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Corte Suprema de Justicia
Precisan criterios sobre extinción de la acción penal por vía de indemnización integral PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 26 de Octubre de 2016 13:35

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Si bien el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906/04) no regula como causal de extinción de la acción penal la indemnización integral, como sí lo hace el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, la Corte Suprema de Justicia explicó que es viable dar cabida a la última norma, en virtud del principio y derecho constitucional fundamental de la favorabilidad, siempre y cuando se cumplan las exigencias señaladas.

 

Sobre tal punto, la Sala de Casación Penal aclaró que esta postura se mantiene en la línea trazada por la jurisprudencia, exclusivamente cuando las partes de manera libre, espontánea y sin ningún vicio en su consentimiento acuerdan el monto de los perjuicios causados, la víctima los recibe y así se le hace saber al juez. (Lea: No es regla absoluta que acción penal se extinga por arreglo indemnizatorio entre las partes)

 

No obstante, advirtió que cuando no existe tal consenso y el acusado pretende que se establezca el monto de los perjuicios para proceder a indemnizarlos la solución no puede ser la misma, puesto que ese ejercicio solo puede adelantarse dentro de las fases procesales que el legislador previó, que no son otras que las del incidente de reparación integral.

 

Ello significa que no hay lugar a lograr la preclusión por indemnización integral, toda vez que para cuando se habilita la oportunidad procesal pertinente para abrir el debate probatorio que fije la cuantía de los perjuicios ya se habrá proferido sentencia de condena ejecutoriada.

 

De igual forma, advirtió que la parte interesada tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos establecidos por el legislador fuera del proceso penal, para que, dentro de un trámite que respete el debido proceso, se permita la asistencia de las partes en conflicto, la presentación y controversia de pruebas entre ellas y se establezcan los perjuicios (M.P José Luis Barceló).

 

CSJ Sala Casación Penal, Sentencia SP-143062016 (47990), oct. 5/16..."

Última actualización el Miércoles, 26 de Octubre de 2016 13:37
 
Todo lo que debe saber un servidor público sobre el prevaricato por acción PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:45

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"....Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 413 del Código Penal, el cual dice que incurre en el delito de prevaricato por acción el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. (Lea: Sancionaron a juez por irregularidades en la celebración de remates)

 

Los elementos objetivos son:

 

(i) Un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de un servidor público.

 

(ii) Que se profiera una resolución, dictamen o concepto.

 

(iii) Que este pronunciamiento sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que la providencia sea ilegal por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia.

 

De este último elemento se ha precisado jurisprudencialmente que debe ser ostensible y manifiestamente ilegal, es decir, violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma.(Lea: Abuso de autoridad no se configura por expedir resoluciones, dictámenes o conceptos)

 

La Sala aclaró que la materialidad de la conducta calificada como prevaricadora requiere la demostración de que el acto censurado fue dictado de manera “caprichosa o arbitraria por el sujeto, al desconocer abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorios que regulaban el caso”.

 

Lo anterior porque no basta la simple divergencia de criterios o posturas frente a la decisión adoptada.

 

La alta corporación concluyó que en cuanto al elemento subjetivo del tipo esta conducta solo es atribuible a título de dolo, bajo el entendido que el artículo 21 de la legislación sustantiva penalestableció que todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.

 

Finalmente, es conveniente recordar que el funcionario que incurra en esta conducta penal se someterá a:

 

· Prisión de 3 a 8 años (hoy 48 meses a 144 meses)

 

· Multa de 50 a 200 salarios mínimos (hoy 66,66 a 300 SMLMV)

 

· Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años (hoy 80 meses a 144 meses).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-132792016 (44220), Sep. 14/16......"

Última actualización el Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:49
 
En materia penal, conexidad procesal también puede ser solicitada por las víctimas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 26 de Septiembre de 2016 18:56

Tomado de www.ámbitojuridico.com

"..A través de la Sentencia C-471, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del primer inciso y del parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 del 2004, que establecen que el fiscal, al formular acusación, y la defensa, en la audiencia preparatoria, podrán solicitar que se decrete la conexidad procesal cuando se presente alguna de las causales establecidas en los literales del mencionado artículo.

 

Lo precedente, y en relación con el parágrafo de la disposición indicada, en el entendido que, además de la defensa, las víctimas podrán solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal. (Lea: Condicionan aparte sobre solicitud de conexidad procesal en el CPP)

 

A esta conclusión llegó la corporación luego de estudiar si el legislador al adoptar el artículo atacado y al no prever que la víctima pueda solicitar la declaratoria de conexidad procesal, siendo posible para la fiscalía y la defensa, configuró una omisión legislativa relativa.

