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Corte Suprema de Justicia
PENAL Conozca el alcance probatorio de la prueba de referencia en materia penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 20 de Junio de 2016 17:33

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..

La prueba de referencia es toda declaración realizada por fuera del juicio oral y es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño ocasionado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en juicio.

 

Esta fue una de las apreciaciones dadas por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 437 de la Ley 906 del 2004, a través de un comunicado sobre una sentencia, al resolver un recurso de casación.

 

Igualmente, la corporación aseguró que esta prueba requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1.Debe tratarse de una declaración

 

2.Que haya sido realizada por fuera del juicio oral

 

3.Se utilice o pretenda utilizar como medio de prueba y

 

4.Que el declarante no esté disponible para testificar en el juicio.

 

También resaltó que esta prueba es la declaración anterior de quien no asiste a declarar en el juicio oral y no, como equivocadamente lo interpretan los jueces y las partes, como el medio utilizado para demostrar que esa declaración existió y cuál es su contenido.

 

Del mismo modo, la Sala Penal indicó que para que una declaración anterior al juicio oral pueda ser admitida como prueba de referencia debe cumplir con las condiciones específicas establecidas en el artículo 438 y las generales indicadas en el artículo 441 inciso segundo de la Ley 906 del 2004.

 

Eficacia probatoria

 

El alto tribunal de justicia, acorde con el artículo 381 de la Ley 906, explicó que la eficacia probatoria para este tipo de pruebas es limitada, puesto que prohíbe condenar con fundamento exclusivamente en este material probatorio, siendo necesario que existan otros medios de naturaleza distinta que la complementen, y que su valoración conjunta permita llegar a la convicción racional de que el hecho delictivo ocurrió y que el procesado es responsable.

 

Además, afirmó que la declaración debe superar los juicios de legalidad, conducencia, pertinencia, conveniencia y utilidad exigidos para la generalidad de los medios de prueba y debe provenir de una fuente conocida, esto es, una fuente humana determinada, y en el caso que no se cumpla con esta condición, como las declaraciones anónimas, no será jurídicamente posible su admisión como medio de prueba (M.P.: José Francisco Acuña Vizcaya).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Comunicado Sentencia SP57982016 (41667), Abr. 05/16...."

Última actualización el Lunes, 20 de Junio de 2016 17:35
 
Corte Constitucional condiciona un aparte del delito de feminicidio PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Junio de 2016 22:03

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el literal e) del artículo 2° de la Ley 1761 del 2015 (Rosa Elvira Cely), mediante la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, en el entendido de que “la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género”.

 

Se debe decir que el literal establece como una de las circunstancias de esta conducta penal que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciando o no.

 

El accionante manifestaba que el aparte acusado contrariaba a la Carta Política, en tanto que el legislador creó un tipo penal abierto que conllevaba a una violación de los postulados del debido proceso, “además que su clara ambigüedad violaba el principio de legalidad”. (Lea: Género y justicia)

 

Según el concepto de la alta corporación, y teniendo cuenta de la dificultad de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder la intención de dar muerte por motivos de género, determinó que la inclusión de elementos contextuales en la descripción del tipo penal de feminicidio constituye una garantía del acceso a la justicia para las mujeres, con un cambio estructural del derecho penal, el cual integra una perspectiva de género tanto en los tipos penales como en su investigación y sanción.

 

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones internacionales de adoptar medidas para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. (Lea: Mallete y garrote para las decisiones judiciales con enfoque de género)

 

Así mismo, la corporación enfatizó que la misma norma y las referencias al derecho internacional de derechos humanos permiten precisar que necesariamente la violencia a la que se refiere el literal acusado es violencia de género, “lo cual es indispensable para establecer un patrón de discriminación que identifique una intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por motivos de género, como elemento diferenciador del homicidio”.

