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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
En un preacuerdo sobre monto de la pena no se aplica el sistema de cuartos.. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 10 de Octubre de 2016 16:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia precisó que entre la fiscalía y el imputado o acusado se puede llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso conforme con lo establecido en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), estos pueden consistir en:

La simple aceptación de los cargos formulados, el procesado se hace acreedor a que la pena que se le imponga sea rebajada en una porción fija acorde con el artículo 293 y el inciso 1° del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

De igual forma explicó que estos preacuerdos también se pueden referir sobre los términos de la imputación según el inciso primero del artículo 350 ídem; o los hechos imputados y sus consecuencias acorde con el artículo 351 ídem; en conversaciones que conlleven a eliminar alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico conforme el numeral primero, inciso segundo, del artículo 350 ídem; o a que la fiscalía tipifique la conducta de manera específica con el fin de disminuir la pena consonante con el numeral segundo, inciso segundo, del artículo 350 ídem.

Según la providencia, el preacuerdo es un fenómeno jurídico posterior al delito, dado que tiene lugar después de su perpetración, específicamente cuando se está procesando a quien ha adquirido la calidad de imputado o acusado porque de los elementos materiales probatorios obtenidos la fiscalía dedujo que esta persona pudo ser autor o partícipe del delito que se investiga.

Así mismo, indicó frente a las modalidades de preacuerdo que su incidencia sobre la determinación de la pena, aunque siempre deben buscar el beneficio del procesado, no opera de igual manera en todos los casos.

En relación con la primera clase de preacuerdo, la corporación explicó que no hay dificultad en aceptar la tesis, por cuanto es indudable que primero se debe determinar la pena imponible y luego efectuar su reducción, en la proporción fija que corresponda, y determinar así la pena efectiva.

Caso contrario cuando las partes acuerdan las consecuencias jurídicas de los hechos imputados y el monto de la pena, toda vez que en este caso no se aplica el sistema de cuartos. Menos cuando se pacta la eliminación de alguna causal de agravación punitiva, dado que si esta es específica la exclusión impide que se incrementen los extremos punitivos del tipo básico; por tanto, es dentro de estos que debe graduarse la sanción (M.P. José Luis Barceló Camacho).

Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, SP-133502016 (47588), sep. 20/16..."

Última actualización el Lunes, 10 de Octubre de 2016 16:48
 
Detención preventiva en los procesos penales debe ser excepcional PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:03

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional destacó, según lo ha evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la detención preventiva en Colombia ha pasado de ser excepcional a ser la regla general de las medidas de aseguramiento, lo que la está convirtiendo progresivamente en un adelantamiento de la posible pena.

 

Por tal motivo, a través de un fallo de tutela, exhortó al Consejo Superior de Política Criminal para que, conforme con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, adopte las medidas necesarias para que la detención preventiva en los procesos penales tenga un carácter excepcional.

 

El pronunciamiento se dio en torno a la situación de hacinamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga, lugar en el que el número de personas retenidas es de 143 reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad de detenido contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas o en virtud de sentencias condenatorias ejecutoriadas. (Lea: Circunstancias para establecer si la libertad del procesado representa un peligro para la comunidad)

 

En ese sentido, recordó que la privación de la libertad en un Estado social de derecho debe ser excepcional y debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y durante su ejecución el Estado tiene el deber constitucional y legal de salvaguardar las garantías de los internos, especialmente las siguientes: (i) el derecho a la vida y la integridad personal; (ii) el derecho a presentar peticiones; (iii) el derecho a la dignidad humana; (iv) el derecho a la visita íntima o conyugal en condiciones dignas; (v) el derecho a la resocialización; (vi) el debido proceso disciplinario; (vii) el derecho a la palabra; (viii) el derecho al descanso; (ix) el derecho a la salud y (x) el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad (M. P. Jorge Pretelt).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-276, May. 25/16...."

Última actualización el Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:05
 
Estos son los criterios que permiten admitir una prueba derivada de una ilegal PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:14

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"....La casación del fallo condenatorio por el delito de rebelión que devolvió la libertad a un profesor de sociología de la Universidad Nacional, capturado como consecuencia de información ilegal obtenida de los archivos electrónicos de alias Raúl Reyes, fue el escenario para que la Sala Penal recordara los criterios que permiten admitir una prueba derivada de una ilegal.

 

En efecto, el alto tribunal advirtió que en estos casos debe demostrarse que el denominado “efecto espejo” se proyecta en aquellas, siempre que se acredite una muy estrecha relación, inescindible entre una y otras, siendo capaz de lesionar la misma garantía. (Lea: Cadena de custodia defectuosa no siempre afecta legalidad de pruebas)

 

No obstante, advirtió que debe verificarse si se evidencian los criterios para tener como admisible la prueba derivada de una primaria excluida por ilegal, los cuales fueron acogidos en el artículo 455 de la Ley 906 del 2004 y por la jurisprudencia: la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable.

 

Clausula general de exclusión

 

El mismo fallo recordó que, por regla general, la cláusula de exclusión opera respecto de la prueba ilícita y la ilegal.

