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Corte declara constitucional seguimiento al indiciado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:07

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"..La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible la expresión “el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial”, contenida en el artículo 54 de la Ley 1453 del 2011.

 

En opinión de la Corte, el derecho a la intimidad no es absoluto y puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores. Además, recordó que la vigilancia y el seguimiento del indiciado permiten obtener y  asegurar las pruebas de una conducta punible, tal como ocurre en numerosas legislaciones penales del mundo.

 

Estas medidas, explicó, tienen un alcance limitado y específico sobre eventos que no afectan el núcleo esencial del derecho a la intimidad. Por lo tanto, constituyen un medio menos restrictivo que otros mecanismos para la obtención de pruebas, como el allanamiento o la interceptación de comunicaciones, y están sometidas a controles y restricciones, como la motivación razonable de la decisión y el límite temporal de un año, vencido el cual se debe cancelar la orden de vigilancia, si no se obtiene ningún resultado.

(Corte Constitucional, Sentencia C-881, nov. 19/14, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)..".

Última actualización el Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:09
 
SENTENCIA C-848 DE 2014. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIA NO APLICA A DELITOS CONTRA MENORES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:25

tomado de Derecho penal colombiano:

 

"...

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 28 de la Ley 600 del 2000, que establecen la exoneración de formular denuncia contra el cónyuge, el compañero permanente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y civil o segundo de afinidad.
Sin embargo, condicionó la constitucionalidad a que dicha regla no aplica, cuando la víctima es un menor de edad y el delito afecta su vida, integridad personal, libertad física o formación sexual.
El alto tribunal, a través de un comunicado de prensa, señaló que la responsabilidad de dar a conocer a las autoridades los ilícitos cometidos contra los niños se deriva del interés superior de estos y del deber reforzado de la familia, la sociedad y el Estado de brindarles protección y asistencia.
Al respecto, destacó que los menores están en imposibilidad física, emocional y síquica de denunciar los punibles, especialmente si son realizados por familiares, debido a las relaciones de jerarquía y subordinación y los vínculos de amor, respeto y dependencia entre unos y otros.
Entonces, ese deber es el “mecanismo por excelencia para la activación de la administración de justicia y del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, resaltó la corporación.
Adicionalmente, las disposiciones estudiadas son compatibles con la garantía de no incriminación, teniendo en cuenta que versan sobre actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener declaraciones incriminatorias y los derechos derivados de tal limitación, pero no sobre las excepciones al deber general de declarar, precisó.
Salvamentos
Los magistrados María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza y el conjuez Alfredo Beltrán salvaron el voto, al considerar que la Corte debió declarar la exequibilidad pura y simple de la norma.

En su opinión, el condicionamiento aprobado “no incrementa de manera significativa los niveles de protección legal de la infancia y adolescencia, en relación con los mecanismos ya existentes. En cambio, sí debilita en modo importante el sistema de garantías penales”.

tomado: ambitojuridico.com

Última actualización el Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:28
 
Si paro judicial impide audiencia de revocatoria de aseguramiento por vencimiento de términos, procede hábeas corpus PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:57

Tomado de www.legismovil.com

 

"..Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia luego de que la Sala Penal estableciera que ante el cumplimiento del plazo para radicar el escrito de acusación procede el hábeas corpus, aunque no se haya agotado el mecanismo ordinario para solicitar el levantamiento de la medida preventiva. Indicó que si la razón para no evaluar el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos en sede de control de garantías se refiere al cese de actividades de la Rama Judicial, debe activarse el mecanismo de protección a la libertad personal establecido en la Ley 1095 del 2006. El organismo de cierre cuestionó la solución sugerida por el juez de instancia, al sostener que el imputado tenía la posibilidad de agotar el procedimiento ordinario si solicitaba la realización de la audiencia de revocatoria de la medida sin su presencia. A juicio de la Sala, ello afectaría su derecho a la defensa, luego, al no existir otro mecanismo para discutir la viabilidad de la libertad procede el hábeas corpus, a pesar de no ser subsidiario (M. P. Leonidas Bustos)..."

Última actualización el Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:58
 
Exequible intervención de Policía para proteger posesión y tenencia de bienes PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:41

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 125 y 127 del Código de Policía (Decreto 1355 de 1970), los cuales permiten a la Policía intervenir, para evitar la perturbación de la posesión o la mera tenencia de un bien y, además, reestablecer la situación anterior, cuando estos derechos sean vulnerados.

 

Según el comunicado de prensa de la sentencia, el Código de Policía pretende proteger las condiciones necesarias para la tranquila convivencia ciudadana, lo que incluye el ejercicio de la posesión y la tenencia, al ser manifestaciones de la propiedad o hechos que pueden conducir a esta.

 

En todo caso, dicha intervención siempre es provisional, pues deja a salvo la competencia del juezque le permite a este adoptar decisiones diferentes y, posiblemente, definitivas, advirtió.

 

Además, la corporación reiteró que las medidas de policía no violan el debido proceso ni ningún otro derecho fundamental, por el hecho de afectar a determinadas personas, con el fin de restablecer los intereses de otras.

 

De lo contrario, las autoridades estarían impedidas para proteger a los ciudadanos, la cual es justamente una de sus principales funciones, aclaró el alto tribunal.

 

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-813, nov. 5/14, M. P. Martha Sáchica)..."


Última actualización el Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:43
 
Recuerdan cuándo se requiere acreditación testimonial para incorporar documentos a juicio oral PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 08 de Octubre de 2014 21:28

tomado de www.ambitojuridico.com:

 

"..La exigencia para introducir evidencias, objetos y documentos al juicio oral puede cumplirse a través de un testigo de acreditación, manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto recientemente publicado.

 

Este testimonio tiene como función el “afirmar en audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o documento es lo que la parte que lo aporta dice que es”, recordó.

 

Sin embargo, para el alto tribunal, los documentos que se reputan como públicos de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil (CPC) no requieren ser autenticados en juicio en virtud de la presunción de legalidad que los envuelve.

 

Según la corporación, la sistemática del actual proceso penal acoge dicha posición y se vale de la presunción para eximir de autenticación los documentos de carácter público.

 

No obstante, aclara que para ser admitidos como prueba documental, deben ser incorporados por el investigador que participó en el caso, de tal manera que se garanticen los principios de publicidad y contradicción.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-5233-14 (41908), sep. 3/14, M.P. Eyder Patiño Cabrera).."

 

Última actualización el Miércoles, 08 de Octubre de 2014 21:29
 
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