 

Esta precisión mediante un referente calificado da a la norma claridad y hace que sea posible prever la conducta sancionada, agregó el pronunciamiento judicial.  (Lea: Estereotipos de género en decisiones judiciales las convierten en escenarios de discriminación)

 

En este orden de ideas, consideró que para superar esa indeterminación era necesario declarar una constitucionalidad condicionada del aparte acusado que garantice el respeto del principio de legalidad y precise el elemento diferenciador del delito en mención.

 

Finalmente, el magistrado Alberto Rojas Ríos se apartó de manera parcial de la decisión anterior, su colega Jorge Ignacio Pretelt anunció la presentación de una aclaración de voto en relación con la aptitud de la demanda. Por su parte, Alejandro Linares Cantillo se reservó una eventual aclaración de voto (M.P. Gloria Stella Ortiz)...."

Última actualización el Jueves, 16 de Junio de 2016 22:04
 
¿Cómo deben manejarse las declaraciones anónimas en la investigación penal? PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Junio de 2016 22:00

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que las declaraciones anónimas pueden ser útiles para las labores de control y verificación por parte de la Policía, e incluso pueden servir de base al inicio de la actuación penal cuando reúnen los requisitos consagrados en el artículo 29 de la Ley 600 del 2000 o del artículo 69 de la Ley 906 del 2004, pero no pueden ser utilizadas como prueba de la responsabilidad penal porque con ello se afectarían gravemente los derechos del procesado. (Vea: ¿Es posible solicitar como propios testigos de la contraparte en el proceso penal?)

 

 

Según explicó la providencia, la intención del legislador al evitar que declaraciones emanadas de personas indeterminadas sean usadas como medio de prueba es evitar la afectación que ello conlleva para los derechos de los procesados, principalmente en la imposibilidad del procesado de interrogar o hacer interrogar al testigo y, en general, de ejercer el derecho de confrontación, consagrado en los artículos 8 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

 

En síntesis, explicó, en el ordenamiento jurídico colombiano las declaraciones anónimas pueden ser utilizadas para lo siguiente:

 

a)  Por las autoridades de policía, para realizar labores de verificación;

 

b) Si reúnen los requisitos del artículo 29 de la Ley 600 del 2000 (equivalente al artículo 69 de la Ley 906 de 2004), puede dar lugar al inicio de la actuación penal; y

 

c) Pueden ser útiles para obtener los verdaderos medios de prueba.

 

Con base en la declaración recibida, el funcionario judicial debe tener suficiente claridad sobre los diferentes niveles de conocimiento que consagra el ordenamiento jurídico frente a cada decisión en particular y sobre la posibilidad de utilizar, para dichos efectos, la información recaudada, explicó el alto tribunal, pues es posible, por ejemplo, que unos datos en particular puedan ser utilizados por las autoridades de policía para realizar labores de control y verificación, e incluso sea idónea para iniciar la actuación penal, pero no puedan ser utilizados como prueba de la responsabilidad (M. P. Patricia Salazar).

 

CSJ, Sala Penal, Sentencia SP 75702016 (40961), Jun. 8/16.."

Última actualización el Jueves, 16 de Junio de 2016 22:01
 
No conceder descuentos punitivos no genera incremento general de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 14 de Junio de 2016 21:49

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Cuando no se conceden descuentos punitivos en virtud de las prohibiciones que impiden brindar beneficios en casos como el secuestro cometido contra menores, entre otros, pese a haberse allanado a cargos el investigado, tampoco procede el incremento general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004.

 

Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de reducir en sede de casación una condena de 40 a 31 años a tres procesados por el delito de secuestro extorsivo contra un menor de edad.

 

De ahí que se dosificara la sanción impuesta tomando como sustento la prevista en el artículo 170 original de la Ley 599 del 2000, sin el incremento de la Ley 890. (Lea: Conozca el cambio jurisprudencial sobre el papel del juez ante la petición absolutoria de fiscal)

 

Frente al aumento general de penas, según el concepto de la Sala, lo que procura es brindar a la Fiscalía un mayor campo de acción para lograr allanamientos o preacuerdos y ofrecer una disminución de la sanción cuando tal beneficio no es procedente.

