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Corte Suprema de Justicia
Declaraciones de menores abusados sexualmente deben ser cotejadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:42

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Así lo sostuvo una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de precisar que en este tipo de situaciones es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejar esta con los demás medios de convicción recaudados, a efectos de verificar su grado de credibilidad y veracidad.

 

Igualmente, la Sala dijo que el funcionario judicial tendrá que explorar, atendiendo los principios técnico científicos y las reglas de la sana crítica, la percepción del menor, su memoria, la naturaleza de lo percibido, la forma de sus respuestas y, entre otras condiciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la comisión de la conducta tuvo lugar.

 

En lo que toca con la credibilidad de los relatos ofrecidos por niños abusados, la Sala ha sostenido que “puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran”; pero también, que ello no significa que aquellos no puedan faltar a la verdad y que “por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación”.

 

De igual manera, la sala recordó que la Corte Constitucional ha manifestado que se erigen una serie de garantías, no solo por la prevalencia de los derechos de los menores, sino en la imperiosa obligación de adoptar medidas para su protección en todos los ámbitos, incluido el proceso penal, cuando sean víctimas de delitos aberrantes. (Lea: Señalan parámetros para entrevistas forenses a menores víctimas de delitos sexuales)

 

En ese mismo sentido, ese alto tribunal ha sostenido que es posible que los niños abusados acudan al juicio, siempre que se les garanticen a plenitud sus derechos. Igualmente, ha admitido, incluso antes de que se expidiera la Ley 1652 del 2013, que sus declaraciones anteriores se tengan como prueba de referencia admisible, a efectos de evitar que sean, de nuevo, victimizados. (M.P. Eyder Patiño).

 

En el año 2014, el máximo tribunal constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 1º, 2º y 30 de la Ley 1652, al concluir que acudir a la entrevista forense para recopilar la declaración de menores de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales no desconoce el derecho de defensa, ni el ejercicio de contradicción. (Lea: Información del menor que reposa en el expediente de restablecimiento de derechos es reservada)

 

En su concepto, se trata de medidas legislativas y judiciales para garantizar no solo la dignidad e intimidad de los menores (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitándoles nuevos daños.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-95082016 (47124), 13/07/16...."

Última actualización el Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:43
 
Informe de servidor público para noticiar delitos se inadmite cuando no llene requisitos de una denuncia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:25

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..El informe presentado por un servidor público para noticiar sobre hechos aparentemente delictivos, con independencia de su denominación, constituye una verdadera denuncia y, por lo tanto, les son aplicables las exigencias mínimas de admisibilidad.

 

Así lo precisó recientemente un informe de relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar el concepto de denuncia y sus requisitos cuando estas sean realizadas por servidor público. (Lea: ¿En qué se diferencian la demanda, denuncia y querella?)

 

Vale la pena recordar que esta diligencia puede ser presentada verbalmente o por escrito, bajo la gravedad del juramento, y debe contener una relación detallada de los hechos conocidos por el denunciante. Así mismo, los servidores públicos tienen la  obligación de denunciar “cuando por cualquier medio conozcan de la comisión de delitos”.

 

El servidor cumple este mandato a través  de un documento denominado “informe”, el cual corresponde sustancialmente a una denuncia y, en consecuencia, es el acto informativo a través del cual se pone en conocimiento de la autoridad competente de investigar la perpetración de una conducta presumiblemente delictiva. (Lea: Suspenden a juez por no presentar denuncia por pérdida de expedientes)

 

De ahí que la jurisprudencia penal ha sostenido reiteradamente que la autoridad judicial debe inadmitir la denuncia, incluso si tiene autor conocido, cuando el relato fáctico que la sustenta no contiene una imputación concreta, definida y  revestida de seriedad que permita inferir de modo razonable la posible ocurrencia de una o más conductas punibles.

 

En decir, que si carece de la concreción que permita identificar los contornos de la posible infracción penal y orientar la investigación no podrá ponerse en funcionamiento legítimamente el aparato de punición estatal. Lo anterior se hace particularmente evidente si el informe por medio del cual se denuncian los posibles delitos no es elaborado con fundamento en el conocimiento personal que tuvo el funcionario sobre su ocurrencia. (Lea: Punición alternativa y Derecho Penal Internacional)

 

En este contexto, la apreciación adelantada por el servidor sobre la naturaleza delictiva de los hechos denunciados no puede resultar vinculante para la autoridad encargada de tramitar la eventual investigación, “en tanto es esta última la encargada de valorar si la noticia criminal tiene la aptitud para ser admitida”, concluyó el pronunciamiento (M.P. Eugenio Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-42992016 (47015), Jul. 06/16...."

Última actualización el Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:26
 
Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 04 de Agosto de 2016 14:58

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario. (Lea:Gobierno decreta emergencia carcelaria)

 

En efecto, la ley extiende esa posibilidad a los internos que pueden estar purgando su pena en su domicilio, el cual podrán desarrollar fuera de este, siempre bajo el control y vigilancia de las autoridades que los tengan a cargo.

