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Corte Suprema de Justicia
Falta de resistencia física de víctima no desvirtúa violencia del acceso carnal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:48

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...El factor de la violencia en el delito de acceso carnal violento debe ser valorado por el juez desde una perspectiva ex ante, lo cual implica retrotraerse al momento de realización de la acción y tener en cuenta otros aspectos, como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al explicar que la idoneidad de la coacción, moral o física, dependerá de si tuvo la identidad de doblegar o no la voluntad de cualquier persona en las mismas condiciones de la víctima.

 

Bajo ese contexto, advirtió que un ataque violento no siempre genera una reacción expresada en actos materiales de defensa, ya que también puede ocasionar un estado de conmoción que paralice a la víctima, es decir, aquel no se desvirtúa con la ausencia de gritos, golpes o llamados de auxilio o cualquier acto de resistencia de física.

 

Por tanto, un estado de parálisis e inmovilidad asumido por la víctima no significa que haya dado su consentimiento, destacó la corporación.

 

Además, el fallo indicó que, en estos eventos, no se le puede exigir al sujeto pasivo activar mecanismos de autotutela y protección, los cuales sí proceden en ilícitos como la estafa y exoneran al autor de responsabilidad penal, pero son inviables frente a los delitos sexuales.

 

Caso

El alto tribunal casó una sentencia que absolvió a un hombre de la comisión del acceso carnal violento contra una joven de 15 años. Aunque el juzgador de segunda instancia afirmó que el acto fue consentido por la víctima, porque esta no se opuso a él y, además, sostenía una relación previa de amistad con el procesado, la Corte rechazó estos argumentos.

 

Frente a lo segundo, la providencia reprochó que el tribunal expusiera una argumentación que solo refleja sus prejuicios, al cuestionar el comportamiento social y sexual anterior de la víctima, pues esa posición viola la normativa internacional e interna que busca erradicar la discriminación contra la mujer.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5395 (43880), mayo 6/15, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:52
 
Prevaricato no se configura cuando existe un acto involuntario o 'lapsus calami' PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:04

Tomado de  www.legismovil.com.

"..Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema en sentencia que absolvió a un juez de familia acusado de prevaricar. El funcionario modificó, erróneamente, mediante un auto posterior a la sentencia, las fechas entre las cuales se formó una unión marital, pues su real intención era cambiar la fecha de inicio de la sociedad patrimonial. La Sala encontró que el error consignado únicamente en la parte resolutiva de la providencia no se identificaba con lo realmente expuesto en la parte motiva, lo que representó un descuido generador de culpa, que no se encuentra prevista como delito. De ese modo, si en la actuación del sujeto calificado no se advierte la intención concreta de daño, de desconocer la ley o actuar contrario a derecho, sino el afán por subsanar la actuación, carece de sentido atribuir a hecho diferente al lapsus calami la desarmonía de la decisión, dada la inexistencia de efecto material concreto que justifique como intencional el yerro (M.P. Gustavo Enrique Malo).

Noticia generada en May. 29/15 (3:09 p. m.)..."


Última actualización el Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:20
 
Víctimas no pueden solicitar cambio de radicación de un proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:15

Tomado de www.ambitojuridico.com :

"...La Corte Suprema de Justicia recordó que a la luz del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), la facultad de solicitar el cambio de radicación de un proceso está únicamente en cabeza de las partes.

 

Según la corporación, esta limitación se deriva de la interpretación del artículo 47, que indica que antes de iniciar la audiencia de juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno, oralmente o por escrito, pueden solicitar el cambio de radicación, ante el juez que esté conociendo del proceso.

 

A su juicio, de este mandato legal se deriva la exclusión directa de la víctima como legitimada para elevar la solicitud, teniendo en cuenta que en el actual sistema, su calidad es de interviniente, en tanto que la condición de “parte” solamente la ostentan la defensa y la Fiscalía.

 

Para el alto tribunal esto es tan claro, que dicha disposición distinguió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido de que este último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente. Por ello, explicó que ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, ya que, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido.

 

Con todo, advirtió que los operadores judiciales se abstendrán de examinar la solicitud de cambio de radicación, cuando el escrito sea presentado por la víctima.

 

Garantías

De acuerdo con el pronunciamiento, la conclusión derivada de la interpretación del artículo 47 no limita el acceso a la administración de justicia, no restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, ni genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del proceso penal.

