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Legalizacion de Captura
Jurisprudencia sobre el término para legalizar la captura PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 26 de Noviembre de 2016 14:59

Tomado de http://habeas-corpus-colombia.blogspot.com.co/

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, con ponencia del Magistrado JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, se pronunció sobre el término para legalizar la captura.

En decisión Aprobado mediante acta Nº 417 de catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), se pronunció en los
siguientes términos:
Sobre el término para legalizar la captura

1. Punto importante de la discusión radica en la forma y momento a partir del cual deben ser contabilizadas las 36 horas para la legalización de una captura, específicamente si la exigencia legal apuntaba, para la época de los hechos, a que antes de ese lapso la Fiscalía solicitara la respectiva audiencia, si esta podía iniciarse y suspenderse previo al vencimiento de tal plazo, sin que ello tuviese incidencia negativa respecto de los derechos del aprehendido, así la reanudación se hiciera luego de superado ese tiempo, o si el término resultaba improrrogable y debía incluir que la captura fuese legalizada antes de la expiración de ese lapso.

2. El inciso 3º del original artículo 2º de la Ley 906 del 2004 disponía:

“En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes” (lo resaltado es de la Corte).

El artículo 1º de la Ley 1142 del 2007 introdujo una modificación a ese apartado, en los siguientes términos:

“En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes” (subrayado fuera de texto).

3. De la literalidad de las disposiciones parecería surgir que la formalidad legal quedaría satisfecha, en el primer supuesto, con la actuación de la Fiscalía de dejar al aprehendido a disposición del juez de garantías, y, en el segundo, con la simple solicitud de que se fijase hora para la audiencia respectiva, siempre que tales actos se cumpliesen antes del vencimiento de las 36 horas, contadas desde la captura del indiciado.

En sí misma, esa interpretación llama a su rechazo, en tanto permitiría una perversión legal en contra del derecho fundamental de la libertad, que, no debe olvidarse, es privilegiado en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004, instituyéndose como regla que ella debe prevalecer en el curso del proceso y que, por ende, su restricción debe estar dada para cuando una sentencia ejecutoriada así lo disponga, y solamente, pero de manera excepcional, hay lugar a afectarla en el desarrollo del trámite.

En efecto, bastaría con que la Fiscalía elevase la petición respectiva antes de la expiración del plazo máximo, para que desde ese momento los términos pudiesen prolongarse hasta el infinito, pues la audiencia podría señalarse para cualquier época, o comenzarla para seguidamente suspenderla y reiniciarla cuando a bien se tuviera, en el mal entendido de no incurrirse en irregularidad alguna, como que lo importante, lo formalmente válido apuntaría exclusivamente a que el ente acusador hiciese una solicitud en término.

4. Por lo demás, en el caso específico la supuesta iniciación de la audiencia de control de legalidad no deja de estar signada cuando menos de falta de seriedad, como que dentro de lo actuado surge con claridad que el juez de control de garantías tenía conocimiento preciso de que la Fiscal asignada al caso, no solamente era la única disponible en ese entonces, sino que le resultaba imposible asistir a la audiencia señalada en tanto para ese momento se encontraba en otro despacho atendiendo un asunto similar.

Si eso sabía el señor juez, no parece acertado su proceder de “iniciar” una audiencia, cuando estaba cierto de su imposible realización, como que conocía que la parte interesada, la que habilitaba su evacuación, no podía asistir. Por ello, no puede concluirse, cuando menos en el grado de convicción más allá de una duda razonable, que la fijación de la audiencia no lo fue con un propósito diverso al de “suspender” los términos, máxime cuando la supuesta “reanudación” fue señalada, no para horas de la noche o la madrugada, como una lógica sana indicaría era lo adecuado, sino para el día siguiente, ya cuando se superaban los plazos.

