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Corte Suprema de Justicia
Menores de edad que cometan delitos deben cumplir pena hasta su agotamiento PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 21 de Mayo de 2016 20:21

tomado de www.ambitojuridico.com

"..Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, sujeta a reserva y de la que solo se publicó un comunicado, explicó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1453 del 2011 se suprimió el límite de 21 años para que menores de edad que cometan delitos de homicidio, secuestro y otros que contemplen la pena privativa de la libertad cumplan la sanción impuesta, independientemente de la edad que tengan para el momento en que sean condenados y cobre ejecutoria la sentencia respectiva.

 

Según lo advirtió el alto tribunal, la previsión normativa, en términos de política criminal, resulta conveniente de cara a la preocupación del legislador para superar la impunidad (artículo 187, Ley 1098 del 2006).

 

No obstante, se aclaró que la disposición en comento no puede ser aplicada de manera retroactiva respecto de los menores que hubieren ejecutado los injustos antes de que fuera promulgada dicha ley, porque ello contraería la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de legalidad (M. P. Eyder Patiño).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 31222016 (46614), Mar. 09/16.."

 
Esto dice la sentencia sobre circunstancia de agravación de la pena de multa por reincidencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Sábado, 21 de Mayo de 2016 20:13

Tomado de www.legismovil.com

"...A través de la Sentencia C-181 del 2016, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una expresión contenida en el artículo 46 de la Ley 1453 del 2011, que reformó el artículo 39 del Código Penal. La disposición acusada permite duplicar la unidad multa cuando la persona haya sido condenada anteriormente por delito doloso o preterintencional en los 10 años previos, contados desde la realización del nuevo ilícito sancionado con la pena principal de multa. Según el demandante, la normativa violaba los principios de legalidad, cosa juzgada y non bis in ídem, porque habilita una doble valoración judicial negativa del punible cometido inicialmente, esto es, fraccionar el hecho para traducirlo en varias penas, aseguraba el escrito. No obstante, la Corte encontró que se justifica válidamente que la figura de la reincidencia penal sea, en este caso, una circunstancia de agravación de la pena de multa, es decir, que se ubique en el elemento dogmático de la punibilidad, dado que así lo dispuso el legislador. Según concluye la providencia, la disposición jurídica no infringe el principio del non bis in ídem y se constituye en una medida de agravación punitiva que no se torna irrazonable, “ya que la labor del juez al aplicar la norma que contiene el agravante punitivo examina el nuevo delito, sin realizar valoraciones de la sentencia precedente que dan cuenta de la reincidencia del sujeto activo actual” (M.P. Gloria Stella).

Noticia generada en May 20/16 (3:56 p.m.).."

Última actualización el Sábado, 21 de Mayo de 2016 20:14
 
Facultad del juez penal para valorar si en el futuro se configurarán requisitos para decretar medida de aseguramiento es constitucional PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Sábado, 21 de Mayo de 2016 20:09

Tomado de www.legismovil.com

 

"...A través del último comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó la exequibilidad de la expresión “el futuro”, contenida en el artículo 2º de la Ley 1760 del 2015, que adicionó un parágrafo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004). La norma señala que durante la calificación jurídica provisional contra el procesado el juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en “el futuro” se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. En opinión del demandante, se violaba la presunción de inocencia, ya que se está prejuzgando la actuación del investigado. De esta manera, la Corte efectuó el análisis de cada una de las finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Código de Procedimiento Penal, del cual determinó que ninguna de ellas se aplica para sancionar una situación ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones actuales del proceso se presente una situación en el futuro. Así mismo, reiteró que un análisis sistemático de la legislación procesal penal permite inferir que si bien la norma demandada no exige expresamente que se presenten elementos probatorios frente a la configuración de los requisitos constitucionales de la medida de aseguramiento, “el artículo 306 de la misma ley sí lo requiere, al exigir al fiscal que solicita al juez de control de garantías dicha medida presente, entre otros, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida”. El magistrado Alberto Rojas Ríos se apartó de la decisión anterior, toda vez que considera que la norma refleja una filosofía “peligrosista” proscrita de la Constitución Política, que desconoce el principio de justicia, seguridad jurídica, presunción de inocencia y la garantía de la libertad personal (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).