 

La Sala argumentó que la protección constitucional de la víctima se edifica a partir de tres premisas, las cuales están respaldadas en la Constitución política, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Estas premisas son:

 

  • Reconocimiento como participante esencial para los fines del proceso

 

  • Calificación de la víctima como titular de los derechos de verdad, justicia y reparación y

 

  • Consideración de las normas que reconocen estos derechos como principios que ordenan la realización del objeto protegido (a la verdad, a la justicia y a la reparación).

 

Así mismo, explicó que la relación entre la solicitud de conexidad procesal y los derechos a la verdad y a la reparación conlleva a concluir que al adoptar la disposición acusada el legislador incumplió el deber de asegurar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal, el cual implica, a menos que existan intereses constitucionales de particular importancia, que el legislador tiene la obligación de permitir a la víctima intervenir en los diversos momentos procesales.

 

En tal virtud, no se evidenció alguna razón que pueda demostrar que el derecho de elevar una petición de conexidad procesal resulte incompatible con la Carta, de hecho existen argumentos y precedentes que demuestran lo contrario, concluyó la Corte (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

 

Corte Constitucional, Sentencia C-471, Ago. 31/16.."

Última actualización el Lunes, 26 de Septiembre de 2016 18:58
 
Delito de tortura no requiere que el dolor inflingido sea grave PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que para configurarse el delito de tortura establecido en el artículo 178 del Código Penal (Ley 599 del 2000) no se requiere que el dolor o el sufrimiento ocasionado a una persona sea grave, sino que para estructurar este tipo penal basta que este dolor físico o síquico persiga los fines señalados en él.

 

Además, se requiere que sea un acto expiatorio por un hecho cometido o que se sospecha se ha cometido, o de presión o amenaza por razón de algún tipo de discriminación que afecte la autonomía sin importar los grados o la intensidad. (Lea: El caso del estudiante de Derecho imputado por amenazar a su profesora de consultorio jurídico)

 

Lo precedente conforme a la Sentencia C-148 del 2005, que declaró la inexequibilidad de la expresión “graves” del artículo citado, al verificar que con este aparte se transgrede notoriamente la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y consecuencialmente el artículo 93 de la Constitución Política superior.

 

Así mismo, porque el artículo 12 constitucional no hace ninguna diferencia sobre la prohibición de la tortura que se fundamenta además en el respeto de la dignidad humana (M. P. Luis Guillermo Salazar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-94772016 (42129), 07/13/16..."

Última actualización el Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:07
 
Declaraciones de menores abusados sexualmente deben ser cotejadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:42

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Así lo sostuvo una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de precisar que en este tipo de situaciones es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejar esta con los demás medios de convicción recaudados, a efectos de verificar su grado de credibilidad y veracidad.

 

Igualmente, la Sala dijo que el funcionario judicial tendrá que explorar, atendiendo los principios técnico científicos y las reglas de la sana crítica, la percepción del menor, su memoria, la naturaleza de lo percibido, la forma de sus respuestas y, entre otras condiciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la comisión de la conducta tuvo lugar.

 

En lo que toca con la credibilidad de los relatos ofrecidos por niños abusados, la Sala ha sostenido que “puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran”; pero también, que ello no significa que aquellos no puedan faltar a la verdad y que “por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación”.

 

De igual manera, la sala recordó que la Corte Constitucional ha manifestado que se erigen una serie de garantías, no solo por la prevalencia de los derechos de los menores, sino en la imperiosa obligación de adoptar medidas para su protección en todos los ámbitos, incluido el proceso penal, cuando sean víctimas de delitos aberrantes. (Lea: Señalan parámetros para entrevistas forenses a menores víctimas de delitos sexuales)

 

En ese mismo sentido, ese alto tribunal ha sostenido que es posible que los niños abusados acudan al juicio, siempre que se les garanticen a plenitud sus derechos. Igualmente, ha admitido, incluso antes de que se expidiera la Ley 1652 del 2013, que sus declaraciones anteriores se tengan como prueba de referencia admisible, a efectos de evitar que sean, de nuevo, victimizados. (M.P. Eyder Patiño).

 

En el año 2014, el máximo tribunal constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 1º, 2º y 30 de la Ley 1652, al concluir que acudir a la entrevista forense para recopilar la declaración de menores de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales no desconoce el derecho de defensa, ni el ejercicio de contradicción. (Lea: Información del menor que reposa en el expediente de restablecimiento de derechos es reservada)

 

En su concepto, se trata de medidas legislativas y judiciales para garantizar no solo la dignidad e intimidad de los menores (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitándoles nuevos daños.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-95082016 (47124), 13/07/16...."

Última actualización el Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:43
 
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