Sobre el último aspecto, la insinuación de que la solicitud de la defensa de aplazar la aludida “reanudación” media hora después de la establecida por el juez de garantías pudo incidir en el irrespeto al plazo máximo legal, resulta inadmisible, pues además de lo dicho por el Tribunal respecto de que, así fuese cierto, el juez es el llamado a impedir las actitudes abusivas de las partes, surge como razón adicional e incuestionable que la fecha y hora fijadas por el juez, antes del pedimento defensivo, ya sobrepasaban las 36 horas legales.
6. Mediante sentencia C-163 del 20 de febrero de 2008, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2º procesal, en el entendido de que dentro del término de las 36 horas allí previsto se debe efectuar el control efectivo de la restricción de la libertad por parte del juez de garantías.

Se ha insinuado que para el momento en que se adoptaron las providencias cuestionadas la decisión constitucional no había sido publicitada suficientemente, lo cual no parece de buen recibo, por cuanto de asistir razón a la queja de que solamente se había expedido un comunicado, lo cierto es que el mismo fue suficientemente anterior a la situación averiguada y tocaba con precisión el tema de que se trata. El mismo reza:

CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
Comunicado de Prensa de 20 y 21 de febrero de 2008…
1. Norma acusada
LEY 1142 DE 2007
(Julio 28)
Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana…

3.2. Problema jurídico planteado

Corresponde a la Corte determinar, si el inciso final del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, contempla un estándar de protección menor a la libertad al que se deriva de los mandatos de los artículos 28, inciso segundo y 250-1, inciso tercero de la Constitución, conforme al cual el plazo perentorio de 36 horas está previsto para poner la persona privada de la libertad a disposición del juez competente y efectuar el correspondiente control de legalidad de la aprehensión.

3.3. Decisión

Declarar exequible el inciso tercero del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente.

Razones de la decisión

Después de dar una mirada sistemática de la institución del control de legalidad de la captura en cualquiera de sus modalidades, bien como consecuencia de una autorización judicial previa, en virtud de la flagrancia o en ejercicio de la facultad excepcionalísima de la Fiscalía, la Corte concluyó que el término de 36 horas establecido en las diversas disposiciones que regulan la materia, tiene como propósito suministrar un límite temporal para que se lleve a cabo el control de legalidad y evitar las privaciones arbitrarias de la libertad. Esta interpretación resulta congruente, con el carácter restrictivo de las disposiciones que prevén afectaciones a la libertad. Es además, la única compatible con los postulados constitucionales pro libertati y reserva legal y judicial de las restricciones a la libertad, en cuyo marco es inadmisible una privación de la misma que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad, que conforme a los mandatos constitucionales tiene un límite máximo de 36 horas. Habida cuenta que de la configuración semántica del inciso demandado, admite varias interpretaciones, entre ellas la que da origen a la presente demanda, que sería evidentemente contraria a la Constitución, la Corte profirió una sentencia interpretativa, declarando la constitucionalidad condicionada del inciso tercero del artículo 2º de la Ley 906 de 2004, tal como fue modificado por el artículo 1º de la ley 1142 de 2007, que incluya dentro del término de 36 horas posteriores a la captura, dicho control de legalidad por la autoridad judicial competente.
Última actualización el Sábado, 26 de Noviembre de 2016 15:01
 
Corte declara constitucional seguimiento al indiciado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:07

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"..La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible la expresión “el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial”, contenida en el artículo 54 de la Ley 1453 del 2011.

 

En opinión de la Corte, el derecho a la intimidad no es absoluto y puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores. Además, recordó que la vigilancia y el seguimiento del indiciado permiten obtener y  asegurar las pruebas de una conducta punible, tal como ocurre en numerosas legislaciones penales del mundo.

 

Estas medidas, explicó, tienen un alcance limitado y específico sobre eventos que no afectan el núcleo esencial del derecho a la intimidad. Por lo tanto, constituyen un medio menos restrictivo que otros mecanismos para la obtención de pruebas, como el allanamiento o la interceptación de comunicaciones, y están sometidas a controles y restricciones, como la motivación razonable de la decisión y el límite temporal de un año, vencido el cual se debe cancelar la orden de vigilancia, si no se obtiene ningún resultado.

(Corte Constitucional, Sentencia C-881, nov. 19/14, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)..".

Última actualización el Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:09
 
SENTENCIA C-848 DE 2014. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIA NO APLICA A DELITOS CONTRA MENORES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:25

tomado de Derecho penal colombiano:

 

"...