 

Hay que decir que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva.

 

Pero también con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención,con excepción de los trabajos contratados con particulares.

 

El trabajo concebido como un deber social está regido por un conjunto de normas mínimas irrenunciables e intransferibles, establecidas en defensa de los trabajadores que deben ser respetadas en todas las circunstancias, para garantizar condiciones dignas y justas en su ejercicio.Entre estas reglas está la de la jornada ordinaria laboral.

 

Vale la pena precisar que la ley limita este servicio a 48 horas semanales, 8 horas diarias, de donde no podrían existir jornadas superiores ni trabajos que superen dichos límites, salvo el trabajo por turnos o que se realiza sin solución de continuidad.

 

A principios de este año, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional enfatizó que la labor que realice un recluso por fuera de jornada laboral carece de reconocimiento económico. (Lea:Cárceles que no corrijan violaciones a dignidad de los presos serán cerradas: Corte Constitucional)

 

El pronunciamiento se dio luego de analizar una acción de tutela interpuesta por un recluso de un establecimiento carcelario que pretendía amparar sus derechos fundamentales a la salud y al trabajo por habérsele desconocido el pago de horas extras y los respectivos recargos dominicales.

 

Finalmente, la Sala Penal advirtió que es deber de las autoridades hacer respetar las disposiciones legales en materia de derechos del trabajador, con mayor razón tratándose de presos, dada la especial condición en la que se encuentran, de suerte que la contratación laboral de estos no se convierta para los empleadores en una oportunidad para su explotación, abuso de su situación o el desconocimiento de sus derechos básicos (M. P. Fernando Alberto Castro).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP- 35802016 (47984), Jun. 08/16.."

Última actualización el Jueves, 04 de Agosto de 2016 15:01
 
Maltrato sexual no configura delito de violencia intrafamiliar PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 30 de Julio de 2016 14:31

Tonado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que el punible de violencia intrafamiliar se realiza siempre que los hechos en que se funda, los cuales deben corresponder a acciones de maltrato físico o psicológico por uno de los miembros de la unidad doméstica, no se sancionen más severamente a través de otro tipo penal, por tratarse de un comportamiento punible de naturaleza subsidiaria.

 

Según destaca el fallo, en sus inicios este tipo penal era una conducta autónoma e incluía como una de las formas de maltrato en la familia la violencia sexual pero, con posterioridad, tal ingrediente normativo fue suprimido para sancionar como violencia intrafamiliar únicamente el maltrato físico y psicológico, dejando el castigo de la ofensa sexual a los punibles atentatorios contra el bien jurídico de la formación, integridad y libertad sexuales.

 

En ese sentido, dada la descripción típica del delito de violencia intrafamiliar frente al cual el legislador le otorga el tratamiento de tipo subsidiario y del que excluyó la violencia sexual como una de las clases de maltrato propio de este comportamiento, no puede afirmarse que en sucesos atentatorios contra la libertad y formación sexuales de un miembro de la familia por parte de otro exista un concurso aparente de tipos penales entre el delito sexual y el delito contra la integridad familiar. (Lea: No demostrar convivencia en caso de violencia intrafamiliar no afecta principio de congruencia)

 

Lo anterior, como afirma el alto tribunal, en tanto la violencia sexual solo se castiga cuando se configure alguno de los delitos contemplados en el Título Cuarto del Estatuto Penal con la agravante prevista en el numeral 5º del artículo 211 de la misma normativa, que impone una mayor punibilidad cuando la ofensa sexual se cometa contra pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero/a permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes (M. P. Fernando Castillo).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP- 91112016 (46454), Jul. 6/16..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 14:33
 
PREVARICATO POR ACCIÓN - Elementos: elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley), decisión en proceso penal, decisión relativa a detención domiciliaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Martes, 19 de Julio de 2016 17:55

/ DETENCIÓN DOMICILIARIA - Padres cabeza de familia: requisitos «El doctor ZH insiste en que no contrarió la ley, en tanto entre los dos detenidos existía una unión marital de hecho, pero en la providencia cuestionada (tampoco en el juicio y en el sustento de la apelación) no verificó probatoria y jurídicamente que las dos personas, sin estar unidas en matrimonio, hicieran comunidad de vida permanente y singular, que es como la Ley 54 de 1990 define el instituto. No solo no lo hizo, sino que, por el contrario, al momento de favorecer a TB con la detención domiciliaria (previamente la había otorgado a LM), dispuso que cada uno cumpliera la reclusión en su propia residencia, distantes en mucho una de la otra, de lo cual surge como inobjetable que no existía comunidad de vida permanente, dejando sin piso sus excusas. En el momento de emitir la providencia censurada, el señor juez acusado ya había concedido la detención domiciliaria a la progenitora de los menores, accediendo al pedido de la Fiscalía por verificarse su condición de madre cabeza de familia.

