 20 enero de 2014 que reformó el Art. 63 de la Ley 599 de 2000, el término de suspensión de la pena principal y accesorias será de dos (2) años, la señora LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, de condiciones civiles y naturales conocidas, suscribirá diligencia de compromiso del artículo 65 del Código Penal para lo cual prestarán caución juratoria de cumplimiento, se le entera y advierte del contenido del Art. 66 del Código Penal, (iii) ejecutoriada esta sentencia se remitirán copias a ejecuciones fiscales (Art. 41 CP y parágrafo 2º Art. 3º Ley 1709 de 2014), (iv) contra esta sentencia procede casación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

NELSON SARAY BOTERO

Magistrado

HENDER AUGUSTO ANDRADE BECERRA

Magistrado

SANTIAGO APRAEZ VILLOTA

Magistrado

 



[1] Diarios Oficiales Nos. 7.151 y 7.152, del 28 de agosto de 1887

[2] Zaffaroni / Alagia / Slokar. Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 104

[3] El principio constitucional de la favorabilidad penal. Antonio Luis González Navarro. Se puede consultar en:

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.juecesyfiscales.org%2Fdescargas%2Ffavorabilidad.zip%3Fml%3D5%26mlt%3Dsystem%26tmpl%3Dcomponent&ei=jT7qUtqQMNGukAfv04G4Bw&usg=AFQjCNHiLGOcoF6QxRgpfz_0tIa_b7lQUg

[4] Publicado en:

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmedia.wix.com%2Fugd%2Ff44647_a428ecb20327d7a02526769a0c98900a.doc%3Fdn%3DDocumento%2520Penal%25207.doc&ei=jT7qUtqQMNGukAfv04G4Bw&usg=AFQjCNEeRHkr3lZueQdRrE9T223ScL_6Lg&bvm=bv.60444564,d.eW0

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de diciembre 10 de 1981 y Auto de abril 1 de 1982

[6] Por todos REYES ECHANDÍA ALFONSO. Obras Completas Volumen I. Bogotá, Temis, 1998, pp. 67 y 68

[7] ROXIN, Derecho Penal, ob.cit, p. 168.

[8] RODRÍGUEZ MOURULLO GONZALO y BARREIRO AGUSTÍN JORGE. Comentarios al Código Penal Parte I. Madrid, Civitas, 1997, p. 32

[9] VIVES ANTÓN TOMÁS SALVADOR. Comentarios al Código Penal de 1995 Volumen I. Valencia, tirant lo blanch, 1996, p. 49.

[10] La jurisprudencia constitucional ha señalado que la “Carta, en su artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  Con fundamento en este mandato constitucional, la creación del derecho en nuestro sistema jurídico es una labor compartida en la cual participan diversos órganos estatales, que en el ejercicio de sus funciones están limitados por una serie de condicionamientos materiales”; Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001.

[11] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia Rad.  19.371 de 26 noviembre de 2003

[12] Cfr. Providencia del 3 de septiembre de 2001 Radicación 16837.

[13]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 06 de octubre de 2004, rad. núm. 19445.

Última actualización el Viernes, 07 de Marzo de 2014 21:00
 
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