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 28 de la Ley 600 del 2000, que establecen la exoneración de formular denuncia contra el cónyuge, el compañero permanente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y civil o segundo de afinidad.
Sin embargo, condicionó la constitucionalidad a que dicha regla no aplica, cuando la víctima es un menor de edad y el delito afecta su vida, integridad personal, libertad física o formación sexual.
El alto tribunal, a través de un comunicado de prensa, señaló que la responsabilidad de dar a conocer a las autoridades los ilícitos cometidos contra los niños se deriva del interés superior de estos y del deber reforzado de la familia, la sociedad y el Estado de brindarles protección y asistencia.
Al respecto, destacó que los menores están en imposibilidad física, emocional y síquica de denunciar los punibles, especialmente si son realizados por familiares, debido a las relaciones de jerarquía y subordinación y los vínculos de amor, respeto y dependencia entre unos y otros.
Entonces, ese deber es el “mecanismo por excelencia para la activación de la administración de justicia y del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, resaltó la corporación.
Adicionalmente, las disposiciones estudiadas son compatibles con la garantía de no incriminación, teniendo en cuenta que versan sobre actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener declaraciones incriminatorias y los derechos derivados de tal limitación, pero no sobre las excepciones al deber general de declarar, precisó.
Salvamentos
Los magistrados María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza y el conjuez Alfredo Beltrán salvaron el voto, al considerar que la Corte debió declarar la exequibilidad pura y simple de la norma.

En su opinión, el condicionamiento aprobado “no incrementa de manera significativa los niveles de protección legal de la infancia y adolescencia, en relación con los mecanismos ya existentes. En cambio, sí debilita en modo importante el sistema de garantías penales”.

tomado: ambitojuridico.com

Última actualización el Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:28
 
Si paro judicial impide audiencia de revocatoria de aseguramiento por vencimiento de términos, procede hábeas corpus PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:57

Tomado de www.legismovil.com

 

"..Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia luego de que la Sala Penal estableciera que ante el cumplimiento del plazo para radicar el escrito de acusación procede el hábeas corpus, aunque no se haya agotado el mecanismo ordinario para solicitar el levantamiento de la medida preventiva. Indicó que si la razón para no evaluar el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos en sede de control de garantías se refiere al cese de actividades de la Rama Judicial, debe activarse el mecanismo de protección a la libertad personal establecido en la Ley 1095 del 2006. El organismo de cierre cuestionó la solución sugerida por el juez de instancia, al sostener que el imputado tenía la posibilidad de agotar el procedimiento ordinario si solicitaba la realización de la audiencia de revocatoria de la medida sin su presencia. A juicio de la Sala, ello afectaría su derecho a la defensa, luego, al no existir otro mecanismo para discutir la viabilidad de la libertad procede el hábeas corpus, a pesar de no ser subsidiario (M. P. Leonidas Bustos)..."

Última actualización el Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:58
 
Exequible intervención de Policía para proteger posesión y tenencia de bienes PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:41

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 125 y 127 del Código de Policía (Decreto 1355 de 1970), los cuales permiten a la Policía intervenir, para evitar la perturbación de la posesión o la mera tenencia de un bien y, además, reestablecer la situación anterior, cuando estos derechos sean vulnerados.

 

Según el comunicado de prensa de la sentencia, el Código de Policía pretende proteger las condiciones necesarias para la tranquila convivencia ciudadana, lo que incluye el ejercicio de la posesión y la tenencia, al ser manifestaciones de la propiedad o hechos que pueden conducir a esta.

 

En todo caso, dicha intervención siempre es provisional, pues deja a salvo la competencia del juezque le permite a este adoptar decisiones diferentes y, posiblemente, definitivas, advirtió.

 

Además, la corporación reiteró que las medidas de policía no violan el debido proceso ni ningún otro derecho fundamental, por el hecho de afectar a determinadas personas, con el fin de restablecer los intereses de otras.

 

De lo contrario, las autoridades estarían impedidas para proteger a los ciudadanos, la cual es justamente una de sus principales funciones, aclaró el alto tribunal.

 

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-813, nov. 5/14, M. P. Martha Sáchica)..."


Última actualización el Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:43
 
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