 

En criterio de la Sala, aunque el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, no estableció tal facultad en cabeza de las víctimas, las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro surgen de factores externos que no comprometen la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales que deban adelantar el juicio.

 

Por tanto, el ejercicio de esa potestad no es de significativa relevancia frente a los derechos de aquellas, que, en todo caso, pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno a invocar su pretensión. Así, recordó que cuando probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio, debe contactar a los sujetos mencionados.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1758 (45418), abr. 7/2015, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández)..."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:17
 
Fiscal que omite formular acusación a tiempo incurre en falta disciplinaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:09

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión por dos meses impuesta a una fiscal que omitió presentar el escrito de acusación en el término legalmente establecido, razón por la que los imputados fueron dejados en libertad.

 

De acuerdo con la corporación, esa conducta constituye una falta disciplinable, pues contradice lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 154 de Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), que prohíbe retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos asignados.

 

En ese contexto, encontró configurada la desatención de los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que expresamente señalan que el término para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad no puede exceder de 30 días, contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación.

 

En este caso, agregó la Sala, las normas procesales desconocidas por la disciplinada protegen el debido proceso del investigado. En ese sentido, recordó que “el legislador señaló un lapso razonable a fin de no someter al indiciado a un procedimiento extenso, marcado por las dilaciones. En consecuencia, al omitir la disciplinable radicar la formulación de acusación, vulneró con ello los derechos fundamentales de los investigados y, a su vez, la seguridad jurídica de quienes demandan la aplicación de la justicia”.

 

Por último, indicó que la conducta desplegada por la fiscal comporta antijuridicidad, sobre todo si la transgresión no estuvo justificada. De hecho, se constató que la funcionaria, en la época en que debía cumplir con su obligación, no se encontraba en encargo, incapacitada, ni de vacaciones.

 

(Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 47001110200020100024701, dic. 11/4, M.P. Wilson Ruíz Orejuela).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:10
 
Corte Suprema aclara aplicación de aumento de penas en homicidio de menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por e   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:06

 

tomado de www.ambitojuridico.com:

"....La Corte Suprema de Justicia determinó que el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no procede frente al homicidio agravado de menores, cuando el imputado se ha allanado a los cargos.

 

Según la Sala Penal, lo que justifica la aplicación del aumento es evitar que quienes se acogen a sentencia anticipada obtengan penas irrisorias por la aceptación de sus delitos, beneficio al que no podría acogerse quien delinque contra menores, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006.

 

Así, pierde toda razón de ser el aumento, dado que esta última norma impide concederles rebaja de penas por preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía a quienes cometan homicidio o lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro en contra de niños y adolescentes.

 

“La aplicación del incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 resulta improcedente, pues su finalidad no se halla justificada y constituye una intervención desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad personal, como quiera que pese a la admisión de responsabilidad realizada por el procesado durante la audiencia de formulación de la imputación no se le disminuyó la pena, ni se le otorgó beneficio penal alguno”, precisó la Corte.

 

La Sala recordó cómo, con base en las mismas conclusiones, inaplicó, a partir de la Sentencia 33254 del 2013, el aumento de penas cuando los procesados se hubieran allanado a cargos por los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 (sobre conductas relacionadas con el terrorismo), no tienen rebaja de penas.

 

“Al prohibir esta legislación la concesión de beneficios punitivos, eliminando cualquier tipo de efecto positivo sobre la pena para el procesado, el incremento no tendría razón, resultando excesiva su aplicación y, por tanto, también violatoria del principio de proporcionalidad de la sanción penal”, precisó la Sala.

 

La Corte agregó que el legislador ha abandonado premisas a su juicio vengativas sobre el juzgamiento y la sanción de las conductas delictivas, para ocuparse más cuidadosamente de que el castigo del Estado no exceda los límites eminentemente necesarios y justificados para prevenir la comisión de delitos.

 

El fallo destaca la necesidad de mantener el principio de proporcionalidad de la pena, tarea que, en criterio de la corporación, no solo radica en la labor legislativa, sino en la del juzgador, a quien le corresponde analizar, en cada caso, las consecuencias de las circunstancias de mayor y menor punibilidad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2196 (37671), mar. 4/15, M. P. Leonidas Bustos).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:07
 
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