En esas condiciones, el propio funcionario dejaba sin posibilidad de aplicar igual criterio respecto de la pareja (que no compañero permanente) de aquella, señor TB. En efecto, la detención domiciliaria, bajo el entendido de que se está ante quien ejerce como cabeza de familia (sea la madre o el padre), de que trata la Ley 750 del 2002, debe entenderse en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por la ley 1232 de 2008, esto es, que tiene a su cargo hijos menores de edad o discapacitados cuyo cuidado integral (protección, educación, afecto, educación, orientación, etc.) depende económica y exclusivamente de ella. La concesión del sustituto parte del supuesto necesario de que, previo a su detención, se demuestre que el procesado, él solo, sin apoyo alguno, estaba al cuidado de sus hijos, de tal manera que la privación de la libertad trajo como consecuencia el abandono, la exposición y el riesgo inminente para aquellos (confrontar auto del 14 de marzo de 2007, radicado 26.597). La vasta experiencia profesional y académica del acusado en el área penal, que fue estipulada (con anexos), conduce a que estaba al tanto de lo anterior, máxime su prolongado ejercicio como juez de garantías, en desarrollo del cual hubo de pronunciarse de manera reiterativa sobre la detención domiciliaria, aspecto que a la vez fue tenido como probado de común acuerdo entre las partes. En este contexto, como bien razonó el Tribunal, mal podía el señor juez de garantías tener a TB como padre cabeza de familia de los hijos de LM, porque (i) antes de ser aprehendido no los tenía a su cuidado (no eran hijos suyos), (ii) no convivía con aquella, (iii) había reconocido esa condición a la mujer, lo cual descartaba que pudiera pregonarse que el hombre quedaba como exclusivo protector de los infantes, (iv) no existía un desamparo económico porque el padre entregaba una cuota mensual para esos efectos, además de que otorgó a Lorena permiso para trabajar. Un hecho trascendente que la parte defendida deja de lado apunta a que, con independencia de lo que el juicio respectivo haya verificado, cuando menos sumariamente se demostró, y el señor juez acusado lo tuvo por probado, que al parecer los dos capturados se habían confabulado para dar muerte al esposo de la mujer y padre de los niños. En ese contexto, con el Tribunal debe concluirse que repugna al sentido común que la madre y su novio opten por dar muerte al esposo y padre de los niños para, así, generar el desamparo de estos para que el novio homicida adquiera la condición de padre cabeza de familia, y que el juez, para reconocérsela, invoque el interés superior de la protección de los niños, como que la conducta que se premia fue la que precisamente los privó de su progenitor. Con fundamento en las pruebas estipuladas, con tino el Tribunal verificó que el instituto concedido no fue solicitado ni, por ende, sustentado. En efecto, la postura del defensor ante el señor juez de garantías fue la de prohijar el pedimento de la Fiscalía sobre la concesión de la detención domiciliaria a LM y respecto de TB solo acudió a algunas frases genéricas, para decir que se le concediera libertad o “la domiciliaria”, pero sin soporte probatorio y jurídico alguno, ni la especie de “domiciliaria” a la que aspiraba y por qué. Por tanto, estándose ante un sistema de partes, rogado, en donde el juez debe ser plenamente imparcial, se impone que resuelva las peticiones de las partes, de donde deriva que la respuesta a la defensa de TB ha debido brindarla en consonancia con sus planteamientos, lo cual no solo no sucedió, sino que el doctor ZH se dedicó a rehacer la postulación defensiva y a resolver temas no pedidos, como que tuvo que elaborar un discurso sobre la detención domiciliaria, la condición de padre cabeza de familia y la concesión de permisos para trabajar, nunca reclamados ni sustentados probatoria ni jurídicamente, además de que, como acaba de verificarse, no se satisfacían las exigencias legales para adjudicar al detenido un carácter que no tenía. […] En la misma línea cabe resaltar, como hizo el Tribunal, que encontrándose el señor juez acusado valorando las exigencias para resolver la medida de aseguramiento, procedió, sin que la Fiscalía (tampoco la defensa) hubiera postulado esa pretensión, a modificar la imputación en el sentido de pregonar que se tipificaba el homicidio pero con el atenuante del estado de ira o intenso dolor, conminando al juez de conocimiento a tener por incluida esa modificación. Esa actitud demuestra, de nuevo, el quebrantamiento ostensible de la ley, en tanto la imputación fáctica y jurídica fue realizada por la Fiscalía, sin cuestionamiento alguno de la defensa, y el juez, de oficio, sin petición de parte, tomó partido en favor del acusado, beneficiándolo con ese aspecto, además de que lo hizo con omisión del principio de la preclusión de las etapas, como que la audiencia de imputación había expirado, el acto de tipicidad quedó consolidado y la adición la hizo el juez, no la parte facultada legalmente para hacerlo y sin siquiera postulación de la defensa».

Última actualización el Martes, 19 de Julio de 2016 18:00
 
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