 

Como lo dijo la Corte, “decae la justificación del aumento de la penalidad, luego en ese orden han de concluirse concurrentes los supuestos fácticos de la causal invocada para de ese modo remover los efectos de la cosa juzgada que permitan ajustar la sentencia objeto de la acción a la nueva línea jurisprudencial”.

 

Casuística penal

 

La Sala Penal condenó a tres procesados a 31 años de prisión por el secuestro de un menor de edad ocurrido hace nueve años en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Hay que recordar que la víctima fue raptada cuando regresaba del colegio a su residencia.

 

Una vez se hizo efectivo el plagio, los raptores llamaron a su progenitor, a quien le exigieron una suma millonaria de dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, el menor aprovechando una distracción de sus captores logró “deshacerse de las ataduras y emprendió la fuga para solicitar ayuda en los alrededores de ese lugar”. (Lea: Este es el precedente sobre libertad sin salvedades por vencimiento de términos)

 

Se debe mencionar que en desarrollo de la investigación, adelantada por la Fiscalía General, uno de los captores se entregó a las autoridades y señaló a los demás responsables del delito, a quienes se les imputó el delito de secuestro extorsivo a título de coautores .

 

Aunque los procesados se allanaron a los cargos imputados en la audiencia preparatoria, no recibieron rebaja punitiva alguna derivada de esa actitud dadas las prohibiciones establecidas en los artículos 26 de la Ley 1121 del 2006 y el artículo 199.7 de la Ley 1098 del 2006.

 

Por disposiciones de estas normativas, no resulta viable rebaja punitiva derivada de la terminación anticipada del proceso cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión; igualmente, en las negociaciones y preacuerdos entre Fiscalía e imputado o acusado cuando el delito de secuestro, entre otros, sea cometido contra un menor de edad. (Lea: Procesados por delitos sexuales contra menores pueden solicitar libertad por vencimiento de términos)

 

En estas condiciones, por lo tanto, la Sala acogió los precedentes de febrero del 2013 y de abril del 2014 que favorecieron a los condenados, toda vez que en las condiciones en que se desarrolló la investigación no era viable aplicar el aumento de la pena que se consideró en la decisión de instancia (M.P. Luis Guillermo Salazar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-65582016, May. 18/16.."

 

Última actualización el Martes, 14 de Junio de 2016 21:50
 
PENAL No se requiere querella para iniciar la acción penal por estafa agravada PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 06 de Junio de 2016 16:59

tomado de www.ambitojuridico.com

"..El pronunciamiento se dio como consecuencia de una controversia planteada por un demandante, el cual estimaba que el delito de estafa agravada requería querella de parte para su iniciación.

 

Así, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que aun cuando en el artículo 74 de la Ley 906 del 2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1142 del 2007, se contempla como querellable la estafa en cuantía superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ello no incluye a la estafa agravada.

 

Así, las circunstancias de agravación punitiva previstas en el artículo 247 del Código Penal no han estado nunca incluida en el listado que establece el artículo 74 citado, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema.

 

Los agravantes contemplados dentro de la ley, en relación con el delito de estafa, son.

 

1. Que el medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.

 

2. Que el provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error.

 

3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer.

 

Según explicó la providencia, la estafa agravada se trata de un tipo penal especial e independiente y su no inclusión en la lista de punibles querellables permite concluir que es un ilícito perseguible de oficio.

 

Así mismo, que la denuncia se interponga en un plazo inferior o superior a seis meses, como se exige para los delitos que requieren querella, no impide que se inicie la acción penal, concluyó (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia 64122016 (44179), May. 18/16...."

Última actualización el Lunes, 06 de Junio de 2016 17:01
 
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