 

Así, explicó que en uno u otro caso las consecuencias jurídicas son diversas. Invariablemente la prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su evidente ilegitimidad.  (Lea: Sanción disciplinaria por incorporar pruebas falsas aplica sin importar resultado del proceso penal)

 

Tratándose de la prueba ilegal, en cambio, corresponde al funcionario realizar un juicio de ponderación, en orden a establecer si el requisito pretermitido es fundamental en cuanto comprometa el derecho al debido proceso, en el entendido de que la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales no conduce a su exclusión, precisó el alto tribunal.

 

Ahora, así como una prueba ilícita o ilegal sustancial debe ser excluida, de igual manera el medio probatorio que de ella se derive debe correr la misma suerte, esto es, ser objeto de la cláusula de exclusión, asunto que en la doctrina anglosajona es abordado en la conocida teoría del fruto del árbol envenenado, en virtud del “efecto espejo”, “dominó” o también llamado “reflejo”.

 

Finalmente, señaló que la prueba ilícita que resulta nula por vulneración de los derechos fundamentales no produce efecto alguno, su ineficacia se extiende a todas sus consecuencias y contamina otros medios de convicción que de ella se deriven.

 

Por su parte, la prueba ilegal que debe ser excluida cuando el rito omitido en su recaudo, aducción o aporte es esencial proyecta sus efectos a otro medio probatorio derivado, siempre que se acredite una muy estrecha relación inescindible entre una y otras, siendo capaz de lesionar la misma garantía (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-121582016 (45619), 08/31/16

..."

Última actualización el Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:16
 
En materia penal, conexidad procesal también puede ser solicitada por las víctimas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 26 de Septiembre de 2016 18:56

Tomado de www.ámbitojuridico.com

"..A través de la Sentencia C-471, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del primer inciso y del parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 del 2004, que establecen que el fiscal, al formular acusación, y la defensa, en la audiencia preparatoria, podrán solicitar que se decrete la conexidad procesal cuando se presente alguna de las causales establecidas en los literales del mencionado artículo.

 

Lo precedente, y en relación con el parágrafo de la disposición indicada, en el entendido que, además de la defensa, las víctimas podrán solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal. (Lea: Condicionan aparte sobre solicitud de conexidad procesal en el CPP)

 

A esta conclusión llegó la corporación luego de estudiar si el legislador al adoptar el artículo atacado y al no prever que la víctima pueda solicitar la declaratoria de conexidad procesal, siendo posible para la fiscalía y la defensa, configuró una omisión legislativa relativa.

 

La Sala argumentó que la protección constitucional de la víctima se edifica a partir de tres premisas, las cuales están respaldadas en la Constitución política, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Estas premisas son:

 

  • Reconocimiento como participante esencial para los fines del proceso

 

  • Calificación de la víctima como titular de los derechos de verdad, justicia y reparación y

 

  • Consideración de las normas que reconocen estos derechos como principios que ordenan la realización del objeto protegido (a la verdad, a la justicia y a la reparación).

 

Así mismo, explicó que la relación entre la solicitud de conexidad procesal y los derechos a la verdad y a la reparación conlleva a concluir que al adoptar la disposición acusada el legislador incumplió el deber de asegurar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal, el cual implica, a menos que existan intereses constitucionales de particular importancia, que el legislador tiene la obligación de permitir a la víctima intervenir en los diversos momentos procesales.

 

En tal virtud, no se evidenció alguna razón que pueda demostrar que el derecho de elevar una petición de conexidad procesal resulte incompatible con la Carta, de hecho existen argumentos y precedentes que demuestran lo contrario, concluyó la Corte (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

 

Corte Constitucional, Sentencia C-471, Ago. 31/16.."

Última actualización el Lunes, 26 de Septiembre de 2016 18:58
 
Abuso de autoridad no se configura por expedir resoluciones, dictámenes o conceptos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Un auto de la Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que el “acto” constitutivo de abuso de autoridad contenido en el artículo 416 del Código Penal no puede consistir en “resolución, dictamen o concepto” emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. (Lea: La modalidad dolosa se debe demostrar para configurar el prevaricato por acción)

 

Según el alto tribunal, si la conducta denunciada como arbitraria es de aquellas contempladas en el artículo 413 del Código Penal, artículo destinado al punible de prevaricato, entre las cuales se encuentran contempladas las providencias judiciales, la tipicidad no se examina con “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” sino con “prevaricato por acción”.

 

Lo anterior por cuanto el primero mencionado está consagrado para prever la arbitrariedad perpetrada por servidor público mediante algún “acto” distinto a los precitados y siempre que su manifiesta ilegalidad no sea constitutiva de otra conducta punible, pues de ser así también se descarta su aplicación por motivos de especialidad y subsidiariedad, indicó. (Lea: Conozca las diferencias entre los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción)

 

A su vez, como el delito de prevaricato por acción, previsto en el artículo 413 del Código Penal, comporta en su estructura objetiva el proferir o dictar una (i) resolución, (ii) dictamen o (iii) concepto; en ausencia de estos pronunciamientos no es factible la configuración del mencionado tipo penal (M. P. José Francisco Acuña).

 

CSJ Sala Penal, Auto AP-48352016 (47806), 25/07/16

 

.."

Última actualización el Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:12
 
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