Noticia generada en May 20/16 (2:15 p.m.) ..."

Última actualización el Sábado, 21 de Mayo de 2016 20:13
 
Procesados por delitos sexuales contra menores pueden solicitar libertad por vencimiento de términos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 13 de Mayo de 2016 15:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La prevalencia de los derechos de los menores no puede ser entendida como la negación absoluta de las garantías fundamentales de los condenados, entendimiento que se hace extensible a quienes apenas tienen la condición de imputados o acusados y, por tanto, se les presume inocentes.

Así  lo informó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de establecer que el derecho de todos los procesados a obtener la libertad provisional por vencimiento de términos no implica la negación de la prevalencia de los derechos constitucionales a esta población vulnerable.

Al respecto, la prevalencia de los derechos de los menores de edad, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra menores. (Lea: Este es el precedente sobre libertad sin salvedades por vencimiento de términos)

Para la Sala, un entendimiento ponderado de esta problemática llevaría a concluir que un proceso judicial sin dilaciones injustificadas se obtendrían beneficios para:

· La sociedad, porque con la condena o la absolución se esclarece prontamente un hecho que encendió las alarmas y causó pública desazón.

· En las víctimas, al obtener una justicia, verdad y reparación coetánea con su proceso de sanación.

· Al procesado, para quien concluye una etapa de angustias, en particular si es absuelto de las acusaciones, porque obviamente se libra de unos injustos señalamientos y de la restricción de sus derechos fundamentales.

Labor del juez

De ahí que la eliminación de las consecuencias jurídicas del vencimiento de los términos en relación con la detención preventiva, el relevo del funcionario a cargo de la investigación y las sanciones penales o disciplinarias por el delito de prolongación ilícita de la libertad “no contribuye positivamente a esos objetivos, incluso propicia el efecto contrario al crear una zona de ‘confort’ en la cual el desinterés o la negligencia de las autoridades no es censurada”, agregó la corporación judicial.

Ahora bien, la Corte precisó que dicha interpretación jurisprudencial no tiene como consecuencia inmediata que todos los procesados por delitos sexuales contra menores de edad que soliciten la libertad por vencimiento de los términos deban ser excarcelados, pues corresponde a los jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada.

Lo anterior de conformidad con los parágrafos primero y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que concuerdan con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos humanos para estos temas. (Lea: Entrevista forense a menor víctima de delitos sexuales es elemento probatorio)

Razón por la cual el máximo juez de la jurisdicción ordinaria concluyó que en los delitos de altísimo impacto los jueces de control de garantías, en su calidad de garantes de los derechos fundamentales, deben evaluar todas las causas de la dilación de los términos y no solo para recriminar la conducta procesal del detenido.

Pero también para descartar maniobras ocultas de los demás sujetos procesales, “tendientes a prolongar el tormento de quien, de forma anticipada y prejuiciosa, ha sido condenado por la opinión pública” (M.P. José Francisco Acuña).

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia 84957, Abr. 26/16....."

Última actualización el Viernes, 13 de Mayo de 2016 15:04
 
Homicidio agravado por motivos abyectos o fútiles. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 22:11

Tomado de http://derechopenal-colombia.blogspot.com.co/

 

"...De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, abyecto es aquello despreciable, vil en extremo; y fútil aquello que carece de aprecio o importancia.

En cuanto al agravante contemplado en nuestro sistema de tendencia acusatoria para el delito de homicidio por motivos abyectos o fútiles (Art. 103, 104 Numeral 4 del C.P) es claro que dicho motivo aducido como desencadenante de la acción homicida se debe identificar plenamente, pues obrar por motivos fútiles no puede ser otra cosa que realizar el hecho delictivo por una causa tan insignificante, tan nimia, que hace resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. Y abyecto es actuar de manera despreciable o vil, como por ejemplo quien matare a otro por venganza, pues esto lo hace repugnante.
Entratándose de circunstancias específicas de agravación punitiva de una determinada conducta punible, siempre se ha sostenido que es imprescindible que en la actuación se encuentren debidamente demostradas, toda vez que como elementos integrantes del tipo básico en particular, requieren de las mismas exigencias de concreción y claridad, no solo con el fin de que el procesado no albergue duda “razonable” frente al cargo que debe enfrentar en el juicio, sino también respecto de consecuencias punitivas de la responsabilidad penal que voluntariamente decide aceptar, en los eventos de allanamiento a cargos o negociaciones y preacuerdos, dado que aquellas delimitan en cada caso concreto los extremos mínimo y máximo de la sanción a imponer. (Art. 61 del CP)
En cuanto a la causal agravante especifica, se debe delimitar en cual de ambas se incurrió (abyecto o fútil), ya que de la inadecuada redacción normativa se pueden tratar como sinónimos, cuando son dos figuras totalmente disímiles.
Valoración judicial.
La esencia del proceso constitucional- penal es acceder al valor justicia, en síntesis, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que tiene por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal..., se trata de hacerjusticia material en cada caso[1]
Si se parte del presupuesto de que “...el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso”
“El funcionario (léase Agente del Ministerio Publico, Fiscal, Juez) está exhortado a cumplir fielmente los deberes que la Constitución y la ley le imponen, sobre todo cuando se es garante institucional de la Administración de Justicia; por ello, dentro de marcos razonables, el funcionario tiene el deber jurídico de apreciar correctamente las pruebas del proceso, la duda es un estado racional del conocimiento, no se puede convertir en una gratificación, en un aguinaldo, en una regalía.
La duda es un estado insalvable del conocimiento, tiene que aparecer fundamentada en insuperable condición probatoria, tanto para absolver por falta de prueba que demuestre con suficiencia la inocencia del procesado, como para condenar por falta de prueba que con suficiencia permita declarar la certeza de la responsabilidad; de lo contrario, en uno y en otro caso la sentencia de mérito debe ser absolutoria o condenatoria.
En suma, cuando hay suficiente evidencia en uno u otro sentido, no puede haber duda y no puede haber absolución.”[2]
En cuanto al criterio de valoración por parte del juzgador, siempre debe primar entre otros principios el de la legalidad, ya que el fallador no puede conceder valor probatorio a los elementos que han sido allegados de manera banal y mucho menos que han sido aducidos con violación a la disposición legal. Para esto el Art. 380 del código procedimental es claro, y define que “los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física se apreciaran en conjunto…”
Además de lo anterior, el sistema de tendencia acusatoria otorga al juez la posibilidad de apreciar y valorar la prueba según su percepción, persuasión y convicción, o lo que se conoce como sana critica, pues no tiene que ceñirse al valor que da la ley a cada prueba, sin que esto atente contra la legalidad. O sea que el fallador es libre de crear su propio convencimiento, pero ello debe estar sujeto a lo realmente probado en la vista pública de juicio oral, pues de lo contrario seria una especulación creativa de lo que no se ha aducido en juicio.
De ahí que sea importante la diferenciación de cada una de las circunstancias de agravación punitiva, no solo para el punible de homicidio sino para las demás consagradas en la norma sustantiva penal, y ello con el fin de evitar yerros jurídicos por parte de los jueces al materializar la ley a la luz de la dignidad humana como mandato constitucional.
En atención a la congruencia, como principio fundante del sistema procesal acusatorio, la corte suprema de justicia a dicho[3]:
La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el asunto de manera contraria a las pretensiones de la acusadora; y, así mismo, (ii) la acusación debe ser completa desde el punto de vista jurídico (la que, en aras de la precisión, se extiende hasta el alegato final en el juicio oral), con lo cual se quiere significar que ella debe contener de manera expresa las normas que ameritan la comparecencia ante la justicia de una persona, bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos de la acusación, de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los artículos del Código Penal en los que encajan los hechos narrados, tarea que debe hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad.”

Lo que antecede refleja, que la pretensión del ente acusador debe ser respetada por el fallador siempre y cuando conserve la misma hebra procesal, en aras de no sorprender al encausado con circunstancias novísimas por las cuales vaya a ser procesado y peor aun, condenado. ..."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 22:13
 
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